INTERPELACIÓN AL Militar Efraín Vásquez Velazco, primera parte  (regreso)

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISION ESPECIAL POLÍTICA QUE INVESTIGA LOS HECHOS OCURRIDOS LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE ABRIL DE 2002

Interpelación: General Efraín Vásquez Velazco

Día: 17-05-2002
Hora: 10:45 am.

Presidente: Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay quórum.
Secretaria: Si hay quórum ciudadano Presidente.
Presidente: Orden del Día, ciudadana Secretaria.

Secretaria: Orden del Día: Sesión especial del día 17 de mayo del 2002. Unico. Comparecencia de los ciudadanos: General Efraín Vásquez Velazco, General Ovidio Poggioli y General García Carneiro, ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los acontecimientos ocurridos los días 11, 12, 13 y 14 de abril. Es todo.

Presidente: Artículo 222 del texto constitucional. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control, mediante los siguientes mecanismos.

Las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la Ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento, en ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las sanciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 49. Numeral 2. Toda persona se presume inocente, mientras no se pruebe lo contrario.

Artículo 19. Título III. De los derechos humanos y garantías y de los deberes. Capítulo I. Disposiciones Generales. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

Reglamento interno de la Comisión.

Cumplimiento de solemnidades. Artículo 3: El Presidente y el Vicepresidente de la Comisión Especial, tomarán las medidas necesarias para evitar las interferencias o interrupciones durante el desarrollo de las reuniones, así como cualquier conducta que atente contra el espíritu de cordialidad y respeto que debe prevalecer.

Reglas especiales para comparecencias.

Artículo 8. En la comparencia de funcionarios públicos o particulares, la Comisión Especial aplicará las siguientes reglas:

a) La Presidencia de la Comisión explicará la dinámica de la interpelación o comparecencia al interpelado, la razón y motivo de la misma.

b) El invitado a comparecer hará una exposición inicial por un tiempo no mayor de 10 minutos, el cual podrá prorrogarse por un período igual.

c) Los diputados y diputadas, miembros de la Comisión Especial, tendrán preferencia a la hora de formular sus preguntas o hacer sus intervenciones.

d) La intervención de los diputados y diputadas que deseen formular preguntas, no excederá de 3 minutos, las cuales deberán ser consignadas por escrito.

e) El interpelado procederá a dar respuesta en forma sucesiva a las preguntas formuladas por los diputados y diputadas.

f) Para aclarar conceptos, repreguntar o solicitar informaciones complementarias sobre la materia objeto de la comparecencia, los diputados y diputadas, tendrán un tiempo adicional que no excederá de 3 minutos.

g) El interpelado tendrá un tiempo que no excederá de 5 minutos para responder a cada una de las repreguntas que se le formulen en forma sucesiva, el cual podrá prorrogarse si la plenaria de la Comisión Especial así lo decide.

Tiene la palabra el ciudadano Efraín Vásquez Velazco.



General Efraín Vásquez Velazco: Señor Presidente y señor Vicepresidente de la Comisión Especial Política que investiga los hechos ocurridos los días 11, 12, 13 y 14 de abril del 2002. Señores diputados miembros de esta Comisión. Señoras y señores, muy buenos días.

Ciudadano Presidente y demás miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, su Despacho.

Yo, General de División Efraín Vásquez Velazco, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la Cédula de Identidad 4023794, en ejercicio de mi derecho al debido proceso que me concede el artículo 49 de la Constitución Nacional en la interpelación fijada, solicito sean tomados en cuenta los siguientes argumentos:

1) Derecho constitucional a un trato digno. El artículo 46, numerales 1, 2 y 4 de la Constitución Nacional, establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, moral, en consecuencia ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano, degradante, practicado o tolerado por los agentes del Estado tienen derecho a la rehabilitación”.

2) Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3) Todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo infiera maltrato o sufrimiento físico o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de trato será sancionado o sancionada de acuerdo a la ley. En consecuencia, solicito expresamente me sea respetado mi derecho a la integridad física y moral, y que se me dé el trato digno que le corresponde a todo ciudadano de la república, y por tanto los ciudadanos diputados se abstengan de hacer menciones ofensivas, humillantes, inhumanas o denigrantes contra mi persona, lo cual ocasionaría mi abandono inmediato del presente acto de interpelación, por ser lesivo a mis derechos humanos.

Precepto constitucional. Derecho a no declarar contra sí mismo. El artículo 49, numeral cinco de la Constitución Nacional establece lo siguiente: “Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión sólo será válida si fuera hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. En consecuencia, toda vez que hay abierto una investigación y un proceso penal en mi contra, ante la Corte Marcial de la República, en función de control por los presuntos delitos de rebelión militar y motín, en el expediente 163-2, cuyos hechos investiga esta Comisión Especial, y acogiéndome a mi derecho a la defensa solamente contestaré preguntas que no impliquen una declaración en propia contra.

Prohibición a militares activos para declarar sobre temas políticos. El artículo 328 de la Constitución Nacional, los artículos 5, 6 y 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y los artículos 116 y 117 del Reglamento de Castigo y similares N° 6, establecen que no puedo emitir opiniones de carácter o naturaleza política. En consecuencia, esta Comisión Especial debe considerar esta restricción al momento de llevar adelante la presente interpelación.

Asimismo, el artículo 284 en el Código Penal, establece el delito de instigación a delinquir, en consecuencia ningún agente del Estado puede instigar a un militar activo para que desconozca sus deberes militares sin incurrir en responsabilidad penal.

4) El debido proceso. El artículo 49, numeral 1 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: primero: La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, y acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la Ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzgue, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto”.

El artículo 223 de la Constitución Nacional establece: “La Asamblea o sus comisiones podrán hacer las investigaciones que juzguen conveniente en la materia de su competencia de conformidad con el reglamento. Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas, están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes a comparecer ante dichas comisiones y a suministrarle las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación comprende también a los particulares, a los que se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce”.

En consecuencia, toda vez que por los hechos que se me imputan, de acuerdo con el artículo 266, numeral 3 de la Constitución Nacional, el único Tribunal Competente para juzgarme es el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena. Solicito expresamente se me respete mi derecho al debido proceso a ser juzgado por mis jueces naturales y a no ser juzgado por comisiones especiales creadas para tal efecto, tal y como establece la Constitución expresamente, y por lo tanto no contestaré ninguna pregunta relativa a los hechos por los que estoy siendo sometido al proceso penal, instruido en el expediente 163-2 de la Corte Marcial en función de control, que pudieran incriminarme, por cuanto el lugar al cual me debo dirigir es mi juez tribunal, el cual es el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, en el proceso de antejuicio de mérito y no ante la Asamblea Nacional.

En ejercicio de mi derecho a la defensa, ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, en mi antejuicio de mérito es donde puedo hacer las estimaciones de fondo y presentar ante mis jueces naturales y al país, los alegatos, argumentos y pruebas a mi favor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad penal ni militar.

El artículo 222 de la Constitución establece lo siguiente: “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y sus reglamentos. En el ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas, y solicitar al poder ciudadano intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.

La naturaleza de las interpelaciones ante comisiones especiales, como afirma expresamente el artículo 222 de la Constitución Nacional es para establecer responsabilidades políticas y como ya he demostrado, no soy político, soy un militar activo y por lo tanto respetuoso del reglamento de castigo disciplinario N° 6, y no puedo hacer ningún pronunciamiento de carácter político.

Por lo tanto, por todo lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se me exonere de contestar preguntas de carácter y naturaleza política, se me respete mi derecho a la integridad física y moral y mi derecho a no declarar en mi contra, al debido proceso y al juez natural. Es justicia que pido en Caracas la fecha de su presentación.

Preámbulo de la Constitución. Con el fin supremo de refundar la República, asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna.

Artículo 2 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y general, la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Concurro a esta honorable Asamblea Nacional después de casi 33 años de servicio en el Ministerio de las Armas, siempre alejado de la política, pero respetuoso de los políticos decentes, que son la mayoría, debidamente autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia y cumplidas las demás formalidades del caso.

El propósito de mi exposición es realizar una cronología detallada de los eventos investigados por esta Comisión. Señores diputados, sólo diré la verdad, por muy dura que ella sea, pero la nación, la comunidad internacional y mi muy legítimo deber como ciudadano y General del Ejército me obliga a ello. La mentira no forma parte de mis valores. Los hechos y actores que mencionaré son reales y de fácil comprobación. Creo en la justicia.

Pido a la comunidad y organizaciones nacionales e internacionales que velen por los derechos humanos, que me brinden protección y seguridad para mi persona y mi familia.

Asumí la Comandancia General del Ejército en las circunstancias que todo el país conoce, el 22 de diciembre del año 2001, luego de desempeñarme como Inspector General del Componente por espacio de año y medio, por lo que puedo dar fe de lo que ha sido la situación interna del ejército en los dos últimos años y como miembro del Alto Mando de la Fuerza Armada.

Es cierto, tengo información de primera mano, como actor y participante en reuniones y jornadas de trabajo, como receptor de las inquietudes de todo el personal militar y civil de la fuerza. Conozco al detalle el ejército. En los últimos dos años he recorrido innumerables veces el país. No soy un general de escritorio, soy del arma de artillería, con experiencia como comandante de grupo, brigada, división, con experiencia en operaciones fronterizas y contra el narcotráfico. No he pasado mi vida militar en los escritorios, mi vida militar ha sido de acción permanente.

He sido respetuoso de la reglamentación militar y asumo como práctica diaria el reglamento profesional de servicio interno en las disposiciones generales referidas al mando. Artículo primero, literal “e”, establece: “Aceptar la responsabilidad es no eludir la que le corresponde, porque con ello comete uno de los actos más reprochables, a la vez que pone de manifiesto la falta de carácter”. En todo militar las faltas más reprochables son: la inacción, el olvido a la misión recibida y el temor a la responsabilidad.

Señores diputados, en las aciagas horas del 11 de abril, y días posteriores, yo siempre permanecí al frente de mis tropas, nunca las abandoné, renuncié, no me escondí, no me fui a mi casa ni tampoco me acosté a dormir. Es un acto de vileza la inacción y el temor a la responsabilidad. Yo muero con las botas puestas al lado de mis soldados, y aún las cargo puestas.

El día 23 de diciembre del 2001 sostuve una reunión privada con el señor Presidente, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, donde se trataron asuntos relacionados con la seguridad interna del país. Salí muy preocupado de esta reunión con los comentarios del jefe de Estado.

El 7 de febrero, ante la crisis desatada por el pronunciamiento del Coronel de la Aviación, militar Pedro Soto, en reunión de emergencia convocada a altas horas de la noche, asistí a la sede de la Vicepresidencia, con la participación del Vicepresidente, el Ministro de la Defensa, Relaciones Interiores y de Justicia, el Alto Mando Militar y miembros del partido político Movimiento V República, algunos de los cuales se encuentran presente en esta interpelación pública. Esa noche le recomendé de forma respetuosa pero sentida al General en Jefe, que las reuniones del Alto Mando Militar deberían ser realizadas en el Fuerte Tiuna.

¿Por qué sembrar dudas en el carácter apolítico de la Fuerza Armada? ¿Acaso no es un mandato constitucional?

El 7 de abril del 2002, fui invitado como miembro del Alto Mando Militar, a una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, esta reunión fue atendida por los Ministros del Despacho, el Alto Mando Militar, diputados y gobernadores del Movimiento V República, y el Fiscal General de la República.

Ante el alto nivel de la reunión, y habiendo sí esto puesto en conocimiento por parte del General en Jefe, de los temas a ser tratados, me preparé a conciencia y tomé las previsiones del caso. A continuación transcribo algunos de los temas tratados y tópicos que considero son de importancia para la investigación que adelanta esta Comisión y opinión pública nacional, y organismos internacionales, relacionados con acuerdos y designación de responsabilidades.

A un denominado Comité Político de la Revolución, se le asignaron las siguientes responsabilidades: Los círculos bolivarianos y los sindicatos fueron puestos bajo su control, los círculos bolivarianos con la misión de ocupar los exteriores de las instalaciones de PDVSA y alrededores de Miraflores. Los comités regionales serían los encargados de proveer transporte al pueblo y adelantar acciones de guerra psicológica, como aceite en las calles y tachuelas. Movilizar gran cantidad de carros entre las seis y nueve de la mañana, gran movilización social.

Se ordenó elaborar tres planes, el plan de calle, el plan militar y el plan mediático. Se ordenó conformar un estado mayor político, integrado por los gobernadores de Vargas y Aragua, el Alcalde del Municipio Libertador y el Vicepresidente para esa época, Diosdado Cabello Rondón.

Se habló de decretar un estado de emergencia selectivo hasta llegar a uno de excepción.

Hubo una intervención del ciudadano Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, quien sugirió tomar todos los puntos críticos con círculos bolivarianos, manifestó que si se pierde la calle se acabó todo.

También estaba presente cuando se presentó un caso con la asignación de recursos de PDVSA. El diputado Nicolás Maduro informó que había negociado la asignación de 10.000 millones de bolívares a los trabajadores de PDVSA para que no fueran el paro, a razón de dos millones por persona.

Señores diputados, sentí dolor al ver que en vez de buscar los mecanismos de disuasión para evitar la protesta de la sociedad civil, se planificaba la confrontación, con el consentimiento de todos los presentes. Voy a dejar la trascripción en este punto pero con un mensaje muy claro.

Muy equivocados están quienes piensan que los militares de este país no tenemos ética, valores ni principios, y que es muy fácil pedirnos que sea la mentira la que triunfe, es muy fácil pensar que los generales dejaremos de cumplir nuestros deberes, cuando un Estado planifica la violencia y la confrontación qué nombre puede recibir.

Señores diputados al igual que en oportunidades anteriores fue la inacción, la carta del Alto Mando Militar, estudiar los hechos del 11, 12, 13 y 14 de abril sin decir la verdad sólo conduce a que los responsables de El Silencio se oculten y no sean castigados.

El 8 de abril del 2002 me dirigí a la Brigada de Paracaidistas por instrucción del General en Jefe Lucas Rincón Romero, quien me dijo que conversara con los oficiales y confirmara algunas informaciones, que él ya había conversado sobre el tema con el Comandante de la Cuarta División de Infantería General de División Benito Verde Graterol, me acompañan en esta visita él mismo General de División Verde Graterol quien me informa que el General en Jefe Lucas Rincón Romero lo había llamado con respecto a un oficial con el grado de mayor, plaza de una de unidades, que aparentemente tenía algún tipo de descontento con el gobierno.

El General de División Verde Graterol recomienda la transferencia de ese oficial, yo le participé al General Verde Graterol que un equipo de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército iba a realizar unas encuestas, unas investigaciones, con el propósito de acabar con los rumores y así mismo que era mi intención de darle un voto de confianza al General Raúl Baduel y sus comandantes de unidades con el fin de estimularlos y reforzar el valor institucional de la Brigada de Paracaidistas.

Se realizan las investigaciones y esa noche el Comandante de la Cuarta División de Infantería General Verde, me informa que había un Comandante de Batallón que quería hablar conmigo con respecto a las investigaciones y que a través de este Comandante me iba a enviar una comunicación del Mayor que estaba siendo señalado. Hablé con el Teniente Coronel y me expuso se le relacionaba con reuniones extrañas y que eso no era verdad, yo le contesté que si no era verdad la información no se preocupara y que iba a investigar la fuente de información y le reafirmé mi confianza en él, invitándolo a seguir trabajando. Hice del conocimiento de los resultados de la entrevista al General Verde, su Comandante y Gran Unidad de Combate, todo lo relatado está en los archivos correspondientes, en el ejército.

Otro antecedente importante es la reunión del 21 de febrero del 2002 efectuada en Maracay con los Generales Verde Graterol e Isaías Baduel a petición del propio General Verde Graterol, su superior inmediato, quien me mostró su preocupación por el estado anímico del General de Brigada Raúl Seijas Baduel, a raíz de publicaciones aparecidas en medios de comunicación, en las cuales se mencionaba que iba hacer un pronunciamiento público de carácter político, conversé con ambos generales quienes me manifestaron que en una oportunidad el Presidente de la República los había llamado con la misma inquietud.

Como siempre les di mi voto de confianza y las mejores muestras de mi aprecio y respaldo del Comando General del Ejército y siempre apoyando la institucionalidad, así mismo el General en Jefe Lucas Rincón Romero me había manifestado la preocupación del señor Presidente de la República por la invitación cursada a los Tenientes Coroneles en situación de retiro Francisco Arias Cárdenas y Jesús Urdaneta Hernández a la Brigada de Paracaidistas, según versión del General en Jefe, el General Baduel negó que había cursado la invitación.

El 10 de abril del 2002 realizaron una visita institucional al Comando General del Ejército, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General de la República y el Controlar General de la República, para tratar asuntos institucionales. Esa noche dicté instrucciones al General Jorge García Carneiro para que realizara inspecciones imprevistas en Fuerte Tiuna.

El 11 de abril del 2002 el Alto Mando Militar fue convocado para las 10 de la mañana a la sala de reuniones de la Junta Superior, se contó con la presencia del Ministro de la Defensa José Vicente Rangel, durante el día hubo la presencia de unos diputados de esta honorable Asamblea, estas personas se han venido convirtiendo en una especie de comisarios políticos en la Fuerza Armada, yo como General no acepto esa condición.

En la reunión inicial el Vicealmirante Bernabé Carrero Cubero, Jefe del Estado Mayor Conjunto, propuso al Ministro de la Defensa y General en Jefe retirar los Círculos Bolivarianos de Miraflores, esta propuesta fue ratificada por mi persona en calidad de Comandante del Ejército, con la recomendación de solicitarle la renuncia urgente a la directiva de PDVSA, como una forma de aliviar la presión de la marcha.

Lamentablemente las propuestas no fueron aceptadas, de inmediato recordé la reunión preparatoria en Miraflores y no sé por qué tuve la imagen del aceite quemado y las tachuelas mencionadas por los planificadores de ese evento. A partir de ese momento y hasta las dos de la tarde se continuó observando la marcha por televisión. No se tomaron decisiones en momentos tan críticos, una masa crítica se empezaba a conformar, ahora y en entonces me pregunto ¿por qué la inacción a pesar de nuestras recomendaciones?.

A eso de un cuarto para las dos el General en Jefe informó al Alto Mando que por instrucciones del Presidente se debería dar una rueda de prensa las dos de la tarde. Nosotros no fuimos informados sobre que hablaría el General en Jefe, una coordinación entre él y el ciudadano Presidente de la República, ya había información sobre algunos problemas en la calle, en esta rueda de prensa se informó a la ciudadanía del completo estado de normalidad en la ciudad cuando esa no era la realidad.

Me mantuve en compañía del General Rosendo tratando de localizar al señor Carlos Ortega, con la intención de ir a conversar con él y detuviera la marcha, fue el Comando General del Ejército a verificar el estado de las unidades, cambié de vehículo a una Van de ocho puestos para salir a localizar al señor Carlos Ortega, regresé al edificio de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, estos edificios están prácticamente uno al lado del otro.

Justo cuando me esperaba el General Rosendo Manuel se me acerca su ayudante personal el Capitán O’Bryan para decirme que ya el General Manuel Rosendo no iría a buscar al señor Carlos Ortega ya que las coordinaciones habían sido infructuosas, y allí me informa en ese momento sobre la conversación e instrucciones que el Ministro de la Defensa acaba de dar al Alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal, arma los Círculos Bolivarianos.

Habiendo asistido a las reuniones de gobierno, manejado información de inteligencia y con conocimiento de la participación de oficiales en situación de actividad en la formación de los Círculos Bolivarianos me preocupé por el desarrollo de la situación, no estaba en condiciones de aceptar que se promoviera la violencia de Estado, es decir, pueblo contra pueblo.

Pasó por mi mente la propuesta en una reunión de Junta Superior del Ministro de la Defensa José Vicente Rangel, de autorizar la compra de armas de guerra de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, cuyo Alcalde es el ciudadano José Vicente Rangel Avalos, según consta en actas que yo me opuse a tal violación de la ley derivada de esa autorización.

En ese momento llega el Vicealmirante Bernabé Cubero, evento que sigue a continuación de un vídeo presentado en esta sala, el pasado viernes en la interpelación del General de División Manuel Rosendo y coincidimos de que la situación era intolerable y acordamos dirigirnos al Palacio de Miraflores a presentarle al señor Presidente de la República nuestra solicitud de relevo de los cargos de Jefe de Estado Mayor Conjunto y Comandante General del Ejército.

Y así lo hicimos, pero en el trayecto me detengo en el Batallón Bolívar ya que observo que hay una gran concentración de tropas no autorizadas y encuentro al General de División Jorge Luis García Carneiro impartiendo instrucciones, el General García Carneiro me informa sobre un problema en las alcabalas del Fuerte Tiuna las cuales son responsabilidad de la Policía Militar, le pedí que resolviera ese problema, llamé al General en Jefe para informarle la novedad y las actividades que estaba realizando el General Jorge García Carneiro y el problema de la alcabalas del fuerte.

Es en ese momento sería entre las 5 ó las 6 de la tarde, en el Comando de las Escuelas del Ejército hay un grupo de oficiales muy preocupados por los actos de violencia y asesinatos de civiles indefensos y desarmados que marchaban pacíficamente. La situación era de total indignación.

Yo le comuniqué a estas personas que me encontraba camino a Miraflores para solicitar mi relevo del cargo, dado que a pesar de los esfuerzos y novedades que me tramitaban mis superiores nunca recibí las respuestas que pudieron haber evitado esa terrible masacre, me sentí avergonzado por no tener respuesta a mis subordinados, esa no es la carrera militar.

Todo el día lo perdimos en la sala de reuniones de la Junta Superior de la Fuerza Armada acompañando al Ministro de la Defensa y al General en Jefe y viendo los acontecimientos por televisión cuando nuestro deber era otros.

Se llegó a un nivel de masa crítica que a partir de la cual, cualquier acción que se tomara sólo útil para elevar los niveles de violencia y el ejército no es para reprimir al pueblo y menos cuando expresa pacíficamente su opinión.

Indignación, ira, impotencia, angustia invadían a al oficialidad, allá afuera en El Silencio, en Miraflores, se asesinaban y violaban los derechos humanos a la población que habíamos jurado en defender. Señores diputado colóquense la mano en el corazón y ustedes también forman parte de una familia. ¿Por qué matar para ahogar el derecho a expresar y a manifestar?.

La oficialidad me pidió que no los dejara solos que me mantuviera al frente del ejército, eso hice hasta el día 15 de abril a las 10 de la mañana cuando entregué el cargo. Dejo constancia que formalmente presenté mi solicitud de relevo como Comandante General del Ejército al General en Jefe el día 14 de abril cuando ya habían sido cumplidas las exigencias constituciones, y solicitud formulada y aprobada por el ejército.

Lo dije ayer, lo digo hoy y lo repetiré por siempre, aquí no hubo un golpe de Estado, mi solicitud de relevo del mando obedece a la indignación colectiva de la Fuerza Armada contra quienes planificaron, organizaron y ejecutaron el asesinato y violación de los derechos humanos de venezolanos que marchaban desarmados, indefensos y pacíficamente hacia la sede del gobierno nacional.

Acepté la petición de mis subordinados de mantenerme al frente del ejército, primero, porque es mi deber y segundo, porque nunca he sentido temor a las responsabilidades, allá los que abandonaron sus tropas, los que ante el primer empujón dejaron su despacho, aquellos que no pudieron mantener el control de su componente, y fueron repudiados por sus subordinados.

Yo fui el único miembro del Alto Mando Militar que permaneció al frente de sus responsabilidades hasta que la situación se resolvió y aquí estoy reafirmando la legitima defensa de los derechos humanos, el respecto a la vida y solicitando castigo para los responsables.

Del Comando de las escuelas regreso a mi despacho y me encuentro con la información que el General en Jefe y miembros del Alto Mando se habían ido para Miraflores en un helicóptero y no habían dejado instrucciones, le llamé nuevamente y sin respuesta. La situación dentro del Fuerte Tiuna del malestar de indignación por los muertos y heridos era de tal magnitud y ya estaba alcanzando niveles críticos de perdida de control, decidí que personalmente efectuaría una evaluación de la situación interna de las unidades.

En el Comando de las escuelas permanecía un numeroso grupo de oficiales que exigían castigo para los responsables de los asesinatos y violación de los derechos humanos, me preocupé y junto con los generales del ejército vimos que la situación era de mucho cuidado, es en ese momento cuando recibo la información que material de guerra, tanques del grupo Ayala han salido del Fuerte Tiuna por orden del General de División Jorge García Carneiro, con instrucción de la ejecución del Plan Avila.

De acuerdo al artículo 68 de la Constitución vigente, las armas de fuego no pueden ser utilizadas en el control de manifestaciones pacíficas, estaba en presencia de utilización de material de guerra pesado, tanques y cañones, ametralladoras, granada y fusiles contra ciudadanos indefensos y desarmados.

Ante esta situación de violación a las previsiones constitucionales le ordené al General de División del Ejército José Félix Ruiz Guzmán, Segundo Comandante del Ejército, que detuviera la acción y ordenara el regreso de material de guerra al Fuerte Tiuna.

En los días subsiguientes a los acontecimientos del 11 de abril se ha especulado sobre el carácter disuasivo del Plan Avila, material de guerra pesado contra civiles indefensos y desarmados es la disuasión del terror. El Ejército no existe para aterrorizar a sus ciudadanos sino para protegerlos.

A continuación deseo explicar los fundamentos de mi decisión.

Plan Avila: Su origen. Como es del dominio público del denominado Plan Avila tiene sus orígenes en los sucesos de febrero del 89, cuando se estima conveniente a la hora de un plan de la naturaleza militar ajustado a la ley, para sofocar situaciones de orden interno que ameritaban la intervención organizada de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Este aspecto tiene que ser discutido, analizado y entendido con claridad y a luz de las Constituciones del año 61 y del 99, revisemos algunos aspectos de la Constitución del 61 relacionados con la misión y actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales y su rol en asuntos de orden público.

El artículo 132 definía a las Fuerzas Armadas Nacionales como una institución a política, obediente y no deliberante asignada a las Fuerzas Armadas la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes. Declaraba a las Fuerzas Armadas Nacionales al servicio de la República y ni un caso el de una persona o parcialidad política.

El artículo 133 establecía que sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra.

El en Titulo Noveno de la Emergencia se establecían las condiciones legales para declarar el estado de emergencia en caso de conflicto interior o exterior o cuando existieran fundados motivos de que uno u otro ocurra.

En otras palabras el campo de actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales era muy amplio y se desarrollaba a través de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales e iba desde conflictos externos hasta situaciones de orden público, el Plan Avila también se es conocido como Plan Soberanía.

Señores diputados, la Constitución del año 61 fue derogada en el año 99, cuando un referéndum al pueblo venezolano aprobó su nueva Constitución y estoy seguro que todos ustedes la conocen al detalle.

Sin embargo, deseo referirme al contenido del artículo 332. Capítulo Cuarto de los Organos de Seguridad Ciudadana, el cual leo y comento a continuación:

Artículo 332. El Ejecutivo Nacional para mantener y restablecer el orden público, proteger a ciudadanos o ciudadanas, hogares y familia, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la Ley, organizará un cuerpo uniformado de policía nacional.

Señores diputados, vamos para el año 2002 y aún no se ha cumplido con este mandato constitucional, ¿acaso no son los Círculos Bolivarianos el cuerpo uniformado del cual habla la Constitución y que fueron llamados a Miraflores para defender una revolución, que no se nombra en la Constitución?.

Debemos dignificar la labor que cumplen estos venezolanos designándoles tareas en colaboración o en desarrollo nacional, este mismo artículo 332 da un mandato muy claro y preciso, los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetaran la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna y continúa, señalando la función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los estados y los municipios en los términos establecidos en esta Constitución y la Ley.

Como podrán observar no se menciona a la Fuerza Armada Nacional, estos son mandatos muy claros, el orden público y la seguridad ciudadana son responsabilidad de la autoridad civil y ya que todos hablamos de respetar la Constitución del año 99, ¿por qué no se cumplió el 11 de abril del 2002 ante una situación de orden público en el mandato constitucional? ¿por qué se ordenó a las unidades militares con material de guerra salir del Fuerte Tiuna hacia Miraflores? ¿cuál era el enemigo?.

El General Manuel Antonio Rosendo, Jefe del CUFAN, actúo correctamente al oponerse a la activación del Plan Avila ya que no existió un enemigo, solo se tenía la presencia de civiles indefensos y desarmados que marchaban pacíficamente. Señores diputados, alguien dio órdenes violatorias a la Constitución Nacional, justicia pide la Nación.

Yo ordené que los tanques que ilegalmente y en violación del artículo 332 de la Constitución, salieron del Fuerte Tiuna bajo la responsabilidad del General Jorge García Carneiro regresaran, este General del Ejército quien cuenta con mi aprecio me juró lealtad ese día y le indiqué que continuara en su cargo, me pidió no ser relevado del Comando de la División y allí permanece.

Desde el punto de vista constitucional el Plan Avila no existe para ser aplicado y desarrollado en situaciones de orden pública, la Constitución es clara y no deja lugar a dudas, los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y le asigna la responsabilidad del mantenimiento y el restablecimiento del orden público al Ejecutivo Nacionales, quien debe hacerlo con los medios que la misma Constitución establece, las policías.

La violación y los derechos humanos de la garantía del derecho a la vida. De la protección por parte del Estado sin ningún tipo de discriminación en general, de la Constitución de la República, se pretende ocultar una campaña de desinformación tendiente a confundir a la población y opinión pública internacional con la falsa afirmación de un supuesto golpe de Estado, de una rebelión militar o de un motín, nada más falso.

El 11 de abril del 2002 en Venezuela ocurrió un crimen político, que no vacilo en llamar violación de los derechos humanos. Los mandos del ejército ese día impidieron que se ocultaran los asesinatos y la violación de los derechos humanos.

Señores diputados, su mandato es legítimo, pero día a día debe ser legitimado con sus acciones en defensa de sus electores, que somos todos los ciudadanos de este país.

Les puedo también decir a los señores diputados, que los tanques movilizados fueron adquiridos por el Gobierno de Venezuela para formar parte de las unidades de caballerías en la frontera venezolana y será utilizado en la neutralización de unidades blindadas o contra tropas enemigas, su ubicación y utilización natural es la frontera patria.

Los tanques son armas ofensivas, no disuasivas y jamás para ser empleadas para el control de disturbios civiles o manifestaciones públicas. Es como si para proteger la casa del Comandante General del Ejército, en vez de usar la policía militar, se utilizara un tanque para la protección contra los delincuentes comunes, los malhechores, el hampa, o cualquier otro tipo de perturbación.

Algunos antecedentes servirán para ilustrar el uso de tanques en el control del orden público. Hay muchos ejemplos, se usaron en Alemania Oriental, en el año 1953 para disolver protestas civiles.

En la Unión Soviética los desplegó para reprimir los levantamientos populares de Budapest en el año 1956 y en Praga y Polonia en 1968.

China igualmente los utilizó en la Plaza de Tien-An-Men, de Beijing, con los resultados que todo el mundo conoce.

En Chile en 1973, también hubo trágicas muertes por la utilización de material blindado.

Como ustedes pueden observar, no es mera casualidad que haya sucedido en gobiernos donde no existía democracia.

¿Somos o no somos un país democrático que usa sus Fuerzas Armadas para proteger a la nación y su población?

En el Ejército lo tenemos claro, las armas de la nación no son para ser usadas contra la población civil indefensa y desarmada.

Señores diputados, esos son hechos criminales que se ventilan en los tribunales internacionales.

En la Venezuela contemporánea salieron los tanques de Fuerte Tiuna el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 92, recuerden las imágenes del Palacio Blanco, las muertes de civiles y militares y el Caracazo del 27 de febrero del año 89, ¿se van a olvidar esos muertos? ¿Se va a mitigar el dolor de la familia venezolana?

El 27 de febrero del presente año, el propio Jefe de Estado expresó “nunca jamás se empuñarán las armas contra el pueblo venezolano” y entonces por qué se ordenó la utilización de material de guerra contra la población.

Se cuenta con el agravante de que el ejército sufrió una reducción del 47% de su presupuesto y casi un cuarto, un 25% en sus efectivos.

Señores diputados, ustedes comprenden las implicaciones que para la seguridad y defensa del Estado venezolano estas medidas tienen, en su mayoría los contingentes con más experiencia fueron dados de baja, lo que afectó la institución, la operatividad y el número de efectivos para los diferentes servicios, lo que nos ha colocado en una condición minusválida ante las posibles amenazas que podía enfrentar Venezuela, eso lo sabe el Ministro de la Defensa, nada se ha hecho para solucionar el problema.

¿Cómo se explica a los ciudadanos que hay dinero para los Círculos Bolivarianos y no existe para mantener un ejército en condiciones de cumplir con su misión constitucional?

¿Es que acaso nuestros oficiales y nuestros suboficiales no están viviendo en situaciones precarias?

Hubiese sido un rimen genocida la utilización de este material de guerra para controlar el orden público, hasta en operaciones contra países hostiles por ética militar, el blindado no se utiliza contra la población civil.

¿No es acaso una violación constitucional el quebrantamiento del principio de proporcionalidad del cual habla la Ley para el empleo de las armas?

¿Contra quién iban a ser empleados los tanques? ¿Contra civiles indefensos y desarmados?

Yo tuve el honor de comandar el ejército venezolano y bajo mi mando no permití que de su actuación pudieran acusar de violador de los derechos humanos, indigna mancha.

Yo no puedo participar en el asesinato de la población y de encubrimiento del mismo, mis subordinados tampoco y ellos me aceptaron como líder por mis principios y valores.

No entiendo y sé que ustedes tampoco, la afirmación de un alto funcionario, que en esta Asamblea manifestó que los motivos para las renuncias, las negociaciones de renuncias o abandono de los cargos, la negligencia en la toma de decisiones fueron realizados deliberadamente, para evitar derramamiento de sangre y confrontaciones entre civiles y militares.

Yo no entiendo. Si los militares lo que hicimos fue no empuñar las armas, y permanecer en nuestros cuarteles y en el Ejército el único autorizado para dar órdenes a las unidades era su Comandante General.

Preferiría ser yo el juzgado, antes que permitir que uno de mis comandantes de unidad, por ejemplo, el teniente coronel Cepeda Báez, Comandante del Batallón de tanques para ese entonces y en quien toda responsabilidad iba a recaer, tuviera que ser llevado a juicio.

¡Que vergüenza! ¡Qué dolor! Cuando existen jefes que no asumen su responsabilidad, se protegen detrás de su escritorio y vacilan ante el deber.

A eso de las 8 de la noche llegué al regimiento Agustín Codazzi, sin otra intención que llamar a la tranquilidad a la población y ofrecerle nuestra disposición de protegerle sus vidas y resguardar sus bienes.

Asimismo informar que el ejército no saldría a reprimir al pueblo y que la unidad de tanques que estaba fuera del Fuerte Tiuna había sido ordenado su regreso, es aquí cuando me entero que ha habido más de 15 muertos y cerca de 200 heridos de balas.

La indignación era general e intolerable y lo continúa siendo. Allí decidimos fijar una posición institucional ante los terribles sucesos de ese día 11 de abril y para deslindar a la Fuerza Armada Nacional de los crímenes cometidos por fanáticos y francotiradores.

No se puede tolerar el asesinato de civiles indefensos y la violación de los derechos humanos y después de tratar de ocultar a los asesinos y violadores de los derechos humanos detrás de la ejecución de un Plan Avila.

Siempre los muertos, siempre los problemas se le endosan a los militares, ¿hasta cuándo? Nuestra posición institucional militar tenía por objeto no un golpe de Estado, muchísimo menos la usurpación del poder por el Ejército, de allí que los hechos que culminan el 11 de abril, de ruptura total del orden constitucional en su fundamento más delicado como son los derechos humanos.

Se hizo imperativo aplicar el artículo 350 de la Constitución, desconociendo las órdenes de una autoridad que persistía en contrariar valores y garantías democráticas y menoscabar los derechos humanos, pues la función del Ejército no es controlar ni reprimir manifestaciones populares.

La función del Ejército es garantizar la independencia y soberanía de la nación, mediante la defensa militar para lo cual debe también mantener el control interno, pero nunca confrontar con las armas de guerra al pueblo de Venezuela.

La posición institucional se hace porque entra en balance el mal mayor o el mal menor o el despliegue del Ejército con toda su consecuencia y el costo social de sangre inocente o la desobediencia y la decisión de la autoridad, ese era el dilema.

Al señor Presidente le consta mi lealtad, ese día se lo dije. Como miembro del Alto Mando Militar, en varias ocasiones de una manera respetuosa siempre recomendé rectificaciones, acciones, le presenté pruebas de hechos que se estaban sucediendo, le hablé de la conveniencia de mejorar la imagen del Ejército, acepté callada muchas veces su discrepancia con mis recomendaciones.

Hubiese dado mi vida por evitar esas muertes ese día y por defender la figura presidencial, que creo que es la figura más grande que tenemos en este país.

Señores diputados, los generales del componente Ejército, hicieron un llamado que no se podía obviar, defender la población y hacer respetar los derechos humanos.

Ese día yo tenía familias y amigos en ambos lados de las concentraciones, ¿es justo tener a la sociedad dividida, al país con temor?

En todo momento y en cumplimiento de mis deberes militares como Comandante del Ejército, informé, advertí con tiempo suficiente al Alto Mando Militar y digo Alto Mando Militar sin ambigüedades, sobre la delicada situación del país.

Señores diputados, nada se hizo, el silencio siempre fue la respuesta, se informó sobre la existencia de grupos armados llamados bolivarianos, nada se hizo. Informé al General en Jefe Lucas Rincón Romero sobre la utilización de oficiales de la Fuerza Armada con fines políticos dentro de los cuarteles, nada se hizo.

En la revista de circulación nacional “Primicia”, No. 226, correspondiente al mes de mayo del año en curso, el Gobernador del Estado Barinas, Antonio Rojas Suárez, militar en situación de retiro, afirma “considero que se han cometido muchos errores, hay que sacar a la Fuerza Armada de la confrontación política”, esa no es su área natural de acción.

Lo que conseguimos y vemos hoy es una Fuerza Armada fracturada, fragmentada y eso es peligroso y triste. La Fuerza Armada quedó herida, al igual que el país, después del 11 de abril”.

El 11 de abril de nuevo se violentó la cadena de mando, al impartirse órdenes para la activación ilegal del Plan Avila, y el movimiento no autorizado de tropas contra un enemigo inexistente.

¿Por qué se trató de controlar una situación de orden público con material de guerra?

Los antecedentes y sucesos de ese día, quedaron en un estado de necesidad, con la sistemática violación de los derechos humanos, actuamos por y con libertad de conciencia en legítima defensa del pueblo que hemos jurado defender y proteger con lealtad.

Lo dije en ese momento y ahora lo reafirmo, los muertos del 11 de abril no se pueden tolerar, no me puedo ser cómplice de asesinatos y violación de los derechos humanos, mis generales tampoco, mi ejército jamás lo permitiría.

Lo digo y lo sostengo, yo soy responsable de mis actos y de las órdenes que impartí para proteger a la población y para los asesinatos de civiles indefensos y desarmados que marchaban pacíficamente.

La figura utilizada de golpe de Estado, las órdenes impartidas para realizar juicios o presunta rebelión militar o motín, sólo tienen una finalidad, ocultar la actuación de la Fuerza Armada Nacional en protección de los ciudadanos y detener la violación de los derechos humanos.

El Ejército con su actuación, creó las condiciones para que los órganos de justicia actúen, descubran y castiguen a los culpables de asesinato y violación de los derechos humanos, de civiles indefensos y desarmados que marchaban pacíficamente.

Nuestro objetivo pacífico fue crear las condiciones para que los órganos de justicia actuaran. Es triste que la Comisión de la Verdad, todavía esté en proceso de conformación.

A los comandantes de batallón los instruí para el cumplimiento de la Constitución. Les decía que cuando tuvieran dudas de cumplimiento de una orden consultaran la Constitución, les advertí la ilegalidad de la utilización del Ejército para fines políticos, del peligro de repeticiones de golpe de Estado en Venezuela, e inclusive de que si consideraban que el Comandante General del Ejército emitiera una orden ilegal, no la cumplieran, todo esto se los dije cara a cara en reuniones, en marchas.

La seguridad de haber ejercido un liderazgo basado en el ejemplo, me permitió que los días 11 al 14 de abril de 2002, las unidades no saldrían de sus cuarteles, por causas políticas que provocaran enfrentamientos entre militares y civiles.

De esto doy fe, tengo pruebas y por eso me entristece que jóvenes comandantes de batallón en un número considerable fueron removidos de sus cargos por cumplir con su deber, por no sacar tropas a la calle, por no permitir enfrentamientos.

Es triste ser castigado por ser honesto, por defender a la población, por cumplir con los deberes militares.

Para entender la posición institucional del Ejército el 11 de abril, es importante aclarar su legalidad, efectos, intención y proporcionalidad, legalidad en cuanto atañe a si el acto es bueno y es legítimo, ambos extremos se cumplen, es bueno por cuanto detiene la masacre de civiles indefensos y desarmado.

Es legítimo por cuanto son prohibiciones constitucionales en los artículos 332 y 350 de la Carta Magna vigente y contenido de los tratados y convenios válidamente suscritos por la República, referidos en los Convenios de Ginebra y Protección de los derechos humanos.

Los efectos son moralmente aceptables, ya que detuvo la matanza de civiles inocentes, existió buena intención, ya que los efectos buscados, parar la matanza de civiles indefensos y desarmados se logró.

Finalmente, debo referirme a la proporcionalidad de la acción.

La Fuerza Armada ha podido enfrentarse con la población civil, esto hubiera aumentado la masacre de civiles indefensos y desarmados que marchaban pacíficamente y dificultado la labor de la justicia en la ubicación de los responsables de los asesinatos y violación de los derechos humanos.

Ese día, cerca de las 11 de la noche, llegó a la sede del Comando General del Ejército el General de División en situación de retiro, Ismael Hurtado Sucre, actual Ministro de Infraestructura, con un mensaje del señor Presidente de la República que me pareció muy extraño.

El General me informa que el Presidente me pedía le renunciara y que me fuera para mi casa y nada había pasado. Extraña me pareció su propuesta, nada escrito, si ese era su deseo, por qué no envía una resolución de cambio y la designación del nuevo comandante.

El Ministro Hurtado Sucre habló con otros generales y se retiró. Más tarde recibí dos llamadas. La primera del General Manuel Rosendo, quien me informó que el Presidente había decidido renunciar si le daban un avión para irse al exterior.

Al segundo el Ministro de la Defensa José Vicente Rangel, quien me dio el mismo mensaje y que enviara dos generales al canal 8, que el Presidente iba a ratificar su renuncia allí.

A las 3 de la mañana el General en Jefe Lucas Rincón Romero, participó al país que el Presidente había renunciado y minutos más tarde, el Presidente llegó a la Comandancia del Ejército con su Jefe de Casa Militar, escolta, los generales Hurtado y Rosendo, de ahí en adelante, la historia es ampliamente conocida.

Particularmente ordené a un oficial superior cuidar con su vida la integridad del señor Presidente de la República, mientras definían su petición de viajar al exterior.

El 12 de abril, en horas de la tarde, asistí al Palacio de Miraflores a la concentración de las fuerzas vivas convocada por el señor Pedro Carmona y después me retiré a mi comando, preocupado por el contenido del decreto leído en el acto, por lo que convoqué a una reunión de comandantes de unidades tácticas en Fuerte Tiuna para el día 13 de abril, a fin de analizar el decreto.

Pasé por mi hogar, ya que tenía 4 días sin saber de ellos y velar por su seguridad personal. Hemos sido amenazados varias veces, amenazas que aún continúan.

Consulté a expertos constitucionalistas, entre ellos el doctor Hermann Escarrá y al doctor Juan Bracamonte, quienes asesoraron sobre la inconstitucionalidad del decreto.

El resultado de esas reuniones y consulta quedó materializado en una segunda posición institucional, conocida como la exigencia del Ejército, cuyo único propósito fue rescatar la vigencia de la Constitución.

Esta posición institucional fue apoyada por todos los comandantes de unidades tácticas del Fuerte Tiuna, quienes me manifestaron que la única autoridad que reconocían era la mía.

Asimismo ratifiqué públicamente a todos los mandos existentes en la organización del Ejército. Esta posición institucional, solicitando la restitución de los poderes públicos, al igual que el realizado por la Guardia Nacional, abrió el camino al resto de los acontecimientos, eso es historia.

En ese período, resaltan las llamadas telefónicas del Gobernador del Estado Táchira y el Embajador de Cuba, el primero de ellos, Ronald Blanco La Cruz, alterado, amenazante y compulsivo; el Embajador cubano llamó en nombre del Presidente Fidel Castro.

Señores diputados, en Venezuela el Ejército no dio un golpe de Estado, lo que verdad es que hubo una conspiración contra las Fuerzas Armadas para acabar con los mandos militares y el mérito y ahogar la protesta de la sociedad civil.

Lamentablemente caímos en una especie de trampa diabólica y aclaro por qué. Me entero durante la interpelación del General en Jefe Lucas Rincón Romero, que la renuncia del señor Presidente fue un acuerdo entre los dos y el reclamo que surgió posteriormente es que el Presidente nunca firmó la renuncia.

¿A qué se debió la ausencia del General en Jefe Lucas Rincón Romero durante la presencia del Presidente en la Comandancia General del Ejército?

Durante la exposición del General de División Manuel Rosendo, me entero que el General del Ejército en Situación de Retiro, Ismael Hurtado Sucre, presentó al señor Presidente una presunta propuesta de solicitud de renuncia del Ejército, acompañada de una serie de compromisos.

Señores diputados, el Comandante General del Ejército para el día 11 de abril era el General de División Efraín Vásquez Velazco y yo no solicité e impuse condiciones para la renuncia del señor Presidente de la República. Yo nunca firmé petición alguna de renuncia del señor Presidente.

Señores, yo no sé cómo llamar a esta situación, si un golpe de Estado o una conspiración o un autogolpe.

Los eventos que se sucedieron, por ejemplo, oficial de las órdenes del Comandante de la Tercera División buscando personas en los barrios adyacentes a Fuerte Tiuna para que se ubicaran en la Alcabala Número 3, oficiales con megáfonos arengando las masas, vicepresidentes escondidos, ministro impartiendo instrucciones para armar los Círculos Bolivarianos organizados desde la Vicepresidencia de la República.

Un alto militar restringido en su actuación, órdenes impartidas para utilizar el material de guerra contra la población civil indefensa y desarmada que marchaba pacíficamente.

Todos estos eventos ¿qué propósitos perseguían? Suficientemente hablado y publicitado está el tema del binomio pueblo-Fuerzas Armadas, esto es algo que inclusive yo mismo siempre promulgué y trabajé en los comandos de guarnición donde tuve el honor de trabajar, pero hoy en día señores no sería la ejecución del Plan Avila la materialización violenta de esa idea?.

El Ejército no salió a reprimir a la población, se mantuvo en sus cuarteles creando las condiciones para que el Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo actuara legalmente contra los asesinos y violadores de los derechos humanos. Nada se hizo, el silencio y la inacción fue la respuesta. Aquí no hubo un golpe de Estado, hubo una complicidad generalizada previa a la puesta en práctica de acciones dañinas que ahora esos mismos actores hacen todos los esfuerzos para ocultarla. No se como llamar a la actividad final que vino siendo forzada, golpe de Estado, conspiración o autogolpe. El Ejército, las fuerzas armadas no podían y no puede participar en este tipo de actividades.

Para finalizar, deseo manifestarles que sueño con ser y sentirme feliz y orgulloso cuando vea en nuestro país una sola marcha, una sola mano, un solo horizonte en lugar de energías perdidas. Cuando juntos como venezolanos podamos marchar sin diferencia de razas, estrato social o credo. Sueño que cada uno como miembro activo de la sociedad puede expresar su ideología política y reclamar sus derechos y haya respeto mutuo, nuestros hijos demandan ejemplos, rectificación, tolerancia, diálogo y conciliación para labrar un futuro lleno de esperanza.

Regalemos a nuestros hijos y nietos la dicha de dormir en paz, sólo así podemos vivir en paz. Se que mis compañeros de la Fuerza Armada Nacional desean la verdadera institucionalización y apolitismo, desean mantener un único norte, representado en la misión constitucional: fortaleza a todos los militares activos y retirados.

Señores diputados, hierran quien a sabiendas de nuestros valores institucionales piensan que mentiremos para ocultar a los responsables de los asesinatos y violación de los derechos humanos, hierra quien en ejercicio de su responsabilidades violan la ley y asumen que la Fuerza Armada es un escudo protector del cual se ocultarán, hierran quienes con sus acciones desean someter a la población bajo sus fuerzas, contrariando su firme voluntad de ser libres, hierran quienes piensan que el Ejército no es el Ejército y puede ser utilizado con fines no previstos en la Constitución.

Señores diputados, el Ejército y solamente el Ejército logró garantizar la Constitución. Muchas gracias.

Presidente: Tiene la palabra del Diputado Tarek William Saab.

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