Esta es una copia de lo que fuera el website de la Mesa de negociación y Acuerdos

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Carta Coordinadora Democrática de Venezuela

Caracas 13 de noviembre de 2002.

Excelentísimo
Señor César Gaviria Trujillo.
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Excelentísimo
Señor Kofi Annan.
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Excelentísimo
Señor Jimmy Carter.
Ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Premio Nóbel de la Paz.

Distinguidos y Respetados Señores:

Nos dirigimos a Ustedes en nombre de la Coordinadora Democrática de Venezuela, entidad política que agrupa a la inmensa mayoría de los Partidos Políticos y Organizaciones de la sociedad civil venezolana, cuyo reconocimiento político internacional ha sido expresado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Resolución de fecha 14 de agosto de 2002, así como también en Comunicados emitidos por la Unión Europea.

El propósito de esta comunicación es manifestar nuestra posición ante la destemplada, inexacta e inoportuna comunicación dirigida a Ustedes en el día ayer 12 de noviembre de 2002 por los Negociadores designados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos que se ha instalado y opera en Caracas para buscar una solución democrátrica y electoral a la crisis política que vive nuestro país, bajo la facilitación directa del Secretario General de la OEA Señor César Gaviria; con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter.

Comenzamos por rechazar enfática y categóricamente las afirmaciones y calificativos contenidos en la Comunicación en referencia. Muy especialmente rechazamos la cita, fuera de contexto, que en ella se ha hecho de la Declaración del Secretario General de la OEA del 22 de octubre de 2002, considerando que el día 23 de octubre del mismo año, el propio Secretario General emitió una segunda declaración que puede entenderse como definitiva, sobre los mismos hechos. En ella se expresa lo siguiente:

"La naturaleza pacífica de las marchas recientes de la oposición y del gobierno, así como del paro laboral del 21 de octubre, es evidencia clara de progreso hacia una solución consensuada. Estos eventos demostraron que la sociedad venezolana es capaz de canalizar sus diferencias en forma democrática y que el recurso a la violencia no es un resultado inevitable del disenso".

"Otra indicación positiva es que tanto el gobierno como los sectores de la oposición han firmado la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela, presentada en septiembre por una misión conjunta de la OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo"

De esta manera no se entiende como el Gobierno de Venezuela, sentado en una mesa de Negociación y Acuerdos, como la ya referida, pretenda ahora calificar como "insurrecional" y "golpista", a la oposición política Venezolana. En especial, resulta muy difícil entender que un documento que recoge un sentimiento democrático en procura de Unidad Nacional, en defensa de la democracia, la constitucionalidad y las Instituciones del país, pueda ser calificado en la forma tendenciosa como lo han hecho los Negociadores designados por el Gobierno de Venezuela. El documento en referencia, despreciado y deformado en la carta enviada a Ustedes por los Negociadores designados por el Gobierno, fue suscrito en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, en un acto pacífico, cívico y democrático, teniendo por protagonistas a las principales organizaciones civiles y políticas del país, tales como la Central Empresarial (Fedecámaras); la Central Sindical (CTV); importantes partidos políticos y diversas Organizaciones No Gubernamentales conforman las fuerzas vivas del país. Este pacto, cuya autoría corresponde a tales organizaciones, fue suscrito en señal de aceptación y adhesión por algunos oficiales de la Fuerza Armada que han manifestado su disenso con el Gobierno, lo cual implica la incorporación positiva de sus estrategias y procederes pacíficos a las señaladas en forma cívica y democrática por la Sociedad Civil venezolana.

Es menester también resaltar que todas las acciones y manifestaciones que ha realizado y realizará la Coordinadora Democrática de Venezuela se ciñen a la Constitución de Venezuela y a los principios fundamentales de la democracia y la paz institucional. Incluso los paros, huelgas y otras manifestaciones masivas y multitudinarias que se han ejecutado para protestar contra el Gobierno del Presidente Chávez, las cuales se han organizado con base en el artículo 68 de la Constitución que consagra el derecho a manifestar pacíficamente. Esto ha sido reconocido como tal, según se evidencia de la cita que antecede correspondiente a la Declaración emitida por el Secretario General de la OEA de fecha 23 de octubre de este año. Igualmente, en cuanto al calificativo de "militares golpistas" utilizado inadecuada y tendenciosamente en la carta que aquí respondemos, para describir la condición de dichos oficiles, quisieramos recordar que tal materia fue resuleta expresamente en fecha 14 de Agosto de 2002 por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el cual, en Sala Plena, sentenció expresamente, que dichos oficiales no habían incurrido en el delito de insurrección militar, único que pudiera tener alguna relación con el termino "golpistas" cuya definición no está prevista en ninguna Ley. Por lo tanto, los calificativos del gobierno no merecen otra aclaratoria que la de señalar que la actuación democrática de los oficiales mencionados, ya es "cosa juzgada formal".

Se impone entonces, ahora, llegar a la verdadera intención de la carta que aquí respondemos. No hay duda que ante las falsedades expuestas hay que concluir que dicha carta únicamente persigue obstruir y distraer el debate que se adelanta en la Mesa de Nogociación y Acuerdos cuyo objetivo central es lograr acuerdos democráticos que, por la vía electoral, permitan resolver en paz la grave crisis política que vive Venezuela. La Coordinadora Democrática ha adelantado un proceso de legítima y democrática consulta popular mediante la presentación de una solicitud respaldada por más de dos millones de firmas cuyo propósito es exigir que se consulte a la población sobre la renuncia voluntaria del Presidnete de la República. Esta solicitud que el gobierno pretende desconocer y obstruir a toda costa, en contradicción con su supuesta intención democrática y negociadora, esta contemplada en los artículos 70 y 71 de la Constitución venezolana. Ante el impacto político de esta solicitud el gobierno ha optado por obstaculizar el debate en la Mesa de Negociación y Acuerdos, sabotear la tramitación administrativa de la Consulta Popular constitucional e, incluso, ha fomentado hechos de violencia y disturbios públicos que ha cobrado vidas y que en el día de ayer fueron expresamente condenados por el Secrteatrio Genreal de la OEA.


Ha sido una actituid constante y reiterada del Gobierno fomentar la desestabilización y la impunidad para amedrentar y desestimular a la oposición en sus intentos democráticos por salir de la crisis que vive el páis. Por ello, la carta que aquí contestamos y rechazamos se inscribe en esta estrategia distraccionista que amerita exigir al Gobierno de Venezuela, como en efecto aquí lo hacemos, fije su real y verdadera posición ante el clima de violencia que ha fomentado en el país y en relación a una posible salida democrática, oportuna y electoral a la crisis que nos afecta.

Finalmente reiteramos, aún ante las agresiones y tácticas dilatorias del gobierno, nuestra firme decisión de permanecer en la Mesa de Nogicacióny Acuerdos para buscar salidas electorales y oportunas a esta crisis y exigimos, por intermedio de Ustedes, que el Gobierno de Venezuela garantice el orden público, el respeto a los derechos humanos y que haga recaer el peso de la ley sobre los culpables, en nombre de una presunta revolución impulsada por el Presidente de la República, son los reponsables de los actos de violencia de los últimos meses y, que su participación se centre en el acuerdo previo alcanzado formalmente con la intervención directa del Secretario General de la O.E.A. que no es otro que encontrar y definir la salida democrática, electoral y oportuna que conduzca a Venezuela por las sendas de la paz.

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