Carta
Coordinadora Democrática de Venezuela
Caracas 13 de
noviembre de 2002.
Excelentísimo
Señor César Gaviria Trujillo.
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Excelentísimo
Señor Kofi Annan.
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Excelentísimo
Señor Jimmy Carter.
Ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Premio Nóbel de la Paz.
Distinguidos y Respetados Señores:
Nos dirigimos a Ustedes en nombre de la Coordinadora Democrática de
Venezuela, entidad política que agrupa a la inmensa mayoría de los
Partidos Políticos y Organizaciones de la sociedad civil venezolana,
cuyo reconocimiento político internacional ha sido expresado por la
Organización de Estados Americanos (OEA) en su Resolución de fecha 14
de agosto de 2002, así como también en Comunicados emitidos por la
Unión Europea.
El propósito de esta comunicación es manifestar nuestra posición ante
la destemplada, inexacta e inoportuna comunicación dirigida a Ustedes
en el día ayer 12 de noviembre de 2002 por los Negociadores designados
por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el marco
de la Mesa de Negociación y Acuerdos que se ha instalado y opera en
Caracas para buscar una solución democrátrica y electoral a la crisis
política que vive nuestro país, bajo la facilitación directa del
Secretario General de la OEA Señor César Gaviria; con apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro
Carter.
Comenzamos por rechazar enfática y categóricamente las afirmaciones y
calificativos contenidos en la Comunicación en referencia. Muy
especialmente rechazamos la cita, fuera de contexto, que en ella se ha
hecho de la Declaración del Secretario General de la OEA del 22 de
octubre de 2002, considerando que el día 23 de octubre del mismo año,
el propio Secretario General emitió una segunda declaración que puede
entenderse como definitiva, sobre los mismos hechos. En ella se
expresa lo siguiente:
"La naturaleza pacífica de las marchas recientes de la oposición y del
gobierno, así como del paro laboral del 21 de octubre, es evidencia
clara de progreso hacia una solución consensuada. Estos eventos
demostraron que la sociedad venezolana es capaz de canalizar sus
diferencias en forma democrática y que el recurso a la violencia no es
un resultado inevitable del disenso".
"Otra indicación positiva es que tanto el gobierno como los sectores
de la oposición han firmado la Declaración de Principios para la Paz y
la Democracia en Venezuela, presentada en septiembre por una misión
conjunta de la OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo"
De esta manera no se entiende como el Gobierno de Venezuela, sentado
en una mesa de Negociación y Acuerdos, como la ya referida, pretenda
ahora calificar como "insurrecional" y "golpista", a la oposición
política Venezolana. En especial, resulta muy difícil entender que un
documento que recoge un sentimiento democrático en procura de Unidad
Nacional, en defensa de la democracia, la constitucionalidad y las
Instituciones del país, pueda ser calificado en la forma tendenciosa
como lo han hecho los Negociadores designados por el Gobierno de
Venezuela. El documento en referencia, despreciado y deformado en la
carta enviada a Ustedes por los Negociadores designados por el
Gobierno, fue suscrito en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, en un
acto pacífico, cívico y democrático, teniendo por protagonistas a las
principales organizaciones civiles y políticas del país, tales como la
Central Empresarial (Fedecámaras); la Central Sindical (CTV);
importantes partidos políticos y diversas Organizaciones No
Gubernamentales conforman las fuerzas vivas del país. Este pacto, cuya
autoría corresponde a tales organizaciones, fue suscrito en señal de
aceptación y adhesión por algunos oficiales de la Fuerza Armada que
han manifestado su disenso con el Gobierno, lo cual implica la
incorporación positiva de sus estrategias y procederes pacíficos a las
señaladas en forma cívica y democrática por la Sociedad Civil
venezolana.
Es menester también resaltar que todas las acciones y manifestaciones
que ha realizado y realizará la Coordinadora Democrática de Venezuela
se ciñen a la Constitución de Venezuela y a los principios
fundamentales de la democracia y la paz institucional. Incluso los
paros, huelgas y otras manifestaciones masivas y multitudinarias que
se han ejecutado para protestar contra el Gobierno del Presidente
Chávez, las cuales se han organizado con base en el artículo 68 de la
Constitución que consagra el derecho a manifestar pacíficamente. Esto
ha sido reconocido como tal, según se evidencia de la cita que
antecede correspondiente a la Declaración emitida por el Secretario
General de la OEA de fecha 23 de octubre de este año. Igualmente, en
cuanto al calificativo de "militares golpistas" utilizado inadecuada y
tendenciosamente en la carta que aquí respondemos, para describir la
condición de dichos oficiles, quisieramos recordar que tal materia fue
resuleta expresamente en fecha 14 de Agosto de 2002 por el Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela, el cual, en Sala Plena, sentenció
expresamente, que dichos oficiales no habían incurrido en el delito de
insurrección militar, único que pudiera tener alguna relación con el
termino "golpistas" cuya definición no está prevista en ninguna Ley.
Por lo tanto, los calificativos del gobierno no merecen otra
aclaratoria que la de señalar que la actuación democrática de los
oficiales mencionados, ya es "cosa juzgada formal".
Se impone entonces, ahora, llegar a la verdadera intención de la carta
que aquí respondemos. No hay duda que ante las falsedades expuestas
hay que concluir que dicha carta únicamente persigue obstruir y
distraer el debate que se adelanta en la Mesa de Nogociación y
Acuerdos cuyo objetivo central es lograr acuerdos democráticos que,
por la vía electoral, permitan resolver en paz la grave crisis
política que vive Venezuela. La Coordinadora Democrática ha adelantado
un proceso de legítima y democrática consulta popular mediante la
presentación de una solicitud respaldada por más de dos millones de
firmas cuyo propósito es exigir que se consulte a la población sobre
la renuncia voluntaria del Presidnete de la República. Esta solicitud
que el gobierno pretende desconocer y obstruir a toda costa, en
contradicción con su supuesta intención democrática y negociadora,
esta contemplada en los artículos 70 y 71 de la Constitución
venezolana. Ante el impacto político de esta solicitud el gobierno ha
optado por obstaculizar el debate en la Mesa de Negociación y
Acuerdos, sabotear la tramitación administrativa de la Consulta
Popular constitucional e, incluso, ha fomentado hechos de violencia y
disturbios públicos que ha cobrado vidas y que en el día de ayer
fueron expresamente condenados por el Secrteatrio Genreal de la OEA.
Ha sido una actituid constante y reiterada del Gobierno fomentar la
desestabilización y la impunidad para amedrentar y desestimular a la
oposición en sus intentos democráticos por salir de la crisis que vive
el páis. Por ello, la carta que aquí contestamos y rechazamos se
inscribe en esta estrategia distraccionista que amerita exigir al
Gobierno de Venezuela, como en efecto aquí lo hacemos, fije su real y
verdadera posición ante el clima de violencia que ha fomentado en el
país y en relación a una posible salida democrática, oportuna y
electoral a la crisis que nos afecta.
Finalmente reiteramos, aún ante las agresiones y tácticas dilatorias
del gobierno, nuestra firme decisión de permanecer en la Mesa de
Nogicacióny Acuerdos para buscar salidas electorales y oportunas a
esta crisis y exigimos, por intermedio de Ustedes, que el Gobierno de
Venezuela garantice el orden público, el respeto a los derechos
humanos y que haga recaer el peso de la ley sobre los culpables, en
nombre de una presunta revolución impulsada por el Presidente de la
República, son los reponsables de los actos de violencia de los
últimos meses y, que su participación se centre en el acuerdo previo
alcanzado formalmente con la intervención directa del Secretario
General de la O.E.A. que no es otro que encontrar y definir la salida
democrática, electoral y oportuna que conduzca a Venezuela por las
sendas de la paz.