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LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS URGE A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA A TOMAR ACCIONES INMEDIATAS PARA DETENER EL PROGRESIVO DETERIORO DEL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA

Desde el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado a través de diferentes mecanismos sobre el deterioro progresivo del Estado de Derecho en Venezuela, que ha comprometido seriamente la vigencia de los derechos humanos. En la actualidad, la Comisión observa con extrema preocupación el agravamiento de la crisis en Venezuela, caracterizada por la violencia, la intolerancia y por una desconfianza generalizada en las instituciones del Estado.

Durante su visita a Venezuela en mayo del presente año, la CIDH observó que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, representaban una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión, oportunamente, condenó el golpe de Estado de abril de 2002, y criticó a los usurpadores del poder por las detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo, expresó su preocupación por ciertas actitudes de la oposición que podían perjudicar la iniciación del diálogo y por las decisiones editoriales adoptadas en los días del golpe por algunos responsables de los medios de prensa y les hizo un llamado a la reflexión sobre su rol en momentos en los que, precisamente, el acceso a una información rápida es indispensable para la defensa de la democracia.

La Comisión nota que desde la visita hasta la actualidad la situación ha empeorado progresivamente. En primer lugar, la Comisión desea expresar su más profunda preocupación por el aumento significativo de ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos que, directa o indirectamente, les impiden o dificultan sus tareas. La Comisión reitera que en un Estado de Derecho, los defensores tienen un papel crucial en la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos, en la denuncia pública de las injusticias que afectan a importantes sectores de la sociedad y en el necesario control que ejercen sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas.

Asimismo, la Comisión ha registrado un aumento progresivo de ataques contra medios de comunicación y periodistas, particularmente contra aquellos que cubren eventos y concentraciones políticas. Los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la prensa han sido blanco directo de agresiones y hostigamiento. Los incidentes registrados abarcan, entre otros, el asesinato de un periodista; ataques a la integridad física, incluidos heridos de bala; amenazas; la toma, saqueos y destrozos de las instalaciones de medios de comunicación, tales como los realizados el pasado 9 de diciembre por grupos adeptos al Gobierno en Caracas e importantes ciudades del interior. La Comisión advierte que dicha situación no sólo surte un efecto amedrentador sobre los comunicadores sociales que temen identificarse como periodistas debido a las represalias que pueden sufrir, sino que afecta el derecho a la información de la sociedad venezolana.

La Comisión condena enérgicamente el uso de la violencia contra diferentes sectores de la sociedad mediante disparos indiscriminados sobre manifestantes. La Comisión hace un llamado urgente al Estado venezolano para que investigue de manera rigurosa, ágil e imparcial a los autores responsables de los hechos de violencia que tuvieron lugar el viernes 6 de diciembre en la plaza Francia, en Altamira, en donde según las informaciones recibidas perecieron tres personas y dieciocho resultaron heridas.

La Comisión expresa su preocupación por el surgimiento de grupos civiles armados que ejercen la violencia política, así como por la impunidad con la que operan. Inclusive, algunos de estos grupos parecen gozar de protección por parte de ciertas autoridades. Este recurso a la violencia se agrava con el continuo accionar de grupos parapoliciales en varios Estados del interior, en aparentes operaciones de limpieza social.

Preocupa a la CIDH la “intervención” por parte del Gobierno central de la policía metropolitana de Caracas, que estaba bajo la autoridad de un adversario político, sin dar razones apropiadas para una decisión de dudosa legalidad. Tal medida ha contribuido a agravar la inseguridad ciudadana en la ciudad, y a incrementar la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de control de la seguridad pública. Específicamente esta intervención es preocupante debido al historial de violaciones de derechos humanos que en el pasado ha generado la actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de control social.

La Comisión reitera que frente a las violaciones contra los derechos humanos el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a sus responsables. Esta obligación internacional del Estado es irrenunciable, por lo cual resultan contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos las situaciones de impunidad que dan lugar, en este caso, a la violencia generalizada que pone en peligro a toda la sociedad venezolana.

La Comisión resalta que en cumplimiento de sus funciones de protección ha utilizado los diversos mecanismos contemplados en la Convención Americana y su Reglamento. A través del sistema de casos, la adopción de medidas cautelares, la solicitud de medidas provisionales a la Corte, visitas in loco al país y comunicados de prensa, la CIDH ha respondido a los requerimientos de protección de los ciudadanos venezolanos que han acudido al sistema interamericano, y ha alertado a la comunidad internacional sobre el progresivo agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela.

En particular, la CIDH ha otorgado durante el presente año 12 medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión, entre otros, de defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, diputados, víctimas de los sucesos del 11 de abril, así como de testigos y familiares de las víctimas de grupos parapoliciales. Debido a la falta del cumplimiento de las medidas por parte del Estado, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales en favor de miembros de la organización no gubernamental de derechos humanos COFAVIC, del medio de comunicación RCTV y de víctimas de los grupos parapoliciales que operan en el Estado Falcon. Las tres medidas provisionales solicitadas fueron concedidas por la Corte el día 2 de diciembre de 2002.

Con el propósito de colaborar con el Gobierno y la sociedad venezolana en su conjunto y de cumplir con su mandato, la Comisión tenía previsto llevar a cabo una serie de visitas de seguimiento; sin embargo, pese a la invitación abierta recibida del Presidente Chávez y del Vicepresidente Rangel, así como a las insistentes solicitudes de la CIDH, el Gobierno de Venezuela se ha negado sistemáticamente a fijar fechas para la realización de dichas visitas. La CIDH considera que las visitas de seguimiento podrían haber contribuido significativamente al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional.

Finalmente, dada la gravedad de la situación, la CIDH valora y apoya los esfuerzos del Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, con el enérgico respaldo de todos los Estados del hemisferio. Asimismo, en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 41 de la Convención Americana y fundada en la experiencia de más de cuatro décadas de observar las trágicas consecuencias del debilitamiento del Estado de Derecho sobre los derechos humanos, la Comisión urge a los Estados miembros de la OEA que de manera inmediata, y dentro del marco de los instrumentos interamericanos, utilicen todos los mecanismos disponibles para colaborar con los venezolanos en la búsqueda de una solución urgente que logre evitar más perdidas de vidas humanas y permita asegurar a los venezolanos la plena vigencia del Estado de Derecho.

Washington, DC, 12 de diciembre de 2002

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