Esta es una copia de lo que fuera el website de la Mesa de negociación y Acuerdos

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LA FIRMA NO ES UN EJERCICIO DE INGENUIDAD POLITICA

    Acción Democrática destaca y reconoce la labor llevada adelante por los facilitadores Doctor César Gaviria, Secretario General de la OEA, ex-presidente James Carter del Centro Carter y del PNUD de las Naciones Unidas, de los miembros de la oposición en la Mesa de Negociaciones y Acuerdos , así como de todo el equipo de asesores, asistentes y colaboradores, desarrollada intensamente dentro de un clima de hostilidad generado por un oficialismo no ganado a la utilización real de vías y métodos democráticos como canales naturales que permitan salir de la crisis que ha generado pérdida de empleo, deterioro de las condiciones de vida, hambre, inseguridad y violenta confrontación promovida por el propio Presidente.

    Estamos obligados a presentar de manera pública observaciones pertinentes que alerten al país de los riesgos de que no se materialicen algunos enunciados de ese instrumento, desvirtuados como han sido sus propósitos por la recurrente violencia promovida e incrementada en paralelo con la discusión y elaboración de este acuerdo.- No es el espíritu de tolerancia que contribuya al fortalecimiento de un clima de paz en el país (punto 1), el que signa la conducta del oficialismo cuando por enésima vez este permite, justifica y ampara a mercenarios, sicarios y vándalos que arremeten contra toda expresión pacífica y democrática. La paz no se puede fortalecer en Venezuela porque simplemente no existe. De manera que es incierto que el oficialismo tenga conciencia de que haya que colocar los valores de la participación, pluralismo, tolerancia, estado de derecho y convivencia como así se hace constar en el tenor del acuerdo (punto 3); ni de que estemos transitando el camino democrático con sentido de hermandad, respeto por las convicciones de cada venezolano y voluntad de reconciliación. (punto 4); cuando por el contrario transitamos el camino del odio y el resentimiento. Los asistentes al extraordinario acto organizado por A.D. con el apoyo del resto de la oposición en la calle Perú de Catia conocen perfectamente el sentido de tales afirmaciones. Eso sin referirnos al “espíritu de hermandad” con que los representantes del Gobierno recibieron la marcha pacífica a Miraflores el 11 de Abril 2002 por citar un ejemplo emblemático-

    Es falsa la aseveración del oficialismo de que esté consciente de la necesidad de consolidar un pluralismo donde la política sea ejercida por los actores de la vida nacional (punto 6), ya que no se puede consolidar lo que no existe cuando por el contrario, en la práctica cada día se instrumenta el más atroz de los autoritarismos. ¿ Hay “ respeto a los derechos de los trabajadores, a la libertad de expresión, de prensa, a la eliminación de todas las formas de discriminación e intolerancia” ?. Las 20.000 familias de los trabajadores despedidos de P.D.V.S.A. y la Marina Mercante ; la Ley Mordaza; las granadas fragmentadas en televisoras y medios escritos, son claros ejemplos de que es difícil encontrar más cinismo en una declaración suscrita por el Gobierno.

    La ratificación por parte del oficialismo de la vigencia y su adhesión plena y compromiso con la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia” suscrita el 18 de febrero de 2003 (punto 8) es la demostración más evidente del doble discurso que caracteriza al oficialismo y de que los términos del acuerdo, de no contemplar mecanismos que garanticen su cumplimiento, pudiese quedar como letra muerta. Coincide el oficialismo que el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, a través de la Fuerza Armada Nacional, y policías metropolitanas, estadales y municipales, es una prerrogativa fundamental e indeclinable en la lucha contra la violencia y en la de asegurar la esencia de un Estado democrático. (punto 9), pero por otra parte las acciones llevadas a cabo por la FAN y los organismos de seguridad del Estado, tienden por el contrario al amparo y fomento de la violencia de los desadaptados afectos al gobierno (manifestaciones, invasiones, agresiones, etc.).- Podemos creer en el compromiso del oficialismo de adelantar una vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil, basada en la ley aprobada en la Asamblea Nacional (punto 10), cuando esta ley que se encuentra vigente desde el 20 de agosto del 2002, los hechos han demostrado que nada se ha hecho por hacerla cumplir en los diez meses que han transcurrido desde su promulgación; por el contrario, los hechos evidencian un rearme de los grupos violentos. Resulta increíble y un ejercicio de cinismo mayúsculo la auto- exhortación del oficialismo para conformar la Comisión de la Verdad (punto 11), considerando su total resistencia a que esta sea conformada, valiéndose de todas las argucias posibles, por lo que debió establecerse un mecanismo que realmente haga viable este planteamiento que no sea una simple declaración de una buena voluntad que no existe.

    Además de esas sustantivas consideraciones que – repetimos – generan nuestro natural escepticismo, tenemos otras de orden operativo. En este sentido, debemos alertar que si bien es cierto que se reconoce a la vía electoral como una contribución a la solución de la crisis de país y se coincide en que esta se logra con la aplicación del artículo 72 de la CRBV (puntos 12 y16), no menos cierto es que la proliferación de referendos que allí se señalan pudieran entorpecer la oportuna celebración el referendo presidencial y su respectiva elección, lo que debió singularizarse ya que este fue siempre el objetivo del planteamiento opositor porque es el ejercicio del mandato presidencial el principal factor generador de esa crisis. Siendo el caso que el derecho a solicitarlo para otros mandatos es un dispositivo constitucional que puede ser ejercido por separado, debió mantenerse al margen del Acuerdo por la anotada interferencia. En otras palabras, en vez de viabilizar la solución este punto tiende a complicar la vía electoral como fórmula de solución. Pero hay otra cosa tan peligrosa como esta. El texto da por aceptado que los referendos serán posibles si lo aprueba el C.N.E.. ¿ Reconoceremos con esto que la función del C.N.E. más allá de verificar el cumplimiento de las formalidades para proceder a la convocatoria, llega hasta aprobarlo “ una vez que se han cumplido los requisitos constitucionales y legales “? Es decir ¿ el cumplimiento de esos requisitos no es suficiente para proceder a la convocatoria sino que se requiere que el C.N.E apruebe la realización del referendum ?.

    No puede existir un clima apropiado para que los procesos electorales y referendos puedan realizarse satisfactoriamente (punto 14), en la medida que la Ley de Contenido se promulgue. En vez de postergar su discusión, facilitando la solución a la crisis despejando factores de perturbación, se ha acelerado groseramente su puesta en vigencia. Igual consideración debe hacerse ante la pretensión oficialista de promulgar una LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA que pretenda secuestrar la administración de justicia en casos que se sometan a su conocimiento en un proceso referendario y/o electoral.

    Advertimos sobre todos estos elementos y declaramos nuestra convicción de que un Gobierno rufián como el de Chávez no tiene intención de cumplir ningún compromiso. Analizaremos, no obstante, para qué puede servir entonces el documento. El acuerdo por si solo no garantiza la realización del referéndum revocatorio contra Chávez. Eso es claro. Es claro también que lo único que puede garantizarlo es la presión popular; nuestra decisión firme de conquistarlo más allá de la mesa consagración como derecho en la Constitución. Si algún valor tiene un acuerdo en los términos planteados será ayudar a cerrar una puerta de escape; impedir que Chávez tenga alguna excusa más, para proclamar que se rechaza un procedimiento constitucional que queda expresado en el proyecto a firmar. En el ámbito internacional, Chávez, que pagó el costo de haberse negado a firmar un acuerdo previamente convenido por sus representantes en la Mesa de Negociación el 11 de Abril de 2003, podría mostrar a la oposición ahora opuesta a firmar y poner sobre nosotros el rechazo que entonces cosechó él. Para la oposiciones importante fortalecer los espacios de comprensión y apoyo en el ámbito internacional. Si bien el referéndum lo conquistaremos con la movilización interna, la opinión internacional favorable es ayuda incuestionable. ¡ Nos importa cuidarla!. Entendemos que el mandato que por la Resolución 833 se le da al Secretario General de la OEA no cesa con la firma del acuerdo e implica la continuidad de su actuación hasta la realización del referéndum contra Chávez.

    Del análisis que hemos hecho del acuerdo conscientes de la gran responsabilidad que conlleva su suscripción, derivaron múltiples y serias observaciones. No obstante, con el ánimo que siempre nos ha caracterizado de no entorpecer el consenso que ha privado en las posiciones y decisiones de la Coordinadora Democrática y teniendo como norte que es este espíritu unitario el que ha de regir sus actos, nos pronunciamos por firmar el acuerdo en el que queremos creer, entendiendo que el mismo pudiera coadyuvar en la consecución de la vía electoral que tanto aspiramos y exigimos la inmensa mayoría de los venezolanos. Pero no nos hagamos falsas ilusiones. No magnifiquemos el alcance y valor práctico del acuerdo. Apenas es un instrumento que nos ayudará a desnudar al Gobierno en sus reales intenciones, una vez que se sigan sucediendo las reiteradas violaciones a todo lo que se proclama en el texto que se firmará.

    Finalmente, debemos enfatizar en que nuestra decisión de suscribir el acuerdo es complementaria a la determinación que tenemos de mantenernos en la calle en pie de lucha por los principios democráticos y las legítimas aspiraciones populares que siempre han sido la razón de la existencia misma de nuestro partido

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