Esta es una copia de lo que fuera el website de la Mesa de negociación y Acuerdos

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POSICIÓN OFICIAL DE VISION EMERGENTE SOBRE EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA CD

Bases principistas:

1. Hemos apoyado las gestiones de nuestros negociadores desde el inicio de la Mesa de Negociación y Acuerdos y todo el tiempo estuvimos ganados a la idea de alcanzar un acuerdo satisfactorio en el seno de la misma. Reconocemos además los inmensos esfuerzos hechos por nuestros representantes y la buena fe con la cual han actuado a lo largo de estos meses.

2. Nuestra intención fundamental al hacer los comentarios que siguen ha sido básicamente que se presente ante la Mesa una nueva propuesta de acuerdo que recoja las observaciones que válida y legítimamente han hecho diversos factores que forman parte de la Coordinadora Democrática. Es importante resaltar que recientemente el Gobierno hizo lo propio, llegando incluso a presentar un documento totalmente distinto al preacuerdo anunciado por Gaviria desde Washington el 11 de abril de este año.

3. Defendemos la unidad de la oposición y luchamos por mantenerla, pero no aceptamos que se nos haya presentado un documento que desconocíamos como “inmodificable”. Partimos de la base de que todo acuerdo es modificable hasta que no haya sido firmado por las partes. No obstante, reconocemos que el documento contiene puntos positivos y algunos logros que tienen especial importancia en el ámbito internacional, pero las fallas que le observamos tienen para nosotros demasiada relevancia en lo interno.

Observaciones:

1. Sobre la cláusula “5”

En lo atinente al punto “5”, el comentario más relevante sobre este particular es que se considera que el diseño institucional contenido en la Constitución de 1999 es un sistema político pluralista, cuando en realidad no lo es (a no ser que se trate de un pluralismo limitado), pues el escaso control y fiscalización de las acciones del poder ejecutivo que se establece en la misma Carta Magna lo obstaculiza antes que afirmarlo. De igual modo, la excesiva concentración de poder en manos del Presidente, así como el rol protagónico que la Constitución le asigna a los militares en la política, impide, ya desde el propio diseño institucional, el ejercicio del pluralismo.

2. Sobre la cláusula “12”

El punto 12 del acuerdo prevé la posibilidad de realizar un megarrevocatorio, al aceptar la posibilidad de realizar los referendos “ya solicitados y los que se solicitaren en adelante”, todo esto sin privilegiar el presidencial por encima de los demás y sin fecha tope para la realización de todos ellos. En cuanto a este último punto, si bien el compromiso de no modificar la actual ley del sufragio es muy importante, lo cierto es que los lapsos contenidos en ella serán incumplibles para el Consejo Nacional Electoral a la hora de tener que tramitar simultáneamente cientos de solicitudes que equivaldrían a validar varios millones de firmas.

Creemos que, al aceptar la redacción actual, estaríamos convalidando de antemano la artimaña que usará el gobierno para obstaculizar el referendo presidencial, como lo es aplicarle distintas tácticas dilatorias entre las cuales estaría poner en marcha los revocatorios de más de 200 alcaldes, 6 gobernadores y 79 diputados de oposición, sin contar con que ya hay cerca de 50 solicitudes pendientes.

Creemos firmemente que, al aceptar que todos los revocatorios se pueden realizar por igual, el gobierno logrará que no haya referendo presidencial este año, con lo cual prácticamente habrá logrado impedirlo, al hacer que en el 2004 coincida con la campaña regional y municipal y se acerque el cuarto año de gobierno, momento en el cual habrá perdido su eficacia como herramienta para sustituir al actual régimen.

Tenemos claro que el gobierno puede igualmente activar todos los revocatorios que quiera aunque no lo diga el acuerdo por ser esto un derecho constitucional (artículo 72), pero el problema está en que, al ser parte del texto, la oposición no podrá denunciarlo más adelante como una táctica dilatoria y enfrentarla, ya que fueron aceptados en igualdad de condiciones respecto al referendo presidencial. Además, en realidad la dilación sería por parte del Consejo Nacional Electoral, con lo que el gobierno sostendría que no tiene responsabilidad directa alguna en el retardo del proceso.

Según nuestro criterio, la trascendencia de un acuerdo político está en lograr cosas extraordinarias, lo cual, sin duda, no se alcanza con este texto.

Adicionalmente, el punto 12 habla de que el CNE “aprueba” la realización de los referendos, siendo que su única atribución es verificar las firmas. A nuestra manera de ver, el CNE está obligado a tramitar la consulta una vez que los ciudadanos, únicos y verdaderos convocantes del proceso, expresen claramente su voluntad de realizar un referendo revocatorio.

Los dos comentarios anteriores se unen peligrosamente a lo establecido en la disposición número 16 del acuerdo, según la cual, la ayuda técnica electoral de la comunidad internacional queda sujeta a una solicitud por parte de “las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela”. Con esta redacción, la oposición queda tremendamente limitada para requerir este importante apoyo en un momento que lo considere necesario.

3. Sobre la cláusula “15”

Sobre el punto “15”, debe llamarse la atención sobre la designación del estamento militar como garante imparcial de los votos depositados por los electores. La pregunta que surge inmediatamente es ¿no intentará el poder político alterar los resultados, teniendo el control de las instituciones públicas y de los principales cuadros de la FAN?. ¿Cómo confiar en unos mandos que son abiertamente controlados por el oficialismo? ¿Queda atada la sociedad democrática venezolana a confiar en el General García Carneiro como garante de la voluntad popular?

4.- Otras consideraciones

Compartimos los comentarios expresados por otras fuerzas políticas sobre la cláusula 9 del acuerdo, referente a la tenencia de armas y las policías regionales y municipales, e igualmente somos solidarios con los miles de trabajadores petroleros despidos de PDVSA, quienes no encontraron en este acuerdo ni una mención a la situación de la industria y mucho menos a su delicada situación profesional, a pesar de haber sido ofrecido como un punto indeclinable en el curso de las negociaciones.

Visión Emergente deja en claro así ante el resto de la oposición y de la opinión pública su postura frente al acuerdo que será firmado mañana jueves 29 de mayo de 2003.

Caracas, 28 de mayo de 2003.

Por la Junta Directiva,

Cipriano Heredia                     Cástor González
Presidente                                Director

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