DECLARACION DE LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA DE VENEZUELA CON OCASIÓN
DEL XXXIII PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
La Coordinadora Democrática, en representación de las fuerzas
políticas y sociales que constituyen la oposición venezolana, reconoce
y agradece a la Organización de los Estados Americanos la importante
labor de cooperación ha venido cumpliendo para ayudar al pueblo de
Venezuela a preservar las instituciones democráticas, gravemente
amenazadas desde que el teniente coronel Hugo Chávez asumió la
Presidencia de la República.
La percepción de la realidad venezolana por los órganos del Sistema
Interamericano, así como los requisitos que, según el objetivo
criterio de esos mismos órganos, debe llenar la fórmula para superar
la grave y prolongada crisis que agobia nuestro país nos ahorra el
análisis propio, que pudiera ser tachado de parcial o subjetivo.
Entre las actuaciones relevantes de la OEA, cabe destacar el denodado
esfuerzo del Secretario General César Gaviria, con el apoyo del Centro
Carter, del PNUD, del Grupo de Países Amigos integrado por Brasil,
Chile, México, Estados Unidos, España y Portugal, así como por
inequívocas manifestaciones de la comunidad internacional por la grave
amenaza que gravita sobre la democracia venezolana.
Por su parte, la resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA de 16
de diciembre de 2002, urgió “al gobierno y a la Coordinadora
Democrática para que en negociaciones de buena fé alcancen una
solución constitucional, democrática, pacífica y electoral en el marco
de la Mesa de Negociación y Acuerdos que cuenta con la facilitación
del Secretario General de la OEA”. La misma resolución insta a que se
respeten los principios consagrados en la Carta Democrática
Interamericana, incluidos, entre otros el respeto a los derechos
humanos, el estado de derecho, la transparencia y la buena gestión de
los asuntos públicos y el pleno disfrute de la libertad de expresión y
de prensa
La gravedad de la situación institucional venezolana ha sido
transmitida reiteradamente a la comunidad internacional por otro de
los órganos principales de la OEA, como lo es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Al término de su visita a
Venezuela en mayo de 2002, la CIDH emitió una declaración en la cual
detectó numerosos aspectos críticos que desvirtúan la plena vigencia
de la democracia en Venezuela. La preocupación de la Comisión puede
resumirse un sus reflexiones finales, en las cuales concluyó “que la
falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la
libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las
Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el
accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las
instituciones de control...representan una clara debilidad de los
pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un
sistema democrático”.
Más tarde, con ocasión del periodo ordinario de sesiones que tuvo
lugar en Washington entre el 20 de febrero y el 7 de marzo de este
año, la Comisión informó que el gobierno de Venezuela se ha negado
reiteradamente a fijar fechas para las visitas previstas en el
propósito de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos.
En declaración del 10 de marzo pasado, la CIDH, entre otras cosas
expresó, su preocupación por la independencia del poder judicial; por
“la actuación de grupos civiles armados que ejercen la violencia
política, así como por la impunidad con la que operan”; por “la
difícil situación en que se encuentran los defensores de derechos
humanos”; y por la libertad de expresión. A este último respecto la
CIDH expresó:
“La libertad de expresión continuó siendo una materia de especial
preocupación. La Comisión observa un aumento alarmante y generalizado
de ataques contra medios de comunicación y periodistas,
particularmente contra aquellos que cubren eventos y concentraciones
políticas... Las expresiones hostiles a la prensa por parte de alta
figuras del gobierno, y la impunidad de las investigaciones
contribuyen a crear un ambiente de amedrentamiento para el pleno
ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. También en el caso
de ataques y amenazas contra periodistas, la Comisión solicitó, y la
Corte Interamericana concedió medidas provisionales. La Corte,
mediante resolución del 21 de febrero pasado, manifestó que el Estado
no había dado cumplimiento a las mismas”
El gobierno de Chávez, en lugar de atender a las preocupaciones de la
Comisión, ha optado por atacar a la institución, a sus miembros y
funcionarios, intentando descalificar la objetividad de su trabajo. El
mérito de la CIDH como pilar de la vigencia de los derechos humanos en
las Américas no necesita ser defendido. Su historia y su obra hablan
por ella. También es elocuente que el gobierno de Chávez se alinee en
la misma posición que en su momento han asumido regímenes autoritarios
del más diverso pelaje, que han incluido los ataques a la Comisión en
su política de desprecio hacia los derechos humanos y los valores de
una sociedad democrática. Con la sola excepción de la dictadura
totalitaria de Fidel Castro, todos esos gobiernos han sido desplazados
por la voluntad democrática de los pueblos de América.
Bajo los auspicios de la OEA y con el apoyo de la encomiable labor del
Dr. Gaviria como facilitador de las negociaciones, el 22 de febrero de
este año se suscribió en la Mesa de Negociaciones una Declaración
contra la violencia, por la paz y la democracia en Venezuela. El
gobierno y los grupos fascistoides armados a su servicio, han burlado
cínicamente los compromisos asumidos en la declaración. Las
manifestaciones públicas de la oposición, notoriamente pacíficas, han
sufrido salvajes agresiones a balazos de los escuadrones armados del
gobierno, con creciente saldo de muertos y heridos.
No obstante, convencidos de la necesidad de la salida pacífica,
democrática, constitucional y electoral para la crisis venezolana, el
pasado 29 de mayo la Coordinadora Democrática firmó con el gobierno el
acuerdo al cual se llegó en la Mesa de Negociación, en la convicción
de que se adecua a la solución recomendada por el Consejo Permanente.
En los términos del acuerdo, esa solución se canalizará a través del
referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República, que
la Coordinadora Democrática asume la responsabilidad de convocar, a
partir del 18 de agosto de este año.
Estamos conscientes que somos los venezolanos quienes debemos actuar
para superar la crisis, rescatar la gobernabilidad y reconstruir las
instituciones democráticas con garantía de estabilidad. Ello no es
óbice para que, en la lucha cívica, dura, difícil y peligrosa que
llevamos adelante nos estimule la comprensión del mundo externo y el
apoyo de la comunidad internacional a la democracia venezolana.
La tarea por cumplir para preservar la democracia en Venezuela no es
fácil. El gobierno de Chávez es capaz de cualquier aventura para
eludir el veredicto popular. Frente a la amenaza de la arbitrariedad,
el abuso de poder, la violencia y el desconocimiento de las
instituciones, el pueblo de Venezuela necesita que la vigilancia de la
comunidad internacional sobre el proceso venezolano sea más atenta que
nunca. Tenemos la convicción de que así será, sobre la base del
compromiso hemisférico contenido en la Carta Democrática y en el
conjunto de obligaciones jurídico-políticas que conforman y reglan el
Sistema Interamericano, en especial la Carta de la OEA y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Nos alienta asimismo la declaración del Grupo de Países Amigos del
pasado 27 de mayo, en la cual se expresa que éstos “reiteran su firme
disposición en continuar presentando el apoyo y la colaboración que
les sean solicitados en el contexto de la implementación del Acuerdo”.
Los venezolanos hemos demostrado una perseverancia democrática que se
ha sobrepuesto a pruebas inmensas durante estos cuatro años. Frente a
un gobierno que pretende secuestrar la ley y usar el terror y la
persecución contra su propio pueblo, hemos decidido apelar a fuerzas
de la sociedad civil.
La intransigencia del gobierno en el proyecto de una “revolución”
empobrecedora, opresiva y destructora lo ha llevado a toda clase de
maniobras para impedir que el pueblo venezolano ejerza uno de los
derechos humanos fundamentales como lo es el ejercicio del voto.
Estamos dando una batalla cívica por los derechos humanos, por la
democracia y la libertad. Es también una batalla contra el hambre, por
el trabajo, la educación, la cultura y la paz. Nos proponemos
triunfar.
De la Comunidad Internacional y concretamente de la Asamblea General
de la OEA pedimos mantener la vigencia del Sistema Interamericano y de
sus documentos fundamentales: la Carta de la OEA, la Carta Democrática
Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Santiago, 8 de junio de 2003