Esta es una copia de lo que fuera el website de la Mesa de negociación y Acuerdos

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DECLARACION DE LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA DE VENEZUELA CON OCASIÓN DEL XXXIII PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

La Coordinadora Democrática, en representación de las fuerzas políticas y sociales que constituyen la oposición venezolana, reconoce y agradece a la Organización de los Estados Americanos la importante labor de cooperación ha venido cumpliendo para ayudar al pueblo de Venezuela a preservar las instituciones democráticas, gravemente amenazadas desde que el teniente coronel Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República.

La percepción de la realidad venezolana por los órganos del Sistema Interamericano, así como los requisitos que, según el objetivo criterio de esos mismos órganos, debe llenar la fórmula para superar la grave y prolongada crisis que agobia nuestro país nos ahorra el análisis propio, que pudiera ser tachado de parcial o subjetivo.

Entre las actuaciones relevantes de la OEA, cabe destacar el denodado esfuerzo del Secretario General César Gaviria, con el apoyo del Centro Carter, del PNUD, del Grupo de Países Amigos integrado por Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España y Portugal, así como por inequívocas manifestaciones de la comunidad internacional por la grave amenaza que gravita sobre la democracia venezolana.

Por su parte, la resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA de 16 de diciembre de 2002, urgió “al gobierno y a la Coordinadora Democrática para que en negociaciones de buena fé alcancen una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos que cuenta con la facilitación del Secretario General de la OEA”. La misma resolución insta a que se respeten los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, incluidos, entre otros el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, la transparencia y la buena gestión de los asuntos públicos y el pleno disfrute de la libertad de expresión y de prensa

La gravedad de la situación institucional venezolana ha sido transmitida reiteradamente a la comunidad internacional por otro de los órganos principales de la OEA, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al término de su visita a Venezuela en mayo de 2002, la CIDH emitió una declaración en la cual detectó numerosos aspectos críticos que desvirtúan la plena vigencia de la democracia en Venezuela. La preocupación de la Comisión puede resumirse un sus reflexiones finales, en las cuales concluyó “que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control...representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático”.

Más tarde, con ocasión del periodo ordinario de sesiones que tuvo lugar en Washington entre el 20 de febrero y el 7 de marzo de este año, la Comisión informó que el gobierno de Venezuela se ha negado reiteradamente a fijar fechas para las visitas previstas en el propósito de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos. En declaración del 10 de marzo pasado, la CIDH, entre otras cosas expresó, su preocupación por la independencia del poder judicial; por “la actuación de grupos civiles armados que ejercen la violencia política, así como por la impunidad con la que operan”; por “la difícil situación en que se encuentran los defensores de derechos humanos”; y por la libertad de expresión. A este último respecto la CIDH expresó:

“La libertad de expresión continuó siendo una materia de especial preocupación. La Comisión observa un aumento alarmante y generalizado de ataques contra medios de comunicación y periodistas, particularmente contra aquellos que cubren eventos y concentraciones políticas... Las expresiones hostiles a la prensa por parte de alta figuras del gobierno, y la impunidad de las investigaciones contribuyen a crear un ambiente de amedrentamiento para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. También en el caso de ataques y amenazas contra periodistas, la Comisión solicitó, y la Corte Interamericana concedió medidas provisionales. La Corte, mediante resolución del 21 de febrero pasado, manifestó que el Estado no había dado cumplimiento a las mismas”

El gobierno de Chávez, en lugar de atender a las preocupaciones de la Comisión, ha optado por atacar a la institución, a sus miembros y funcionarios, intentando descalificar la objetividad de su trabajo. El mérito de la CIDH como pilar de la vigencia de los derechos humanos en las Américas no necesita ser defendido. Su historia y su obra hablan por ella. También es elocuente que el gobierno de Chávez se alinee en la misma posición que en su momento han asumido regímenes autoritarios del más diverso pelaje, que han incluido los ataques a la Comisión en su política de desprecio hacia los derechos humanos y los valores de una sociedad democrática. Con la sola excepción de la dictadura totalitaria de Fidel Castro, todos esos gobiernos han sido desplazados por la voluntad democrática de los pueblos de América.

Bajo los auspicios de la OEA y con el apoyo de la encomiable labor del Dr. Gaviria como facilitador de las negociaciones, el 22 de febrero de este año se suscribió en la Mesa de Negociaciones una Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia en Venezuela. El gobierno y los grupos fascistoides armados a su servicio, han burlado cínicamente los compromisos asumidos en la declaración. Las manifestaciones públicas de la oposición, notoriamente pacíficas, han sufrido salvajes agresiones a balazos de los escuadrones armados del gobierno, con creciente saldo de muertos y heridos.

No obstante, convencidos de la necesidad de la salida pacífica, democrática, constitucional y electoral para la crisis venezolana, el pasado 29 de mayo la Coordinadora Democrática firmó con el gobierno el acuerdo al cual se llegó en la Mesa de Negociación, en la convicción de que se adecua a la solución recomendada por el Consejo Permanente.

En los términos del acuerdo, esa solución se canalizará a través del referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República, que la Coordinadora Democrática asume la responsabilidad de convocar, a partir del 18 de agosto de este año.

Estamos conscientes que somos los venezolanos quienes debemos actuar para superar la crisis, rescatar la gobernabilidad y reconstruir las instituciones democráticas con garantía de estabilidad. Ello no es óbice para que, en la lucha cívica, dura, difícil y peligrosa que llevamos adelante nos estimule la comprensión del mundo externo y el apoyo de la comunidad internacional a la democracia venezolana.

La tarea por cumplir para preservar la democracia en Venezuela no es fácil. El gobierno de Chávez es capaz de cualquier aventura para eludir el veredicto popular. Frente a la amenaza de la arbitrariedad, el abuso de poder, la violencia y el desconocimiento de las instituciones, el pueblo de Venezuela necesita que la vigilancia de la comunidad internacional sobre el proceso venezolano sea más atenta que nunca. Tenemos la convicción de que así será, sobre la base del compromiso hemisférico contenido en la Carta Democrática y en el conjunto de obligaciones jurídico-políticas que conforman y reglan el Sistema Interamericano, en especial la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Nos alienta asimismo la declaración del Grupo de Países Amigos del pasado 27 de mayo, en la cual se expresa que éstos “reiteran su firme disposición en continuar presentando el apoyo y la colaboración que les sean solicitados en el contexto de la implementación del Acuerdo”.

Los venezolanos hemos demostrado una perseverancia democrática que se ha sobrepuesto a pruebas inmensas durante estos cuatro años. Frente a un gobierno que pretende secuestrar la ley y usar el terror y la persecución contra su propio pueblo, hemos decidido apelar a fuerzas de la sociedad civil.

La intransigencia del gobierno en el proyecto de una “revolución” empobrecedora, opresiva y destructora lo ha llevado a toda clase de maniobras para impedir que el pueblo venezolano ejerza uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el ejercicio del voto. Estamos dando una batalla cívica por los derechos humanos, por la democracia y la libertad. Es también una batalla contra el hambre, por el trabajo, la educación, la cultura y la paz. Nos proponemos triunfar.

De la Comunidad Internacional y concretamente de la Asamblea General de la OEA pedimos mantener la vigencia del Sistema Interamericano y de sus documentos fundamentales: la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Santiago, 8 de junio de 2003
 

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