Caracas, miércoles 22 de Enero de
2003
COORDINADORA DEMOCRATICA DE VENEZUELA
Señor
Jimmy Carter
Ex Presidente de los Estados Unidos de América
Presente.
Los representantes de la Coordinadora Democrática ante la Mesa de
Negociaciones y Acuerdos que conduce en calidad de facilitador el
Doctor César Gaviria, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos y en unión del Centro Carter y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nos sentimos en la
obligación de informarle sobre las graves alteraciones
constitucionales que, por acción del Gobierno del Presidente Hugo
Chávez Frías, se han sucedido en los últimos tiempos; y que, al
afectar severamente el orden democrático y el funcionamiento regular
del Estado de Derecho, comprometen la paz social en Venezuela e
imponen la urgente búsqueda de una solución democrática,
constitucional y electoral a la crisis de gobernabilidad que hoy nos
aqueja.
Tales alteraciones recientes, en orden sucesivo, han sido las
siguientes:
(a) El Gobierno nacional luego de haber intervenido militarmente a la
Policía Metropolitana, cuerpo de carácter civil dependiente de la
Alcaldía Mayor y que tiene a su cargo el mantenimiento del orden
público y la seguridad de las personas y de los bienes en la capital
de la República, procedió hace pocos días a su desarme; dejando a los
habitantes de Caracas y zonas vecinas sin protección alguna frente a
la violencia criminal y a las agresiones físicas contínuas que, en
contra de los opositores al régimen, ejecutan en las calles y sin
ningún control los llamados Círculos Bolivarianos.
(b) El Presidente de la República ordenó públicamente a los mandos
militares no acatar los mandatos de amparo constitucional ni las demás
decisiones emanadas del Poder Judicial, cuando sean contrarias a sus
dictados. Así, el General de División (Ejército) Jorge Luis García
Carneiro, Comandante de la Guarnición de Caracas, se negó a acatar la
orden de desmilitarización emitida por la Corte de lo Contencioso
Administrativo y manifestó, ante los medios de comunicación, no tener
otra autoridad que la del Comandante Hugo Chávez. Otro tanto hizo, en
las últimas horas y durante el allanamiento que hacía de las empresas
Coca Cola y Polar el General de Brigada (GN) Luis Felipe Acosta Carles,
en la ciudad de Valencia.
(c) El pasado 6 de diciembre, la Superintendencia de Bancos (agencia
gubernamental), desviando sus competencias y sin mediar la actuación
de algún Juez de la República, ordenó a las distintas entidades del
sector financiero entregar a la policía política (DISIP) toda la
información que dispusiesen y que estuviese relacionada con opositores
al Gobierno.
(d) El 9 de diciembre siguiente, el Ministro del Interior y de
Justicia, Teniente Diosdado Cabello, anunció públicamente la
movilización y toma por los Círculos Bolivarianos de las instalaciones
de los canales de televisión y emisoras de radio de propiedad privada,
dentro de una jornada que concluyó con la destrucción de algunas de
éstas. Dicha acción, según se nos ha informado, se repetirá en los
próximos días.
(e) A propósito del paro nacional y petrolero en curso, el Presidente
de la República emitió un Decreto n° 2.172 ordenando a la Fuerza
Armada la toma física de las instalaciones de la industria petrolera y
también la confiscación de los bienes de propiedad privada afectos a
dicha actividad y a la producción alimentaria. El mismo, en su texto,
implicó una efectiva declaratoria de Estado de Excepción y de
consiguiente suspensión de las garantías constitucionales, sin que se
hubiesen puesto en marcha los controles que manda la Constitución por
parte de la Asamblea Nacional, de la Organización de los Estados
Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas. La Sala
Constitucional del Tribunal Supremo, a través de una medida cautelar
pedida por el mismo Gobierno, convalidó este acto manifiestamente
contrario al ordenamiento vigente y dio por legítima, anticipadamente,
cualquier otra disposición que dicte al respecto el Jefe del Estado.
(f) El país conoció con estupor, en las últimas horas, de los actos de
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a que fuera
presuntamente sometido por parte de la policía política (DISIP) el
estudiante venezolano Jesús Soriano, opositor abierto al régimen, y a
manos, además, del asesino de los opositores que manifestaban en la
Plaza Francia de Caracas el pasado 6 de diciembre. Hasta el presente,
este degradante hecho que conmueve a la conciencia social, no ha
encontrado respuesta alguna por parte del Gobierno ni de los demás
órganos del poder público (Ministerio Público y Defensoría del
Pueblo): responsables de promover la investigación y sanción penal de
tales atropellos a la dignidad humana.
(g) Finalmente, ha sido pública y notoria la actuación arbitraria e
ilegal que ejecutó, sin mediación judicial o del Ministerio Público y
siguiendo instrucciones expresas del Presidente de la República, el
General de Brigada (GN) Luis Felipe Acosta Carles, al allanar las
instalaciones y confiscar los bienes de las empresas privadas Cola
Cola y Polar; bajo el alegato infundado de que habían acaparado bienes
fundamentales para dieta básica del venezolano: refrescos y cervezas.
Demás está significarle, señor Presidente, que los hechos y
circunstancias antes expuestos, suponen la flagrante violación, por
parte del Gobierno que conduce el Teniente Coronel (Ejército) Hugo
Chávez Frías, de los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática
Interamericana.
Sin otro particular a que hacer referencia, aprovechamos para
expresarle nuestra sentida gratitud por su cooperación y por su
presencia personal en nuestro país, en momentos tan ingratos y nada
cónsonos con la tradición de libertad y de democracia que nos ha
caracterizado.
Atentamente,
Timoteo Zambrano
Alejandro Armas
Rafael Alfonso
Manuel Cova
Américo Martín
Eduardo Lapi
Caracas, 20 de enero de 2003.