Esta es una copia de lo que fuera el website de la Mesa de negociación y Acuerdos

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Opinión

 


Caracas, miércoles 22 de Enero de 2003

COORDINADORA DEMOCRATICA DE VENEZUELA

Señor
Jimmy Carter
Ex Presidente de los Estados Unidos de América
Presente.

Los representantes de la Coordinadora Democrática ante la Mesa de Negociaciones y Acuerdos que conduce en calidad de facilitador el Doctor César Gaviria, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y en unión del Centro Carter y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nos sentimos en la obligación de informarle sobre las graves alteraciones constitucionales que, por acción del Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, se han sucedido en los últimos tiempos; y que, al afectar severamente el orden democrático y el funcionamiento regular del Estado de Derecho, comprometen la paz social en Venezuela e imponen la urgente búsqueda de una solución democrática, constitucional y electoral a la crisis de gobernabilidad que hoy nos aqueja.

Tales alteraciones recientes, en orden sucesivo, han sido las siguientes:

(a) El Gobierno nacional luego de haber intervenido militarmente a la Policía Metropolitana, cuerpo de carácter civil dependiente de la Alcaldía Mayor y que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y de los bienes en la capital de la República, procedió hace pocos días a su desarme; dejando a los habitantes de Caracas y zonas vecinas sin protección alguna frente a la violencia criminal y a las agresiones físicas contínuas que, en contra de los opositores al régimen, ejecutan en las calles y sin ningún control los llamados Círculos Bolivarianos.

(b) El Presidente de la República ordenó públicamente a los mandos militares no acatar los mandatos de amparo constitucional ni las demás decisiones emanadas del Poder Judicial, cuando sean contrarias a sus dictados. Así, el General de División (Ejército) Jorge Luis García Carneiro, Comandante de la Guarnición de Caracas, se negó a acatar la orden de desmilitarización emitida por la Corte de lo Contencioso Administrativo y manifestó, ante los medios de comunicación, no tener otra autoridad que la del Comandante Hugo Chávez. Otro tanto hizo, en las últimas horas y durante el allanamiento que hacía de las empresas Coca Cola y Polar el General de Brigada (GN) Luis Felipe Acosta Carles, en la ciudad de Valencia.

(c) El pasado 6 de diciembre, la Superintendencia de Bancos (agencia gubernamental), desviando sus competencias y sin mediar la actuación de algún Juez de la República, ordenó a las distintas entidades del sector financiero entregar a la policía política (DISIP) toda la información que dispusiesen y que estuviese relacionada con opositores al Gobierno.

(d) El 9 de diciembre siguiente, el Ministro del Interior y de Justicia, Teniente Diosdado Cabello, anunció públicamente la movilización y toma por los Círculos Bolivarianos de las instalaciones de los canales de televisión y emisoras de radio de propiedad privada, dentro de una jornada que concluyó con la destrucción de algunas de éstas. Dicha acción, según se nos ha informado, se repetirá en los próximos días.

(e) A propósito del paro nacional y petrolero en curso, el Presidente de la República emitió un Decreto n° 2.172 ordenando a la Fuerza Armada la toma física de las instalaciones de la industria petrolera y también la confiscación de los bienes de propiedad privada afectos a dicha actividad y a la producción alimentaria. El mismo, en su texto, implicó una efectiva declaratoria de Estado de Excepción y de consiguiente suspensión de las garantías constitucionales, sin que se hubiesen puesto en marcha los controles que manda la Constitución por parte de la Asamblea Nacional, de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, a través de una medida cautelar pedida por el mismo Gobierno, convalidó este acto manifiestamente contrario al ordenamiento vigente y dio por legítima, anticipadamente, cualquier otra disposición que dicte al respecto el Jefe del Estado.

(f) El país conoció con estupor, en las últimas horas, de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a que fuera presuntamente sometido por parte de la policía política (DISIP) el estudiante venezolano Jesús Soriano, opositor abierto al régimen, y a manos, además, del asesino de los opositores que manifestaban en la Plaza Francia de Caracas el pasado 6 de diciembre. Hasta el presente, este degradante hecho que conmueve a la conciencia social, no ha encontrado respuesta alguna por parte del Gobierno ni de los demás órganos del poder público (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo): responsables de promover la investigación y sanción penal de tales atropellos a la dignidad humana.

(g) Finalmente, ha sido pública y notoria la actuación arbitraria e ilegal que ejecutó, sin mediación judicial o del Ministerio Público y siguiendo instrucciones expresas del Presidente de la República, el General de Brigada (GN) Luis Felipe Acosta Carles, al allanar las instalaciones y confiscar los bienes de las empresas privadas Cola Cola y Polar; bajo el alegato infundado de que habían acaparado bienes fundamentales para dieta básica del venezolano: refrescos y cervezas.

Demás está significarle, señor Presidente, que los hechos y circunstancias antes expuestos, suponen la flagrante violación, por parte del Gobierno que conduce el Teniente Coronel (Ejército) Hugo Chávez Frías, de los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

Sin otro particular a que hacer referencia, aprovechamos para expresarle nuestra sentida gratitud por su cooperación y por su presencia personal en nuestro país, en momentos tan ingratos y nada cónsonos con la tradición de libertad y de democracia que nos ha caracterizado.

Atentamente,

Timoteo Zambrano
Alejandro Armas
Rafael Alfonso
Manuel Cova
Américo Martín
Eduardo Lapi

Caracas, 20 de enero de 2003.

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