TRIGÉSIMO TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P
8-10
de junio de 2003 AG/doc. 4231/03 add. 1
Santiago, Chile 7 junio 2003
Original: español
Punto XIV del temario
INFORME SOBRE LA LABOR DE FACILITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL EN
VENEZUELA
I. Introducción.
El 13 de Abril de 2002 el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos condenó la alteración del orden constitucional en
Venezuela, los lamentables hechos de violencia que causaron la pérdida
de vidas humanas, instó a la normalización de la institucionalidad
democrática, y envió una misión encabezada por el Secretario General
de la OEA para investigar los hechos y adelantar las gestiones que
considerara necesarias para restablecer el orden constitucional.
El 18 de Abril de 2002 el Secretario General presentó el informe de su
visita. Ese mismo día, en reunión extraordinaria, la Asamblea General
de la OEA por medio de la Resolución AG/RES.1 (XXIX-/02) acordó
brindar el apoyo y la ayuda de la Organización de los Estados
Americanos que el Gobierno de Venezuela requiriese para la
consolidación de su proceso democrático.
Asimismo, la Declaración AG/DEC.28 (XXXII-0/02) reiteró el
ofrecimiento de apoyo y ayuda, en tanto la Resolución CP/RES.821
(1329/02) saludó la iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar y
realizar un proceso de diálogo que contara con la participación de
todos los sectores del país y con el apoyo de la comunidad
internacional y alentaba al Gobierno y a todos los sectores de la
oposición, así como a los sectores sociales e instituciones de
Venezuela para que a través del diálogo y en estricto apego a la
Constitución de la República, se lograra la reconciliación nacional
tan esperada por el pueblo venezolano y la comunidad internacional.
En junio de 2002, en Barbados, la Asamblea General a través de la
Declaración sobre la Democracia en Venezuela reiteró su apoyo al
diálogo nacional convocado por el Presidente Chávez y el ofrecimiento
de colaborar en el mismo en el marco de la Carta Democrática de la
OEA.
En julio tras la visita a Venezuela del ex presidente de Estados
Unidos Jimmy Carter, la OEA, el PNUD y el Centro Carter, en
cumplimiento de la resolución OEA AG/RES.1 (XXIX-E/02) iniciaron la
exploración de una posible facilitación de las tres organizaciones
para un diálogo entre el gobierno y la oposición.
II. Invitación.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la
oposición representados en la Coordinadora Democrática invitaron a
participar a la OEA, al Centro Carter y al PNUD en el proceso de
búsqueda de soluciones a la situación por la que atraviesa el país. El
Gobierno de Venezuela, mediante comunicación enviada por parte del
vicepresidente de la república, José Vicente Rangel al Secretario
General Cesar Gaviria, expresó su disposición de buscar un mecanismo
consensuado de acercamiento entre el Gobierno, los diferentes actores
de la oposición y otros sectores de la vida nacional, mecanismo que
incluiría la designación de una o varias personas calificadas en el
ámbito internacional que facilitaran el diálogo y la búsqueda de
acuerdos democráticos en el marco de la constitución. De igual forma,
en carta enviada al Secretario General de la OEA, sectores de la
oposición agrupados bajo el nombre de Coordinadora Democrática de
Venezuela, expresaron su agrado con la propuesta de que la OEA, el
PNUD y el Centro Carter contribuyeran a facilitar un diálogo nacional.
(Ver anexos)
III. Diseño y realización de las misiones preparatorias.
En atención a las invitaciones referidas, la OEA, el PNUD y el Centro
Carter constituyeron un grupo de trabajo conjunto –denominado Misión
Tripartita- el cual procedió al establecimiento de una estrategia de
aproximación, exploración y creación de condiciones tendiente a la
facilitación de un proceso de acercamiento, diálogo y negociación en
Venezuela.
PRIMERA MISIÓN TRIPARTITA
Entre el 8 y el 13 de septiembre de 2002 la comisión tripartita
internacional, conformada por Fernando Jaramillo (OEA), Elena Martínez
(PNUD) y Jennifer McCoy del Centro Carter, visitó Venezuela con el fin
de asistir a los representantes del Gobierno y de la oposición
venezolana en la búsqueda y el diseño de mecanismos que resultaran
aceptables para ellos y que permitieran tratar los temas sustanciales
de interés de las partes.
La misión internacional mantuvo reuniones con el Presidente de la
República, Hugo Chávez Frías, con el Presidente de la Conferencia
Episcopal Venezolana, Monseñor Baltazar Porras, con miembros de la
Coordinadora Democrática, propietarios de medios de comunicación,
directivos de Fedecámaras, dirigentes de la CTV, diputados
oficialistas y opositores, directivos de la Asamblea Nacional, entre
otros actores nacionales.
La Misión Tripartita obtuvo importantes avances durante su accionar,
destacándose como fundamentales la disposición al diálogo de todos los
sectores; el avance con el Gobierno y con la oposición en la
elaboración de una Declaración de Principios por la Paz y la
Democracia; las coincidencias en el Gobierno y en la oposición en
cuanto a algunos temas sustantivos a resolver; la identificación de
otros temas que podían ser parte de una agenda más amplia.
MISIÓN SECRETARIO GENERAL
Entre el 2 y el 4 de octubre de 2002, el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria,
atendiendo una invitación que le extendiera el jefe del Estado
venezolano, Hugo Chávez Frías, realizó una visita al país, con el fin
de propiciar que el gobierno y la oposición definieran una agenda
común de diálogo que les permita conjuntamente buscar soluciones a la
crisis venezolana.
Como producto de las gestiones del Secretario General, días más tarde
el Gobierno de la República y la Coordinadora Democrática suscribieron
la Declaración de Principios por la Paz y la Democracia en Venezuela,
a través de la cual los firmantes destacan que los problemas de
Venezuela pueden y deben ser resueltos por los mismos Venezolanos, en
el marco de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana
de Venezuela, su completa adhesión a los principios democráticos y a
la justicia oportuna, repudian el recurso de la violencia, reconocen
la necesidad de buscar caminos que fortalezcan la convivencia
democrática del pueblo venezolano y que censuren la perturbación a las
normas que la rigen, declaran su disposición para iniciar un proceso
de conversaciones sinceras entre todos los sectores a fin de lograr
soluciones aceptables de los conflictos políticos que contribuyen a
los desequilibrios que padece el país, reiteran su solicitud de apoyo
y asistencia del Grupo de Trabajo conformado por representantes de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter (TCC), comprometen
su colaboración con el Grupo de Trabajo a fin de explorar las fases
preparatorias para poner en marcha un proceso de acuerdos asistido y
verificable que permita alcanzar, a través de un mecanismo
consensuado, soluciones políticas ajustadas al marco constitucional y
reafirman su convicción de que Venezuela y el pueblo Venezolano sabrán
superar la presente situación, pacífica y democráticamente, asegurando
la vigencia del estado de derecho y la dignidad de todos sus
ciudadanos.
Durante el mes de octubre de 2002, el contexto político venezolano
estuvo enmarcado por numerosos acontecimientos, entre los que pueden
destacarse dos marchas (una en rechazo y otra en apoyo al Presidente
de la República), un “Paro Cívico” (el tercero de los últimos 12
meses), un pronunciamiento de un grupo de militares, quienes se
declararon en "desobediencia legítima" y se concentraron en la plaza
Altamira, así como el avance en el proceso de recolección de firmas
tendientes a solicitar ante el CNE la convocatoria a referendo
consultivo.
El 22 de octubre de 2002, el Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, anunció su próxima visita
a Venezuela (a partir del 27 de octubre) y expresó que “Los recientes
acontecimientos ocurridos en Venezuela ponen de relieve la prolongada
y profunda polarización en ese país, así como la necesidad de pasar de
un clima de confrontación a un marco de negociación directa entre el
gobierno y la oposición. Es imperativo que los venezolanos enfrenten
los problemas actuales dentro del orden constitucional y el estado de
derecho, por medio de los mecanismos democráticos previstos en la
Constitución.” El Secretario General refirió, asimismo, que "La
naturaleza pacífica de las marchas recientes de la oposición y del
gobierno, así como del paro laboral del 21 de octubre, es evidencia
clara de progreso hacia una solución consensuada. Estos eventos
demostraron que la sociedad venezolana es capaz de canalizar sus
diferencias en forma democrática y que el recurso a la violencia no es
un resultado inevitable del disenso. Destacó como "otra indicación
positiva” que el gobierno y los sectores de la oposición hayan firmado
la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela,
presentada en septiembre por la misión conjunta de la OEA, el Centro
Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Secretario General anunció la presentación de propuestas
específicas para trabajar sobre los tres temas ya aceptados como
puntos de negociación entre las partes (el fortalecimiento del sistema
electoral, la investigación de los hechos del 11 de abril pasado y la
necesidad de desarmar a la población civil), así como una estructura y
una agenda para un debate que incluya los temas críticos que siguen
dividiendo a la sociedad venezolana.
En la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos se discutió la situación política en Venezuela. El
Secretario General expuso sobre sus actividades. Se refirió a la
Declaración de Principios, indicó que los problemas políticos deben
ser resueltos en el marco de la constitución y las leyes y destacó la
importancia de la total adhesión a los principios democráticos y la
justicia oportuna, así como un repudio a los hechos de violencia.
Mencionó que entre los temas acordados, está el fortalecimiento del
sistema electoral, la necesidad de apoyar un proceso de investigación
sobre los hechos de abril y el desarme. A efectos de apoyar el
proyecto de facilitación en Venezuela, la Secretaría General, a través
de la Unidad para la Promoción de la Democracia y su Programa Especial
para la Promoción del Diálogo y la Resolución de Conflictos, diseñó
una propuesta conteniendo los objetivos y funcionamiento de estos
componentes1. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la OEA,
Jorge Valero, pidió ayuda de esta organización para resolver la
situación del país.
Un grupo de militares venezolanos hizo público un comunicado en el
cual invitaban a la insurrección castrense, la desobediencia civil y
pedían la renuncia del Presidente Chávez. Gaviria señaló que tales
actitudes y demandas quebrantan la lealtad constitucional que los
oficiales de las Fuerzas Armadas le deben al Presidente de la
República, Hugo Chávez Frías. Agregó que se contraviene el artículo
cuarto de la Carta Democrática Interamericana, de la OEA, el cual
establece que uno de los "elementos esenciales" de la democracia es
"la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado
a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de
derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad". Tal
obligación se extiende a todos los integrantes de las instituciones y
sectores. El Secretario General hizo un llamado a todas las fuerzas de
oposición en Venezuela, a la sociedad civil y a los demás
protagonistas de la vida pública venezolana, para que recurran
únicamente a los medios democráticos, pacíficos y constitucionales
para tramitar sus diferencias con el gobierno de Venezuela.
Ante el pronunciamiento de los oficiales de la FAN, la Coordinadora
Democrática declaró que la responsabilidad fundamental de este tipo de
eventos recae exclusivamente en el gobierno, que la situación se
agrava hasta límites intolerables por la persecución de que son objeto
los oficiales no afectos al gobierno, que nuevamente le exigen al
Presidente que renuncie y que permita que se exprese la voluntad del
pueblo. Ratificaron su rechazo a cualquier salida que implique un
golpe o autogolpe de estado, así como exigieron a la Asamblea Nacional
y al Tribunal Supremo de Justicia que cumplan con su deber. Reiteraron
su voluntad de resolver la crisis por medios democráticos y a través
de una consulta popular y mencionan la contribución que a ello pueden
hacer los organismos internacionales
MISIÓN SECRETARIO GENERAL(II)
Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2002, el Secretario
General de la OEA, César Gaviria, continuó su tarea de facilitación en
Venezuela.
Tal como lo adelantara, el Secretario General presentó a ambas partes
la propuesta de un diseño de proceso que recogía las valoraciones y
recomendaciones que en su oportunidad hicieran la Misión conjunta de
los 3 organismos (“Grupo Tripartita”) y las partes, y esbozaba los
lineamientos generales de un proceso de acercamiento, diálogo y
negociación entre las principales fuerzas opositoras y el gobierno
venezolano.
Como Objetivo Principal se planteó facilitar un proceso de diálogo y
negociación entre el Gobierno Venezolano y representantes de la
Coordinadora Democrática, mediante el establecimiento de una Mesa de
Trabajo, Diálogo y Negociación. Dicha Mesa tendría una duración de
aproximadamente un mes (hasta el 4 de diciembre), plazo que podría ser
prolongado por acuerdo de las partes. Sería conducida por un
Facilitador Internacional, y apoyada por un equipo técnico
especializado en el campo de la negociación y resolución de conflictos
a través de los organismos internacionales que componen el Grupo
Tripartita.
Como Objetivos Específicos se señalaron los de discutir el tema
electoral como mecanismo para resolver el actual impasse político;
discutir temas adicionales de interés recogidos en una agenda de
trabajo, que conlleven a acciones e iniciativas que el Estado y la
oposición puedan cumplir, contribuyendo con ello a establecer un
mínimo grado de confianza mutua, y estimular a las partes a lograr
acuerdos concretos y medibles para avanzar en los temas escogidos, y
para evaluar la conveniencia de una posible continuidad de este
esfuerzo.
Una primera ronda de búsqueda de consensos básicos fue auspiciada por
la Misión Tripartita: Tras ella, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y la oposición a través de los principales
integrantes de la Coordinadora Democrática resolvieron (a) aceptar la
Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela
como marco general de compromiso con un proceso de concertación y
negociación; (b) aceptaron iniciar un diálogo sin condiciones previas;
e (c) identificaron unos temas centrales como puntos de la agenda de
negociación.
Para la siguiente fase de acercamiento entre las partes, y con el
propósito de avanzar rápidamente en la iniciación de un proceso de
diálogo y de negociación, el Secretario General de la OEA, César
Gaviria, cumpliría las funciones de Facilitador Internacional.
El Gobierno designaría seis representantes para la Mesa. De la misma
manera, se le solicitaría a la Coordinadora Democrática designar seis
integrantes adicionales a la Mesa, en representación de esa instancia.
El Facilitador Internacional y los delegados de ambas partes,
procederían a instalar lo antes posible la Mesa de Negociación y
Acuerdos.
En este proceso facilitador, los representantes de la mesa tendrían
que (a) ratificar una agenda específica; (b) definir un cronograma,
los mecanismos y procedimientos específicos para el funcionamiento de
la Mesa de Negociación y Acuerdos; (c) definir reglas de juego
internas de la negociación y externas de cara a la sociedad y la
comunidad internacional; (d) acordar una estrategia de comunicación
para el manejo de los medios y transmisión de los resultados logrados
en el proceso de facilitación y negociación. Asimismo, se sugirió que
se considerara la realización de una campaña de divulgación sobre la
marcha del proceso de la Mesa de Negociación y Acuerdos, conducida por
el Grupo Tripartita, (e) considerar el establecimiento de Mesas de
trabajo complementarias con el fin de hacer llegar propuestas
concretas a la Mesa principal.
Se decidió dar seguimiento a la implementación de los acuerdos
alcanzados, según lo consensuado por las partes durante la negociación
y siguiendo un cronograma establecido para el cumplimiento de los
mismos. Para este fin, se trabajaría cercanamente con la Asamblea
Nacional para ratificar el compromiso de las partes de respaldar los
acuerdos logrados. El papel de la Misión Tripartita concluiría con la
implementación de los acuerdos de la Mesa.
Un Facilitador Internacional sería responsable de guiar los acuerdos
políticos de la Mesa de Trabajo, Diálogo y Negociación. La Misión
Tripartita, integrada por representantes de alto nivel de la OEA, PNUD
y el Centro Carter, apoyaría el papel de los tres Organismos que
representa, en observar, verificar y servir como garantes del proceso
de negociación, y en el seguimiento de los acuerdos. Un equipo
operativo2 brindaría apoyo técnico para el funcionamiento idóneo de la
Mesa.
Se propuso que la sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos en
Venezuela fueran las instalaciones de la Conferencia Episcopal
Venezolana.
La propuesta establecía como enfoques prioritarios de la facilitación:
(a) los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos sólo por
los venezolanos, dentro del marco de la constitución política y de las
leyes, como lo han reiterado en diversas ocasiones tanto el Gobierno
como la Oposición; (b) que la negociación se propiciaría desde la
perspectiva de prevalencia del interés nacional por sobre los
intereses sectoriales y sobre la base de la Declaración de Principios
para la Paz y la Democracia en Venezuela, firmada por el Gobierno y
por la Coordinadora Democrática; (c) que la instancia de facilitación
tendría márgenes de flexibilidad procesal para el desempeño de sus
funciones, dentro del marco de la legalidad, la ética y la
transparencia. En tal sentido, funcionará bajo criterios proactivos,
previa anuencia de las partes y de la atención a los insumos aportados
por éstas; (d) que la comunidad internacional, a través de la Misión
Tripartita, tendrá una participación activa en el proceso, pudiendo
asumir tres papeles básicos (i) brindar acompañamiento político al
Facilitador Internacional de la Mesa de Negociación y Acuerdos con el
apoyo de un equipo operativo, (ii) servir de Observador, Verificador
y/o Garante de las reglas del juego, del proceso de negociación y del
cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue, a través de los
mecanismos que se acuerden con las partes y, (iii) apoyar la difusión
de los avances en la Mesa de Negociación y Acuerdos, principalmente en
el ámbito hemisférico e internacional.
Tanto el Facilitador Internacional y la Misión Tripartita, como el
Equipo Operativo observarían en todo momento los siguientes
principios: (a) Respeto, entendido como la conducta institucional que
en la práctica guarda absoluta consideración a la dignidad de las
personas, sus organizaciones y sus visiones y propuestas para la
construcción de la futura Venezuela; (b) Imparcialidad, que implica el
compromiso de asegurar a los grupos o sectores involucrados en la
problemática, que los procesos facilitados tendrán reglas claras e
iguales para todos; (c) Transparencia, supone que las deliberaciones
se harán de cara a la Nación venezolana, de forma tal que sea el
ciudadano el principal fiscalizador, así como el primer beneficiario
del proceso de diálogo. El Facilitador Internacional, a través de la
Misión Tripartita, informaría en forma periódica los desarrollos del
diálogo y guardaría la confidencialidad cuando así fuera acordado por
las partes; (d) Agregación, en el sentido de crear condiciones que
propicien la inclusión de todos los sectores de la sociedad venezolana
en el proceso deliberativo, buscando que el diálogo como instrumento
para la tramitación de los conflictos se replicara a través y en todos
los niveles y en todas las organizaciones de la sociedad. Se trata de
un factor fundamental para logro de la gobernabilidad del país; (e)
Autenticidad, lo cual implica tomar en cuenta en el diseño y en la
conducción del diálogo en todo momento, tanto la opinión de las
contrapartes nacionales como de la propia realidad venezolana. Es
supuesto de este criterio el reconocimiento de que son los propios
venezolanos los únicos quienes tienen derecho a interpretar sus
realidades y tomar las decisiones más adecuadas para la construcción
de su propio futuro.
Las gestiones de facilitación del Secretario General dieron como
resultado acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática
relativos a aspectos mínimos de funcionamiento sobre los cuales se
enmarcaría el desarrollo de la Mesa de Negociación y Acuerdos:
§ El papel del Facilitador Internacional de la Mesa sería desempeñado
por el Secretario General de la OEA, César Gaviria.
§ La Mesa se integraría por seis representantes de ambas partes. Los
representantes del Gobierno y de la Coordinadora Democrática debían
ser designados por el acto administrativo o político que
correspondiese.
§ La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme a sus respectivos
mandatos, apoyarían técnicamente al Facilitador en su tarea.
§ Se solicitaría a la Conferencia Episcopal Venezolana la facilitación
de una Sede.
§ Solamente el Facilitador tendría a su cargo el “reporte oficial” al
público del desarrollo y de los avances de la Mesa. Cada parte podría
expresar libremente sus consideraciones, aceptando explícitamente que
las mismas no comprometieran a la Mesa sino que fueran reflejo de sus
propias opiniones.
§ La Mesa buscaría acuerdos para solucionar la crisis del país por la
vía electoral, así como también sobre los siguientes temas:
fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e
instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad.
§ En la primera reunión las partes trabajarían con el facilitador
sobre la definición de los procedimientos, el orden y secuencia de las
sesiones y la elaboración de criterios para organizar el
funcionamiento de la Mesa.
§ Se propuso el establecimiento de Mesas de Trabajo Complementarias,
con delegados de ambas partes, para elaborar propuestas y
recomendaciones específicas en los temas de la Agenda para luego
llevarlas a la Mesa principal.
§ La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme sus respectivos
mandatos, desarrollarían un papel de garantes del proceso para lograr
el cumplimiento de los acuerdos.
§ Si cualquiera de los acuerdos a que se llegara por medio de este
proceso requiriese ser considerado en el seno de la Asamblea Nacional,
se encontraría un mecanismo adecuado, previamente acordado entre las
partes, para que este cuerpo tuviese oportuno conocimiento de ellos y
pudiera actuar conforme a sus atribuciones constitucionales.
Los citados acuerdos entre el Gobierno de la República y la
Coordinadora Democrática resultaron formalizados mediante la
elaboración del documento denominado “Síntesis Operativa de la Mesa de
Negociación y Acuerdos”.
Contexto Nacional previo a la instalación de la Mesa de Negociación y
Acuerdos
Es importante delinear el contexto político antes de la instalación de
la Mesa. El 4 de noviembre, a media mañana, una delegación de la
oposición, liderada por la agrupación Primero Justicia consignó más de
dos millones de firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para
convocar a consulta popular. En horas de la tarde la GN lanzó gases
lacrimógenos para dispersar a los seguidores del Presidente. En el
centro se produjeron numerosos enfrentamientos con más de 20 personas
heridas de bala y más de 70 personas con lesiones por asfixia u
objetos contundentes.
Cerca de las seis de la tarde, sujetos con las caras cubiertas
destrozaron la fachada de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela, CTV, y vehículos estacionados en los alrededores.
El 6 de noviembre, alegando un supuesto fraude en la consignación de
las firmas, la jefa de la fracción parlamentaria del MVR, Cilia
Flores, solicitó al CNE la designación de representantes de esa tolda
política para presenciar el acto de verificación y cotejo de firmas
con el REP y con el Registro Nacional de Cedulación.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
Carlos Ortega, se reunió con el Secretario General de la Organización
de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, para notificarle que la
central obrera decidió promover el paro indefinido. No obstante,
reveló que la Mesa de Negociación y Acuerdos podría instalarse durante
la tarde siguiente.
Mohamed Merhi, resolvió desistir de su protesta pacífica extrema.
Después de una conversación con el Secretario General de la OEA, César
Gaviria, el padre de la víctima más joven de los sucesos del 11 de
abril se convenció de detener la huelga de hambre que mantuvo durante
9 días y que puso en vilo su vida. Merhi declaró que confíaba en que
la mediación de César Gaviria en la instalación de las mesas de
diálogo para formar una comisión de investigación de los hechos de
abril, tarde o temprano, traería justicia a Venezuela.
El presidente Chávez requirió 'la regulación de la situación jurídica
de los miembros del Consejo Nacional Electoral', ante el Tribunal
Supremo en el recurso que interpuso en la Sala Constitucional, con
asistencia de la procuradora, en el cual solicitó un pronunciamiento
sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Orgánica
del Poder Electoral. En el escrito destacó que los funcionarios del
CNE 'deben continuar en el ejercicio de sus cargos, con el fin de
evitar un vacío institucional', lo que descartaría la posibilidad de
que el CNE quede acéfalo, como lo denunciaron diputados de oposición.
El primer vicepresidente del CNE, Alfredo Avella, aseguró que el
recurso presentado por el presidente de la República no detendría el
proceso de convocatoria del referendo consultivo porque el CNE se rige
por la Ley del Sufragio y no por la Ley del Poder Electoral.
El general de brigada (Ej.) Vidal Rigoberto Martínez invitó a sus
compañeros de armas a respaldar una huelga indefinida, reiterando que
los uniformados que se encuentran en la plaza Francia de Altamira sólo
abandonarían el lugar cuando el presidente Hugo Chávez renuncie a su
cargo, y explicó que el paro 'sería cívico-militar'.
El 7 de noviembre el presidente de la República, Hugo Chávez, insistió
que se incurriría en un 'fraude constitucional' si el Consejo Nacional
Electoral convoca a un referendo consultivo para revocarle su mandato,
a solicitud de electores de la oposición. 'Los que llevaron unas
firmas al CNE hace unos días pretenden ahora, a través de un fraude
constitucional, sacarme', y lo incluyó dentro de un 'golpe
continuado'. El vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel,
advirtió que a pesar de que el TSJ negó la inconstitucionalidad que
invocó el Gobierno para la Ley Orgánica del Poder Electoral, el
Ejecutivo confíaba en que la Sala Constitucional declararía la
inconstitucionalidad de la convocatoria de un referendo que sometiera
a consulta el mandato de un cargo de elección popular como la
Presidencia de la República, que solicita la oposición.
La plenaria de la Asamblea Nacional aceptó, con los votos del
oficialismo, la renuncia de dos de los directivos del CNE, Roberto
Ruiz y Vicente González, en un intento por generar 'un vacío de poder'
en el organismo comicial. El debate sobre las dimisiones fue
solicitado por el MVR en sesión del jueves en la tarde, pocas horas
después de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el
recurso de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley del
Poder Electoral (LOPE).
Sería la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la
que se encargue de designar a las nuevas autoridades del Consejo
Nacional Electoral (CNE) en caso de que se presente un vacío
institucional por el incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional
(AN) de los mandatos legítimos que establece la Carta Magna, tal como
estableció un fallo de la Sala Constitucional que, por unanimidad,
declaró sin lugar la solicitud de inconstitucionalidad de varios
artículos de la Ley Orgánica del Poder Electoral, incoado por el
presidente Hugo Chávez.
En este contexto, las partes acordaron iniciar las rondas de
negociaciones el 8 de noviembre de 2002, así como la designación de
sus respectivas representaciones para dicho proceso. Se estableció que
la sede de las conversaciones sería el Seminario San José, ubicado en
el Municipio El Hatillo. Aunque no quedó escrito, la Coordinadora
Democrática estableció como fecha máxima para deliberar, el 4 de
diciembre de 2002.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nombró –mediante
nota formal- a José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República),
Roy Chaderton (Ministro de Relaciones Exteriores), Aristóbulo Isturiz
(Ministro de Educación, Cultura y Deportes), María Cristina Iglesias
(Ministra de Trabajo), Ronald Blanco (Gobernador del Estado de
Táchira), Nicolás Maduro (Diputado ante la Asamblea Nacional) y Jorge
Valero (Embajador de la RBV ante la OEA, con carácter de Asesor). Por
su parte, la Coordinadora Democrática –también mediante nota formal-
designó a Timoteo Zambrano (Alianza Bravo Pueblo), Américo Martín
(Organizaciones No Gubernamentales), Alejandro Armas (Diputado ante la
Asamblea Nacional), Eduardo Lapi (Gobernador del estado Yaracuy),
Manuel Cova (Secretario General de la Central de Trabajadores de
Venezuela), Rafael Alfonso (miembro de Fedecámaras) y Juan M. Raffalli
(Primero Justicia, con carácter de Asesor).
El 16 de diciembre, tras más de 5 semanas de reuniones en el marco de
la Mesa, el Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/Res. 833
(1348/02) respaldando la institucionalidad democrática en Venezuela y
la gestión de facilitación del Secretario General de la OEA.
Asimismo un mes más tarde, el Secretario General de la OEA, César
Gaviria, informó que recibiría apoyo de un Grupo de Países Amigos
conformado Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal,
para continuar las negociaciones en Venezuela. El Grupo de Países
Amigos se reunió por primera vez el 24 de enero de 2003 en Washington
donde se acordó que una delegación conformada por vicecancilleres y
otros altos funcionarios de los seis países visitaría Caracas la
semana siguiente. El Grupo de Amigos se ha reunido tres veces desde
ese momento, una vez en Caracas el 31 de enero; la segunda vez en
Brasilia el 10 de marzo; y la tercera vez en Caracas el 9 de mayo.
RESUMEN DEL PROCESO DE FACILITACION
Para entender el desarrollo del proceso durante los últimos seis meses
es importante repasar algunos de los elementos más relevantes que lo
enmarcan. Es claro que el papel cumplido por el Secretario General fue
el de facilitador, y así lo expresó en reiteradas oportunidades. Por
su parte el Gobierno también hizo mucho énfasis en que el Secretario
General fue invitado a Venezuela en esta calidad exclusivamente. Las
propuestas que se presentaron fueron a petición de las dos partes.
Este es un breve resumen del proceso de facilitación, con los
desarrollos más importantes.
Antes del inicio de todo este proceso, en el caso particular de la
OEA, era indispensable obtener la invitación del Gobierno de
Venezuela, lo que se logró a través de una comunicación suscrita por
el Vicepresidente Rangel. Por otra parte la oposición, representada
por la Coordinadora Democrática también envió una invitación directa a
la OEA para que facilitara el diálogo entre las partes. Como marco del
proceso de negociación se trabajó, conjuntamente con las partes, un
documento denominado SINTESIS OPERATIVA, el cual fue suscrito por
éstas el día 7 de noviembre de 2002 luego de un largo proceso de
intermediación. Es importante resaltar dicho documento, ya que las
partes se comprometieron a encuadrar la negociación dentro de esos
términos, y muchos de los temas que están incluidos en otros
documentos emanados de la Mesa tienen su fundamento en el mismo.
La Mesa de Negociación y Acuerdos se instaló el día 8 de Noviembre del
2002. Esta desde entonces se vió afectada por factores coyunturales
que influyeron en su funcionamiento. Vale destacar, en el mes de
diciembre del 2002, la intervención de la Policía Metropolitana por
parte del gobierno, lo que generó como reacción de la oposición, el
llamado al paro general. Este paro se convirtió en indefinido, y se
unió a él parte de la industria petrolera a través de PDVSA. En el mes
de diciembre y en los meses siguientes la Mesa se dedicó
exclusivamente a atender esta situación. Hasta el día 2 de diciembre
en la madrugada, unas horas antes de que se iniciara el paro convocado
por la oposición, la mesa estuvo trabajando para que se diera un
acuerdo que pudiera evitar dicha situación. Ese acuerdo no se logró,
pero existió la voluntad de ambas partes de realizarlo.
Una vez iniciado el paro, las dos partes se tomaron las calles para
expresar públicamente sus desacuerdos, lo que generó en el país un
ambiente explosivo y peligroso. La reanudación de las reuniones de la
Mesa sirvió en ese momento para que existiera un canal de comunicación
permanente y fluido, evitando muchos enfrentamientos. Para esa época
los hechos de la Plaza Altamira en donde murieron 3 personas afectaron
nuevamente el desarrollo de la Mesa. Hasta ese entonces las partes
utilizaron la Mesa como un mecanismo para evitar enfrentamientos en la
calle, producto de esta coyuntura. Solo algunos de los objetivos
consagrados en la Síntesis Operativa, se habían tratado de forma
parcial. El gobierno condicionó su retorno a la Mesa al levantamiento
del paro, pero a raíz de los acontecimientos de la Plaza Altamira, la
Mesa se volvió a reunir en pleno para tratar de contrarrestar la
escalada de violencia que se estaba dando en las calles.
A partir de enero, se comenzó un trabajo con las partes para tratar de
desmontar el paro. Este trabajo encontró un gran obstáculo en la
marcada diferencia entre la visión de ambas partes de la realidad. El
gobierno argumentaba que no era necesario tratar ese tema ya que no
existía paro, y se trataba de un simple sabotaje a la industria
petrolera. Y la oposición mantenía su esquema de mantener parados el
comercio y la mayoría de industrias del país.
Una vez se normalizó la situación en lo referente al paro, la Mesa
comenzó a trabajar en un acuerdo contra la violencia. Adicionalmente,
las partes solicitaron a la facilitación que presentara una propuesta
sobre la instrumentación de la Comisión de la Verdad. Dicha propuesta
fue presentada a las partes. La Coordinadora la aceptó en su
integridad. El día 18 de febrero de 2003, se suscribió la “Declaración
contra la Violencia por la Paz y la Democracia” firmada por las dos
parte en acto formal, presidido por el Secretario General, el
Vicepresidente de la República y los demás miembros de la Mesa.
Luego de este primer acuerdo suscrito por la Mesa el proceso se vio
influido nuevamente por el entorno. El presidente de Fedecámaras
(Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción) fue detenido y puesto a disposición de un Juez. Por otra
parte se dictaron órdenes de captura contra algunos directivos de
PDVSA y contra Carlos Ortega, presidente de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV). Todos ellos acusados supuestamente de
haber promovido el paro y, con esta actitud de incurrir en algunos
delitos tipificados en el código penal. La Mesa después de este
incidente, comenzó a trabajar en uno de sus objetivos centrales, como
es el de encontrar un acuerdo para solucionar la crisis del país por
la vía electoral, tal como lo consagra la Síntesis Operativa. Para
este propósito, y con el fin de impulsar la mesa en un momento
determinante, ya que las partes no encontraban un tema común de
discusión, el Presidente Jimmy Carter presentó dos propuestas. Por una
parte la posibilidad de una enmienda constitucional con el propósito
de adelantar las elecciones; y por otra parte la posibilidad de
realizar un referendo revocatorio, con acuerdos sobre fecha y forma de
realizarlo. A partir de esta propuesta la Mesa tomó una dinámica
diferente, y las partes se centraron en la discusión del tema de una
salida electoral. Cada una de las partes presentó sus comentarios a la
propuesta del Presidente Carter, y con base en esos insumos comenzamos
el trabajo que nos trajo hasta el momento actual.
El gobierno mantuvo su posición sobre el Referendo Revocatorio como
única salida, y la Coordinadora Democrática asumió las dos propuestas
Carter, privilegiando finalmente el Referendo Revocatorio. Después de
largas discusiones sobre sus visiones en cuanto al Referendo
Revocatorio, las dos partes solicitaron a la facilitación que
produjera un documento de trabajo en el cual se recogieran las
diferentes visiones sobre este tema. Es así como la facilitación
presentó a las partes el documento “Temas Procedimentales sobre el
Referendo Revocatorio a ser discutidos en la Mesa de Negociación y
Acuerdos”. Las dos partes recibieron el documento y decidieron
comenzar a trabajar en un acuerdo sobre la base del mismo. Para darle
forma de acuerdo se decidió incorporar varios puntos que habían sido
discutidos en la mesa y que ya habían sido acordados por las partes en
los meses anteriores. Estos puntos se referían a la gobernabilidad, el
clima político y electoral, la violencia, el respeto por las ideas
ajenas, entre otros. Las partes estuvieron muy próximas a aceptar un
acuerdo. En este punto se decidió conformar una comisión de trabajo,
para que presentara nuevamente a la mesa un texto que pudiera ser
aceptado por ambas partes. Esta comisión no produjo ningún resultado,
sin embargo la Mesa decidió reunirse nuevamente en pleno. En las
reuniones de la Mesa, que comenzaron nuevamente el 8 de Abril del
2003, se comenzó a trabajar nuevamente sobre el documento base
presentado por la facilitación. Luego de tres días de trabajo, y con
claridad meridiana, las dos partes expresaron su conformidad con un
texto, el cual servia de base para un acuerdo. Se entendió también que
las dos partes pondrían a consideración de sus instancias el acuerdo
de la mesa, para luego firmarlo formalmente. Se aclaró también, que
las partes no estaban obligadas a suscribirlo si no se aprobaba, pero
que ese documento era final, y si se aprobaba no estaba sujeto a
cambios. Los representantes de las dos partes en la mesa estuvieron
plenamente de acuerdo con la divulgación del contenido del documento,
que constituía un preacuerdo.
El 24 de abril el Gobierno presentó una nueva versión del documento
del preacuerdo al que se llegó en la Mesa el 11 de abril de 2003, con
otra redacción, en el cual había cambios de forma y otros que la
oposición consideraba de fondo. De lo que se entiende, la posición del
Gobierno se basaba en que el acuerdo final se debía someter a
aprobación de las fuerzas sociales y políticas que lo apoyan, y como
resultado de esas consultas surgió la versión revisada presentada por
ellos. Básicamente se argumentaba que no se podía expresar en el
documento la presunción de que el Gobierno no iba a cumplir con los
preceptos legales y constitucionales; los cuales están consagrados en
la ley y en la constitución y por lo tanto era innecesario
reiterarlos.
Por su parte la oposición argumentaba que era indispensable que se
mantuviera en el documento la mención al articulo 184 de la Ley del
Sufragio y participación Política, la cual consagra un término de 90
días para la realización del referendo una vez recibidas las
correspondientes firmas por el CNE. Igualmente consideraban necesario
el compromiso expreso de las dos partes de no modificar las normas que
regulan los procesos de referendo. Otro de los puntos indispensables
para la oposición, era que se mantuviera la mención clara de que los
organismos internacionales estarían dispuestos a prestar la asistencia
técnica requerida en materia electoral así como en el tema del desarme
de la población. Igualmente, para la Coordinadora Democrática era de
gran importancia, mantener la mención de que la OEA, el Centro Carter
y el PNUD, con base a lo estipulado en la Síntesis Operativa
desarrollarían un papel de garantes.
El 8 y 9 de mayo tuvo lugar en Caracas la tercera reunión del grupo de
países amigos del Secretario General para Venezuela. Después de
sostener reuniones con el Secretario General de la OEA, los
representantes del Centro Carter y el PNUD, los Vice Cancilleres y
autoridades de alto nivel emitieron un comunicado en el que
respaldaban la labor de facilitación del Secretario General y
exhortaban a las partes a llegar a un acuerdo que diera fin a la
crisis. La facilitación se comprometió entonces con las partes en que
trabajaría en un nuevo texto basado en la versión aprobada en la Mesa
el 11 de abril y en la versión presentada por el Gobierno el 24 de
abril. La nueva versión del texto fue consultada y enviada a las
partes. El 23 de mayo el Gobierno anunció su intención de aceptar
dicho texto y firmar el acuerdo, el 27 de mayo la Coordinadora
Democrática hizo lo propio. El 29 de mayo se firmó el acuerdo en
Caracas en presencia del Secretario General de la OEA y de los
representantes del Centro Carter y del PNUD.
El texto del acuerdo es prueba de que por grandes que sean las
diferencias políticas, lo que une a los venezolanos es mucho más de lo
que los separa. Todos por igual, a partir de ahora, están obligados a
respetar los preceptos allí consignados en pos de la defensa del orden
constitucional; del respeto al estado de derecho; de la aceptación de
los elementos constitutivos de la nacionalidad que a todos imponen la
convivencia social y política; y de la búsqueda de una democracia
participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente representativa.
Para la OEA es particularmente importante el reconocimiento que
gobierno y oposición hacen del compromiso hemisférico denominado la
Carta Democrática, donde se consignan los valores que a todos nos
hermanan, se establece el derecho de nuestros pueblos de vivir en
democracia y la obligación de todos, gobierno y ciudadanos, de
promoverla y defenderla. La suscripción de este acuerdo es una clara
manifestación del respeto de esos principios y de su valoración. El
acuerdo reconoce también los principios consagrados en la Carta de la
OEA y en la Convención Americana de Derechos Humanos que, con la Carta
Democrática, generan el conjunto de obligaciones jurídico-políticas
que conforman y reglan el Sistema Interamericano.
El numeral 12 contiene el principal logro del acuerdo. Sin duda la
eventual utilización del articulo 72 si se dan, según el Consejo
Nacional Electoral, los requisitos constitucionales, representa la
salida pacifica, democrática electoral y constitucional que tan
intensamente se buscó en la Mesa de Negociación y Acuerdos. El acuerdo
constituye la solución a la que hace referencia la resolución 833 del
Consejo Permanente de la OEA, que todos hemos invocado como necesaria
o como indispensable en este periodo de intensa agitación, de
profundos cambios y grandes desencuentros en la vida institucional del
Venezuela.
ANEXO 1
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811(1315/02) SITUACIÓN EN
VENEZUELA.
OEA/Ser.P
AG/doc.9 (XXIX-E/02)
18 de abril de 2002
Original: español
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA,
EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811(1315/02)
SITUACIÓN EN VENEZUELA
Me corresponde como Secretario General de la OEA rendir en este
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General el informe
que dispuso nuestro Consejo Permanente mediante resolución CP/RES.811(1315/02)
en desarrollo del Artículo 20 de la Carta Democrática. En dicha
resolución se me ordenó investigar los hechos ocurridos el 11 y 12 de
abril, y emprender las gestiones necesarias, incluidos los buenos
oficios, para promover la más pronta normalización de la
institucionalidad democrática.
Tan pronto los Presidentes del Grupo de Río concluyeron su reunión en
Costa Rica el pasado viernes 12 de abril, fui informado de sus
decisiones tanto por el Presidente Miguel Angel Rodríguez como por su
Canciller Roberto Rojas. Con ellos tuve la oportunidad de intercambiar
opiniones a lo largo del día y con la Presidenta de nuestro Consejo,
la Embajadora Margarita Escobar, estuvimos atentos a sus
deliberaciones. Al finalizar dicha reunión procedimos a hacer algunas
consultas con el fin de dar cumplimiento a la solicitud presentada por
el Grupo de Río, en el sentido de reunir lo antes posible el Consejo
Permanente. Los Presidentes también me pidieron que tomara contacto
con la realidad política de Venezuela a través de los medios que
considerara mas adecuados.
Es conveniente señalar que el grupo de Río consideró la renuncia del
Presidente Chávez como un hecho cumplido, así como también la
destitución del vicepresidente y de su gabinete, por lo cual no se
solicitó su restitución como parte de las acciones necesarias para
defender el orden constitucional.
En sesiones informales y privadas el viernes en la noche y el sábado
anteriores, bajo la acertada dirección de la Embajadora Margarita
Escobar, el Consejo examinó la situación en Venezuela, condenó la
alteración del orden constitucional y los lamentables hechos de
violencia, y expresó su solidaridad con el pueblo de ese país. En la
mañana del sábado, el que se autodenominaba presidente del gobierno de
transición, llamó a la OEA para informar que se había alterado el
orden constitucional y para hacer algunas otras afirmaciones que
estaban contenidas en un mensaje que fue circulado a las delegaciones.
También dijo que se querían hacer representar en la reunión por un
funcionario de la misión de Venezuela y que luego enviarían cartas
credenciales. Todo ello se puso en conocimiento de las misiones. Yo le
expresé a él que al dia siguiente viajaría a Caracas con el mandato
que me diera el Consejo Permanente.
El Secretario General, según lo autorizó el Consejo Permanente, se
hizo acompañar de las embajadoras Margarita Escobar, Presidente del
Consejo Permanente, y Lisa Shoman, Representante de Belice y vocera
del CARICOM. Algunos de los embajadores del Grupo de Río no me
pudieron acompañar por la rapidez con la que se tuvo que desplegar la
misión. Las embajadoras me han dado apoyo y consejos muy valiosos,
pero debo aclarar que todo lo afirmado por mí, en reuniones privadas o
ante los medios de comunicación en dicha misión, así como el contenido
de este informe, son de mi exclusiva responsabilidad.
Ustedes sabrán comprender la dificultad de rendir un informe sobre los
hechos. No obstante, me he propuesto hacer una presentación sucinta
sobre los antecedentes de lo ocurrido entre 11 al 13 de abril, la cual
de ninguna manera puede interpretarse como una justificación de la
alteración del orden constitucional. Es apenas un contexto en el cual
se dieron los sucesos trágicos del 11 de abril.
En la muy difícil coyuntura que han vivido las instituciones
democráticas de la Republica Bolivariana de Venezuela, juzgué también
oportuno mirar aspectos de la vida institucional del país en relación
con disposiciones de la Carta Democrática.
Tendría que comenzar por decir que es necesario señalar, por lo menos
hasta que no se demuestre lo contrario, que los organizadores de la
manifestación convocada por la oposición política y muchas
organizaciones sociales en los días precedentes y en el propio 11 de
Abril, son diferentes de quienes usurparon el poder, detuvieron al
Presidente Chávez y trataron de instaurar lo que llamaron un gobierno
provisional, cuyo ejercicio del mando encontró un amplio y
generalizado rechazo no solo por su origen fáctico, sino además por
las decisiones que tomó y que significaban el cierre de los organismos
elegidos popularmente, la intervención del poder judicial y de todos
los organismos del llamado “poder moral”, y en la práctica la
derogatoria de la Constitución y de muchos de los actos realizados
bajo su desarrollo.
Podemos afirmar que el gobierno que estaba apenas en la fase de
instauración, sin ninguna legitimidad democrática, fue fruto de
decisiones tomadas por los militares. En carta, que fue del
conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo
que se auto calificó como gobierno provisional expresamente reconoció
la ruptura constitucional.
Para fortuna de las instituciones democráticas de Venezuela, esa
alteración del orden constitucional fue revertida por la reacción de
buena parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y por una
vigorosa respuesta ciudadana, tanto de defensores como de opositores
del gobierno del Presidente Chávez.
Como parte de la responsabilidad que ustedes me encomendaron, me reuní
con un amplio grupo de voceros de algunas de las principales
instituciones del país como el Presidente Hugo Chávez y su canciller;
la mesa directiva de la Asamblea Nacional; El Fiscal General de la
Nación, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Presidente del
Tribunal Superior. Igualmente me reuní con el Cardenal y los
representantes de la Conferencia Episcopal; algunos grupos de la
sociedad civil; con representantes de algunos de los principales
diarios, cadenas de televisión y radiales; con la Central de
Trabajadores de Venezuela; los miembros de los partidos de Oposición
en la Asamblea Nacional; y con otras personalidades que llevaron
documentos en los que fijaban posición sobre los hechos ocurridos e
interpretaban a su juicio la realidad Venezolana.
Señores Cancilleres:
De las conversaciones con los diferentes sectores quisiera resaltar lo
siguiente: El Presidente de la Republica en todas sus alocuciones ha
hablado de reflexionar, de rectificar, de enmendar. Aseguró “que no
habría ánimos revanchistas, ni persecuciones, ni abusos”. Ha dicho que
lo ocurrido representa una “inmensa lección”; “que se debe hacer una
profunda reflexión”; que hay que actuar ahora con “calma y cordura”;
que es necesario “corregir lo que sea necesario corregir”;
“restablecer el dialogo”.
Habló también de la “unidad respetando las diferencias” y señaló que
como un primer paso convocaría el Consejo Federal de Gobierno para que
sirva de epicentro para el diálogo con todos los sectores y para
alcanzar el mayor consenso posible en materia económica, social y
política. También señaló que el Presidente designado de PDVSA, como la
junta por él designada, habían renunciado, con lo cual se puso fin al
asunto que dio origen a las últimas jornadas de protesta.
Aunque una buena cantidad de personeros de instituciones ajenas al
gobierno han aceptado la llamada del Presidente al diálogo, aun
después de los fatídicos hechos del 11 y 12 de abril, existe una
excesiva polarización no solo de los protagonistas naturales de la
política, como lo son el gobierno, los partidos y las bancadas de
oposición, sino de casi todas las organizaciones laborales,
empresariales, de la sociedad civil, los representantes de algunos de
los otros poderes del Estado y los medios de comunicación. Esa
excesiva polarización tiene connotaciones de intolerancia que en la
práctica impiden el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos que
permitan cierto entendimiento para mantener la paz social. Pareciera
prevalecer el convencimiento según el cual es inevitable una renovada
confrontación entre amigos y contradictores del gobierno, lo que
podría desembocar en mayor protesta social.
Quiero igualmente señalar una práctica peligrosa de deliberación en la
Fuerzas Armadas, que determina que muchos protagonistas de la vida
pública vivan atentos a lo que los oficiales de las distintas armas
opinan del acontecer político, incluidas las ordenes de su Comandante
en Jefe, el Presidente Constitucional de la República. Muchos buscan
fundamentos para tal forma de deliberación en un artículo de la
Constitución.
Los sectores de oposición y otros protagonistas de la vida social
toman de diferentes maneras distancia de las normas constitucionales.
En particular expresan inquietudes sobre la separación e independencia
de los poderes públicos y la falta de contrapesos, como que sus
titulares fueron escogidos por las mayorías que imperaron en la
Asamblea. Los diputados de oposición llaman la atención sobre una
reciente providencia del Tribunal Supremo de Justicia que señaló que
el período presidencial comenzó a partir del mes de enero del 2002.
Después de los acontecimientos que ya hemos mencionado se han
incrementado las denuncias de violación de los derechos humanos, de
intimidación, de vandalismo y saqueos, de pérdidas de vidas y personas
heridas. Esto ha ocurrido antes, durante y después de la reciente
crisis. Nosotros enviamos estas denuncias a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y, en algunos casos, a la Relatoría para la
Libertad de Expresión.
Esta Misión recibió numerosas quejas sobre la responsabilidad en estos
hechos de los Círculos Bolivarianos, grupos de ciudadanos u
organizaciones de base que apoyan el proyecto político del Presidente.
Muchos sectores los responsabilizan de violaciones a los derechos
humanos, de actos de intimidación y de saqueos.
Los representantes de los dueños de los medios de comunicación y un
grupo de periodistas consideran que los Círculos Bolivarianos son la
mayor amenaza a la libertad de prensa y expresión. Varios de estos
casos se han puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y del Relator para la libertad de Expresión. Haría
bien el gobierno en trabajar en estos aspectos y disipar muchas de las
graves preocupaciones que han surgido.
Los representantes de las cadenas de televisión se quejan de la manera
abrupta como se interrumpieron las señales de los canales de
televisión privados abusando según ellos de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones. Esto produjo una sistemática suspensión de su
programación con largas intervenciones del Presidente y de otros
funcionarios del poder ejecutivo en los días previos al 11 de abril.
Reclaman también que el gobierno, según lo recomienda la CIDH, haga “
una condena categórica a las agresiones de las que han sido objeto los
trabajadores de comunicación social”.
Por otra parte las autoridades que representan los poderes del Estado
señalaron la falta de objetividad de algunos medios para informar
sobre los sucesos que condujeron a la restauración del orden
constitucional. Algunos medios han registrado esa preocupación o queja
sobre lo acontecido, y han dado explicaciones que no soy llamado a
calificar como satisfactorias o no, así como no lo soy de la validez
de las quejas referidas.
Los miembros de los partidos de oposición en la Asamblea Nacional
consideran conculcados sus derechos como minorías. Llamaron la
atención sobre el uso de los mecanismos de la ley habilitante. Esta es
una vieja disposición en las Constituciones de Venezuela que da al
ejecutivo un gran poder legislativo. El gobierno del Presidente Chávez
hizo uso amplio de tales facultades, y ello ha demostrado la gran
resistencia que genera la aprobación de normas sin el proceso de
transacciones que se da en el debate parlamentario y sin la discusión
pública que se daría en la Asamblea.
La Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) planteó la imperiosa
necesidad de que el poder ejecutivo acepte la escogencia de sus
directivos conforme al resultado de la elección convocada por
iniciativa del propio gobierno nacional. Esta Central y sus directivos
tienen el reconocimiento de la OIT, y ese reclamo se puede también
mirar a la luz del artículo 10 de la Carta Democrática. Los directivos
de la CTV también reclaman la convocatoria del diálogo Tripartito.
Por estas consideraciones, en las reuniones con los diferentes
sectores señalé acciones que a mi juicio se deben acometer con
urgencia para evitar ulteriores expresiones de descontento que
pudieran dar origen a la repetición de los trágicos sucesos del 11 y
12 de abril. En todo caso es importante que hoy se reiteren algunos de
los considerandos y dispositivos de la resolución del Consejo, sobre
todo en lo referente a la condena de cualquier quebrantamiento del
orden constitucional y de los violentos sucesos que llevaron a la
muerte de un número apreciable de personas.
La OEA, sus países miembros, el resto de la Comunidad Internacional y
algunas organizaciones como la Iglesia Católica a través de la
Conferencia Episcopal podrían prestar su concurso para propiciar el
diálogo y asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Quisiera resaltar además algunas acciones que se deben tomar para
desactivar algunos de los más graves conflictos, recuperar la
gobernabilidad, ganar estabilidad política y propiciar la recuperación
económica.
Es fundamental que todos los sectores de la sociedad, por lo menos la
totalidad de los que he citado, busquen mecanismos o acuerdos que
permitan hacer del respeto a la Constitución la base fundamental y el
marco de acción para todos los protagonistas de la vida pública
venezolana.
Es indispensable un acuerdo para que el artículo 350 de la
Constitución no se interprete como un derecho general a la rebelión.
Tal interpretación puede llevar a más y peores actos de violencia.
Todos deben poner de su parte para un acuerdo en tal sentido.
Es esencial que gobierno, oposición, fuerzas sociales, organizaciones
de derechos humanos y medios de comunicación, se comprometan a
rechazar toda forma de deliberación de la fuerza pública y respalden
la aplicación de los códigos militares que sancionan tales conductas.
También es esencial que se abandone la interpretación según la cual el
citado artículo de la Constitución puede servir de base a la conducta
de oficiales de distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza
en tal sentido se podría dar pie a que se presenten nuevos actos de
insubordinación contra la autoridad civil. Esta Asamblea debería ser
categórica al señalar la subordinación constitucional de todas las
instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida,
tal como lo señala el artículo cuarto de la Carta Democrática.
Existe la imperiosa necesidad de acudir solo a los medios pacíficos.
El estado, sin que sobre ello pueda haber la menor duda, debe mantener
el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Se deben investigar las
denuncias según las cuales hay sectores que están poniendo en peligro
ese componente esencial de la seguridad pública. En todo caso
cualquier uso de las armas debe hacerse bajo autorización y dentro de
la normatividad acordada o dispuesta por las Fuerzas Armadas.
Es muy importante para la democracia venezolana que la investigación
sobre el desenlace trágico de las manifestaciones del 11 de abril se
realice de manera que sus conclusiones sean aceptadas por todos, y que
los responsables reciban todo el peso de la ley. Lo que señalo no
debería interpretarse como un menoscabo de los poderes legítimamente
constituidos. Con un buen grado de voluntad política podría
conseguirse tal resultado. En todo caso hay que aprender de lo
ocurrido porque cuando se dan manifestaciones de varios centenares de
miles de personas los riesgos son enormes.
Se nos informó que en el seno de la Asamblea Nacional se ha avanzado
en conformar una Comisión de 25 miembros que se encargaría de
investigar los hechos, aunque existen diferencias en cuanto al nombre
de la Comisión, al mecanismo de integración y a su composición.
Gobierno y oposición deberían hacer lo que esté a su alcance para
afianzar la independencia de los poderes y establecer sus debidos
contrapesos. Más allá de la importancia de asegurar la supremacía de
la Constitución, es fundamental restablecer la confianza en el estado
de derecho y asegurar que todos los estamentos sociales estén
dispuestos a acatarla. Así lo dispone el artículo cuarto de la Carta
Democrática.
Cualquier acuerdo entre los distintos sectores de la vida venezolana
debe pasar, como lo señala la Carta Democrática, por el pleno respeto
a la libertad de expresión y por ende de prensa. Debe quedar claro que
cualquier queja o deficiencia debe resolverse conforme a la
Declaración de Chapultepec. Esta Secretaría expresó públicamente su
confianza en que el gobierno del presidente Chávez resolverá de manera
satisfactoria las preocupaciones de seguridad e intimidación que
alegan los representantes de Medios de Comunicación con los que me
reuní.
En el tema de la televisión, es importante acordar un código de
conducta que, mas allá de la legislación, asegure la compatibilidad de
las transmisiones de interés público con la programación normal.
La comunidad internacional debería prestarle a Venezuela apoyo para
asegurar que de nuevo los partidos y las agrupaciones o movimientos
políticos sean los principales protagonistas de la vida pública. El
vacío que han dejado y que han pretendido llenar otros sectores
sociales ha demostrado de manera palmaria sus limitaciones. Aquí
cabrían acciones en el marco del artículo quinto de la Carta
Democrática.
Quiere esta Misión agradecer la hospitalidad y adecuado apoyo que
recibió del Gobierno del Presidente Chávez. Espero haber cumplido con
la disposición de nuestro Consejo Permanente al someter este informe a
su consideración. La OEA debe estar a disposición del gobierno y el
pueblo de Venezuela para que de la trágica experiencia vivida se
puedan colegir actitudes y acciones que nos aseguren que estos hechos
infaustos y trágicos no se vuelvan a repetir.
Muchas gracias
ANEXO 2
RESOLUCIÓN OEA AG/RES.1(XXIX-E/02)
VIGÉSIMO NOVENO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P
18 de abril de 2002 AG/RES. 1 (XXIX-E/02)
Washington, D.C. 18 abril 2002
. Original: español
AG/RES. 1 (XXIX-E/02)
APOYO A LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
(Resolución aprobada en la primera sesión plenaria y sujeta a revisión
por la Comisión de Estilo)
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que el Consejo Permanente, en aplicación de lo prescrito
por el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y luego de
analizar la situación creada en la República Bolivariana de Venezuela,
aprobó la resolución CP/RES. 811 (1315/02) y decidió convocar a un
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General;
TENIENDO EN CUENTA que la Carta Democrática Interamericana reconoce
como elementos esenciales de la democracia representativa, entre
otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al
estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres,
justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de
la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y
organizaciones políticas y la separación e independencia de los
poderes públicos; y
TENIENDO PRESENTE el informe presentado por el Secretario General de
la OEA sobre la misión a Venezuela que le encomendara el Consejo
Permanente con el objeto de investigar los hechos y emprender las
gestiones diplomáticas,
RESUELVE:
1. Expresar satisfacción por el reestablecimiento del orden
constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente
Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela.
2. Manifestar la determinación de los Estados Miembros de seguir
aplicando, con estricto apego a la letra y espíritu, y sin distinción,
los mecanismos previstos por la Carta Democrática Interamericana para
la preservación y defensa de la democracia representativa, reiterando
el rechazo al uso de la violencia para sustituir a cualquier gobierno
democrático en el Hemisferio.
3. Respaldar la iniciativa del Gobierno de Venezuela de convocar de
inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones, y exhortar a todos
los sectores de la sociedad venezolana para que participen en el
mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el
pleno ejercicio de la democracia en Venezuela, con pleno apego a la
Constitución, y tomando en cuenta los elementos esenciales de la
democracia representativa contenidos en los artículos 3 y 4 de la
Carta Democrática Interamericana.
4. Alentar al Gobierno de Venezuela en su voluntad expresa de observar
y aplicar plenamente los elementos y componentes esenciales de la
democracia representativa, como lo estipulan los artículos 3 y 4 de la
Carta Democrática Interamericana.
5. Alentar al Gobierno y a todos los sectores sociales e instituciones
de Venezuela, a desarrollar sus actividades respetando el estado de
derecho, así como a la búsqueda de la reconciliación nacional.
6. Expresar satisfacción de que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos haya aceptado la invitación que el Gobierno de Venezuela
hiciera en septiembre de 1999, para realizar una visita in loco a
Venezuela que se efectuará en la primera semana de mayo del presente
año.
7. Brindar el apoyo y la ayuda de la OEA que el Gobierno de Venezuela
requiera para la consolidación de su proceso democrático
8 Encomendar al Consejo Permanente de la Organización que presente un
informe global sobre la situación en Venezuela al próximo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
ANEXO 3
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE [CP/RES.821 (1329/02)]
APOYO AL PROCESO DE DIÁLOGO EN VENEZUELA
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE [CP/RES.821 (1329/02)]
APOYO AL PROCESO DE DIÁLOGO EN VENEZUELA
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
RECORDANDO la resolución AG/RES. 1 (XXIX-E/02), en la cual se acordó
respaldar la iniciativa del Gobierno de Venezuela a convocar un
diálogo nacional, sin exclusiones, y exhortar a todos los sectores de
la sociedad venezolana para que participen en el mismo, con sus
mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno ejercicio
de la democracia en Venezuela;
CONSIDERANDO que en la resolución AG/RES. 1 (XXIX-E/02) se acordó
brindar el apoyo y la ayuda de la Organización de los Estados
Americanos que el Gobierno de Venezuela requiera para la consolidación
de su proceso democrático, y que en la Declaración AG/DEC. 28 (XXXII-O/02)
se reiteró este apoyo y ayuda;
CONSIDERANDO que las visitas realizadas a Venezuela por el ex
presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y por representantes
de la Secretaría General de la OEA, del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Centro Carter, son gestiones
que inciden de manera positiva en el diálogo político;
CONSIDERANDO que el Gobierno de Venezuela, mediante comunicación
enviada por el Vicepresidente de la República José Vicente Rangel, al
Secretario General de la OEA César Gaviria, expresa su disposición de
buscar un mecanismo consensuado de acercamiento entre el Gobierno, los
diferentes actores de oposición y otros sectores de la vida nacional,
el cual incluiría la designación de una o varias personas calificadas
en el ámbito internacional, que faciliten el diálogo y la búsqueda de
acuerdos democráticos en el marco de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela;
TENIENDO EN CUENTA que, en carta enviada al Secretario General César
Gaviria, sectores de la oposición en Venezuela, agrupados bajo el
nombre de Coordinadora Democrática de Venezuela, expresaron su agrado
con la propuesta de la OEA, el PNUD y el Centro Carter y su interés de
que éstos desarrollen dicha propuesta; y
CONSIDERANDO que el Embajador Representante Permanente de la República
Bolivariana de Venezuela ha presentado un informe sobre el proceso de
diálogo que impulsa en su país el gobierno del Presidente Hugo Chávez
Frías,
RESUELVE:
1. Reiterar la disposición de la Organización de los Estados
Americanos de brindar el apoyo y la ayuda que el Gobierno de Venezuela
requiera para la realización del proceso de diálogo y la consolidación
de su proceso democrático.
2. Saludar la iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar y
realizar un proceso de diálogo que cuente con la participación de
todos los sectores del país y con el apoyo de la comunidad
internacional.
3. Respaldar los buenos oficios realizados en Venezuela por la
Organización de los Estados Americanos, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter, alentándoles a
que continúen estos esfuerzos.
4. Alentar al Gobierno y a todos los sectores de la oposición, así
como los sectores sociales e instituciones de Venezuela para que a
través del diálogo, y en estricto apego a la Constitución de la
República, se logre la reconciliación nacional que tanto espera el
pueblo venezolano y la comunidad internacional.
ANEXO 4
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
Los abajo firmantes, comprometidos con el pueblo Venezolano,
· Reafirmamos que los problemas de Venezuela pueden y deben ser
resueltos por los mismos Venezolanos, en el marco de la Constitución y
de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
· Reafirmamos nuestra completa adhesión a los principios democráticos
y a la justicia oportuna y repudiamos el recurso de la violencia que
causó la muerte de personas.
· Reconocemos la necesidad de buscar caminos que fortalezcan la
convivencia democrática del pueblo venezolano y que censuren la
perturbación a las normas que la rigen.
· Declaramos nuestra disposición para iniciar un proceso de
conversaciones sinceras entre todos los sectores a fin de lograr
soluciones aceptables de los conflictos políticos que contribuyen a
los desequilibrios que padece nuestro país.
· Reiteramos expresamente nuestra solicitud de apoyo y asistencia del
Grupo de Trabajo conformado por representantes de la Organización de
Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter (TCC).
· Comprometemos nuestra colaboración abierta con el Grupo de Trabajo a
fin de explorar las fases preparatorias para poner en marcha un
proceso de acuerdos asistido y verificable que permita alcanzar, a
través de un mecanismo consensuado, soluciones políticas ajustadas al
marco constitucional.
· Reafirmamos nuestra convicción de que Venezuela y el pueblo
Venezolano sabrán superar la presente situación, pacífica y
democráticamente, asegurando la vigencia del estado de derecho y la
dignidad de todos sus ciudadanos.
ANEXO 5
SÍNTESIS OPERATIVA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS
MESA DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS
Síntesis Operativa:
La Mesa de Negociación y Acuerdos entre el Gobierno de la Republica
Bolivariana de Venezuela y la Coordinadora Democrática, funcionará
con:
Facilitador Internacional, el papel del Facilitador Internacional de
la Mesa será desempeñado por el Secretario General de la OEA, César
Gaviria.
Participantes: La Mesa se integrará por seis representantes de ambas
partes. Los representantes del Gobierno y de la Coordinadora
Democrática deben estar designados por el acto administrativo o
político que corresponda.
Equipo Técnico Tripartito: La OEA, el Centro Carter y el PNUD,
conforme a sus respectivos mandatos, apoyarán técnicamente al
Facilitador en su tarea.
Sede: Se solicitará a la Conferencia Episcopal Venezolana la
facilitación de una Sede.
Estrategia de Comunicación: Solamente el Facilitador tendrá a su cargo
el “reporte oficial” al público del desarrollo y de los avances de la
Mesa. Cada parte podrá expresar libremente sus consideraciones,
aceptando explícitamente que las mismas no comprometerán a la Mesa
sino que serán reflejo de sus propias opiniones.
Objetivos: La Mesa buscará acuerdos para solucionar la crisis del país
por la vía electoral, así como también sobre los siguientes temas:
fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e
instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad.
Procedimientos: En la primera reunión las partes trabajarán con el
facilitador sobre la definición de los procedimientos, el orden y
secuencia de las sesiones y la elaboración de criterios para organizar
el funcionamiento de la Mesa.
Mesas de Trabajo Complementarias: Se propone el establecimiento de
Mesas de Ttabajo Complementarias, con delegados de ambas partes, para
elaborar propuestas y recomendaciones específicas en los temas de la
Agenda para luego llevarlas a la Mesa principal.
Acuerdos asistidos y verificables: La OEA, el Centro Carter y el PNUD,
conforme sus respectivos mandatos, desarrollarán un papel de garantes
del proceso para lograr el cumplimiento de los acuerdos.
Asamblea Nacional: Si cualquiera de los acuerdos a que se llegue por
medio de este proceso requiere ser considerado en el seno de la
Asamblea Nacional, se encontrará un mecanismo adecuado, previamente
acordado entre las partes, para que este cuerpo tenga oportuno
conocimiento de ellos y pueda actuar conforme a sus atribuciones
constitucionales.
Caracas, 7 de noviembre de 2002
ANEXO 6
RESPALDO A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA Y A LA
GESTIÓN DE FACILITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
OEA/Ser.G
CP/RES. 833 (1348/02)
16 diciembre 2002
Original: español
CP/RES. 833 (1348/02)
RESPALDO A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA Y A LA
GESTIÓN DE FACILITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
HABIENDO ESCUCHADO la presentación del Representante Permanente de
Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos sobre los
incidentes que pudieran desestabilizar el orden constitucional
democrático en Venezuela;
HABIENDO ESCUCHADO el informe oral del Secretario General sobre su
papel en el proceso de facilitación con relación a la situación en
Venezuela;
TENIENDO EN CUENTA la grave situación política por la que atraviesa la
República Bolivariana de Venezuela, y deplorando los hechos de
violencia que han tenido lugar en ese país;
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos
reconoce que la democracia representativa es un elemento indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;
CONSIDERANDO que el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana
proclama que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y
sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” y, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 7 de la Carta
Democrática Interamericana;
RECORDANDO la resolución CP/RES. 811 (1315/02) de 13 de abril de 2002,
“Situación en Venezuela”, la resolución AG/RES.1 (XXIX-E/02) de 18 de
abril de 2002 “Apoyo a la democracia en Venezuela”; la declaración AG/DEC.
28 (XXXII-O/02) “Declaración sobre la Democracia en Venezuela”, de 4
de junio de 2002; la resolución CP/RES. 821(1329/02) de 14 de agosto
de 2002 “Apoyo al proceso de diálogo en Venezuela”; y el Comunicado
del Presidente del Consejo Permanente de la OEA, de 9 de diciembre de
2002, en los cuales se reitera la disposición de la Organización de
los Estados Americanos de brindar el apoyo y la ayuda que el Gobierno
de Venezuela requiera para la consolidación de su proceso democrático;
Convencidos de que la Mesa de Negociación y Acuerdos y la facilitación
del Secretario General de la OEA constituyen esfuerzos urgentes,
importantes y constructivos para la búsqueda de una solución pacífica,
democrática, constitucional y electoral en Venezuela; y
Teniendo en cuenta la iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar
y realizar un proceso de diálogo, sin exclusiones, y las gestiones de
facilitación de la Organización de los Estados Americanos, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter para
encontrar una solución constitucional, democrática, pacífica y
electoral,
RESUELVE:
1. Respaldar plenamente la institucionalidad democrática y
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno
preside Hugo Chávez Frías, y rechazar categóricamente cualquier
intento de golpe de estado o alteración del orden constitucional
venezolano que afecte gravemente el orden democrático.
2. Respaldar enérgicamente y de manera inequívoca al Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos en sus gestiones
de facilitación del diálogo, que cuentan con la cooperación del Centro
Carter y el PNUD, en aras de encontrar a la brevedad una solución
pacífica a la crisis, respetando el orden constitucional y en el marco
de la Carta Democrática Interamericana.
3. Urgir al Gobierno de Venezuela y a la Coordinadora Democrática para
que en negociaciones de buena fe alcancen una solución constitucional,
democrática, pacífica y electoral en el marco de la Mesa de
Negociación y Acuerdos que cuenta con la facilitación del Secretario
General de la OEA.
4. Respaldar el derecho del pueblo venezolano de elegir a sus
gobernantes de acuerdo con las normas constitucionales y expresar en
forma terminante que cualquier situación que contravenga el estado de
derecho y la institucionalidad democrática de Venezuela es
incompatible con el sistema interamericano y, particularmente con la
Carta Democrática Interamericana.
5. Instar al Gobierno de Venezuela a velar por el respeto, y a todos
los sectores de la sociedad a preservar, el libre ejercicio de los
elementos esenciales de la democracia para favorecer una salida
constitucional, democrática, pacífica y electoral.
6. Hacer un llamado a todos los sectores de Venezuela a que respeten
los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana,
incluidos, entre otros, el respeto a los derechos humanos, el estado
de derecho, la transparencia y la buena gestión de los asuntos
públicos.
7. Instar al Gobierno de Venezuela a que vele por el pleno disfrute de
la libertad de expresión y de prensa y hacer un llamado a todos los
sectores de la sociedad venezolana para que contribuyan al fomento de
la paz y de la tolerancia entre todos los venezolanos y a todos los
actores sociales a que se abstengan de estimular la confrontación
política y la violencia.
8. Reiterar la determinación de los Estados Miembros de seguir
aplicando con estricto apego a la letra y el espíritu, y sin
distinción, los mecanismos previstos por la Carta Democrática
Interamericana para la preservación y defensa de la democracia
representativa y el rechazo al uso de la violencia para reemplazar
cualquier gobierno democrático en el Hemisferio.
9. Solicitar al Secretario General de la OEA que continúe informando
al Consejo Permanente sobre sus gestiones de facilitación con relación
a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y teniendo en
cuenta la existencia de otros mecanismos en el sistema interamericano,
como la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
ANEXO 7
DECLARACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA, POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
Caracas, 18 de febrero de 2003
Convencidos de nuestras elevadas responsabilidades en este momento
histórico, y conscientes también de la profunda vocación democrática
del pueblo venezolano, que por ello ama la paz y desea la
reconciliación, rechaza las opciones contrarias a la constitución y
abraza la democracia, las delegaciones que en esta Mesa de Negociación
y Acuerdos representan al Gobierno Nacional, y los sectores políticos
y sociales que lo respaldan, y a la Coordinadora Democrática que
agrupa a la oposición, hemos decidido suscribir en forma conjunta la
presente DECLARACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA, POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
EN VENEZUELA.
Con ella, esperamos dejar meridianamente clara nuestra convicción de
que el pueblo venezolano tiene una inquebrantable voluntad para
fortalecer sus valores esenciales como sociedad organizada, amenazados
por un clima de confrontación y de conflicto que debe detenerse.
Esperamos, con esta declaración, contribuir significativamente en el
afianzamiento de un clima de entendimiento entre todos los
venezolanos.
1. Rechazamos la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el
lenguaje hiriente y cualquier retórica que de alguna manera contribuya
o estimule la confrontación. Proponemos el uso de un lenguaje de
respeto mutuo, de tolerancia, de consideración por las ideas ajenas,
de supremo aprecio por la vida y sus valores esenciales, y
especialmente por la dignidad humana cuya preeminencia ha sido
consustancial al pueblo venezolano. En consecuencia, hacemos un
llamado, directo e inmediato, a todos los actores políticos y
sociales, para que den su efectivo aporte dirigido al
reestablecimiento de un clima de paz y sosiego en todo el país,
mediante la pronta moderación del tono, estilo y contenido de sus
expresiones. Ello es absolutamente necesario para que el país tenga la
convivencia democrática que todos requerimos y deseamos.
2. De manera enfática manifestamos que la violencia, en cualquiera de
sus expresiones o modalidades, practíquela quien la practique y
cualquiera sea su origen, es absolutamente injustificable y por ello
condenable. De allí que emplacemos a todas las autoridades y
organismos administrativos y jurisdiccionales competentes, a actuar
sin contemplaciones, para investigar y sancionar la pérdida de vidas
humanas o las lesiones a éstas dirigidas, así como cualesquiera otros
hechos de violencia; y en general demandamos se respete y se exija
respeto para la Constitución y las leyes de la República. En este
mismo sentido, exhortamos a la Asamblea Nacional para que, mediante la
sanción de la ley que corresponda y con los mecanismos que en ella se
prevean, ponga en funcionamiento la Comisión de la Verdad para el
logro de los propósitos antes enunciados, tomando en consideración los
aportes que en este sentido produzca la Mesa de Negociación y
Acuerdos.
3. Rechazamos categóricamente que manifestaciones de violencia e
intolerancia, así como expresiones que signifiquen agravio u ofensa,
puedan ser forma de dirimir las diferencias políticas. Por ello, nos
comprometemos a colocar todo nuestro esfuerzo en crear condiciones que
permitan fortalecer y consolidar un clima de paz y tolerancia, en el
cual se resuelvan las divergencias por medios pacíficos y
democráticos.
4. Hacemos un llamado al pueblo venezolano para que todos observemos
conductas que se enmarquen en los principios y normas que sustentan
los derechos humanos y su efectivo respeto. De esta forma, debe cesar
y proscribirse toda actitud directa o indirecta de agresión, amenaza,
hostigamiento o violencia, que en cualquier forma quebrante o impida
el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en
las leyes, así como en los Tratados Internacionales que comprometen a
Venezuela.
5. Exhortamos a todas las iglesias e instituciones religiosas, a los
gremios profesionales, sindicatos, partidos políticos y organizaciones
similares de la sociedad, a promover acciones y emitir mensajes
destinados a exaltar los valores democráticos y los principios de paz,
tolerancia y convivencia, y a condenar la violencia en cualquiera de
sus manifestaciones. En la medida en que tales acciones y mensajes se
hagan del público conocimiento y esas organizaciones conforme sus
propios procedimientos continúen asumiendo un papel activo para la
realización de los propósitos que los originan, se estará dando un
aporte de gran importancia para el mantenimiento y fortalecimiento de
la paz y la democracia en nuestro país.
6. En esta campaña por la paz y la democracia y contra la violencia y
la intolerancia, los medios de comunicación social públicos y
privados, juegan un papel de fundamental trascendencia, mediante la
emisión de programas y mensajes que promuevan la paz, la tolerancia y
la convivencia. Las partes en esta Mesa ratifican su total respeto a
la vigencia efectiva de los derechos Constitucionales a la libertad de
expresión y de información, conforme a los principios que el texto
magno establece en sus artículos 57 y 58. En ese sentido, tanto las
actividades que desarrollen los medios de comunicación públicos y
privados, como las expresiones que a través de ellos se viertan, así
como las actividades que se dirijan a establecer cualquier
responsabilidad que de tales actividades o expresiones se derive,
deben enmarcarse estrictamente en la Constitución y en las leyes, de
forma que no signifiquen limitaciones indebidas en el ejercicio de
tales derechos. Las partes ratifican su convencimiento respecto a que
los medios de comunicación social, públicos y privados, son
indispensables para el cabal ejercicio de los fundamentales derechos
antes mencionados, todo dentro del marco de los deberes y derechos
fijados por la Constitución y las leyes para todos los ciudadanos.
7. Asumimos el compromiso de mantener y perfeccionar un enlace
permanente entre los factores políticos y sociales que apoyan al
Gobierno de la República, y los que están representados en la
Coordinadora Democrática. Ello nos permitirá ejercer una acción
sostenida que se dirija al cumplimiento efectivo de los contenidos de
la presente Declaración, y a evitar todos los hechos que pudieran
lesionarla y fuesen capaces de acarrear consecuencias lamentables. El
trabajo que hemos iniciado en ese sentido, desde esta Mesa de
Negociación y Acuerdos, nos comprometemos a mantenerlo y a mejorarlo.
8. Por último, expresamos que en el curso de los próximos días
dedicaremos nuestro esfuerzo a trabajar y desarrollar temas conexos al
fundamental que se contiene en la presente Declaración, como lo son el
que se refiere a la Comisión de la Verdad y el del desarme de la
población civil. Ellos son compromisos que las partes adquirieron ante
las comunidades nacional e internacional, particularmente de cara al
pueblo de Venezuela, en la Declaración de Principios por la Paz y la
Democracia en Venezuela y la llamada Síntesis Operativa que regla las
deliberaciones y decisiones de esta Mesa. Ratificamos nuestro
reconocimiento, en nombre de todo el país, al valioso aporte
proporcionado por el Facilitador, Dr. César Gaviria, y el Grupo de
Trabajo Tripartito integrado por la OEA, el PNUD y el Centro Carter,
en la seguridad de alcanzar prontos y nuevos acuerdos en temas de
tanta importancia.
Esta DECLARACIÓN la formulamos de buena fe, con el propósito de crear,
en el marco de la vigencia plena de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y de las Leyes, el clima más propicio para
solucionar nuestras diferencias en forma democrática y soberana.
ANEXO 8
ACUERDO ENTRE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LOS FACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES QUE LO
APOYAN Y LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA Y LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y
DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LA CONFORMAN
Caracas, 23 de mayo de 2003
1. Los suscritos miembros de la Mesa de Negociación y Acuerdos,
representantes del Gobierno Nacional y de las fuerzas políticas y
sociales que lo apoyan, así como de las organizaciones políticas y de
la sociedad civil que conforman la Coordinadora Democrática,
suscribimos el presente Acuerdo con espíritu de tolerancia para
contribuir al fortalecimiento del clima de paz en el país. En ese
sentido reiteramos los principios y mecanismos que nos trajeron a esta
mesa, que constan en la Síntesis Operativa acordada por las partes
desde el momento de su instalación, así como nuestra convicción de
encontrar una solución constitucional, pacífica, democrática y
electoral.
2. Expresamos nuestra total adhesión y respeto a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. En su respeto y en el régimen
legal que la desarrolla, se basa la prevalencia del Estado de Derecho.
La Constitución contempla un conjunto de valores y normas para
expresar los principios fundamentales de convivencia social y
política, y establece los mecanismos de solución de diferencias.
Cualquier cambio para atender las experiencias del proceso político
que se ha vivido debe ser hecho dentro de sus normas y de una manera
preferentemente consensuada.
3. Somos conscientes de que en el momento histórico que vivimos es
necesario ponerse de acuerdo sobre lo fundamental para garantizar una
democracia participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente
representativa, donde continuaremos teniendo espacio para todos y
donde la justicia social, la tolerancia, la igualdad de oportunidades,
el estado de derecho y la convivencia democrática sean los valores
esenciales. Tenemos conciencia de que hay que colocar esos valores más
allá de la controversia política y partidista, y que los mismos deben
guiar las políticas, especialmente en materias de preponderante
interés social.
4. Queremos expresar que estamos convencidos de que Venezuela y el
pueblo venezolano continuarán transitando el camino democrático con
sentido de hermandad, respeto por las convicciones de cada venezolano
y voluntad de reconciliación.
5. Estamos conscientes, que es necesario consolidar en nuestra
sociedad el pluralismo contenido en la Constitución, donde la política
ejercida por todos los actores de la vida nacional sea coherente con
los valores señalados en la misma. Venezuela necesita el concurso de
todos para continuar su camino en paz y en democracia, de modo que
cada quien exprese sus ideas, asuma sus posiciones y tome decisión
entre las distintas opciones que políticamente se le ofrece.
6. Expresamos nuestra adhesión a los principios consagrados en la
Carta Democrática Interamericana, que declara el derecho de los
pueblos a vivir en democracia y la obligación de los gobiernos y todos
los ciudadanos de promoverla y defenderla. Todos los sectores,
asumiendo lo dispuesto por el Artículo 6º de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en relación con la democracia
participativa, comparten los valores allí consignados, como aquellos
según los cuales al poder no puede accederse sino con sujeción al
estado de derecho; la celebración de elecciones libres, justas y
transparentes, y la separación e independencia de los poderes
públicos; la democracia representativa que se refuerza y enriquece con
la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, en
un marco de legalidad; el estricto respeto a los derechos humanos, a
los derechos de los trabajadores, a la libertad de expresión, de
información y de prensa, a la eliminación de todas las formas de
discriminación e intolerancia. Ambas partes también reconocen las
estrechas relaciones entre la democracia y la lucha contra la pobreza,
entre la democracia y el desarrollo, y entre la democracia y la
prevalencia de los derechos humanos.
7. Invocamos los principios de la Carta de la Organización de Estados
Americanos, OEA, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos;
el derecho internacional como norma de conducta de los estados en sus
relaciones reciprocas; el respecto a la soberanía y a la
no-intervención; a la autodeterminación de los pueblos; a la igualdad
jurídica de todos los estados; y a la solución pacifica de las
controversias.
8. Ratificamos la vigencia y nuestra plena adhesión y compromiso con
la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia”
suscrita el 18 de febrero de 2003, la cual debe considerarse como
parta integrante de este Acuerdo.
9. Coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de la fuerza por
parte del Estado, a través de la Fuerza Armada Nacional, y policías
metropolitanas, estadales y municipales, es una prerrogativa
fundamental e indeclinable en la lucha contra la violencia y en la de
asegurar la esencia de un Estado democrático. La función de los
órganos policiales será dirigida por las autoridades civiles que
ejercen su mando conforme lo disponen la Constitución y la Ley, para
lo cual se deberá dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales y
a las decisiones judiciales que regulan las labores de Coordinación de
Seguridad Ciudadana. En todo caso, con apego a la Ley, debe
racionalizarse la tenencia de armas por parte de los cuerpos de
policía, y cualquier otro organismo de seguridad con competencias
nacionales, estadales o municipales. Ninguno de estos cuerpos deberá
utilizarse como instrumento de represión arbitraria o
desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que
impliquen intolerancia política.
10. Nos comprometemos a adelantar una vigorosa campaña de desarme
efectivo de la población civil, basada en la ley aprobada en la
Asamblea Nacional, haciendo para ello uso soberano de todos los
mecanismos y recursos que en ella se prevén, así como del apoyo
técnico de las instituciones internacionales. Las partes seguiremos
las conclusiones de la Mesa de Diálogo realizada por la Asamblea
Nacional para un diseño concertado sobre el desarme de la Población
Civil.
11. Exhortamos a los grupos parlamentarios de opinión representados en
la Asamblea Nacional a concluir la Ley para la conformación de la
Comisión de la verdad, a fin de que la misma coadyuve en el
esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002 y coopere con los
órganos judiciales para que se establezcan las debidas
responsabilidades y se sancione a los culpables.
12. Las partes, en cumplimiento del objetivo establecido en la
Síntesis Operativa para buscar acuerdos con el fin de contribuir a la
solución de la crisis del país por la vía electoral, coincidimos en
que dicha solución se logra con la aplicación del Artículo 72 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se
prevé la eventual celebración de referendos revocatorios del mandato
de todos los cargos y magistraturas de elección popular que han
arribado a la mitad del período para el cual fueron elegidos
(Gobernadores, Alcaldes, Legisladores Regionales y Diputados a la
Asamblea Nacional), o arribarán a dicha mitad en el transcurso de este
año, como es el caso del Presidente de la República conforme a la
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de febrero del 2003.
Tales referendos, incluyendo los ya solicitados y los que se
solicitaren en adelante, serán posibles si son formalmente requeridos
por el número exigido de electores y se aprueban por el nuevo Consejo
Nacional Electoral, una vez que se establezca que se han cumplido los
requisitos constitucionales y legales.
13. Coincidimos en que resulta indispensable contar a la brevedad
posible con un árbitro electoral confiable, transparente e imparcial,
a ser designado en la forma prevista en la Constitución. En este
sentido, se considera muy importante el trabajo que se está
adelantando en la Asamblea Nacional. Las dos partes manifestamos su
disposición a coadyuvar como factor de entendimiento en todo lo
referente a la conformación y operatividad del Árbitro Electoral, sin
interferir en el proceso normal que se está llevando a cabo por el
Poder Legislativo Nacional.
14. Estamos comprometidos con la libertad de expresión, tal como está
consagrada en nuestras normas constitucionales y legales; así como en
la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Carta
Democrática Interamericana. Las dos partes nos proponemos trabajar con
los medios de comunicación públicos y privados, para promover su
identificación con los propósitos enunciados en este documento y en la
declaración contra la violencia y por la paz y la democracia,
particularmente en lo que hace relación a la desactivación de la
violencia y a su papel de informar a los ciudadanos sobre las opciones
políticas, con un sentido de equidad e imparcialidad, lo cual
contribuiría significativamente a crear el clima más apropiado para
que se realicen con éxito los procesos electorales y referendos
previstos en el Artículo 72 de la Constitución.
15. Asumimos que en la Constitución y en las Leyes de la República se
prevén los requisitos y mecanismos idóneos y necesarios para que
proceda, por parte de la Autoridad Pública competente, la financiación
oportuna de los referendos revocatorios y cualquier otro mecanismo de
consulta popular, que deban efectuarse una vez autorizada su
procedencia por el órgano público competente. En lo referente el Plan
República, éste será activado ante la solicitud de las autoridades
electorales, en los mismos términos y condiciones en que habitualmente
ha sido ejecutado en procesos electorales anteriores.
16. La OEA, el Centro Carter y las Naciones Unidas, han manifestado su
disposición a prestar la asistencia técnica que les sea requerida por
las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela,
para la realización de cualquier tipo de consulta electoral,
ajustándose cualquier requerimiento al principio de la legalidad
contenido en la Constitución de la República. Esta asistencia técnica
podría incluir desde las actividades preparatorias o pre-electorales
hasta las actividades propias de observación electoral. En lo
referente al apoyo directo que se le puede prestar al CNE, es
importante resaltar la voluntad de colaboración, tanto con recursos
humanos como materiales, que estas tres organizaciones han ofrecido.
17. La fecha en la que deberán realizarse los referendos revocatorios
ya solicitados, así como aquellos que puedan llegar a solicitarse, la
determinará el CNE, una vez cumplidos los requisitos legales y
constitucionales pertinentes, y en forma que resulte diligente y
oportuna, conforme a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política, comprometiéndonos a no proponer ni impulsar modificaciones a
dicha norma.
18. Las partes reconocemos el apoyo y la facilitación que han prestado
a esta Mesa los representantes de la OEA, particularmente su
Secretario General, el Centro Carter y el PNUD, que con la firma de
este Acuerdo culmina constructivamente su función. Reconocemos la
importancia de la labor de acompañamiento que estas instituciones
pueden cumplir en el futuro para la materialización de este Acuerdo y
expresamos nuestra voluntad de seguir contando con la colaboración
internacional.
19. Finalmente, ambas partes convienen crear el Enlace permanente
establecido en el apartado 7) de la Declaración contra la Violencia
por la Paz y la Democracia, designando cada una dos representantes,
con el fin de abrir canales de comunicación y ejercer acciones
dirigidas al cumplimiento efectivo de los contenidos de dicha
Declaración y de este acuerdo, manteniendo el contacto con la
facilitación internacional cuando lo consideren necesario.
Caracas, 23 de mayo de 2003
PL07004S01
Los Miembros de la Mesa
José Vicente Rangel
Timoteo Zambrano
Roy Chaderton Matos
Alejandro Armas
María Cristina Iglesias
Manuel Cova
Ronald Blanco La Cruz
Américo Martín
Nicolás Maduro
Eduardo Lapi
Los Facilitadores
César Gaviria
(OEA)
Francisco Diez
(Centro Carter)
Antonio Molpeceres
(PNUD)
Los Asesores
Omar Meza Ramírez
Juan Manuel Raffalli
--------------------------------------------------------------------------------
1. Esta propuesta fue presentada a la Comisión Europea, institución
que acordó contribuir con 600.000 Euros para su implementación.
2. Ha estado conformado por expertos en facilitación y promoción del
diálogo, y más específicamente, por expertos en temáticas
especializadas objeto de la discusión en la Mesa, proveídos por los
organismos internacionales integrantes del Grupo Tripartito (Unidad
para la Promoción de la Democracia-OEA, Centro Carter y PNUD)
http://www.oas.org/OASpage/eng/Venezuela/Inf_VE_0603s.htm