Caracas, 9 de noviembre de 2002.
Excelentísimo Señor
CESAR GAVIRIA
Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Ciudad.
Señor Secretario General:
Los ex ministros de Relaciones Exteriores de diversos gobiernos democráticos que
suscribimos esta carta, nos dirigimos a usted con el objeto de hacerle llegar, y
por su digno intermedio a los países miembros de la OEA, nuestra opinión sobre
la grave crisis de gobernabilidad que atraviesa nuestro país.
La ausencia de un Estado de Derecho en Venezuela, que se manifiesta
fundamentalmente por la falta de independencia de los poderes públicos,
compromete el necesario equilibrio democrático y la legitimidad del gobierno
nacional. Así surge un marcado presidencialismo, que subordina a su voluntad las
facultades de los otros órganos del Estado y compromete los derechos ciudadanos.
El Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General, el Contralor General y el
Defensor del Pueblo, han sido designados en violación de la Constitución
Nacional y en la mayor parte de sus decisiones han estado subordinadas a los
intereses del poder Ejecutivo.
La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en violación de la Constitución
de 1961, mediante una heterodoxa y caprichosa interpretación del principio de la
soberanía popular y se aplicó, para realizar las elecciones que dieron origen al
llamado acto constituyente, un método de asignación de votos que permitió que,
con menos del 60 % de los votos, los candidatos del gobierno obtuvieron el 94 %
de la representación, lo cual significó una considerable desventaja para un gran
número de ciudadanos. El desarrollo posterior de la Asamblea Constituyente, al
declararse originaria, y definir por sus propios miembros un curioso régimen de
supralegalidad, terminó en la proclamación de la llamada República Bolivariana
de Venezuela, única por sus características y sin parecido a ningún modelo
constitucional del planeta.
Lo anterior conduce a que en Venezuela se viva bajo un sistema autoritario y
arbitrario. El ejercicio del poder, acompañado de un discurso agresivo contra
diversos sectores de la sociedad, ha provocado una ruptura de la unidad interna
de la Nación, a niveles jamás vistos en nuestra historia. El uso ilegal de los
medios de comunicación del Estado y el atropello hacia los medios privados al
obligarlos a permanentes y extensas “cadenas” facilita los insultos y las
ofensas de parte del Presidente de la República a diversos sectores sociales que
no son afectos al régimen, predicando el odio social, racial y clasista.
El gobierno nacional, como parte de esa campaña orientada a un perverso objetivo
de disociación social, ha organizado, con gran dispendio y uso ilegal del
Presupuesto Nacional, unos círculos armados integrados por partidarios del
oficialismo, destinados a confrontar a la Fuerza Armada Nacional y agredir,
verbal y físicamente, a la población civil, al extremo de que parte de la ciudad
de Caracas está secuestrada por estos grupos violentos que han llegado al
extremo de sitiar y atacar, con armas de fuego, la sede de la Alcaldía
Metropolitana de la capital.
El pasado 11 de abril nuestro pueblo vivió una trágica experiencia al ver
masacrar a personas inocentes que marchaban, de manera pacífica y democrática,
en repudio al régimen chavista. El presidente y el vicepresidente de la
República han sido señalados como responsables de tales hechos y todavía están
pendientes los procesos legales correspondientes. Ha pasado el tiempo sin haber
sido posible la designación de una comisión idónea para establecer la verdad de
esos hechos criminales y esperamos, señor Secretario General, que con su
intervención se defina esta situación.
El presidente de la República, de manera criminal, ha politizado la Fuerza
Armada, desatando una feroz campaña de persecuciones y hostigamiento a valiosos
oficiales que se han opuesto a sus intenciones y a quienes no les ha quedado
otro recurso que apelar al artículo 350 de nuestra Constitución para alegar, de
manera cívica y alejada de cualquier intención golpista, su desobediencia a la
autoridad presidencial, actitud que ha concitado el respaldo de miles de
venezolanos, en una actitud inédita en los anales políticos de nuestra región.
En Venezuela se ha roto el contrato social. No estamos frente a un gobierno
democrático. Fue electo bajo la vigencia de la Constitución de 1961, pero su
conducta, su desempeño y su ejercicio arbitrario del poder lo coloca fuera de
los límites de la legitimidad. Nuestra sociedad se encuentra en un estado de
convulsión generalizada, al borde del caos y la anarquía, con un riesgo cierto
de que se produzca un grave enfrentamiento nacional de consecuencias
impredecibles.
En consecuencia, en nuestro país está a prueba la eficacia de la Carta
Democrática Interamericana y pensamos que es preciso actuar vigorosamente, y en
el menor tiempo posible.
Le expresamos, Señor Secretario General, nuestra confianza en que su mediación
sea decisiva para resolver la compleja crisis venezolana.
Atentamente.
Miguel A. Burelli R.
Ramón Escovar Salom
Humberto Calderón Berti
Simon Alberto Consalvi
Fernando Ochoa Antich