Esta es una copia de lo que fuera el website de la Mesa de negociación y Acuerdos

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EL NACIONAL - Sábado 23 de Noviembre de 2002 A/12

Opinión
Editorial
Contra viento y marea

N o se podría negar que las tácticas de perturbación de la Mesa de Negociación y Acuerdo desatadas por el Presidente de la República han tenido sus efectos perversos. Si en algo ha demostrado el Gobierno tener astucia a lo largo de casi cuatro largos años, ha sido en esto de provocar a la sociedad civil y a sus diferentes organismos. Desde que el secretario general de la OEA, César Gaviria, instaló la Mesa de Negociación, esas tácticas han tenido lugar de manera sistemática. Han tenido como propósito exasperar a la opinión pública, desafiar a la Coordinadora Democrática, y tratar de hacerle ver al representante de la comunidad hemisférica que sus esfuerzos no tendrán destino.

En esta ocasión el Gobierno ha tenido éxito en unos aspectos, pero no en otros, y aquí se revela una vez más su mediocridad su incapacidad para apreciar las situaciones.

En primer lugar, ha fracasado en sus intentos de detener el proceso de negociaciones y de frustrar las gestiones del secretario general. Gaviria persiste y persistirá porque entiende que es su deber contribuir con los venezolanos, de todos los signos, a buscar una solución pacífica a la grave crisis institucional que padecemos. Haga lo que haga el Gobierno, allí estará el secretario general. Mientras más perturbe el Presidente de la República con su doble juego, más se le descubren sus cartas marcadas.

Por una parte envía a los negociadores a sentarse a la mesa, pero les coarta su autonomía para llegar a terreno firme en la búsqueda de una salida constitucional; y, como si fuera poco, su discurso agresivo es incesante, y su prédica contra el referendo consultivo es lugar común en todas sus apariciones. Mientras los 12 negociadores exploran y conversan, él y algunos de sus ministros urden las más inverosímiles artimañas para que la Mesa termine en nada. Las maniobras astutas contra la Ley Orgánica del Poder Electoral, su demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, su devolución a la Asamblea Nacional, la toma y ocupación de la Policía Metropolitana, la militarización de la zona metropolitana, los asedios y desórdenes de los círculos “incontrolables”, forman en su conjunto expresiones de ese deseo de hacernos ver que las negociaciones están condenadas al fracaso.

Chávez se equivoca, aun cuando algunas de esas tácticas tengan aparente éxito. En verdad, ha logrado exasperar a la opinión pública de todo el país, generando sobre la Coordinadora Democrática y sobre todos los representantes responsables de instituciones nacionales como la CTV y Fedecámaras, todas las presiones posibles. La gente, desesperada, cree que con Chávez no habrá salida constitucional posible, ni consulta popular, ni rectificación alguna. De esa exasperación ha surgido el paro cívico convocado para el 2 de diciembre.

La respuesta gubernamental es crear tensiones en la Mesa de Negociación, y acusar a la Coordinadora Democrática de “golpistas y terroristas”. El lenguaje incivilizado y agresivo descubre las intenciones del Gobierno. También descubre su inmensa debilidad y su intolerancia. El paro, compréndanlo, no es un capricho de la oposición. Ésta apela a un arma cívica con el propósito de estimular el proceso, y de hacerle ver al Gobierno que la nación tiene una sola voz y una sola voluntad. El paro no es una panacea en sí mismo, pero está dentro de los recursos posibles de la sociedad democrática. Decir que un pueblo que ha demostrado su devoción democrática y su pacifismo en forma reiterada es “golpista y terrorista” es algo incalificable en boca de cualquiera, pero como expresión gubernamental no es más que una confesión deplorable de su incapacidad para comprender la profundidad de la crisis. También de su incapacidad para ejercer funciones de Gobierno.

De todo esto se ha dado perfecta cuenta el secretario general de la OEA. Dentro de su ponderación y bien manejado equilibrio, el representante de la comunidad hemisférica ha llamado a los diferentes sectores a no estorbar con acciones inconvenientes el proceso de negociaciones. Piensa que el paro puede ser negativo. Como conductor del proceso está en su derecho al abogar por la comprensión.

Oigamos estas palabras del secretario general: “Quisiera pedirle al Gobierno y a todos sus funcionarios que no sigan desafiando a la Coordinadora Democrática para que convoque a un paro”. Si el Gobierno se inquieta tanto ante esta alternativa, tiene diez días para hablarle al país en otro lenguaje que no sea el de la confrontación. ¿Por qué tanto temor a las soluciones constitucionales?

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