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Pronunciamiento de Decanos de Facultades de Derecho, de miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Comunidad Académica


Ante las decisiones y circunstancias que han afectado a la sociedad venezolana en los últimos días, los abajo firmantes, y todos aquellos miembros de la comunidad académica que respalden esta posición, nos pronunciamos en los siguientes términos:

1.- Rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de órganos de seguridad del Estado, así como las violaciones a derechos humanos que han sido perpetradas. Entre las víctimas de estas violaciones se encuentran numerosos estudiantes de instituciones de educación superior.

2.- Instamos a la ciudadanía a consolidar mecanismos cívicos y pacíficos en la defensa de sus derechos o ideas políticas.

3.- Lamentamos que el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo no estén cumpliendo diligentemente con sus atribuciones en lo concerniente a los delitos contra los derechos humanos que han sido cometidos. Exigimos una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva de tales hechos.

4.- Exhortamos al Tribunal Supremo de Justicia a explicar a la comunidad jurídica nacional las razones por las cuales dos juezas de la República fueron destituidas, sin respetar el debido proceso, precisamente después de que ejercieron la potestad jurisdiccional en relación con la detención e imputación de algunos manifestantes. La independencia judicial se coloca en entredicho si los jueces son removidos por la sola lectura política que alguien pueda hacer de sus decisiones.

5.- Hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral para que intensifique sus esfuerzos en la búsqueda de una solución adecuada a los problemas surgidos a raíz de la decisión de este organismo que obliga a casi novecientas mil personas a ratificar una solicitud de referendo revocatorio que en principio ya formularon válidamente. Rechazamos la vulneración de los principios de legalidad, de irretroactividad y de buena fe, así como del derecho de participación política en que incurrió la decisión del 2 de marzo de ese organismo comicial. Es necesario recordar que los artículos 2, 6, 19 y 62 de la Constitución, entre otros, al igual que los principios del Derecho electoral, exigen el más escrupuloso respeto a la libre participación política y a la voluntad del elector. Esperamos que mediante el diálogo sea posible hallar una salida satisfactoria para las partes, que haga viable el cauce democrático al que se habían comprometido con la facilitación de la OEA, del Centro Carter y del PNUD.

Caracas, 05 de marzo de 2004

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