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ESTAMOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA DEMOCRACIA

Caracas, 17 de febrero de 2003

Para la Vicepresidenta de Globovisión, Maria Fernanda Flores, estamos viviendo los últimos días de la democracia en Venezuela. Esto se pone de manifiesto al constatar la declaración de guerra del Estado contra la ciudadanía evidenciada a través del secuestro de las instituciones por parte del actual gobierno, cuya última manifestación es la amenaza de cierre de plantas de televisión que el presidente hace constantemente en su programa dominical, Aló, presidente.

Globovisión ha sido hostigada desde el principio de su mandato por el presidente Hugo Chávez, al punto que llegó a llamarla Plomovisión, en clara alusión a lo que el consideraba disparos informativos de la planta contra su gobierno y mas recientemente la acusó, junto con los tres canales de TV más importantes, de ser una suerte de “jinetes del Apocalipsis” a quienes había que destruir.

En las últimas semanas, el gobierno ha iniciado procedimientos administrativos contra Televén, Venevisión y Radio Caracas TV, dentro de una ofensiva contra los medios de comunicación social que culminó con la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional de la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como Ley de Contenidos y calificada como Ley Mordaza por la oposición.

A todo esto se añade un control cambiario que podría ser usado como arma política contra los medios impresos y las televisoras con el fin de dificultar la compra de papel y equipos de transmisión.

“De ahora en adelante, los dólares serán usados a discreción por el ejecutivo para poner de rodillas a los medios impresos y a los canales de televisión hasta silenciarlos”, dice Flores, quien no pone en duda que el objetivo del gobierno de Chávez es acallar a la oposición cerrando los medios de comunicación.

“Pero no nos callarán”. Los medios, dice, cuentan con el respaldo de la población, que considera que sólo a través de ellos pueden manifestar sus quejas y, de alguna manera, defenderse del gobierno.

“En Venezuela –dice la ejecutiva de Golbovisión- no hay instituciones que resuelvan los problemas a los venezolanos y por ello la gente acude a la televisión”. La mayoría de la ciudadanía respalda a los medios de comunicación, como lo demostró la gigantesca manifestación a su favor que se realizó en los días en los que el Grupo de Amigos visitaba nuestro país, y que ha sido considerada la mayor de la historia mundial en apoyo a medios de comunicación.

“Los medios buscamos el equilibrio, pero los voceros del gobierno no acuden a las invitaciones que les hacemos a los programas de opinión o no permiten la entrada a los lugares dónde ocurren las noticias, como es el caso del Palacio presidencial de Miraflores, donde en algunas oportunidades se ha restringido el acceso a los medios privados”.
Maria Fernanda Flores también denuncia que ha recibido informaciones sobre presiones del gobierno a las empresas que suministran el servicio de suscripción de TV por cable y satélite para que, llegado el momento del cierre de las emisoras, no transmitan la señal.

Ley Mordaza

Los asesores legales de Globovisión, representados por la abogada Ana Cristina Núñez, indican que la Ley de contenidos tiene como finalidad la “destrucción más que la construcción”, puesto que controla tantos aspectos “que hacen el negocio televisivo totalmente inviable”.

La ley de contenidos asume que los niños ven televisión durante 18 horas al día, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, lo que dejaría a las televisoras un horario para adultos sólo a partir de esa hora.

“Buscando una supuesta protección a los niños se trata de censurar a los medios. Además, se prohíbe emitir juicios críticos contra las autoridades públicas, sea el presidente de la República, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o los miembros de la Asamblea Nacional, con lo que se pone sobre el tapete lo que se conoce como Leyes de Desacato, que son violatorias de la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en consecuencia, deben ser derogadas por los Estados miembros”.

El régimen sancionatorio de la Ley es sumamente estricto, pudiéndose llegar a la revocatoria de la concesión por el incumplimiento de cualquier norma, para lo cual tres violaciones (mayores o menores) serían suficientes.

Adicionalmente, la Ley contempla la revelación de las fuentes informativas, violando, entre otras normas internacionales, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

En el artículo 32 de la Ley se hace responsables a los operadores de los contenidos difundidos en vivo y en directo, lo que constituye un procedimiento jurídicamente incorrecto. La difusión de contenidos es personal del que lo emite y no del medio que lo transmite, por lo que mal puede conocer el medio de antemano lo que cualquiera dice en el momento en el que lo dice.

También se crea un Instituto Nacional de Radio y Televisión cuyos once miembros son designados directamente por el presidente de la República y cuyas sanciones podrán ser tomadas por el ministro de Infraestructura, a quien reportará directamente.

Aunque la Ley establece que queda prohibida la censura previa, distintas normas del instrumento legal la prevén, siendo el caso más evidente el del Artículo 133. que establece que dentro del marco de los procedimientos sancionatorios la autoridad pública podrá prohibir la difusión de programas que presuntamente infrinjan las normas de la ley. Sólo después de acordada dicha medida es cuando el medio podrá oponerse a ella a los efectos de que la misma sea levantada. De manera que, mientras esté en vigencia la medida la difusión del programa en cuestión está prohibida, lo que se traduce en censura previa.

La consultora jurídica de Globovisión considera que con las constantes amenazas por parte del presidente y mediante la utilización de mecanismos legales de escasa sustentación
se está abonando el terreno para cerrar el canal.

Estas medidas contra los medios de comunicación forman parte de una escalada que contempla también las constantes agresiones al resto de los poderes públicos.

El Ejecutivo ha descalificado las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que le han sido adversas, ha dado instrucciones a la Fuerza Armada para que desconozcan decisiones de los tribunales competentes, ha instado a una parte de la población a actuar directa y violentamente contra la empresa privada y contra individuos particulares, ha violado constantemente la letra de dos constituciones de la República de Venezuela, ha congelado los recursos económicos que por Ley corresponden a las gobernaciones y alcaldías del país, ha desconocido los escalafones en la Fuerza Militar para realizar los ascensos, ha obstaculizado las gestiones para determinar la verdad en los distintos eventos violentos ocurridos desde abril del año pasado y ha descalificado la participación de la OEA y del Grupo de Amigos en la mediación en la crisis nacional.

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