El jueves pasado la
organización envió cartas
al presidente de Venezuela Hugo Chávez y
al presidente de Colombia Andrés Pastrana instándoles a adoptar
medidas de protección para los refugiados y garantizar que sus pedidos
de refugio sean evaluados de acuerdo a los convenios internacionales.
"Familias enteras han
sido presionadas a regresar a Colombia a pesar de su temor de ataques
paramilitares," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la
división de las Americas de Human Rights Watch. "El retorno bajo presión
viola la obligación legal de los dos paises de proteger a los
refugiados."
El 29 de mayo, llegó un
grupo de paramilitares bajo el comando de Carlos Castaño, líder de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de Catatumbo, Norte de
Santander. Con lista en mano, los hombres armados empezaron a detener a
personas, y los que aparecían en la lista fueron ejecutados. El Defensor
del Pueblo de Colombia recibió información indicando que en una sola
barricada los paramilitares mataron por lo menos a 20 personas y
secuestraron a otras 15.
La ofensiva paramilitar
provocó un éxodo de más de 600 personas, la mayoría mujeres y niños.
Según observadores internacionales, más de 100 personas manifestaron que
no querían regresar a Colombia por temor y querían aplicar para estatus
de refugiados en Venezuela.
Sin embargo, el
gobierno de Venezuela los transladó a un cuartel de la Guardia Nacional
e impedió el acceso de los representantes del
Alto Comisionado para los
Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y otras ONGs. En el 11 de
junio, también fue impedida la presencia del ACNUR en una reunión que
auspició el gobierno venezolano con autoridades colombianos para
coordinar el retorno de los refugiados sin tomar en cuenta sus
solicitudes para estatus de refugiados.
También en el 11 de
junio, las autoridades venezolanas facilitaron una reunión entre un alto
oficial del ejército colombiano a cargo de la zona de Catatumbo y los
refugiados. El oficial habló en un tono intimidatorio, dejándoles
entender que los que no regresanban o los que informaron acatamiento
entre los militares y los paramilitares serán considerados partidario de
la guerrilla.
Las familias fueron
revertidas a Colombia a pesar de la ofensiva paramilitar que continúa en
la región