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Periodistas Perseguidos Pablo López Ulacio SIP llevara a instancias
internacionales caso de López Ulacio La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el caso del periodista y editor venezolano del semanario La Razón, Pablo López Ulacio, sea elevado a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar sus derechos como ciudadano y su derecho a la libertad de prensa. El jefe de la SIP, Danilo Arbilla, envió una comunicación fechada el pasado 12 de julio al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Claudio Grossman, exponiéndole los argumentos del caso. "A pesar de las medidas de la CIDH y considerando que el Estado venezolano mantiene su negativa a adoptarlas, le exhortamos, en nombre, de las mas de 1.300 publicaciones socias de la SIP, a que se realicen los tramites pertinentes para elevar este caso anta la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dice el documento. López Ulacio fue acusado de difamación por denunciar a voceros del Gobierno y empresarios, como el dueño de Multinacional de Seguros, Tobías Carrero Nacar, por haber cometido, presuntamente, hechos ilícitos. La SIP explicó que desde julio de 2000 viene protestando el trato parcial de la justicia venezolana contra López Ulacio y que los proceso judiciales en torno al caso han estado plagados de vicios y manipulaciones políticas, "por lo que no se le proveyó de un juicio imparcial". "Reiteramos que el hostigamiento, las amenazas de muerte y las campañas de desprestigio han continuado, lo que hace temer por la seguridad de López Ulacio y su familia. También se mantiene vigente una orden de detención preventiva, inusual en la legislación penal de Venezuela para las causas como la que se sigue contra el semanario La Razón", sostiene la SIP en el comunicado.
COMUNICADO DE PRENSA/ACTUALIZACIÓN DE ALERTA - VENEZUELA el 17 de julio de 2001 La SIP solicita que caso de periodista sea tratado en la Corte Interamericana FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miami **Actualiza las alertas de IFEX del 9 de julio y 16 de marzo de 2001, 2 de noviembre, 15 y 10 de agosto, 18 y 12 de julio de 2000** (SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 13 de julio de 2001: La SIP reclama garantía para periodista venezolano Miami (13 de julio del 2001) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) requirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el caso del periodista venezolano Pablo López Ulacio sea elevado a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de garantizar sus derechos individuales y de libertad de prensa. López Ulacio, director del semanario La Razón, de Caracas, fue acusado por difamación luego de publicar investigaciones sobre actos de corrupción en el que estarían involucradas personalidades empresariales y políticas de Venezuela. Desde entonces, tanto el semanario como el periodista y su familia han sido objeto de hostigamiento y amenazas. López Ulacio esta exiliado en Costa Rica. En una misiva dirigida a
Claudio Grossman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y firmada por el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, del semanario
Búsqueda de Montevideo, Uruguay, la A continuación el texto integro de la carta enviada el jueves 12 de julio. "La Sociedad Interamericana de Prensa ve con preocupación la situación del periodista venezolano Pablo López Ulacio, actualmente en Costa Rica, en cuyo caso el Estado de Venezuela no acató las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que consideramos que su expediente debe pasar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar sus derechos individuales y el respeto por la libertad de prensa. Desde julio del 2000, la SIP viene protestando por el trato parcial de la justicia venezolana contra López Ulacio, director del semanario La Razón, sobre quien pesa una acusación por presunta difamación por reportajes investigativos publicados en febrero de 1999, relacionados con hechos de corrupción que involucrarían a personalidades políticas y empresarios locales. Varias organizaciones dedicadas a la libertad de prensa y a los derechos humanos denunciaron que el proceso judicial estuvo viciado de manipulaciones políticas y que no se proveyó a López Ulacio de un juicio imparcial. En consideración a la situación de grave riesgo que padecen López Ulacio, los trabajadores del semanario y su familia, el pasado 7 de febrero la CIDH tomó acciones de emergencia encaminadas a favorecer al periodista. Tras esto, se le solicitó al Estado venezolano el cese del hostigamiento contra la libertad de prensa, que se levante la medida de censura previa que pesaba en su contra y que se garantice el pleno y eficaz ejercicio del derecho de defensa de López Ulacio. Reiteramos que el
hostigamiento, las amenazas de muerte y las campañas de desprestigio han
continuado, lo que hace temer por la seguridad de López Ulacio y su familia.
También se mantiene vigente una orden de detención Para mayor información,
comunicarse con Ricardo Trotti o Melba Jiménez, SIP, Edificio Jules Dubois,
1801 S.W. 3rd Avenue, Miami, Florida 33129 EEUU, telif: +1 305 634 2465,
fax: +1 305 635 2272, correo electrónico: Esta información es
responsabilidad de la SIP. Favor de reconocer a la SIP al difundirla.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitó la adopción de medidas urgentes para proteger los derechos a la libertad de expresión, las garantías judiciales y la libertad e integridad personales del periodista venezolano Pablo López Ulacio, director del diario La Razón. La solicitud fue hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), con sede en Washington, para que ésta las eleve ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José. El Centro por la justicia recordó que en marzo pasado la Comisión Interamericana solicitó medidas de protección en favor de López, pero éstas "no han sido eficaces", y afirmó que "las violaciones a su libertad de expresión, a la libertad e integridad personales y a las garantías judiciales continúan". La petición de medidas provisionales se basó en un procedimiento penal y censura impuesta por un juez a López Ulacio, al que prohíbe referirse a un proceso criminal por difamación e injuria iniciado en su contra, ya sea por medio del semanario, como por cualquier otro medio, informó Cejil. Hay que resaltar que la Cejil es una organización no gubernamental que promueve la plena observancia de las normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la organización de Estados Americanos (OEA) mediante el uso efectivo del sistema interamericano y otros mecanismos de protección internacional. La organización tiene sedes en Washington, San José y Río de Janeiro, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.
From: "IFEX Action Alert Network" <
alerts@ifex.org > 28 Junio 2001 Dr.
Claudio Grossman:
Sr. D. Jorge E. Taiana Sr.
D. Santiago Cantón Estimados Señores: El Comité Mundial para la Libertad de Prensa (conocido por sus siglas en inglés WPFC), el cual incluye a 44 organizaciones de libertad de expresión en los cinco continentes, expresa su grave preocupación por los ataques contra la libertad de expresión que sufren el semanario venezolano La Razón y su director, Pablo López Ulacio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el 8 de febrero a que el gobierno de Venezuela tomara medidas cautelares que protegieran las libertades tanto personales como de expresión del Sr. López Ulacio. Pero el gobierno venezolano continúa negándose a procesar la decisión de la comisión. Desde entonces, el acoso contra La Razón, sus trabajadores en incluso la familia del Sr. López Ulacio, se ha intensificado hasta el punto que algunos de ellos temen por su seguridad personal. La situación ha llegado a tal punto que el único recurso que resta a estas personas es apelar ante la CIDH para que el caso pase de inmediato a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El WPFC reconoce la urgencia de esta situación y le insta a la CIDH a que esta medida se tome a la mayor brevedad con el propósito de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales no sólo del Sr. López Ulacio, sino de los periodistas de La Razón en incluso de su familia. El Pacto de San José compromete a los países signatarios, incluyendo a Venezuela, a que se acaten las decisiones de la comisión en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno de Caracas, por medio de su Chancillería, ha descalificado la decisión tocante a este caso, calificándola de "intento de injerencia en asuntos internos de Venezuela". Desde comienzos de 1999, La Razón ha denunciado varios casos de supuesta corrupción cometidos por personeros ligados al actual gobierno venezolano. Las investigaciones sobre estas denuncias han quedado paralizadas en la Fiscalía General de la República. En cambio, varios medios de comunicación del Pals han denunciado que altos funcionarios del gobierno han conseguido la aceleración del juicio por presunta difamación contra el Sr. López Ulacio. Esta situación forzó a que el director de La Razón se exilara de su Pals. El WPFC denuncia estos ataques contra la libertad de expresión en Venezuela e insta al gobierno de ese Pals a que cumpla con sus compromisos internacionales respetando las recomendaciones de la CIDH en particular y las decisiones del resto del sistema interamericano de justicia en general. Respetuosamente,
Marilyn Greene, De
CPJ: Venezuela Country Report La
Razón López Ulacio, editor of the weekly La Razón, went underground after boycotting hearings related to a prominent businessman's criminal defamation suit against his paper. Prior to the editor's disappearance, La Razón was twice barred from publishing information related to the suit, and López Ulacio himself was twice placed under house arrest. The suit was filed by Tobías Carrero, a businessman with close ties to President Hugo Chávez Frías and National Legislative Assembly president Luis Miquilena. Carrero claimed that the honor and reputation of his insurance company, Multinacional de Seguros, had been damaged in September 1999 articles by La Razón journalist Santiago Alcala. Alcala, author of a column called "El Quirsfano" ("The Operating Room"), reported that in February 1999, the state-owned Guarantees and Banking Deposits Fund (Fogade) failed to solicit competitive bids before awarding major contracts to Multinacional de Seguros. Alcala raised similar questions about the September 1999 auction of the state-owned radio group YVKE Mundial to four radio stations controlled by Carrero. The suit was filed under Article 444 of the Criminal Code, which allows judges to impose criminal penalties, including jail sentences, in defamation lawsuits brought by private individuals. On June 30, Carrero's lawyer, Mayra Vernet, filed a petition to close down La Razón with presiding judge David Pérez. Pérez rejected the petition but issued an order prohibiting the newspaper from publishing information related to the suit. On July 8, López Ulacio was placed under house arrest after he failed to attend a series of court hearings related to the suit. In a telephone interview from his home, López Ulacio said he had boycotted the hearings to protest what he believed were tainted proceedings. On July 10, Chief Court Inspector Reni Molina called on Judge Pérez to recuse himself from the case, citing his "evident partiality." Pérez complied two days later, and the case was transferred to a new judge, Graudy Villegas. Villegas revoked the house-arrest order against López Ulacio on July 13, but continued to bar La Razón from publishing information related to the lawsuit. López Ulacio's lawyers subsequently asked Judge Villegas to overturn Judge Pirez's order. Judge Villegas refused, but scheduled a new court hearing for August 4. Lspez Ulacio also boycotted this hearing, and then became a fugitive when Judge Villegas ordered him placed under house arrest. Lspez Ulacio's lawyer, Omar Estacio, argued that the house-arrest order violated "basic rules of criminal procedure, which do not expressly prescribe house arrest for contempt." He also claimed to have received anonymous threats for defending Lspez Ulacio. The case was later brought before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). On November 8, CPJ wrote a letter to IACHR executive secretary Jorge Taiana and IACHR special rapporteur for freedom of expression Santiago A. Canton, arguing that Lspez Ulacio could not hope to receive a fair trial in Venezuela. On February 8, the IACHR granted injunctive relief. At press time, the journalist was living in exile in Costa Rica. From:
"IFEX Action Alert Network" <
alerts@ifex.org > IFEX
- Noticias de la comunidad internacional de la libertad de expresión ACTUALIZACISN DE ALERTA - VENEZUELA el 16 de marzo de 2001 Un mes cumplió exhorto de CIDH sobre caso de editor Venezolano FUENTE: El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Lima **Actualiza las alertas de IFEX del 2 de noviembre, 15 y 10 de agosto, 18 y 12 de julio de 2000** (IPYS/IFEX) - La semana pasada se cumplió un mes desde que el 08 de febrero de 2001 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) - de la organización de Estados Americanos (OEA) - exhortó al gobierno venezolano para que reponga el derecho al "debido proceso" que, según la organización hemisférica, se ha violentado en el caso del periodista venezolano Pablo López Ulacio, editor del semanario "La Razón". López Ulacio fue demandado en noviembre de 1999 por el empresario venezolano de los seguros, Tobías Carrero Nacar, a quien el semanario ha vinculado como financista de la campaña presidencial de Hugo Chávez Frías, acusándolo de beneficiarse con los contratos de seguros del Estado, ante lo cual el Juez 25 de juicio de Caracas ordenó la detención del periodista y le prohibió al impreso mencionar al citado empresario. Un conjunto de ingredientes ha rodeado el juicio, al punto que han generado una polémica nacional. Desde el segundo hombre del gobierno y máxima autoridad del partido de gobierno, Luis Miquilena, hasta las autoridades judiciales se han pronunciado en contra de López Ulacio, mientras que sectores de la sociedad civil y los gremios, como Manuel Isidro Molina, ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y la Asociación Civil Venezuela Posible han manifestado que contra López Ulacio se aplica un juicio sumario por la postura crítica de su gobierno. El presidente de la comisión que dirige a los jueces de Venezuela, Dr. Manuel Quijada, afirmó el 18 de julio de 2000 que "López Ulacio es un delincuente difamador". Mientras ese mismo mes, renunciaba a su cargo el Inspector General de Tribunales, Dr. René Molina, tras asegurar que "me voy porque no acepto las presiones que me están haciendo para que aniquile a López Ulacio". Previa a su renuncia, el Inspector de Tribunales venezolano destituyó al juez Pérez Perera, por considerar que había violentado el debido proceso en el caso de López Ulacio. Entretanto, al mes de haberse pronunciado el órgano de la OEA que atiende los asuntos relacionado con los Derechos Humanos, el abogado defensor del periodista, Dr. Omar Estacio, envió una carta al presidente de la República, Chávez, para responsabilizarlo de la suerte de López Ulacio, quien se encuentra huyendo de una orden de captura que pesa sobre sus hombros. El defensor del periodista asegura que el comunicador ha sido violentado en sus más elementales derechos, y que los tribunales venezolanos han cometido irregularidades como el no valer ni observar las pruebas que el medio de comunicación ha introducido en el juicio. El 20 de febrero, el abogado Estacio acudió ante el Juzgado 14 de juicio de Caracas, "para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH", relacionadas a los lapsos y las pruebas que no han sido respetadas, sin embargo, el tribunal no actuó. "Hace mas de un año existe acoso y violación masiva de los derechos humanos del periodista López Ulacio, sólo por el hecho de haber informado sobre presuntos actos de corrupción cometidos por altos personeros del gobierno", aseguró el abogado Estacio. ACCISN RECOMENDADA: Remitir apelaciones a las autoridades: - solicitándoles que se respeten los derechos del periodista y de toda la prensa venezolana - pidiéndoles que se cumplan los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Venezuela APELACIONES A: Hugo
Chávez Frías Dr.
Isaías Rodríguez
William Lara Iván
Rincón Gutiérrez Dr.
Germán Mundaramn Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible. Para mayor información, comunicarse con G|ido Lombardi o Jenny Cabrera, IPYS, Calle Sucre no 317, Barranco, Lima, Perz, tel: +511 247 3308, +511 247 0406, fax: +511 2 47 3194, e-mail: postmaster@ipyspe.org.pe , sitio Internet: http://www.geocities.com/ipyspe/ Esta
información es responsabilidad del IPYS. Favor de reconocer al IPYS al
difundirla. |
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