Los costos de la "revolución bolivariana" 2003
El paro cívico, el petrolero y el control de cambios

Alexander Guerrero Ph.D Economía

La respuesta política y social de la sociedad civil y sus instituciones, gremios y corporaciones en los últimos tiempos, esta enmarcada en la dinámica de destrucción y descapitalización – por deterioro del capital social de la nación- promovida por la “revolución bolivariana”.

Ese proceso político, se ha caracterizado –en diseños de políticas públicas- por exacerbar la intervención del estado en la economía, más allá de las barreras naturales del capitalismo. En este marco conceptual “revolucionario”, el diseño y toma de decisiones de políticas públicas se ha expresado en la acumulación de poder en un centro ejecutivo autoritario que ha debilitado continua y sistemáticamente la reproducción del capital y del mercado como medio de arbitraje por excelencia.

La desfiguración que sufre el régimen democrático por irrupción de la violencia política como mecanismo de arbitraje político, percola a la economía bajo la sumisión del mercado al centro totalitario de toma de decisiones en materia económica, la característica esencial del régimen es la administración de los precios a través de controles, estos están presentes hoy con carácter omnipresente en todas las esferas del proceso de creación de riqueza.

La reacción de la sociedad frente a esta “autoritarismo económica del estado y el gobierno como sumatoria de agentes económicos individuales ha ido en sentid contrario al esquema básico de creación de riqueza que caracteriza el régimen de propiedad privada y pleno ejercicio de os derechos de propiedad, descapitalización y pobreza.

En el área de la economía y sus instituciones, el llamado proceso revolucionario ha conducido la intervención del estado en la economía por vía de leyes, decretos y mecanismos jurídicos que hacen subsidiario la actividad económica privada y que ha llevado a la descapitalización, y masiva salida de capitales y del ahorro nacional.

Esa dinámica legislativa se ha conducido de espaldas a los mercados y en detrimento de los derechos de propiedad, lo que ha traído como consecuencia el incremento de los costos de transacción, proceso que ha acelerado la descapitalización por cierre de empresas y exportación del ahorro de la gente.

Lo anterior se manifiesta y expresa en la mutilación de mercados por el establecimiento de controles, por debilitamiento de los derechos de propiedad contenido en instrumentos jurídicos y normas constitucionales, proceso este catalizado por la violencia política e irrespeto directo de la propiedad privada.

En conjunto, esos fenómenos institucionales y políticos han encarecido los costos de transacción, lo que ha inducido la perdida de rentabilidad del proceso económico de creación de riqueza, causa fundamental del continuo y perverso proceso de descapitalización del factor humano, con el creciente desempleo que abarca a todos los sectores de población, particularmente a los sectores de la economía formal que han visto por primera vez desaparecer sus fuentes de trabajo.

La reacción social y política ante estos procesos de destrucción ha llevado al país por la senda de la violencia política, hasta los extremos de conducirla por eventos que podríamos caracterizar de suicidios colectivo, como lo constituyo el paro cívico y petrolero.

En esencia ha ocurrido una severa ruptura del marco jurídico requerido para el funcionamiento de una economía de mercado, quiebra de las reglas de juego, perdida de confianza, por descomposición de los contrabalances naturales del poder en una sociedad democrática que desee persistir en el marco de una economía de mercado.

En ese sentido es posible discernir en una “estructura de costos” que defina los factores – políticos, sociales y económicos- que han inducido el severo proceso de contracción económica en curso, identificando en primer lugar las llamadas variables de impacto y en segundo termino la dinámica de su evolución en el corto plazo.

Así se identifican, la propia dinámica contractiva de la economía que se arrastra des hace cinco trimestres, desde finales del 2001, el paro cívico, el petrolero como elementos sociales y políticos contenidos en el proceso de empobrecimiento y descapitalización de los sectores productivos, empresariales y laborales, y finalmente el control –torniquete- cambiario.

Este último factor, muestra una demoledora fuerza destructiva y contractiva de la economía, dada la incidencia de insumos importados para la industria, comercio, como en productos de consumo final. Es necesario acotar que el control de precios, induce las mismas consecuencias contractivas en la economía, caen la inversión, crece el desempleo y se contrae la demanda.

El resultado neto final de esos factores se siente en la aceleración del entorno de empobrecimiento que abarca en las actuales circunstancias no solo a los sectores de menores ingresos, cuyo salario real se contrae por efecto de la inflación y la perdida de empleo, sino en los sectores mas favorecidos, donde la perdida de empleos contrae no solo la demanda agregada de esos grupos, sino que lesiona los incentivos para la creación de pobreza, destruye capital social y el arruina el natural esfuerzo empresarial de la gente.

regreso a documentos