Violación de DDHH, un campo de confrontación política
Cuestionan papel parcializado de organismos públicos
Gitanjali Suárez Sarmiento- Unión Radio

Después de culpar directamente al gobierno, la Coordinadora Democrática ha hecho un punto de honor las constantes críticas contra la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo porque con su silencio mostraron complacencia ante los hechos violentos que sucedieron a partir del 27 de febrero, pero principalmente porque para los opositores con su mutismo demostraron que están más afectas al Ejecutivo que al ciudadano que representan.

Fue el 06 de marzo cuando en un comunicado de prensa, el Ministerio Público apareció para garantizar "total imparcialidad, objetividad y transparencia en el adelanto de todas las investigaciones iniciadas a propósito de los hechos de violencia desatados desde el pasado viernes 27 de febrero en Caracas y algunas ciudades del país".

Garantías que no convencieron a los miembros de la Coordinadora Democrática, porque en ese comunicado el Fiscal Isaías Rodríguez emitió conceptos similares a los de varios funcionarios del gobierno cuando justificaron la acción de la Guardia Nacional y criticaron a las policías municipales en manos de alcaldes y gobernadores opositores.

La institución manifestó que la situación de violencia "ameritó la intervención de la Guardia Nacional, toda vez que otros órganos de seguridad y prevención de algunos municipios y estados de la República dejaron de actuar ante estos hechos y no precisamente por haber sido rebasados en su capacidad, incurriendo presuntamente los funcionarios en posible responsabilidad penal con ocasión del ejercicio de sus funciones".

Una vez más, la CD insistía en el matiz político de las actuaciones de la Fiscalía. Resalta el caso del fiscal 4to con competencia nacional, Danilo Anderson, (quien se encargó de los hechos del 11-A) un funcionario con expresas inclinaciones hacia el chavismo a decir de la alianza opositora y quien fue llamado para que investigara diferentes casos de denuncias.

En varias ocasiones Delsa Solórzano y Rafael Narváez, de la Coordinadora Democrática, han manifestado que los fiscales se ven presionados para imputar cargos graves a los detenidos.

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó medidas de protección a favor de los detenidos en el internado de La Planta, a través del tribunal 44 en funciones de control del área metropolitana. También hizo lo mismo para los dos dirigentes de Primero Justicia, Celso Rodríguez y René Vargas, que fueron secuestrados y torturados con el fin de revelar el paradero del alcalde de Baruta y dirigente de ese partido, Henrique Capriles (a quien después de estar varios días en resguardo de una posible detención por un caso político, la Sala Penal del Tribunal Supremo ordenó su libertad plena).

La Fiscalía actuó a favor del caso del estudiante de la Universidad de Oriente, Miguel Pacheco, y del destacado músico Carlos Eduardo Izcaray, ambos con denuncias de haber sido torturados.

El juego de palabras del Defensor

Tampoco se escuchó por esos convulsionados días la voz del Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín. Prefirió que las aguas volvieran a sus cauces para dar una declaración a la agencia francesa AFP tres semanas después, donde admitía (y así quedó plasmado en el informe que entregó a la Asamblea Nacional) que hubo tratos crueles e inhumanos por parte de la Guardia Nacional contra los manifestantes, reconoció sólo nueve fallecidos, pero hizo una aclaratoria que molestó a la oposición. Aseguró que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos, a propósito de la detención del dirigente de la CD, Carlos Melo, en la cárcel de El Rodeo (Melo también salió en libertad absuelto por la Corte de Apelaciones).

De inmediato la Coordinadora Democrática rechazó este juego de palabras del Defensor, aunque también le respondió con otra frase: "No es lo mismo un Defensor del Pueblo, que un pueblo sin Defensor". La ONG Cofavic consideró como "nefasto" el informe del Defensor del Pueblo.

Anteriormente la Coordinadora había anunciado la sustanciación de un expediente contra Mundaraín, para ser llevado ante la Federación Iberoamericana de Ombudsman, presidida coincidencialmente por el miembro del Consejo Moral Republicano, así como hacerle entrega de una copia a los embajadores de algunos países acreditados en Venezuela.

"Este informe detalla las omisiones del abogado Mundaraín frente a la acción del Estado venezolano, conducente a provocar la violación reiterada, masiva y sistemática de los derechos humanos, desde el discurso confrontacionista y de incitación al odio hasta las muertes ocasionadas por la represión desproporcionada de sus órganos de seguridad", dijo la Coordinadora.

La apreciación del ciudadano que disiente del gobierno es la de no tener órganos públicos, como la Fiscalía y la Defensoría, en los cuales pueda confiar para iniciar una investigación imparcial de los hechos, de allí que muchos de los involucrados tengan temor a acudir a dichas instituciones porque creen que puedan tomar represalias en su contra. Es el temor a que se topen con alguien que les diga: "quién te mandó a protestar, pues".

http://www.unionradio.com.ve/Especiales/EspecialSubTitulo.aspx?SubtituloId=45

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