El Carabobeño
Jueves 11 de noviembre de 2004

Desaparecidos y prisioneros en estos tiempos

¿A la clandestinidad?

¿Clandestinos?

Ante el control político del gobierno sobre la Fuerza Armada, las instituciones estatales y judiciales y su utilización como herramienta de retaliación política, las ofertas de diálogo son sólo una cortina de humo para disimular su campaña de persecución, considera Jesús Torrealba, líder opositor

Luis Angel Yáñez

Valencia, noviembre 10 (REDACTA).- Luego de las elecciones regionales en las que el oficialismo obtuvo el 90% de las gobernaciones y el 75% de las alcaldías del país, analistas opinan que el próximo paso del oficialismo para desaparecer la disidencia política en el país es encarcelar o, en todo caso, perseguir a la mayor cantidad de personeros de la oposición, razón por la cual algunos líderes opositores han decidido esperar en la clandestinidad el desarrollo de los acontecimientos.

Ante el control político del gobierno sobre la Fuerza Armada, las instituciones estatales y judiciales y su utilización como herramienta de retaliación política, las ofertas de diálogo son sólo una cortina de humo para disimular su campaña de persecución, considera Jesús Torrealba, líder opositor.

“A esta acumulación de poder y pretensiones de criminalizar a la disidencia, se unen algunas acciones gubernamentales concretas -que están en proceso- de persecución contra ciudadanos y ex militares que participaron en manifestaciones políticas en abril de 2002; contra ex alcaldes, ex gobernadores y ex altos funcionarios policiales de oposición, acusándolos de diversos delitos; contra periodistas o ciudadanos comunes que han opinado con respecto a determinadas actividades del régimen”, expresó.

¿Juicios a diestra y siniestra?

En efecto el fiscal público Danilo Anderson dijo, a principios de esta semana, que esperaba completar en los próximos dos meses la acusación formal de todos los implicados, que incluye a prominentes empresarios, abogados, políticos y militares retirados.

El grupo, conformado mayoritariamente por civiles, es acusado de ser testigo o haber redactado o firmado un decreto el 12 de abril del 2002, que disolvió la Constitución venezolana y al Parlamento, un día después de que Chávez fuera derrocado por generales y almirantes.

“Estas personas están siendo imputadas por el delito de rebelión civil (...) por realizar cambios violentos a la Constitución de la República”, dijo el fiscal de ambiente con competencia nacional.

Anderson dijo que planeaba imputar a los superiores de los policías -al ex alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, y a dos ex comandantes de la Policía Metropolitana- por homicidio y por dejar que funcionarios usaran armas automáticas y subametralladoras que él llamó “armas de guerra”.

A todas estas, opositores califican como un manejo desequilibrado por parte del fiscal, anteriores casos llevados contra pistoleros seguidores de Chávez y contra policías acusados de disparar en una marcha de la oposición el 11 de abril del 2002, que precedió al derrocamiento del gobernante.

Entre los instrumentos que prepara el oficialismo se encuentra la reforma del Código Penal, que ha sido introducida en la Asamblea y que contiene una serie de disposiciones que convierten en delitos, incluso contra la patria, la disidencia o disentimiento de opiniones políticas, también pena la percepción de recursos y asistencia financiera del exterior por parte de las organizaciones no gubernamentales.

El bloque social demócrata de la Asamblea Nacional, conjuntamente con el grupo parlamentario Vamos que lidera el diputado Rafael Simón Jiménez, propuso retomar la discusión de la Ley general de Amnistía Política, que fue presentada en mayo de 2002, tras los sucesos del 11 de abril de ese año.

El diputado de Copei, Freddy Lepage, hizo un llamado al Bloque del Cambio para que hagan buenas las palabras del Presidente de la República y del vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, quienes siempre hablan de diálogo y reconciliación.

“Esta es una manera concreta de hacer efectivo ese diálogo”, dijo Lepage, quien precisó que los seis artículos de la Ley de Amnistía Política norman el fin de la persecución penal derivada de los sucesos de abril y de lo que ha ocurrido posteriormente.

Detalló que con la aprobación del instrumento legal se procedería al sobreseimiento de las causas de todos los procesos políticos en curso, la anulación de los juicios terminados o con sentencia firme con relación a estos sucesos y la cesación de todos los procesos administrativos, civiles y militares que han tenido lugar desde entonces.

El diputado hizo la salvedad de que no estarían contemplados delitos que se hubiesen cometido contra la vida o los derechos humanos. “No solicitamos que se incluyan aquellos delitos de lesa humanidad o que atentaron contra los derechos humanos, porque eso es una materia distinta”, enfatizó.

Para Lepage es crucial la aprobación de esta breve ley “si se quiere tranquilizar al país, si se quiere normalizar la vida nacional y si se quiere buscar la gobernabilidad en beneficio de todos los venezolanos, sin exclusiones”.

AMNISTIA POLITICA

Se trata de conceder amnistía política general y plena a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos, o conexos con delitos políticos, hasta octubre de 2004.

En consecuencia, quedarían amparadas por la presente Ley, todas aquellas personas que hubieren sido procesadas o no, en proceso o condenadas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos o conexos con delitos políticos previstos o conexos con delitos políticos previstos en la legislación penal ordinaria o penal militar. Los efectos de la amnistía se extenderían a todos los autores y participantes de tales delitos.

Para Jiménez existe un “problema político de por medio” y lo prioritario es la normalización y el entendimiento de los venezolanos y a ese tema es al que se le debe dar prioridad.

El diputado del Bloque Socialdemócrata señaló que lo que se solicita es la reactivación de la discusión, e hizo un llamado al bloque oficialista para iniciar el análisis de este proyecto de Ley.

Lepage agregó que en la Ley solicitamos la finalización de la persecución penal en el caso de los sucesos de abril, el sobreseimiento de todos los procesos políticos en curso, la anulación de los juicios terminados o los juicios con sentencia firme respecto a los sucesos de abril y la cesación de todos los procesos administrativos a civiles y militares ocurridos durante este tiempo.

Obviamente hacen la salvedad de aquellos delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos.

Lepage se refirió al papel del alto gobierno que “habla de reconciliación y de paz y le tomamos la palabra y que se retome la discusión de esta Ley y sea adaptada que traiga paz y tranquilidad a los venezolanos. El país necesita paz y reconstruirse.

Advirtió que si se quiere tranquilizar el país, normalizar y buscar la gobernabilidad de los venezolanos sin exclusiones, éste es un instrumento que contribuiría a ello.

Prisioneros políticos, en Caracas

Según datos de Provea, publicados a través de la página www.vcrisis.com: <http://www.vcrisis.com
  >

1. Luis Guillermo Pérez Amoros. Prisionero en el Helicoide, (Liberado 05.04.04 después de 37 días de detención Ilegal)
2. Pedro Vásquez, prisionero en el Helicoide, (liberado 05.04.04 después de 37 días de detención Ilegal)
3. Juan Francisco Conde, liberado
4. Jorge Enrique López, ((Liberado 06.04.04 después de 40 días de detención Ilegal)
5. Adan Lozano Duarte, (Liberado 06.04.04 después de 40 días de detención )
6. Alfredo Ramos, liberado
7. Macario González, liberado
8. César Bello, liberado
9. Ismely Torrenz de Pulido, liberado
10. Santiago Monteverde, (Liberado 05.04.04 después de 37 días de detención Ilegal)
11. Carlos Melo, (Liberado 06.04.04 después 40 días de detención Ilegal)
12. Rodrigo Alegrett, detenido en el retén de La planta (Torturado) Liberado el 31.03.04 luego de 32 días de detención ilegal)
13. José Ricardo Di Guida De Sola, liberado
14. Justo Mendoza, liberado
15. Félix Clavijo, liberado
16. John Segovia, liberado
17. Francisco Otazo, liberado
18. Pedro Sequera, liberado
19. Jesús López,
20. Nelly Torres,
21. Oscar Giménez,
22. Orlando Duque,
23. Freddy Pineda,
24. Roger Padilla,
25. José Dorante,
26. Adelino García,
27. José Gabriel Revilla,
28. Eliécer Patiño,
29. Jesús Campos Rauseau,
30. Juan Carlos Asuaje,
31. Marcos Julio Vivas,
32. Humberto Agudo,
33. Angel Muñoz,
34. Richard Alvarez,
35. Luis Navas,
36. Yalibeth Trejo,
37. María Vargas,
38. César Chacón,
39. Miguel Plá,
40. Ronald Rojas,
41. Jesús Rodríguez,
42. José Valenzuela,
43. Tomás Lozada,
44. José Manuel Mora,
45. Alejandro Colmenares Ochoa
46. Andrés Ignacio Machado Núñez
47. Carlos Roberto Chacón Lanz
48. Onofrio Anesse,
49. Ricardo Sanabria
50. María Gabriela Ventosilla
51. Juan Cristóbal Mendoza,
52. Alejandro Helmeyer Tinoco,
54. Daniel Blanco,
55. Espositto Miranda,
56. Jose la Rosa Angola,
57. Carlos Barrios Freites,
58. Bautista Jose Torres,
59. José Ramón Merlo, Prisionero en La Planta, liberado 31.03.04 después de 32 días ilegales de detención)
60. David Amundarain, Prisionero en La Planta, liberado 31.03.04 después de 32 días de ilegal detención)
61. José Rafael Peralta Medina, Prisionero en La Planta, liberado 31.03.04 después de 32 días de ilegal detención) )
62. Heber Gustavo Prado, Prisionero en La Planta, liberado 31.03.04 después de 32 días de ilegal detención)
63. Angel Kemp Daviot, Prisionero en La Planta, liberado 31.03.04 después de 32 días de ilegal detención)
64. Leonardo Ronei, liberado
65. Wilmer González, liberado
66. Gonzalo Ayala Páez Pumar, liberado
68. Domingo Bottome, liberado
69. Luis Alfredo Caceres, liberado
70. Richard Barros, liberado
71. Lorenzo Carrieri, liberado
72. Antonio Márquez Olmer, liberado
73. Orlando Batista Torres, liberado
74. Jorge Espósito Miranda, liberado
75. Asdrúbal Rojas [ID.17019426], liberado
76. Angel Cacique, liberado
77. Oliver Márquez,
78. Carlos Alfonso Martínez
79. Roberto Rasquin,
80. Miguel Angel Montes,
81. Johan Romero Petit,
82. Henrique Capriles Radonski,
83. Dulce Bravo,
84. Vasco da Costa,
85. Ovidio Poggioli,
86. Francisco Uson, sentenciado a 5 años y seis meses en prisión en octubre 12 2004.
87. Luis Eduardo Salazar.

El CASO BUSTILLOS
El más reciente caso de temor a las acciones gubernamentales lo representó la desaparición del coronel Silvino Bustillos. Desde el pasado 31 de octubre se desconoce su paradero. Ese día, según declaraciones del propio ministro de la Defensa, Jorge García Carneiro, el militar, uno de los primeros oficiales disidentes frente a las políticas del actual gobierno, fue perseguido por una comisión de Inteligencia de la Guardia Nacional, integrada por un teniente y dos soldados, contra quienes se ordenó la apertura de una averiguación en fiscalía.

Previo a esta decisión, el periodista Manuel Isidro Molina declaró que, según fuentes bien informadas, al coronel Bustillos lo habían asesinado, durante una sesión de torturas, en los calabozos de la DIM.

Esta información generó un gran revuelo en el país, pues evidenciaría un irrespeto a las normas constitucionales que preservan los derechos humanos y la vida en democracia.

No obstante, el pasado martes, el abogado del militar, Guillermo Heredia, informó que el coronel Bustillos está vivo, pero que “está escondido porque teme por su vida”. (Nota del editor: ya esto ha sido desmentido)

Otro caso, pero por distintas razones, lo representa el del ex alcalde Mayor Alfredo Peña, a quien no se ha podido ubicar para seguirle un proceso por presunta malversación de fondos en la firma de un contrato colectivo con los médicos del Distrito Metropolitano.

Ambos están ocultos y, según se ha informado, existe el temor frente a las represalias que el Gobierno Nacional pudiera tomar contra ellos. Esta es una realidad palpable, que se vive hoy día en Venezuela

http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a111104b11&id=t111104-b11

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