CASO TULIO ALVAREZ

 

Soy abogado venezolano con cuarenta y tres (43) años de edad. He ejercido la docencia por veintidós (22) años y actualmente soy profesor titular de Derecho Constitucional en las Universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Santa María (USM). En el litigio, he dirigido los casos fundamentales de defensa del medio ambiente (Imataca, Derrames Petroleros, Tendido Eléctrico a Brasil y contaminación del Lago de Maracaibo por el transporte de Carbón); defensa de comunidades indígenas (Explotación Minera en el estado Bolívar y en la Sierra de Perijá, Estado Zulia) y de Derechos Humanos (Defensa de Trabajadores, Jubilados y Funcionarios Públicos). Finalmente, he ejercido la defensa, aunque no es mi especialidad, de muchos periodistas y comunicadores sociales que sufren la persecución política del régimen. Todas estas situaciones son hechos notorios en Venezuela.

 

Al día siguiente que el señor Hugo Chávez Frías gana las primeras elecciones presidenciales, en el año 1998, me invita a cenar para proponer mi incorporación a una Comisión por él Presidida encargada de la elaboración de las bases de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Integre la Comisión Constituyente y en la practica redacté las bases de todo el proceso a pesar de que no apoyé políticamente al señor Chávez ni a ningún otro candidatos en esa elección.

 

Después de cinco (5) meses de trabajo diario, en que compartía con el señor Chávez permanentemente, en forma inesperada, cambia el mecanismo de elección y lo transforma de un proceso en que se daba la participación proporcional de las minorías (lo tradicional en Venezuela) a un proceso mayoritario absoluto. Le advertí al Presidente que los sistemas comparados demuestran que, este último mecanismo, garantiza el control absoluto de los cuerpos deliberantes y que esa situación anularía el propósito de la Asamblea Constituyente. Él lo impone. En ese momento, sin lugar a dudas, comprendo que el objetivo político, más que lograr las reformas que el país anhelaba, era el control paulatino institucional del estado Venezolano. Me retire de la Comisión y nunca más conversé con el señor Chávez.

 

El resultado final de selección demostró lo obvio; con el cincuenta y tres por ciento (53%) de los votos, el oficialismo obtiene el noventa y siete por ciento (97%) de los escaños. Casi inmediatamente a la instalación de la Asamblea Constituyente, sin que el pueblo aprobara el texto de la Constitución, intervienen al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y demás órganos del Estado, sustituyendo arbitrariamente a sus titulares.

 

Lo cierto del caso es que desde ese momento comencé una férrea oposición política al régimen. Esto era inevitable, casi una consecuencia de mi actividad profesional, como sucedió con el Gobierno precedente del señor Rafael Caldera. En el año 2000 inicié un juicio penal por el financiamiento ilícito de la campaña electoral de Chávez y del Movimiento Quinta República, MVR (Su partido). En el año 2001 solicité la nulidad del convenio de suministro petrolero a Cuba. En el año 2002 acusé penalmente al señor Chávez por el mismo caso del convenio petrolero con Cuba e intenté un antejuicio de mérito contra Julián Isaías Rodríguez Díaz, Fiscal General de la República, por denegación de justicia y fraude procesal.[1]

 

La totalidad de mis casos en el Tribunal Supremo de Justicia, T.S.J. han sido objeto de demora deliberada y vencimiento de los lapsos sin que se asuma decisión, en evidente denegación de Justicia. El presidente del máximo Tribunal declaró que yo soy un abogado en la lista negra. Las veces que deciden, por la tardanza, ya la situación subjetiva que se reclama y el daño son irreparables.

 

La Sentencia N° 39 del 24-9-02 del Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del T.S.J. declaró inadmisible para su tramitación la solicitud de antejuicio de mérito intentada por mi contra Chávez pero ordenó remitir copia certificada del expediente y el videocassette consignado como recaudo probatorio al Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez Díaz.

 

El caso esta congelado en la caja fuerte del Fiscal. Esto generó un amparo contra el Fiscal, el 10 de febrero de 2004, alegando un caso precedente e idéntico en el que la Sala Constitucional fijó un lapso de seis (6) meses, de acuerdo con la ley procesal penal venezolana, para que decidiera si imputaba o no. La Sala Constitucional primero congeló el caso y, meses después, obviando el carácter sumario de los amparos que deben ser decididos en días, dictó Sentencia contra su propia Jurisprudencia y precedentes, al declarar que no era admisible.

 

El  24 de mayo de 2004, intenté un recurso nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional, en fecha 18 de mayo de 2004, publicada en la gaceta oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004. El Recurso acumulaba un amparo para evitar

la designación de magistrados en forma inconstitucional. Me explico. La Constitución ordena la conformación de un Comité de Postulación integrado por la sociedad civil y bajo la supervisión del TSJ, además que deben ser designados por las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. La Ley aprobada establece lo contrario, subordinó el Comité a la Asamblea Nacional y que deben ser designados por mayoría simple.

 

El pasado lunes 13 de diciembre, la Asamblea Nacional controlada por escaso margen por el oficialismo designó diecisiete (17) de los treinta y dos (32) Magistrados principales y la totalidad de los suplentes con la mayoría simple de los votos. Aunque usted no lo crea, antes de la sesión y el mismo día, el Presidente del Comité de Postulaciones Dip. Pedro Carreño afirmó que todos serían elegidos por su compromiso revolucionario y militancia partidista. Inclusive dos (2) diputados del M.V.R. fueron designados como Magistrados principales. El miércoles 15 pasado, el Diputado Luis Velásquez Alvaray, en el momento de su juramentación ante la Asamblea Nacional como nuevo Magistrado a la Sala Constitucional, ratificó su compromiso revolucionario.

 

Ante la designación de Magistrados en esa forma, acudí el martes 14 de diciembre a la sede del TSJ y desistí del recurso de nulidad contra la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el amparo que buscaba impedir la designación de los nuevos Magistrados. Públicamente, con la cobertura de medios televisivos, radiales e impresos, manifesté que el desistimiento obedecía a la permanente denegación de Justicia y a la violación del principio del Juez Natural ya que los nuevos Magistrados no eran idóneos e imparciales. Anuncié ante el país, y ese anuncio tiene algún valor por mis antecedentes como litigante y académico, que no presentaría recurso alguno ante ese Tribunal y que no pisaría más esa sede para “no formar parte del teatro y el estado de Injusticia que vive Venezuela”.

 

Al día siguiente, un Juez penal, en forma inédita, dicta una medida de prohibición de salida del país en mi contra por un proceso por difamación incoado por el Jefe del MVR, diputado William Lara. El Sindicato y la Asociación de Jubilados de la Asamblea Nacional, a la cual yo representaba, intentó un antejuicio de mérito en contra de Lara por el desvió de dos mil millones de bolívares de la Caja de Ahorro que los ampara. Es la primera vez, en la historia judicial del país, que se dicta una medida de esta naturaleza en un juicio por difamación que no se ha iniciado ya que la ordenaron en la audiencia conciliatoria.

 

Ante el escándalo público, entre otras cosas porque el que anuncia la medida es el propio jefe del MVR y además indica que el día 13 de enero seré condenado a treinta (30) meses de Presidio, alegué en los medios de comunicación que la medida de prohibición de salida del país en mi contra es un reflejo de la selección inconstitucional de unos nuevos Magistrados del T.S.J. con base a su “compromiso revolucionario”; y que, el efecto de ese control institucional, bajó a todo Juez de Venezuela que se siente destituido si no sigue las instrucciones impartidas por el Gobierno o los líderes del oficialismo. A esa medida, dictada en un acto conciliatorio, no puede seguir otra consecuencia que una condenatoria por un delito inexistente.

 

Quiero afirmar ante usted que actúe permanentemente como profesional del Derecho en un juicio incoado contra Lara por trabajadores y jubilados de la Asamblea Nacional. Él demanda por considerar que lo difamé con la publicación  de un informe emanado de la Superintendencia de Caja de Ahorros, ese es su único alegato en el expediente. El artículo supuestamente difamatorio indicaba lo siguiente:

 

“En la administración de William Lara, al frente de la Asamblea Nacional, por cuya gestión existe una solicitud de antejuicio de mérito pendiente ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia intentada por trabajadores y jubilados de la institución, fue utilizada la cantidad de dos millardos de bolívares de la Caja de Ahorros de los trabajadores para cubrir otros gastos del cuerpo legislativo.

 

Hasta la fecha, solamente se han hecho abonos parciales por lo que la deuda alcanza la cantidad de mil setecientos un millones setecientos veintitrés mil trescientos diez y siete bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 1.701.723.317,25), en este momento. Y esto no lo digo yo, lo dice Iván Rafael Delgado Abreu, Superintendente de Cajas de Ahorro adscrita al Ministerio de Finanzas, mediante comunicación DDS-OAL-1841 recibida en la oficina del actual Presidente de la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2003”.

 

La Sala Plena del T.S.J dictó una sentencia el 18 de agosto de 2003 en la que declara inadmisible, por cuestiones formales, la solicitud de los jubilados y trabajadores pero remite el expediente al Ministerio Público para que inicie una investigación contra Lara y considere la solicitud de antejuicio de mérito que esta aun pendiente. De forma tal que no existe pronunciamiento alguno que lo libere de responsabilidad. Es importante acotar que esta situación  ha sido utilizada por sus enemigos políticos, en el mismo seno del chavismo, para bloquear su aspiración de presidir nuevamente a la Asamblea Nacional el próximo año.

 

Lo más grave de esta trama es su connotación electoral y política. A raíz del referendo revocatorio del 15 de agosto de este año, inmediatamente al evento, la oposición venezolana me designó oficialmente como Coordinador General del equipo multidisciplinario conformado por cincuenta (50) profesores de las universidades venezolanas que investigó el fraude cometido. Como tal, fui el responsable de la redacción de los informes de fechas 8 de septiembre y 15 de octubre que tuvieron un impacto brutal en la opinión pública venezolana y en la deslegitimación del señor Chávez. El equipo tuvo dos coordinadores, científico y técnico, dada la connotación tecnológica del proceso de automatización. Uno de ellos fue rector de la Universidad Simón Bolívar. Creo necesario acudir a instancias internacionales por cuanto todo apunta a mi arresto en fecha 13 de enero de 2005. Tuve la prudencia de documentar mediante certificaciones todos estos procesos. Esto lo digo porque ahora, ante evidentes acciones que intentaré, me han negado el acceso a los expedientes. Atentamente,

 

Profesor Tulio Alberto Álvarez

tulioa@telcel.net.ve


[1] El fiscal fue candidato del MVR al Senado y a la Asamblea Nacional Constituyente en las dos elecciones en que se recibió el financiamiento ilícito del Banco Bilbao Vizcaya y aun así continuo bloqueando la investigación. Además, fue Vicepresidente de la Asamblea Constituyente y de la República designado por Chávez hasta que lo eligen en el cargo que actualmente ocupa. Este es el funcionario que dirige las investigaciones en Venezuela y congela las acusaciones contra Chávez, en forma por demás grosera.

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