DECLARACIÓN PRELIMINAR

 

 

La alta participación, el carácter pacífico y la aceptación generalizada de los resultados de la Elección Presidencial de Venezuela abren el camino a mejoras sustanciales en la calidad y la confianza ciudadana en los procesos electorales

 

 

Caracas, 5 de diciembre de 2006

 

Este informe presenta las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) Venezuela 2006. La Misión inició su despliegue el 15 de noviembre en respuesta a una invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar la elección presidencial de Venezuela del 3 de diciembre de 2006.

 

La Misión está encabezada por Mónica Frassoni, diputada del Parlamento Europeo y cuenta con un total de 154 observadores de la Unión Europea, Suiza y Noruega, desplegados en 17 Estados y el Distrito Capital para acompañar y evaluar el proceso electoral, de acuerdo con la metodología establecida por la Unión Europea, la “Declaración de Principios de la Observación Electoral Internacional”, adoptada bajo los auspicios de Naciones Unidas en octubre de 2005, las Normas sobre el Régimen de Observación Electoral Internacional en la Elección Presidencial de 2006, dictadas por el CNE el 5 de octubre de 2006, y el Acuerdo de Observación firmado por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela y la Unión Europea el 15 de noviembre de 2006. Una delegación del Parlamento Europeo presidida por el diputado Manuel Medina Ortega e integrada por otros seis parlamentarios se unió a la MOE-UE el 30 de noviembre.

 

Esta declaración se pronuncia antes de que el proceso haya concluido. La Unión Europea permanecerá en el país hasta el 19 de diciembre para observar el periodo poselectoral, que incluye los posibles reclamos presentados con posterioridad a la jornada electoral. En febrero de 2007, la Misión enviará a una delegación de representantes a Caracas para presentar las conclusiones finales de su observación.

 

La MOE-UE desea dejar constancia de su agradecimiento por la cooperación y disponibilidad que le brindaron durante su estancia en el país el Consejo Nacional Electoral, las autoridades institucionales, partidos políticos, grupos de observación y la sociedad civil de Venezuela.

 

 

1. El proceso electoral cumplió en general con los estándares internacionales y la legislación nacional en lo que se refiere a la actuación de la administración electoral  y al sistema de voto electrónico. La alta participación en la Elección Presidencial de 2006, la atmósfera pacífica en la que transcurrió y la aceptación de los resultados por los candidatos abren el camino a mejoras en la calidad y confianza ciudadana en los procesos electorales y del diálogo entre los principales actores institucionales y políticos del país.

 

2. La MOE-UE aplaude los esfuerzos realizados por la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, elegida en abril de 2006, los partidos políticos y los movimientos de la sociedad civil, por crear las condiciones suficientes para la celebración de elecciones aceptadas por todas las partes, demostrando con hechos su voluntad de llegar a acuerdos sobre aspectos cruciales del proceso electoral.

 

3. Sin embargo, la MOE-UE ha detectado problemas persistentes durante la campaña, como la fuerte propaganda institucional puesta al servicio del presidente y candidato Hugo Chávez y, en muchísima menor medida, del gobernador del Zulia y candidato Manuel Rosales; el desequilibrio informativo de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, sin que el CNE tomase medidas correctoras; y la participación de funcionarios públicos en actos del candidato oficialista, ya sea por voluntad propia o debido a presiones de terceros.

 

4. El sistema de voto electrónico implantado en Venezuela es eficaz, seguro y auditable, con un equipo técnico acorde a su avanzado nivel tecnológico.

 

5. El uso de captahuellas no supone una violación de la seguridad de la elección ni una vía de fraude, aunque tampoco tiene una relevancia directa sobre el ejercicio de voto; además no cuenta con la confianza de una parte importante del electorado y, en ocasiones, provocó esperas innecesarias durante la jornada electoral.

 

6. Los observadores europeos evaluaron positivamente la calidad del proceso electoral en el 85% de las mesas visitadas el 3 de diciembre y la valoración de los miembros de mesa en cuanto a su conocimiento de los procedimientos electorales fue buena en el 76% de los casos, lo que deja un margen de mejora en la gestión electoral. En cuanto a la auditoría de cierre, el sorteo de mesas y el conteo de comprobantes se desarrollaron sin problemas de importancia. En todos los centros de votacion observados se auditaron el número correcto de urnas.

 

 

Entorno preelectoral y campaña

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) ha percibido desde su llegada al país en el mes de noviembre una mejora notable en la atmósfera política con respecto a la que vivía el país antes de las Elecciones Parlamentarias de 2005. Esta mejora puede atribuirse, entre otras razones, a los esfuerzos de la mayoría de los partidos de oposición y gobierno por movilizar a su electorado y a la renovación de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

Estas dos causas han ayudado a reducir la profunda crisis de confianza en el sistema electoral, que alcanzó su punto álgido pocos días antes de las Elecciones Parlamentarias de 2005, cuando la oposición decidió retirarse del proceso electoral. Desde entonces, los partidos de oposición han centrado gran parte de sus energías en recuperar la unidad y el favor de votantes que ellos mismos habían llevado hacia el abstencionismo.

 

En la aceptación de las condiciones electorales no sólo han sido decisivos los esfuerzos de concertación de los partidos y la gestión de la CNE, sino también la actuación de los movimientos de la sociedad civil y de los grupos de observadores de Venezuela. Entre estos últimos grupos, la MOE‑UE desea destacar a la ONG Ojo Electoral por su compromiso con la obtención del consenso en torno a unas reglas de juego aceptables para todas las partes.

 

Al margen del consenso sobre las condiciones suficientes para concurrir a las elecciones, la MOE‑UE ha detectado problemas persistentes durante la campaña, como la fuerte propaganda institucional puesta al servicio del presidente y candidato Hugo Chávez y, en muchísima menor medida, del gobernador del Zulia y candidato Manuel Rosales; el desequilibrio informativo de los medios de comunicación, tanto públicos como privados; y la participación de funcionarios públicos en actos del candidato oficialista.

 

La MOE-UE recibió numerosas denuncias de presiones a funcionarios públicos para que votasen por el presidente Hugo Chávez o participasen en sus actos de campaña electoral. Aunque la Misión no contó con los instrumentos necesarios para valorar la autenticidad y generalización de cada caso, sí evaluó el más notorio de los que salieron a la luz pública durante la campaña electoral: el discurso pronunciado ante funcionarios de la empresa estatal de petróleos por el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Dicho caso originó la apertura de una averiguación administrativa del CNE, que actuó de oficio y por unanimidad, pero no emitió un veredicto antes de las elecciones.

 

Sin menoscabo de la autoridad del CNE para emitir un veredicto sobre el caso, la MOE-UE considera que dichas declaraciones, podrían entrar en conflicto con el principio internacional de la libertad de voto y, más particularmente, con el artículo 4, numeral 5 de la Declaración sobre los Criterios para Elecciones Libres y Justas de 1994 de la Unión Interparlamentaria, de la que forma parte la Asamblea Nacional de Venezuela, según el cual “los Estados deben tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar que el principio del voto secreto es respetado y que los votantes pueden ejercer su derecho al voto libremente, sin miedo ni intimidación”.

 

Por otra parte, la mayoría de las leyes electorales a nivel internacional limitan la participación de funcionarios públicos en actos de campaña y la legislación venezolana no es una excepción a esta práctica. El artículo 215 de la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política dice: “Los empleados y obreros de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar sus funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley”.

 

No obstante, observadores de la MOE-UE fueron testigos de la extendida participación de funcionarios públicos, identificados como tales, en actos de campaña. También se constató la difusión de manifiestos de adhesión de empleados públicos a la candidatura del presidente Hugo Chávez. Tales hechos están en contradicción con las buenas prácticas electorales internacionales y podrían contravenir también la propia ley venezolana.

 

En el capítulo de educación al votante, cabe decir que el CNE puso en marcha intensas campañas de divulgación ciudadana, a través de ferias electorales y campañas publicitarias en los medios de comunicación, para informar a los ciudadanos sobre el proceso de votación electrónico y la inscripción en el registro. Sin embargo, la MOE-UE ha observado que no resultaron del todo suficientes y que algunos electores necesitan un mayor grado de conocimiento del sistema que les permita ejercer eficientemente el derecho a voto e incrementar su confianza en el voto electrónico.

 

Administración electoral

La manera en que la directiva del CNE, elegida en abril de 2006, ha conducido el proceso electoral ha contribuido a generar la confianza suficiente para que los partidos políticos de oposición se presentasen a la Elección Presidencial de 2006, a pesar de que sus cinco rectores principales fueron designados por una Asamblea Nacional en la que estos partidos no están representados. Esto no ha impedido, sin embargo, que sectores importantes de la oposición hayan considerando al CNE como un órgano no suficientemente independiente a lo largo del proceso electoral.

 

El diálogo de las nuevas autoridades electorales con todos los partidos políticos ha producido acuerdos sobre asuntos que habían dado lugar a encendidas polémicas en el pasado. Entre los acuerdos más notables alcanzados están la elección de miembros de mesas de votación mediante un sorteo público auditado por los partidos políticos, el aumento del número de mesas electorales en las que se contaron los comprobantes de voto, desde el 47% de 2005 a un 54% para la Elección Presidencial de 2006, porcentaje que incluye a la totalidad de los centros de votación del país, y la realización de auditorías en las que participaron técnicos de partidos políticos y grupos de observadores internacionales, en las que se constató un alto grado de consenso entre todas las partes implicadas en cuanto al correcto funcionamiento del sistema de votación electrónico.

 

En las dos semanas previas a las elecciones del 3 de diciembre, los partidos que disputaron la presidencia al candidato Hugo Chávez hicieron llegar a la MOE‑UE una serie de peticiones, cuyo estricto cumplimiento demandaban al CNE a riesgo de desconocer el resultado electoral. A menos de una semana de las elecciones, la MOE-UE obtuvo del CNE la confirmación de que todas las peticiones habían sido aceptadas. Su cumplimiento pudo ser atestiguado en la jornada electoral.

 

Menos polémica que en las elecciones de 2005 fue la cuestión de la utilización de 12.000 máquinas captahuellas, distribuidas en los centros de votación de más de 700 votantes del Distrito Capital, Zulia, Miranda, Táchira, Apure, Anzoátegui, Monagas y Carabobo. Aún así, algunos candidatos de oposición protestaron por su utilización, alegando que su uso fue discriminatorio por no estar en todo el país. Aunque aceptando que no podían ser usadas para violar el secreto del voto, también se argumentó que podrían servir para intimidar a los votantes, especialmente a los funcionarios públicos y beneficiarios de programas sociales.

 

En cuanto a los coordinadores de centro, su rol sigue sin estar  definido en las leyes electorales, aunque, a diferencia de lo ocurrido en las Elecciones Parlamentarias del 2005, el CNE ha hecho un esfuerzo por aclarar su papel en cadenas nacionales de televisión y pegando carteles informativos en los centros de votación.

 

Marco legal

Las leyes de referencia en materia electoral son la Constitución de 1999, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1998, el Estatuto Electoral Público de 2000, la Ley Orgánica del Poder Electoral de 2002 y las diez normas, procedimientos y resoluciones dictadas por el CNE específicamente para la Elección Presidencial de 2006.

 

La coexistencia de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política con textos legales aprobados tras la reforma constitucional da lugar a inconsistencias que el CNE resuelve con la aprobación de normas dictadas con ocasión de cada elección. Dichas normas regulan aspectos tan cruciales del proceso como la acreditación de testigos, las reglas de publicidad y financiamiento o el proceso de instalación de las mesas electorales, lo que deja en evidencia importantes vacíos en las leyes electorales generales. Además, para la Elección Presidencial de 2006, la promulgación de las normas se produjo en una fase muy tardía del proceso. Estos problemas, detectados ya por la MOE-UE en 2005, se solucionarían definitivamente si la Asamblea Nacional aprobase un Reglamento General Electoral.

 

El CNE contó con 48 fiscales regionales (dos por Estado), 18 asesores fiscales nacionales y 12 asesores jurídicos que trabajaron con la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo para vigilar el cumplimiento de las normas para la campaña electoral. Hasta el 20 de noviembre los fiscales habían tramitado 1135 denuncias, de las cuales únicamente 61 (en torno a un 5%) llegaron al nivel del CNE. A la misma fecha, el directorio del CNE sólo había conseguido acordar por mayoría sanciones definitivas en 5 casos (menos del 0,5% de las denuncias). La escasez de sanciones revela la fragilidad de los mecanismos sancionadores y, tal vez, la baja prioridad otorgada por el CNE a este aspecto del proceso.

 

El sistema de voto electrónico

Después de las Elecciones Parlamentarias del 2005, el CNE realizó con universidades y partidos políticos una auditoría del estado del Registro Electoral Permanente (REP) a fecha de mayo de 2006. Como resultado de esa auditoría se encontraron inconsistencias y anomalías, casi todas en datos antiguos, pero no se consideraron significativas para una elección presidencial. El REP fue aceptado por todas las partes implicadas en el proceso electoral como un instrumento legalmente válido para la elección presidencial del 3 de diciembre.

 

De acuerdo a la documentación estudiada y la información proveniente de los participantes en las auditorías (CNE, observadores nacionales, partidos políticos y auditores externos), la MOE-UE considera que el CNE ha gestionado correctamente tanto la logística de este proceso electoral como el plan de auditorías y, en general, todos los aspectos técnicos del voto electrónico. Ha habido colaboración entre los técnicos del CNE, sus proveedores y los expertos técnicos de los partidos políticos, y se ha conseguido consensuar la definición de las auditorías, la metodología y las herramientas de prueba. Sin embargo, la colaboración técnica no siempre ha ido acompañada de agilidad administrativa; la burocracia excesiva del CNE ha entorpecido en ocasiones la fluidez de la comunicación. También se ha echado en falta un procedimiento en virtud del cual el CNE dé repuesta a las preguntas y observaciones en tiempo y forma, aumentando la transparencia del sistema.

 

Se han observado mejoras cuantitativas y cualitativas en el voto electrónico con respecto a las Elecciones Parlamentarias de 2005. Por ejemplo, se ha aumentado el porcentaje de electores que votan por el procedimiento electrónico hasta el 99,81%; se han introducido cambios en la aplicación de la máquina de votación para evitar la probabilidad de reconstruir la secuencia de voto, aunque ya era una probabilidad remota; se ha modificado el programa instalado en las máquinas captahuellas para evitar el envío secuencial de datos al registro; y se ha utilizado una clave diferente en cada máquina de votación para la encriptación de datos. Teniendo en cuenta,  además, que este sistema de voto electrónico ya se ha usado en otras cuatro elecciones de carácter nacional en Venezuela, se constata la capacidad  del CNE para asegurar la sostenibilidad técnica y mejora continua del sistema.

 

Los expertos técnicos de los partidos y observadores que han participado en las auditorías han alcanzado un alto grado de conocimiento del sistema de voto electrónico y han contribuido positivamente al aumento de la confianza en la seguridad y transparencia del sistema. Sin embargo, esta información no siempre ha sido compartida por la dirigencia de los partidos ni a la ciudadanía. Durante la campaña, se han diseminado rumores y dudas técnicas sobre el voto electrónico, contradiciendo así a los expertos técnicos que participaron en las auditorías.

 

Los miembros de mesa elegidos mediante sorteo, los operadores de las máquinas de votación y los técnicos de soporte asistieron a sesiones de capacitación. Este esfuerzo en formación del CNE, aunque considerable, no siempre resultó suficiente para la resolución de incidencias y, en ocasiones, la eficiencia se vio disminuida aún más por la definición poco clara de algunos procedimientos.

 

Tanto la seguridad física, planes de respaldo y contingencia, como la seguridad lógica, encriptación y firma electrónica, está definida en consonancia con mecanismos y estándares internacionalmente aceptados. Además, el sistema implementa varios niveles de verificación del voto que permiten identificar posibles inconsistencias en los diferentes procesos de la elección (voto, escrutinio y totalización). Las pruebas realizadas por el CNE y la existencia de mecanismos de verificación permiten concluir que, si bien no se puede descartar completamente la existencia de algún error inadvertido, este sistema de voto electrónico es eficaz, seguro y auditable.

 

En la normativa electoral para la Elección Presidencial, el CNE declaró obligatorio el uso de la captahuellas como paso previo al ejercicio del derecho de voto. La MOE-UE confirma que el uso de las captahuellas no viola el secreto de voto porque no hay ninguna conexión entre estas y las máquinas de votación y porque, además, no se puede reconstruir la secuencia del registro de huellas. Sin embargo, la validación y autorización del derecho a voto del elector y la garantía del voto único son funciones redundantes de la captahuellas, ya que existen mecanismos legalmente establecidos para ello, como el cuaderno de votación y la tinta indeleble (que en realidad resultó ser fácilmente borrable).

 

Por tanto, aunque la captahuellas no supone una violación de la seguridad de la elección ni una vía al fraude, no es propiamente parte del procedimiento electrónico del derecho de voto recogido en la ley; en realidad, su función principal es mejorar el registro electoral y dicha función no tiene, a todas luces, una relevancia directa sobre el ejercicio de voto. Además, durante la jornada electoral se ha observado que parte del electorado tiene una percepción negativa del sistema y que en ocasiones ralentizó el proceso de votación generando largas colas de espera, quizá debido al escaso número de captahuellas en los centros de votación.

 

La cobertura de los medios de comunicación

Las normas publicadas por el CNE el 31 de julio de 2006[1] dicen: “Los medios de comunicación social públicos y privados darán una cobertura informativa completa y balanceada de los hechos noticiosos relacionados con la campaña electoral. A tal efecto, observarán un riguroso equilibrio en cuanto al espacio y la jerarquización de las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por todos los candidatos y candidatas, organizaciones con fines políticos, grupos de electoras y electores a nivel nacional”.

 

A pesar de estas claras indicaciones, la gran mayoría de los medios, privados y públicos, incumplieron su obligación frente a la ley, ofreciendo una información a menudo sesgada y partidista, y apoyando abiertamente a uno de los dos principales candidatos. A su vez, el CNE no ha tomado las medidas sancionadoras con las que está facultado por ley[2] para modificar esta situación, aún cuando el rector responsable del seguimiento de medios declaró en público que la cobertura informativa en el canal del Estado, VTV, fue ampliamente desequilibrada en favor del candidato Hugo Chávez. Cabe destacar que esta conclusión no fue avalada formalmente por la Presidencia del CNE y no ha dado lugar a penalizaciones.

 

Sin embargo, las autoridades electorales sí han abierto una averiguación administrativa para esclarecer una posible violación de las normas electorales por el canal televisivo Telesur, que cuenta con participación del Estado, por haber divulgado los resultados de un sondeo en la jornada electoral antes de que el CNE hiciese públicos los resultados de su primer boletín de resultados electorales en la noche del 3 de diciembre.

 

La MOE-UE hizo un seguimiento de una muestra de medios venezolanos[3] para determinar su grado de cumplimiento de la normativa para la campaña electoral y evaluar si su cobertura fue completa y equilibrada.

 

Los resultados de ese seguimiento revelan de manera muy evidente la extremada polarización de los medios. La televisión del Estado, VTV, dedica en sus programas (excluyendo el espacio publicitario) 86% de su tiempo de información política a la posición del candidato oficialista, y el tono de ese espacio es predominantemente positivo, mientras que la coalición Unidad y su candidato Rosales reciben en el mismo medio sólo el 14% del espacio, y éste es de tono predominantemente negativo. Por otro lado, RCTV y Globovisión, los principales canales de información privados, presentan una situación inversa. En RCTV, la coalición Unidad recibe el 69% del tiempo y un tono generalmente positivo, mientras que el oficialismo recibe el 29% del tiempo, más de la mitad del cual es negativo. En Globovisión, la candidatura de Manuel Rosales obtuvo el 65% del tiempo de cobertura frente al 35% del presidente Hugo Chávez, y su tono estuvo igualmente sesgado. Televén y Venevisión dedicaron menos tiempo que otros canales a la información política y su tono fue poco crítico, pero, desde un punto de vista cuantitativo, las dos favorecen abiertamente la posición oficialista.

 

Entre los periódicos analizados, El Universal es el que dedica más espacio a la información política, mientras que El Mundo y El Nuevo País son los que menos espacio reservan a este asunto. Últimas Noticias y, particularmente, Vea tuvieron una cobertura cercana al oficialismo, mientras que El Nacional, El Universal y El Nuevo País se caracterizan por la críticas al presidente Hugo Chávez y a su coalición. El Mundo es el periódico más equilibrado de acuerdo al análisis de la MOE-UE.

 

Como consecuencia de su parcialización, los medios de comunicación no ofrecieron a los votantes una visión completa y equilibrada sobre las diferentes plataformas electorales de los candidatos.

 

Las normas del CNE dejan también claro que está prohibido “incorporar cualquier tipo de propaganda y publicidad electoral, a favor o en contra de cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial, en la información sobre las obras públicas y en los mensajes y alocuciones oficiales”[4]. El recurso excesivo a varias formas de propaganda institucional (es decir, la publicidad pagada por una institución del Estado, como por ejemplo un ministerio, una empresa pública o una autoridad regional o local) favoreció al candidato oficialista, constituyendo un uso extendido de los recursos estatales en la campaña electoral. En mucha menor medida, la MOE-UE constató también la existencia de información institucional del Estado de Zulia favorable al gobernador de ese Estado y candidato presidencial, Manuel Rosales.

 

Por otra parte, la MOE-UE toma nota de la drástica reducción de las cadenas presidenciales y la discontinuidad del programa televisivo Aló, Presidente durante la campaña electoral, que han desaparecido totalmente de los medios durante la presencia de la Misión en el país, hecho que representa un avance frente a la situación observada en 2005.

 

La jornada electoral

El proceso de voto se desarrolló en una atmósfera pacífica y con respeto a las reglas y procedimientos legales. La MOE-UE desplegó un total de 154 observadores que trabajaron en equipos de dos personas, observando el proceso en un total de 943 mesas de votación.

 

Los observadores europeos evaluaron positivamente la calidad del proceso electoral en el 85% de los casos. La presencia generalizada de los testigos de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, contribuyó a este escenario. 

 

En cuanto a los coordinadores de centro de votación, los informes de los observadores no señalan problemas en el cumplimiento de sus funciones.

 

La evaluación de los miembros de mesa en cuanto a su conocimiento de los procedimientos electorales fue positiva en el 76% de los casos.

 

En casi la mitad de las mesas se observaron dificultades en la utilización de las máquinas de votación por parte de los votantes, particularmente de las personas mayores. Este hecho provocó una mayor necesidad de asistencia por parte de terceras personas, que pudo ocasionar interferencias en la garantía del secreto de voto.

 

En el 30%  de los centros visitados se constató la presencia de materiales y actividades de campaña en el entorno. Esta actividad se observó con respecto a todos los partidos, especialmente con respecto a los partidos oficialistas. En el 5% de las mesas visitadas estas actividades se percibieron como intimidatorias.

 

Los efectivos del Plan Republica se limitaron generalmente al ejercicio de sus competencias, aunque en casos aislados interfirieron en el proceso cobrando un protagonismo excesivo.

 

Las máquinas captahuellas contribuyeron a provocar una cierta lentitud del proceso y la creación de colas, especialmente en la fase inicial del proceso de votación. En la mayoría de las mesas de votación visitadas la hora de cierre se prolongó sin que hubiera electores en cola, muchas veces a la espera de las instrucciones del CNE. 

 

En cuanto a la auditoría de cierre, el sorteo de mesas y el conteo de comprobantes se desarrollaron sin problemas de importancia. En todos los centros de votacion observados se auditaron el número correcto de urnas.

 

Los casos de discrepancias entre votos escrutados y votos auditados (25% de las auditorías observadas) se limitaron en su inmensa mayoría a un número restringido de votos (entre 1 y 5).

 

Se observó que durante el día de la elección, el CNE y sus proveedores contaron con varios niveles de soporte y monitorización que les permitieron una coordinación eficaz de la gestión del sistema automatizado de voto, incluidas la transmisión y la totalización de resultados. 

Página web: http://www.eueomvenezuela.org