NI AVENTURAS NI RUINA
María Sol Pérez Schael
Cualquiera advierte que la crisis se acentúa cada hora y que al cúmulo de
acusaciones por corrupción, ineficacia, robo e inmoralidad que enfrentarán los
chavistas por estos tres años de gobierno, habrá que sumarle una deuda
impagable por genocidio y por la destrucción institucional del país. Es
evidente, también, que en las actuales circunstancias toda acción política que
requiera tiempo, reflexión y trabajo, corre el riesgo de ser considerada
cobarde o, peor aún, cómplice del gobierno al contribuir a prolongar esta
desgracia. Parece, pues, que estamos atrapados entre los cuernos de un dilema:
si actuamos con apresuramiento provocamos una solución de facto que no deseamos
y si no lo hacemos contribuimos a prolongar la destrucción del país que es lo
que intentamos evitar. Presos de este dilema sólo tenemos como alternativas una
aventura militar o la ruina. Si esto es cierto, entonces es imperativo
encontrar una salida que nos evite perecer lacerados por una de estas astas.
Una intervención inoportuna de los militares resquebrajaría las bases de la
nueva institucionalidad y expondría los gobierno futuros al chantaje de una
tutela militar. Esta experiencia la vivió el país luego de 1958 y los
resultados son de todos conocidos. Sin embargo, esto no es lo único importante,
cuando se piensa en una exitosa intervención de los militares se presume que
existe una FAN cohesionada que responde a una unidad de mando y que sólo
intervendría para pedir la renuncia de Chávez. Demasiadas suposiciones
convenientes. ¿Quién garantiza que no permanecerán en el poder por años? ¿Acaso
los que cargaron a Rosinés, llamaron ángel a Chávez y ahora claman por Baduel
nos pueden dar garantías? ¿No recuerdan que creyeron domeñar la bestia y
llevaron al poder a un hombre sin atributos, incapaz de controlar siquiera su
propio temperamento, y salieron trasquilados? Si bien es comprensible su apuro
no es menos cierto que nadie puede garantizar el día siguiente a una
intervención de la FAN, de manera que desencadenar una crisis que los saque de
los cuarteles puede significar, nada más y nada menos, que desatar un conflicto
militar de impredecibles consecuencias.
Imaginemos un instante que la confrontación entre militares es imposible y que
su intervención se limitaría a exigir la renuncia de Chávez para luego dejarle
el camino libre a los civiles ¿Quién garantiza que no se repetirá un zarpazo de
la plutocracia, los oportunistas y los free ryder como los que vimos actuar el
11A? ¿Quién garantiza que no se impondrá una transición del chavismo sin Chavez
encargada de quemar papeles, desaparecer pruebas, desmontar expedientes y
raspar lo que queda de la olla?. Nadie sabe a ciencia cierta quién controla los
hilos militares, de allí que ningún ciudadano de a pie tiene razones para
respaldar una aventura de este tipo. No me cabe la menor duda: la coordinadora
democrática hizo lo que tenía que hacer el 11 de julio.
Sin embargo, es evidente que la crisis no puede prolongarse y que más allá de
cierto límite las masas enardecidas por la miseria, el hambre y la desilusión
tomarán la justicia por su mano. Este escenario es probable debido a que la
deslegitimación del gobierno, acelerada con la inmoral liberación de los
asesinos de Llaguno, cierra las puertas del diálogo y cede paso a una caída
libre del apoyo al Presidente. Ni la rectificación ni el disfraz de cordero
amortiguarán el desplome definitivo del régimen. Dejar que el tiempo transcurra
es caminar hacia la ruina y eso nadie lo quiere.
Ha sonado, pues, la hora de una solución sensata. Este camino pasa por la
salida de Chávez y por establecer las bases de un acuerdo que garantice la
recuperación de la democracia y el buen desempeño institucional y económico en
el corto plazo. Para ello es indispensable que la oposición avance
apresuradamente hacia el establecimiento de un programa mínimo de
gobernabilidad democrática que le presente al país una oferta creíble para
enfrentar el día después de Chávez. Al lado de este esfuerzo programático la
sociedad debe seguir haciendo presión en la calle hasta rescatar la dignidad
del TSJ y remover el poder ciudadano (Fiscal, Contralor y Defensoría). Por
último, la oposición democrática cuenta con la carta ganadora: la enmienda
constitucional. Si nos apresuramos en este camino, tendremos las mejores
noticias este fin de año. Pero hay que darle un empellón a la Coordinadora
Democrática. Pídele el acuerdo.
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