Coordinadora Internacional Venezolana

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(Versión en Español)

 

Washington 4 de julio de 2002

 

CISS Americas Programs

1800 K Street, N.W

Washington, D.C. 20006

 

Estimados Señores:

 

Celebramos su iniciativa de que un grupo de ex funcionarios de las administraciones republicanas y demócratas visitara el país para palpar directamente la situación política que atraviesa Venezuela. De manera cuidadosa hemos evaluado el respectivo informe, cuyo resumen ofreció también la prensa venezolana el día 1 de julio y después de un análisis del mismo y dada su importancia nos permitimos hacer algunas observaciones iniciales.

 

Lo hacemos en nombre de la Coordinadora Internacional Venezolana, que esta in tegrada por un grupo de venezolanos que nos constituimos en Washington hace varios meses con la finalidad de servir de puente entre los grupos organizados de la sociedad civil venezolana y los factores de poder y toma de decisiones en esta capital.

 

Durante los conocidos acontecimientos de abril en Venezuela y gracias a nuestra actividad y presencia, la Coordinadora tuvo una participación muy activa en informar de lo que estaba ocurriendo a todos esos factores aquí en Washington y en especial a la OEA; además, introdujimos dos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un informe sobre la situación al Consejo Permanente y una Carta ante la Asamblea General, reunida en Barbados a principios de junio de 2002.

 

Compartimos buena parte del análisis y del diagnostico, pero reconocemos que no compartimos una de las conclusiones principales pues observamos que enfatizar la opción del referéndum revocatorio y rechazar otras con el argumento de que podrían producir una agudización de la polarización, nos parece que tienden a favorecer únicamente la posición del Presidente y sus partidarios y se aleja de la preocupación de un gran porcentaje del país que reclama cambios significativos, ante la magnitud de los errores del Gobierno, su ineficacia y algunos delitos cometidos. Si bien es cierto que el Presidente Chávez representa una parte de la población, no es menos cierto que otra gran parte del país se le opone y esta representada por diversas y plurales tendencias de la oposición.

 

Nuestra posición frente a la crisis del País.

 

El Presidente Chávez fue electo en un proceso democrático, pero su gobierno no es un gobierno de tendencia democrática. Desde el momento de asumir la presidencia arremetió contra las instituciones democráticas del país, acabo con el Congreso Nacional, electo en 1998, aun antes de estar aprobada la nueva Constitución; ha intentado infructuosamente acabar con los partidos políticos y las centrales sindicales; ha acabado con la independencia del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia y de todos los Poderes Públicos: la Fiscalia, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Electoral que han sido nombrados al margen de las normas constitucionales y en muchos casos están  integrados por ex funcionarios y simpatizantes de su gobierno.

 

Ciertamente consideramos como ustedes que la venezolana es “una sociedad alarmantemente dividida, con un alto riesgo a derivar en un conflicto violento si las tensiones no son aliviadas pronto”. No podía ser de otra manera, pues las desigualdades sociales existentes lejos de ser aminoradas se han incrementado en los últimos años, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político y como ustedes bien señalan es muy poco lo que ha hecho el Gobierno para mejorar la condición del pueblo. No corresponde hacer ahora un análisis de esta situación, pero para nadie pasa desapercibido que el país se encuentra en una profunda recesión y que la ineficacia del Gobierno de Chávez y su incapacidad para resolver problemas es en buena medida, una de las causas de la crisis que conmueve al país.

 

Durante el régimen del Presidente Chávez, a pesar haber contado con ingresos superiores a los 75 mil millones de dólares en los últimos tres años, de acuerdo con cifras publicadas recientemente[1] el ingreso medio de los hogares venezolanos ha sufrido una perdida constante desde 1999 y el número de hogares pobres se habrá incrementado en unos 210 mil, de los cuales 56 mil pasaron a formar parte de los hogares en pobreza crítica y dado que cada hogar esta formado, en promedio, por 5,2 personas, Chávez tendría en su haber más de un  millón de nuevos  pobres y de esos, casi 300 mil están en hogares de pobreza crítica. Como dato adicional e ilustrativo de este escaso esfuerzo por mejorar la condición de los más pobres del país, a pesar del populismo, o precisamente gracias a él, en el 2002 el presupuesto para inversión social se ha reducido en un 26%, al pasar de 538 millardos de bolívares en 1998 a 397 millardos en el presupuesto vigente.

 

Violencia y falta de dialogo.

 

Nos alarma y,  al igual que a ustedes en su informe, alertamos también “...sobre el estancamiento del diálogo y el incremento de la violencia política en Venezuela”...  pero creemos que no podía ser de otra manera pues durante estos tres últimos años la violencia ha sido alentada desde la más alta esfera del Gobierno.

 

El propio Presidente de la República es quien ha dirigido ataques e insultos de todo tipo en contra de sus opositores, de la Iglesia Católica, de los medios de comunicación, de los periodistas, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los empresarios, etc. Incluso, durante los aciagos acontecimientos de abril reconoció ante los medios de comunicación, frente a reporteros internacionales, en entrevistas de prensa y en su programa radial del domingo, Alo Presidente, que él en persona, había ordenado el Plan Avila y la salida de armamento militar pesado desde Fuerte Tiuna para contener la pacifica manifestación del 11 de abril. El resultado de esa acción condujo a 17 muertos, cientos de heridos y un pronunciamiento militar en su contra.

 

Ciertamente, como afirma el documento, hay una “sociedad alarmantemente dividida con un alto potencial de conflicto violento si las tensiones no son aliviadas pronto”, y no creemos que la actitud del Gobierno,  antes y después de los sucesos del 11 de abril, contribuya a morigerar la situación tensa del país.

 

Coincidimos con su afirmación de que la creación de los Círculos Bolivarianos es una de las “iniciativas más divisionistas” del actual Presidente. Pero la formación de los Círculos Bolivarianos no es solo una “iniciativa divisionista”, la forma en que se promovieron y organizaron constituyen un abuso de poder, un delito de malversación de fondos públicos para una actividad política y una violación del artículo 67 de la Constitución vigente.

 

No podemos afirmar que los Círculos Bolivarianos estén o no armados. Pero no nos cabe la menor duda de que muchos partidarios del Gobierno si lo están y algunos de ellos dispararon contra la manifestación del 11 de abril. De acuerdo con el último informe de Human Wrights Watch[2] “... por lo menos 11 civiles han sido identificados portando armas de fuego durante las marchas. La mayoría de ellos ocupan o han ocupado cargos gubernamentales”.

 

Tampoco nos cabe duda de que el Gobierno ha llamado a esos Círculos a que salgan a la calle a “defender la revolución”. Basta con caminar por el Centro de Caracas para recibir panfletos alusivos a la defensa de Miraflores por pare de los Círculos. El propio Presidente de la Republica, después de l 11 de abril y a pesar de todas las críticas y cuestionamientos en su programa radial, lo Presidente, el 12 de mayo de 2002 afirmaba: “...vamos ahora más que nunca a potenciar la organización de los círculos bolivarianos...” y en una intervención en el barrio  Las Malvinas de El Valle el 20 de Junio recordó que “los militares y los Círculos Bolivarianos están dispuestos a lo que sea para defender la revolución”  y llamo a la población a organizarse para defenderla y a que “... estemos listos, todos los días y todas las noches, para defender, con nuestra vida, la revolución bolivariana”.

 

Por eso, mas allá de cualquier simpatía personal o política, el actual Presidente de la Republica con su conducta y actitud, que ha manejado el país al margen de la Constitución que él mismo propició e impulsó, es el principal responsable de la crisis de violencia que ahora vivimos. No tenemos ningún reparo en reconocer que nos identificamos con quienes piensan que el Presidente Hugo Chávez Frías, con sus tendencias autoritarias y antidemocráticas es el responsable de haber sumido al país en el caos en el que se encuentra. Estamos abiertos al dialogo y la discusión, somos flexibles y tolerantes, pues ese es el espíritu de la pluralidad democrática, pero no somos imparciales.

 

El papel de la Asamblea Nacional.

 

Compartimos con ustedes el criterio de que la Asamblea nacional es un lugar para el dialogo; lo es todo Parlamento o Congreso; pero no compartimos la afirmación de que “No parece existir otro foro para el intercambio razonado”, pero, no creemos que en un régimen democrático sea la Asamblea o el Congreso el único espacio valido para el intercambio y la negociación entre las parcialidades políticas y por el contrario pudiera ser también el escenario para las componendas y para el abuso de poder, como ha sido hasta ahora en Venezuela. 

 

No podemos olvidar que la actual Asamblea Nacional, dominada ampliamente por los partidarios del Gobierno, ha sido hasta ahora aliada incondicional del Presidente Chávez en todos los desafueros que han conducido a la concentración del poder en manos del Ejecutivo y la eliminación del balance de poderes.

 

Es solo ahora, próximos a perder la mayoría parlamentaria, que han asomado una disposición al dialogo. Disposición que no habían tenido hasta el momento, mucho menos cuando designaron las autoridades de todos los poderes públicos de manera unilateral y sectaria recayendo todos los nombramientos entre simpatizantes del Chavismo y ex funcionarios del Gobierno o cuando aprobaron las 50 leyes de la Ley Habilitante, tal como se las propuso el Presidente de la República, - fuera incluso del término legal que la propia Ley establecía - y sin escuchar ni una sola de las sugerencias u objeciones de la oposición. Fue la Asamblea Nacional quien aprobó la legislación que desconoce a las centrales sindicales en violación de los acuerdos de la OIT, etc.

 

No obstante, creemos que la Asamblea Nacional, de los poderes nacionales, es el menos cuestionado en cuanto a su legitimidad y aparentemente la amenaza de su disolución fue lo que provoco en buena parte el segundo pronunciamiento militar del 13 de abril, esta vez en contra del Gobierno Provisorio que los propios militares en rebeldía contra Hugo Chávez Frías habían implantado y apoyado horas antes. La prueba de esta convicción de nuestra parte es que el 15 de abril, introdujimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar exigiendo la intervención de la OEA para restablecer el Estado de Derecho en Venezuela y repudiando la disolución de los poderes públicos.

 

Pero, reiteramos, no nos cerramos los ojos ante las actuaciones de la Asamblea, ni creemos que en un régimen democrático sea la Asamblea o el Congreso el único espacio valido para el intercambio y la negociación entre las parcialidades políticas.

 

Por otra parte, no debemos olvidar que los diputados oficialistas de la actual Asamblea Nacional, ampliamente dominada por simpatizantes del Gobierno; fueron designados como candidatos con apoyo directo del Presidente Chávez,  sin acudir a procedimientos democráticos, como consta en cinco demandas ante el Tribunal Supremo por parte de militantes de partidos políticos partidarios del Gobierno.

 

La importancia política de Venezuela.

 

Celebramos que en su informe hagan un exhorto al Gobierno Norteamericano  a prestar mayor atención y recursos a un país que ha sido “un fuerte aliado y socio comercial confiable”. Y que reconozcan también que no es eso solo lo destacable de Venezuela, sino también sus “tradiciones y aspiraciones democráticas”.

 

En efecto, somos la democracia más antigua y estable del continente que sobrevivió a varias divisiones de sus partidos políticos más importantes, a la lucha armada y subversiva de los años sesenta, a la riqueza petrolera súbita que trajo grandes casos de corrupción, a dos intentos de golpe de estado en 1992 del actual Presidente y a un intento por deponerlo a él mismo; al transito de gobierno de un partido político a otro, varias veces, y de partidos políticos a gobernantes sin partidos bien establecidos, a la diatriba de mas de 20 años en contra de sus instituciones democráticas y de sus partidos y dirigentes. Al enjuiciamiento y deposición de un Presidente en ejercicio. Más importante aun, esta democracia esta sobreviviendo al proceso de predica de violencia y odio de clases al que nos ha sometido el actual Presidente de la Republica, a sus intentos de desmantelamiento sistemático de las instituciones laboriosamente construidas y a sus intentos totalitarios por apoderarse de todos los poderes públicos

 

A pesar de los errores y deficiencias, que fueron muchas, como los de cualquier democracia en el mundo, esta democracia también desarrolló partidos políticos modernos, sindicatos, gremios y cámaras empresariales, organizaciones profesionales, gremios, empresas públicas de magnitud internacional (PDVSA); incremento el nivel de vida general de la población, cuadruplico el nivel educativo del país, lo lleno de Universidades, Institutos Tecnológicos, de centros de educación media y diversificada, construyo empresas, redes viales, modernos medios de telecomunicación, etc.

 

Que una democracia como la Venezolana sea victima de la violencia política por culpa de sus Gobernantes, tiene consecuencias impredecibles para un continente que vive agitados momentos políticos y económicos en Colombia, Perú, Argentina y probablemente en Brasil, dependiendo del resultado de las próximas elecciones presidenciales.

 

La solución propuesta.

 

En su informe destacan que si el deterioro económico no socava el respaldo incondicional al Presidente por parte de las clases desposeídas, la polarización puede “continuar indefinidamente, con o sin Chávez, hasta que la causa central de la pobreza y la inequidad sea enfrentada efectivamente”.

 

Esa perspectiva es absolutamente cierta y la compartimos; se impone en el país un reconocimiento de los errores mutuos y un camino de dialogo abierto y sincero al cual se incorporen todos los sectores nacionales. Incluido lo que se denomina el chavismo. No dejamos de reconocer que Hugo Chávez Frías  es la expresión de un sector del país que se vio marginado de la política durante varios años y se impone un nuevo pacto de solidaridad entre todos los factores de la sociedad venezolana.

 

Compartimos también la idea de que “la polarización empeoraría si el Presidente Chávez fuera removido a la fuerza de su cargo”, no nos cabe la menor duda de que la forma en que se precipitaron los acontecimientos después del 11 de abril fueron un grave error que no debe repetirse. Pero es igualmente un error pensar que quien ha sido el factor generador y creador de la violencia y que ha perdido la legitimidad y la capacidad  para conducir el proceso y llevarlo a buen término, pueda continuar en el cargo sin que esto traiga graves consecuencias para el país.

 

Para nosotros, mas allá de toda duda, el actual Gobierno carece ya de toda legitimidad. Mas de ocho demandas se han introducido por ante el Tribunal Supremo de Justicia con graves acusaciones contra el Presidente: Financiamiento de los círculos bolivarianos con dinero del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides); supuesto delito de malversación de 2,3 billones de bolívares pertenecientes al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica;  presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial con dinero proveniente del banco español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por el orden de 1,5 millones de dólares y otros delitos contemplados en la Ley de Partidos políticos; orden de utilizar armas largas y armamento pesado en contra de manifestantes, en violación del articulo 68 de la Constitución, siendo el responsable de la muerte de 17 personas el 11 de abril cuyos familiares intentaran una “acción de imputación directa por crímenes de lesa humanidad; supuesto daño patrimonial que le ocasiona al Estado por el convenio petrolero con Cuba. Más allá de la verdad procesal y de la decisión jurídica, que dependerán de factores políticos, tenemos la certeza moral de que el Presidente es culpable de varios de los delitos de los que se le acusan.

 

El delito no es algo que pueda convivir o ser amparado en aras de la unidad de un país o la conveniencia política. Seria como proponer, y esto es un ejemplo extremo, (como en el informe lo es la comparación con el peronismo), que los responsables de algunos de los atentados terroristas en contra de los Estados Unidos fueran “perdonados” o no llevados a juicio debido a que tienen seguidores, que estos son pobres y que ellos, los terroristas, representan el sentir o pensar de una parte de la población.

 

Un ejemplo menos extremo sería afirmar que ante la crítica situación electoral que se evidencio en la ultima elección de los Estados Unidos, lo mejor para el país sin duda hubiera sido que republicanos y demócratas depusieran sus diferencias históricas y políticas y presentaran un solo candidato, de unidad, al país. A nadie en su sano juicio se le podría ocurrir semejante idea. Creemos que lo mismo ocurre en Venezuela.

 

La oposición venezolana esta compuesta por social demócratas, demócrata cristianos, socialistas, liberales, conservadores, ciudadanos organizados e independientes, sindicalistas, empresarios, etc. No se puede pretender que  olviden sus ideologías, intereses y diferencias naturales y presenten listas únicas de candidatos y propuestas únicas de organización del país. Precisamente durante estos tres años por lo que hemos luchado es por la libertad y la pluralidad. Contra los intentos totalitarios y autoritarios del actual Presidente y sus pretensiones hegemónicas. Contra sus intentos de someter a todos al mismo patrón y contra sus intentos de dominar todos los poderes públicos y eliminar el natural y democrático balance entre ellos.

 

Esta oposición democrática, sobreponiéndose a los errores cometidos por la precipitación de unos pocos en el mes de abril, ha logrado varios acuerdos importantes que ha anunciado al país:

 

1)     la necesidad de salir cuanto antes de este Gobierno para evitar que se siga deteriorando el país

2)     la necesidad de hacerlo por mecanismos constitucionales, aun respetando una Constitución hecha a la medida del actual presidente, con la que no estuvo de acuerdo, a la que se opuso y que el propio Presidente fue el primero en violar

3)     la necesidad de instaurar una doble vuelta electoral para evitar que un individuo como el actual Presidente, con menos del 50 por cierto de soporte popular, pueda asaltar de nuevo el Estado.

 

Las vías concretas pueden ser varias, siempre que sean constitucionales y procedan de las inevitable y saludables diferencias y de la libertad de iniciativa; que triunfe la mas efectiva y la que sea capaz de arrastrar más adeptos y conjugar más voluntades. De eso se trata la democracia, de la variedad de opciones y el ejercicio de la libertad sometida a reglas comunes. No compartimos el criterio de que forzar constitucionalmente la remoción del Presidente vaya a empeorar la situación, ni que su enjuiciamiento político o la enmienda para acortar el período, deben evitarse porque polarizan más los ánimos. A si como el país acepto la salida del Presidente Pérez por un dictamen de la Corte Suprema de Justicia señalando meritos para su enjuiciamiento, al que fue sometido, no vemos porque se deba negar a priori la iniciativa de enjuiciar al Preside nte Chávez.

 

Esta afirmación o recomendación de que la salida se haga a través de un referéndum revocatorio, dentro de un año, es tan valida como lo podría ser cualquier otra y no vemos que se sustente en sólidos referentes empíricos, en encuestas realizadas entre la población o producto de una amplia consulta popular;  parece, como bien se dice en el reporte, que solo “refleja los puntos de vista de los cinco miembros de la delegación”, con base en las entrevistas realizadas, obviamente entre los simpatizantes del Presidente, pero nos parece que es un salto en el análisis, sin ningún asidero lógico. Por esta razón, de todas las recomendaciones, que compartimos, esta, de que la mejor solución es esperar a la realización de un referéndum revocatorio, no nos cabe duda de que es solo la opinión de los partidarios de Chávez, como estamos también seguros de que la contraria sería la opinión de sus detractores.

 

Esperamos haber contribuido con nuestras observaciones al análisis de la situación del país y quedamos a su disposición para discutir y conversar sobre cualesquiera de los puntos tratados en esta carta.

 

Ismael Pérez Vigil

 

Coordinadora internacional Venezolana.


[2]  Informe de la visita realizada del 17 al 21 de Junio de 2002.

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