Reporteros sin fronteras
Comunicado de prensa
24 de enero de 2006
VENEZUELA
Medida precautoria contra algunos medios de comunicación acusados de «
obstrucción a la justicia » : Reporteros sin Fronteras denuncia la censura
del Estado
Reporteros sin Fronteras condena la prohibición, efectuada el 23 de enero de
2006 a los medios de comunicación, de mencionar un testimonio clave y
publicar cualquier elemento del procedimiento relativo al asesinato del juez
Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Diez medios de comunicación
son objeto de un procedimiento por « obstrucción a la justicia », sobre la
base de la Ley orgánica del poder judicial y de la Ley de responsabilidad
social de las radios y televisiones, del 24 de noviembre de 2004. El delito
de « obstrucción a la justicia » puede acarrear penas de seis meses a dos
años de cárcel.
« El caso de Danilo Anderson tiene grandes repercusiones políticas y
mediáticas, sabiendo como se sabe que hay dos periodistas de la oposición
acusados de formar parte de los autores intelectuales del asesinato del
juez, y sabiendo también que un cierto número de medios de comunicación
privados han cuestionado la credibilidad de Giovanny Vásquez, testigo de
cargo contra ambos periodistas. Nos tememos que ese procedimiento por
"obstrucción a la justicia" sea una coartada jurídica para otro arreglo de
cuentas del gobierno con la prensa privada. La medida precautoria adoptada
contra los medios equivale a una censura de Estado », ha declarado
Reporteros sin Fronteras.
El 23 de enero, el juez de Caracas, Florencio Silano, accedió a la petición
del fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, de prohibir a los
medios de comunicación publicar algunos elementos relativos al asesinato del
juez Danilo Anderson, y de mencionar el nombre del colombiano Giovanny
Vásquez, considerado por el gobierno y la justicia como un testigo de cargo
contra Patricia Poleo, del diario El Nuevo País, huida a Perú, y Nelson
Mezerhane, principal accionista del canal Globovisión, ambos acusados de
formar parte de los autores intelectuales del asesinato del magistrado.
Varios medios de comunicación han cuestionado la credibilidad del testigo,
subrayando entre otras cosas que no es psiquiatra, como pretende, y que
tiene estrechas relaciones con la guerrilla colombiana.
En virtud de la decisión del 23 de enero, diez órganos de prensa están
inmersos en un procedimiento por « obstrucción a la justicia », que se
encuentra a la vez en manos del juez Silano y de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), el organismo de control habilitado para
revocar las licencias de emisión de los medios audiovisuales, según la Ley
de responsabilidad social de las radios y televisiones.
En el procedimiento están implicados los cuatro principales canales
privados, Televén, RCTV, Venevisión y Globovisión, y también el Canal
Metropolitano (de Caracas) y el canal público Venezolana de Televisión (VTV).
Hay también cuatro diarios en el punto de mira de las autoridades : El
Nacional, El Universal, Ultimas Noticias y El Nuevo País.
Asesinado el 18 de noviembre de 2004, Danilo Anderson se encargaba de
investigar a 400 personas - empresarios, periodistas, líderes de la
oposición - sospechosas de haber organizado el golpe de Estado fallido
contra el presidente Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002.
Hugo Chávez, plebiscitado en referéndum en agosto de 2004, ha hecho que se
aprobaran dos leyes enormemente restrictivas para la libertad de expresión,
y la libertad de prensa : la Ley de responsabilidad social de las radios y
televisiones, del 24 de noviembre de 2004, y la Ley de reforma del código
penal, del 16 de marzo de 2005. Hasta ahora, las autoridades nunca habían
recurrido a ese arsenal legal.
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16256
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Benoît Hervieu
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