| Muerte en Aragua Más de mil personas han muerto, desde 1998, en supuestos enfrentamientos, bajo custodia, por abuso de poder o uso excesivo e indiscriminado de la fuerza policial GIULIANA CHIAPPE EL UNIVERSAL Como en la batalla de La Victoria, la sangre joven sigue derramándose en Aragua. Cerca de 1.150 personas, la gran mayoría entre 14 y 25 años, hombres, sin antecedentes y de origen humilde han muerto por prácticas irregulares de policías en acción desde 1998, pero por motivos menos loables que los de José Félix Ribas en 1814. No han sido errores involuntarios: muy pocos han caído de un solo tiro. Ocho, quince y hasta 50 tiros han perforado estos cuerpos señalados por la fatalidad. Las denuncias de los familiares y de asociaciones pro derechos humanos se han hecho desde el principio pero fue apenas en 2003 cuando la Fiscalía asumió el caso y nombró, por primera vez, una fiscal de Derecho Fundamental en Aragua, Rosa Biblia Giovanni. En su primer año de ejercicio, a esta funcionaria le han llegado 500 casos de muerte por aparente mala actuación policial, que está investigando. Las pruebas acumuladas son contundentes. La abogada Sara Mier y Terán, de la Asociación Civil de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Vida, Paz y Libertad, tiene los listados de víctimas con nombres, apellidos y edad. Según sus cálculos, la Policía estatal de Aragua es responsable de 80% de ellas. Las zonas de mayor riesgo son San Mateo, Cagua, Villa de Cura y Zuata. Los muertos más numerosos se anotan bajo el renglón "enfrentamiento" con funcionarios policiales, pero también existen causas muy aterradoras: muerte bajo custodia; muerte por abuso de poder; muerte por uso indiscriminado o excesivo de la fuerza; desaparición forzosa de personas (que a veces aparecen muertos) y ejecución y abuso de poder. Una cifra revela lo espeluznante de la desigualdad en los supuestos enfrentamientos: en Venezuela, por cada funcionario policial caído en enfrentamiento, fallecen 43 civiles. La impunidad, indiscutible al observar los poquísimos casos con sentencia condenatoria (apenas uno el 2004), se refuerza con insólitos incentivos que denuncia Mier y Terán: "Los grupos más privilegiados de la Policía son los de exterminio. Existe un sistema de bonificaciones por muerto, según el rango del funcionario. Hasta los ascienden. Los policías que son investigados por la Fiscalía continúan en libre ejercicio", demanda. Las muertes han ocurrido incluso bajo custodia policial. Bertín Ramírez, de 21 años, falleció mientras estaba detenido en la Comisaría 23 de Enero de Maracay, el 27 de septiembre de 2002. El día anterior habían allanado su casa. Tenía antecedentes. Su tía y madre de crianza, Omaira Ramírez, denuncia que "los policías dicen que murió porque estaba enfermo, pero él estaba sano. La autopsia lo dice clarito: asfixia mecánica. Le pusieron una bolsa en la cara", acusa. El caso está en el limbo, pues el fiscal José Arias presentó una acusación sobre la cual la jueza María Silva declaró sobreseimiento por falta de pruebas. Quieren apelar. Barbas en remojo A Sara Mier y Terán le llama muchísimo la atención el empeño de la diputada Iris Varela en los abusos policiales del estado Guárico. Y más considerando que, según el último informe de Provea, correspondiente a 2003, Aragua es el estado con mayor porcentaje de muertes en cuestionables operaciones irregulares, con 12%, seguido de Anzoátegui, con 9. "Nosotros hemos ido cinco veces a la comisión de DDHH de la Asamblea Nacional y sólo el diputado Nicolás Sosa ha demostrado algún interés en los casos de Aragua. A Iris Varela la hemos buscado muchas veces y ni siquiera nos ha atendido", cuenta Mier y Terán. Esos, los de Iris, han sido sólo algunos de los portazos tácitos recibidos por los familiares de las víctimas y sus defensores. El recorrido ha sido intenso por las sedes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre muchos otros entes dedicados, en su vademécum teórico, a defender derechos humanos. Didalco Bolívar, gobernador del estado desde 1996, ha negado las acusaciones contra sus cuerpos policiales. "En Aragua se respetan los derechos humanos", sentencia. Casi el mismo guión ha repetido el comandante general de la Policía de Aragua, Angel Mercado, ante denunciantes y medios: "¡Yo soy un defensor de los derechos humanos!". Pero es probable que sientan sus barbas calentarse mientras arden las de su vecino de Guárico, Eduardo Manuitt. Ya las pusieron en remojo: en Maracay, en los últimos días, altos funcionarios han efectuado reuniones preparatorias de defensa para cuando llegue lo que parece una inminente averiguación sobre las actuaciones policiales, especialmente las de la Policía estatal. En el Consejo Legislativo también reaccionaron. La semana pasada crearon la Comisión Especial de DDHH conformada por cuatro diputados de oposición y uno de AD: el presidente, Ramón Rengifo. Al consultarlo sobre las acciones a ejercer aclara, dos veces, que "no es una estrategia contra nadie en particular, no es contra el gobernador, sino contra un problema estructural". Admite, empero, que existe "mucha impunidad" y plantea la creación de un nuevo reglamento que permita sancionar a los policías sin recurrir a tribunales. Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen caminando en círculos por aquellos despachos donde deberían escucharlos. Quizás confían en que se cumpla una sentencia que se escuchó hace más de 2.000 años: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados". Pudo ser cualquiera |