DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR LA PREEMINENCIA DEL DERECHO A LA DEFENSA Y DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LOS PROCESOS PENALES QUE SE LLEVEN A CABO EN VENEZUELA CONTRA PERSONAS OPUESTAS AL GOBIERNO DE ESE PAÍS. (Núm. exp. S. 662/000078)

         El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para conseguir la preeminencia del derecho a la defensa y demás derechos fundamentales en los procesos penales que se lleven a cabo en Venezuela contra personas opuestas al Gobierno de ese país.

         Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Anasagasti.

         El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

         Señorías, al inicio de esta IX Legislatura el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó a través de la Fundación Elcano a expertos en política internacional, profesores universitarios, diplomáticos y políticos varios a una reunión en el anfiteatro de la ampliación del Museo del Prado para dar cuenta de sus ambiciosos planes en política exterior en la presente legislatura. La crisis económica no se había declarado con la actual virulencia, y centrando su intervención como eje principal en la Presidencia semestral de la Unión Europea el año que viene, fue desgranando todas las iniciativas que pensaba abordar.

         Estuve presente en aquel acto y, entre otras cuestiones, me quedé con una de sus promesas que él consideraba básica: su política internacional coordinada con los países de la Unión Europea tenía la bandera de los derechos humanos y de la lucha contra la pobreza, mientras propiciaba el Diálogo entre Civilizaciones.

         Esta moción tiene como móvil la defensa de los derechos humanos ahí donde son conculcados, porque los derechos humanos no son solo españoles ni norteamericanos ni cubanos ni chinos ni venezolanos ni europeos. Los derechos humanos son universales, no tienen frontera y su defensa engarza con la máxima de que nada de lo humano nos debe ser ajeno, y los derechos humanos son también derechos procesales.

         Y si el presidente de Venezuela tiene su derecho a la injerencia en Honduras, en Colombia, en Irán o en Libia, nosotros, desde este Senado, también tenemos el mismo derecho, con la información que poseemos, a instarle al Gobierno español, como país miembro de los países amigos de Venezuela, le recuerde al Gobierno venezolano que una democracia se basa en la separación de poderes, en la libertad de expresión, en el respeto al adversario político, en las garantías procesales, en el libre juego de mayorías y de minorías y, en definitiva, en el respeto a la ley. Y eso hoy, desgraciadamente, no ocurre en Venezuela.

         En las últimas elecciones presidenciales se le negó a estas Cortes Generales enviar una misión de observación elegida por ella porque era voluntad del gobierno venezolano elegir él a los observadores que más le gustaban. Después de haberse comprometido el ministro Nicolás Maduro con el ministro Moratinos en aceptar una delegación, esa invitación no llegó nunca, y no se dieron explicaciones.     Quizá se acordaban de las recomendaciones que en diciembre del año 2004 hizo una delegación de estas Cortes, de este Senado, ante las irregularidades detectadas en las elecciones legislativas de diciembre de aquel año, en las que la oposición, ante las nulas garantías democráticas, decidió no participar en aquellos comicios. Y esto, señorías, es muy grave.

         La condición militar del Gobierno de Hugo Chávez es cada vez más evidente. Entre sus colaboradores de confianza 2200 provienen de los cuarteles y tienen como misión vigilar, supervisar y coaccionar a la burocracia civil. El carácter castrense del Gobierno, sustentado por el predominio de militares en la Administración Pública, tiene incidencia en la violación de los derechos humanos. El presidente Chávez no permite que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga una visita in situ para que investigue las numerosas denuncias sobre graves y continuadas violaciones ocurridas en los últimos años. El movimiento estudiantil está

generando una intensa campaña para lograr la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de sus líderes se preguntó: si no tienen nada que ocultar, por qué no permiten que venga la comisión. La respuesta del régimen fue: no se permitirá la visita de la comisión mientras formen parte de ella enemigos de la revolución bolivariana. Las fronteras venezolanas están cerradas a toda inspección sobre la materia, hasta el punto de que altos funcionarios de Human Rights Watch fueron violentamente expulsados por haberse introducido en el país para dar lectura en rueda de prensa a un informe sobre la situación venezolana.

         La presente moción que hoy presentamos refleja el deterioro del funcionamiento de las instituciones judiciales en Venezuela a partir de la exposición de algunos casos concretos, que desgraciadamente podríamos replicar con otros ejemplos. Es cierto que formalmente la República bolivariana presenta los atributos de un régimen democrático, pero también lo es que en muchos ámbitos se detecta una peligrosa deriva hacia un peligroso autoritarismo, desde los continuos ataques a la libertad de prensa, los límites y cortapisas de todo tipo que sufre la oposición, la inseguridad jurídica que afecta a la actividad empresarial, hasta la utilización de los poderes del Estado con finalidades distintas a las que le son propias.

         El régimen coacciona y persigue a aquellos que no se alinean con la revolución bolivariana, sean opositores, políticos, líderes sociales, empresarios, profesionales, periodistas o estudiantes, y ha producido una importante fractura en la sociedad de aquel país amigo. Y ello, señorías, es una grave responsabilidad para un Gobierno y no podemos permanecer indiferentes porque, como vuelvo a repetir, nada de lo humano nos debe ser indiferente.   La quiebra de la independencia del Poder Judicial constituye un instrumento de primer orden en este propósito; en efecto, el régimen utiliza la justicia penal para perseguir a sus opositores. El caso Cedeño, como otros muchos, es un ejemplo de esta situación.

         En Venezuela el Poder Judicial y la fiscalía están sometidos al dictado de la política: en primer lugar, se han creado las herramientas orgánicas y legales para controlar la justicia, como la comisión judicial o la Ley del Tribunal Supremo de 2004, y, en segundo lugar, se han apartado de los casos más significativos, o simplemente depurando a los magistrados y fiscales que no obedecen sus instrucciones, y han dejado en manos de sus incondicionales el manejo de la justicia en todos los procesos con un matiz político. ¿Dónde quedará aquella iniciativa que tuvo en su día aquel famoso primer presidente del Tribunal Constitucional español don Manuel García-Pelayo?

         Volviendo al empresario Cedeño, todos los jueces y magistrados que han seguido los dictados del fiscal general han sido promocionados, y los que dignificando su profesión han intentado instruir el caso con arreglo a las leyes democráticas venezolanas han sido apartados y en algún caso incluso perseguidos: la jueza Yuri López ha tenido que exiliarse a los Estados Unidos tras las amenazas de muerte a sus hijos.

         En estas circunstancias emerge en Venezuela una clase de prisioneros políticos, cuyos más elementales derechos procesales son reiteradamente ignorados; incluso si obtienen reparación de sus derechos en las instancias internacionales el régimen bolivariano ignora y descalifica cualquier pronunciamiento adverso de estas últimas, como lo hará con esta moción.

         La lista de presos en estas circunstancias es larga, y podemos destacar, entre otros, los nombres de Iván Simonovis, Lázaro Forero, Julián Guevara, Gustavo Azocar, Carlos Ortega, José Rafael Ramírez y Leocenis García. El último ejemplo ha sido el del líder estudiantil Julio César Rivas, detenido el pasado mes de septiembre por encabezar una protesta en la universidad Von Humboldt y liberado estos últimos días tras la presión de una huelga de hambre, nada menos que de los estudiantes.

         Jueces y fiscales fieles al régimen reciben rutinariamente el encargo de imputar cargos criminales contra objetivos políticos del Gobierno; las víctimas son difamadas en los medios de comunicación; son imputados sin fundamento, detenidos arbitrariamente y sus derechos a la defensa son vulnerados reiteradamente. Eligio Cedeño es una de esas víctimas, como otros muchos. Lo único que reclama este ciudadano es el derecho a un proceso normal con arreglo a las propias leyes venezolanas y en el que pueda ejercer sus legítimos derechos a la defensa.

         Por ello, el texto de la moción refleja la reiterada vulneración de estos derechos y el conjunto de arbitrariedades cometidas, desde el derecho a la defensa, el derecho al juez natural, a la legalidad penal, derechos económicos y sociales y derecho a la salud y a la dignidad humana.

         El último episodio ha ocurrido estos últimos días. La sala octava de la corte de apelaciones decidió la pasada semana la reducción de la prolongación de la prisión preventiva de dos años a ocho meses, lo que en la práctica suponía la inmediata puesta en libertad, puesto que los ocho meses ya han transcurrido y, de hecho, la prensa de aquel país amigo del pasado jueves día 16 de octubre anunció su excarcelación; pues bien, esta medida no se ha producido, y la fiscalía ha presentado un recurso de amparo anta la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia para evitar que salga en libertad.

         Venezuela es constitucionalmente un país democrático; es importante recordar el artículo segundo de la Constitución bolivariana que proclama que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Y su artículo 44 como principio general reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada en libertad. Pero un Estado que refleja estas situaciones demuestra que el espíritu y la letra de la Carta Magna son claramente vulnerados por el Gobierno de aquel país amigo.

         Por ello, entendemos necesaria una cierta acción exterior de instituciones como esta Cámara, como el Parlamento Europeo, sin acritud, y realizadas desde un país democrático y amigo de Venezuela para contribuir a restaurar el funcionamiento de la justicia y, en definitiva, el Estado de derecho y la democracia real y no únicamente formal de Venezuela.

         No tengan ninguna duda, señorías, de que al reforzar el Estado de derecho y la seguridad jurídica contribuirán también a la mejor defensa de los intereses españoles, y especialmente empresariales, en este país, cuya importancia se ha visto en la reciente visita del presidente Chávez a Madrid.

         En estas condiciones y solo en estas condiciones el régimen bolivariano podrá confrontar legítimamente el apoyo de la ciudadanía a su proyecto político, económico y social con el que puedan obtener las otras opciones ideológicas. Mientras ello no ocurra la democracia bolivariana es más formal que real.

         Muchas gracias, señor presidente.

         El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

         Turno en contra.

         Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

         El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente, con su venia.

         Con esta moción cabe el peligro de que la Cámara evalúe quiénes manifiestan simpatía o quiénes no la manifiestan por el presidente de la República de Venezuela en una especie de distinción maniquea entre chavistas o antichavistas, y esa puede ser una tentación recurrente que a mí particularmente me resulta un tanto repulsiva porque parto de la base de que aquí no estamos juzgando a ningún presidente de ninguna república, máxime cuando se ha afirmado aquí la condición de Estado democrático, máxime cuando la Unión Europea cada vez que ha evaluado procesos electorales no ha cuestionado la legitimación de origen del régimen venezolano, máxime cuando también la república de Estados Unidos de América del Norte cuando ha evaluado tal proceso electoral tampoco lo ha hecho así.

         Luego si se afirma que es un Estado democrático, la primera pregunta es: ¿cuál es la competencia del Senado de España para evaluar la constitucionalidad de un proceso penal en un Estado democrático, cuál es? Porque si evaluamos de estética o de las simpatías o antipatías que a cada uno le pueda merecer lo que se hace o no se hace en la actualidad y lo que se ha hecho en los últimos años, no la legitimación de origen del sistema democrático, no la legitimación de origen del régimen político, sino la legitimación de ejercicio en su práctica cotidiana, podrá haber unas u otras manifestaciones acerca de una medida o acerca de otra medida, pero lo que hoy estamos evaluando aquí es una especie de juicio público a un conjunto de asuntos.

         Por ejemplo, me ha extrañado escuchar una especie de evaluación negativa por el oficio de militar. Con respecto a Latinoamérica hay muy diversas experiencias. Yo no soy militar, pero no me parece adecuado descalificar a un gobernante por haber sido militar, entre otras cosas porque Omar Torrijos era general, era militar. Luego la cuestión no está en la proveniencia de oficio de unos u otros gobernantes, creo yo que no se trata de calificar o descalificar a nadie por su oficio inicial.

         Tampoco es cuestión de cuestionar la voluntad individual o la voluntad grupal de la Cámara en torno a los derechos humanos, ni la trayectoria que ha caracterizado a los integrantes de la Cámara en torno a este asunto, sino que la primera pregunta es la competencia para hacer en el Senado un juicio de constitucionalidad en torno al proceso penal. Si se trata de un debate jurídico-técnico tendríamos que coger la Constitución de Venezuela y tendríamos que coger el código orgánico procesal penal y evaluarlo; pues bien, si cogemos tanto el texto constitucional como el código orgánico procesal penal, yo diría que es una constitución bastante avanzada en materia de derechos humanos y yo diría que en el ámbito procesal penal es un código orgánico procesal penal bastante avanzado en ese campo concreto.

         Luego, ¿cuál es la posición a mantener aquí?

         En esta materia, yo procuro aprender de un senador que estaba aquí, en esta Cámara, en la legislatura pasada, un senador que venía siempre a los Plenos viajando desde Venezuela, un senador socialista gallego, pero que vivía en Venezuela, el amigo Cándido, y siempre que se abordaba aquí este asunto, él, que vivía allí, él que lo ha pasado mal, siempre acababa diciendo: después de los que ustedes hablan en el Senado, al día siguiente yo estoy en Venezuela y siempre me planteo cualquier decisión en función de si es útil o no para el trabajo que tengo que hacer allí, si es práctico o no para el trabajo que tengo que hacer allí. Nuca me planteo una moción ni un discurso como un desahogo terapéutico sino que siempre me planteo la eficacia de lo que digo y de lo que hago al servicio de la gente de carne y hueso que está allí, no solo al servicio de los españoles en general, en mi caso particular de manera específica en lo que se refiere a los canarios, sino en general a los seres humanos que están en el lugar.

         Y, él siempre tenía un enfoque muy pragmático, muy orientado a la utilidad del trabajo que tenía que hacer.

         A nosotros no nos parece correcto que nos planteemos como premisa qué es un Estado democrático según dice la Unión Europea, según dice la República de Estados Unidos de América del Norte. Si esto es así, empezaría a evaluar con mayor bondad este tipo de mociones si algún día se plantease respecto a un proceso penal en Estados Unidos o respecto a un proceso penal en Italia.

         A ustedes ¿qué les parece que si aquí se plantease una moción sobre el proyecto Berlusconi para dividir la carrera judicial, por un lado los jueces y por otro lados los fiscales? No hay competencia del Senado para tal cosa. ¿Por qué razón? Porque es la misma posición que se podría plantear a la inversa. No hay competencia para tal cosa. ¿Por qué? Porque es entrar a evaluar procesos penales internos y hace un juicio de inconstitucionalidad acerca del proceso penal.

         Y, si se quiere, podemos hablar en concreto de la persona que da el pretexto formal a la presentación de la moción, el señor Sedeño, que entonces era presidente del Banco de Canarias. Se plantea un supuesto -presunto, porque todavía no hay una sentencia firme- del conjunto de recursos planteados por el señor Sedeño de una importación de ordenadores por un valor de 30 millones de dólares y la documentación era falsa según se manifiesta de forma presunta.   

         Pero si yo ahora hiciera esa exhibición del conjunto de folios que explica todo el procedimiento estoy entrando en la premisa inicial, en  hacer un juicio de constitucionalidad acerca de un proceso penal concreto y, francamente, no me parece que sea el asunto. No me parece que lo relevante sea que evaluemos en concreto, como si nosotros fuéramos la corte de casación que va a evaluar la constitucionalidad respecto a la prisión preventiva que está establecida por dos años y en supuestos excepcionales, como plantea el código orgánico procesal penal, la ampliación, tal como se abordó, de la prisión preventiva.

         Hay un error en el planteamiento de la moción en el último párrafo porque no existe ese derecho que se plantea en el último inciso –el derecho constitucionalmente reconocido de toda persona de ser juzgada en libertad-. No es cierto, no existe ese derecho, porque en muchas ocasiones desde la situación de prisión va directamente a la vista oral y luego sigue en prisión. No es verdad que para que se dé el supuesto de vista oral tenga que estar en libertad, sino que puede ir directamente desde la propia prisión en situación de prisión preventiva.

         Dejo a salvo el lapsus escriptum  del folio segundo, en el que se habla de la República Boliviana, porque es un lapsus escriptum que no tiene mayor importancia y lo que se quería decir era Bolivariana en lugar de Boliviana.

         Al margen del análisis hermenéutico de la moción, a nosotros nos parece que no hay competencia para evaluarlo. No es correcto que empecemos a hacer este tipo de formulaciones porque, también, se pueden plantear respecto a otros países que constitucionalmente están calificados como sociedades y estados de derecho, e insisto en el ejemplo que les puse en concreto de Berlusconi, porque una cosa es que podamos debatir de todo lo humano y lo divino, y yo, en eso, no tengo ningún inconveniente, porque es lo que más me gusta, o sea, disfruto debatiendo de todo lo humano y lo divino, más bien de lo humano porque en lo otro no considero que tenga nada que aportar.

         Pero cuando evaluamos acerca de todo lo humano tenemos que adecuarnos a las competencias que tenemos para poder entrar en el fondo del asunto.

         Este es un asunto que está sub iudice, y lo está para todo el pueblo venezolano, con el mismo sistema judicial. Porque, de igual forma que se dice que hay algunos opositores al actual régimen que han tenido dificultades jurídicas  -que se han descrito aquí-, en la actualidad también hay otros muchos líderes de la oposición que están permanentemente hablando en los medios de comunicación. Luego la realidad es que unos viven una experiencia y otros viven otra. Y, de la misma forma que aquí puede haber muchas personas que tienen un criterio sobre este régimen, otras pueden tener otro criterio. En cualquiera de los casos, no parece adecuado que los españoles estemos dando lecciones acerca de cómo tienen que llevar sus procesos penales. Nosotros tenemos nuestros propios estándares acerca de garantías, de derechos fundamentales en el ámbito del proceso penal. Pero, insisto, no parece adecuado que desde aquí, en una especie de neocolonialismo jurídico, le estemos diciendo a otros pueblos cómo tienen que adecuar su proceso penal.

         Insisto, en términos del texto constitucional es una constitución avanzada; en términos del código orgánico procesal penal es un código bastante avanzado y, en términos clásicos, convencionales, bastante progresista. Se pueden sacar una serie de supuestos en los que nos rechina esa forma de llevar el asunto, pero es el que aplican a todas las instituciones y todas las realidades que se dan en la República de Venezuela. Y sería bueno que en algún momento  nos planteásemos en qué tipo de asuntos podemos hacer estos análisis y en cuáles no. Si se quiere hablar en concreto del supuesto del señor Cedeño,  aun estando sub iudice  -que es un brocardo del medievo suficientemente ilustrativo-, a pesar de eso se puede hablar con toda precisión. Tengo en mi poder los recursos planteados, todos por el señor Cedeño, las propuestas de prueba que han sido declaradas pertinentes y no pertinentes; las respuestas, tanto de los juzgados unipersonales como de los tribunales colegiados e incluso las de la corte de casación.

          A nosotros nos parece que no es un buen precedente estar haciendo esta función para pueblos hermanos e insisto, el día en que nos planteemos asuntos de esta naturaleza para otros pueblos con mayores cotas de poder, entonces pensaré que hay una situación de equilibrio a la hora de abordarlo. Mientras tanto, escucho con simpatía las intervenciones que se formulan pero, en términos formales, creo que hay que ser muy responsables, muy respetuosos con los procesos internos que llevan los pueblos y, sobre todo, pensar que después de cada desahogo terapéutico el sol sigue saliendo; y cuando el sol sigue saliendo sigue habiendo un conjunto de personas que siguen viviendo una realidad, y a todas esas personas hay que decirles lo mismo: qué está haciendo la Unión Europea y qué está haciendo Estados Unidos. Mucha vigilancia democrática, mucha colaboración democrática, muchas  gestiones para solucionar cada caso concreto, no tanto con declaración retórica o píos deseos de desahogos terapéuticos, sino gestionando de forma concreta cada supuesto para que sea útil y para que sea efectivo.

         Esta es la razón por la que el Grupo Socialista ha querido consumir este turno en contra.

         Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

         El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

         Pasamos, a continuación, al turno de portavoces.

         Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

         El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

         Voy a intervenir brevemente, sin hacer una valoración de si estamos a favor o en contra de la República bolivariana de Venezuela, porque no es el caso y, como se ha dicho, tampoco tenemos competencia para ello. Pero sí quería manifestar que es verdad que en Venezuela existen muchos canarios y españoles que a veces tienen mermados tanto los derechos judiciales como los derechos humanos.

         Es verdad   -y me consta-  que el Gobierno español, con la diplomacia española ha hecho muchos esfuerzos en casos concretos con el Gobierno bolivariano para tasar cada caso concreto  e intentar solucionarlo, pero considero que el esfuerzo debería ser mucho mayor, porque muchas veces los canarios en Venezuela ven mermados el trabajo y el esfuerzo  de sus familias de muchos años y, en ocasiones, arbitrariamente. No voy a entrar en si el Senado tiene competencias o no para aprobar lo que se dice en la moción, pero creo que el Gobierno español y la diplomacia española deberían seguir haciendo esfuerzos por un país hermano,  país en donde existen muchos canarios y españoles que, a veces, lo pasan mal, judicialmente, y ven mermados sus derechos.

         Muchas gracias.

         El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

         Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Anasagasti.

         El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Kaiso, señor presidente.

         Muchas gracias por la clase de ortografía que me ha dado, pero Bolivia y Bolívar tienen el mismo significado. Es una palabra euskérica, que significa parada de molino. La República boliviarana, el Estado de Bolivia viene de Simón Bolívar, y hubo una discusión sobre si se iba a llamar Bolivia o Sucre, pero eso es lo de menos.

         Lo de más es ¿Por qué? Esto no es ningún desarrollo terapéutico. Usted dice que sale el sol todos los días. Sale el sol para usted, para mí y para los que estamos aquí, pero para los que están en la cárcel no sale el sol. Este no es un debate jurídico, este es un debate solidario. Dice: Esto es una injerencia en los asuntos internos de la justicia venezolana. ¿Y Guantánamo qué? Aquí hemos aprobado iniciativas contra Guantánamo y hemos aprobado iniciativas a favor de la situación del Tíbet ¿Eso no es injerencia en los asuntos internos? ¿O los derechos humanos no son derechos universales?

         Nosotros aquí hemos planteado algo que nos preocupa. Nos preocupa que en Venezuela no haya libertad de expresión, no haya defensa de los derechos humanos, no haya garantías procesales y no haya garantías jurídicas.

         Usted ha hecho alusión a aquel senador socialista que se llamaba Cándido Sánchez Rozada. Me gustaría saber qué opina en este momento el ex senador Cándido de la situación que está viviendo Venezuela. No tiene nada que ver la situación que se vive en Venezuela actualmente con la que él vivió, porque Venezuela va hacia un sistema autoritario. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando públicamente.

         Ayer vino el ministro Moratinos. No se entrevistó con la oposición cubana, y lo hemos criticado, pero la noticia de hoy es que dos presos cubanos han salido en libertad. Imagino que al Gobierno le preocupa lo que está ocurriendo en Cuba. Pero después de su intervención, que usted ha llevado al terreno jurídico, parece que en Venezuela solo existe el caso Cedeño. Existe el caso Cedeño y otros doscientos casos más. Hace poco, en Praga se ha celebrado una reunión de ciudadanos de Europa preocupados por la situación, con un eslogan que decía: En Navidad todos fuera. Nosotros lo que estamos pidiendo es un poco de solidaridad.

         Yo más que de Cándido Sánchez Rozada me acuerdo de Justino Azcárate, que fue senador real y uno de los impulsores de la creación de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Él consideraba que el debate europeo era muy importante en aquel año de 1977 pero que España debía mirar mucho más a América, que le dolía América. Y a nosotros nos duele lo que está ocurriendo en Venezuela, y por eso lo denunciamos.

         Usted conoce al que fue alcalde de Madrid y senador en la anterior legislatura y ahora es diputado. Hace cuatro años el senador Barranco estuvo como observador en una delegación en las elecciones legislativas venezolanas. Estuvimos en la sede de Acción Democrática, partido amigo del Partido Socialista Obrero Español, y allí el senador Juan Barranco dijo a los venezolanos de Acción Democrática que participaran en las elecciones porque fuera de las instituciones hacía mucho frío, y un venezolano de Acción Democrática le contestó: el mismo frío que tenían ustedes en la época de Franco, y nosotros a ustedes les arrojamos un gran gabán. Nosotros les pedimos que nos arrojen un gran gabán.

         Pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que no se oponga a esta iniciativa. Podemos entender que la situación de Gobierno a Gobierno es la que es, pero la situación de los derechos humanos en Venezuela es una situación que a cualquier ser humano le tiene que preocupar, y a nosotros nos preocupa de manera significativa.

         La semana pasada estuvo aquí el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que ha sido elegido democráticamente en los barrios pobres y en los barrios ricos. ¿Qué ha hecho el Gobierno venezolano? Quitarle absolutamente todas sus competencias. Ha otorgado dos entrevistas, una al ABC y otra a El País, y fíjese lo que decía el alcalde de Caracas: La disidencia en Venezuela es un delito. Yo me siento más cercano a Rodríguez Zapatero y siento que él debería estar más próximo a nosotros, porque no encuentro puntos de coincidencia entre él y Chávez. Zapatero cree en la libertad, cree en la alternativa, cree en la tolerancia; Chávez es autoritario, es militarista. Yo lo que pido es que haya más comprensión para Venezuela, que los gobiernos hagan negocios es natural en todo el mundo, pero más importante que un pozo de petróleo es la vida de un ciudadano.

         Y termino, señor presidente. Esto no es un  desahogo terapéutico, señoría, como usted está tratando de ridiculizar al decir que el sol sale para todos. No, no sale para todos. Desde luego, a los que están encarcelados no les sale el sol, y fíjese si hay sol en el trópico.  Lo único que les pedimos es que no voten en contra. Por lo menos, que se abstengan.

         Muchas gracias, señor presidente.

         El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

         Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.

         El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.

         Señorías, subo a esta tribuna para posicionarme en nombre de Convergència i Unió sobre la moción presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas, magníficamente defendida por el senador Iñaki Anasagasti.  El senador del PNV defiende con pasión y con razón esta moción, entre otras cosas porque no renuncia ni a su nacionalidad vasca ni a su origen venezolano.

         Desde Convergència i Unió nos hemos preguntado también si las Cortes Generales y el Senado debían manifestarse o no sobre un tema que, como ha dicho el portavoz socialista, alguien puede pensar que afecta a la soberanía de un país, de Venezuela, y posicionarse sobre el legítimo derecho de toda persona a ser juzgada en libertad, también en Venezuela, y si no podemos aceptar que el Gobierno venezolano permanezca ajeno a estas situaciones que vulneran los derechos humanos más elementales, y para nosotros la respuesta es afirmativa: podemos y debemos posicionarnos sobre este tema. Pero, es más, en un momento en que el Gobierno español –lo ha explicado perfectamente el senador Anasagasti- quiere impulsar en todo el mundo lo que se ha venido a llamar la alianza de civilizaciones, la defensa del respeto a los derechos humanos en el ámbito internacional ha de ser una de nuestras y de sus prioridades. Este Senado, sobre todo cuando alguien pide amparo, no puede mirar hacia otro lado. Eso sería simplemente un ejercicio de hipocresía.

          No me pararé demasiado en la exposición del caso del señor Cedeño, pero sí tengo que manifestar que, analizada su situación, uno llega a la conclusión de que se trata de una flamante injusticia y una manifiesta irregularidad jurídica, que representa una escandalosa quiebra de la independencia del Poder Judicial. Es inaceptable que el Gobierno venezolano utilice la Justicia para perseguir a ciudadanos, sean o no opositores. Es inaceptable que cualquier gobierno utilice para sus intereses el Poder Judicial. Señorías, les invito a analizar el caso de Eligio Cedeño, que lo único que reclama, lo único, es el derecho a un proceso normal, con arreglo a las leyes venezolanas y, sobre todo, su derecho a poder ejercer su derecho a la  defensa.

         Alguien puede pensar que iniciativas como esta pueden deteriorar la situación de ciudadanos españoles y de empresas españolas en Venezuela. Nada más lejos de la realidad. Desde Convergència i Unió pensamos también que reforzar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica contribuirá a la mejor defensa de los derechos del ciudadano Cedeño, así como en otros casos de las mismas características, pero también los de los españoles y nuestras empresas en Venezuela.

         Por todo ello, por responsabilidad, por justicia y por democracia, Convergència i Unió votará a favor de esta moción.

         Muchas gracias, señor presidente, señorías.

         El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

         Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador de Puig.

         El señor DE PUIG OLIVE: Señor presidente, señorías, me van a perdonar esta voz de trancazo, pero creo que podré hacerme comprender.

         Como dice el clásico: entre tanta polvareda, perdimos a don Beltrán. (Risas.) De lo que estamos hablando no es de muchas de las cosas que ha señalado el senador Anasagasti sobre la situación en Venezuela sino de una moción precisa, concreta, de un texto que tenemos que aprobar o no.

         El resto está muy bien y se puede asumir en gran medida lo que han dicho el portavoz socialista y el resto de portavoces, pero no estamos aquí simplemente para discutir la situación en Venezuela sino para ponernos de acuerdo, o no, sobre un texto en relación con los derechos de defensa penal de los opositores al régimen. Esto es lo que se nos pide que votemos.

         Mi grupo parlamentario va a votar en contra de este texto porque creemos que no se sostiene. Algunos argumentos pueden ser perfectamente asumibles, pero no todos y, por ello, ayer sugerimos que se cambiasen, señor Anasagasti, pero no encontramos receptividad ninguna. Lo hubiéramos podido mejorar y hubiéramos conseguido una moción que fuera posible aprobar con el apoyo de todos, pero ignoro  por qué no se ha querido. En este sentido, además de ser buenos demócratas, debemos ser buenos parlamentarios y presentar textos que tengan sentido, como ha dicho en algunos casos el señor Díaz Tejera. Es decir, hay que presentar mociones en las que el Senado pida cosas que el Senado pueda pedir y que inste al Gobierno a hacer cosas que pueda hacer el Gobierno y, finalmente, que esas cosas sean posibles porque algunos de los elementos que se plantean no son del todo democráticos y, otros, simplemente, son un brindis al sol.

         Si de lo que se trata es de criticar a Venezuela, critiquemos a Venezuela. Nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones, tanto en el Pleno como en las comisiones, cuál es la distancia que separa nuestro modelo de democracia con respecto al de la Venezuela del señor Chávez. Todas sus señorías conocen que hemos reiterado en muchas ocasiones la fragilidad democrática de Venezuela, hemos señalado cuántos elementos nos llevaban a la preocupación en relación con la vigencia de los derechos humanos, el funcionamiento democrático de Venezuela, la defensa de los intereses de los españoles –hemos debatido varias mociones-, la deriva hacia el autoritarismo, etcétera. No se trata solo de esto y de pedir gestiones al Gobierno, que ya se las hemos pedido, sino que se trata de una propuesta concreta, en este caso.

         Voy a señalar una realidad, aunque no quiero menoscabar con ello la intención del senador Anasagasti, y es que, desgraciadamente, en este mundo se producen muchas vulneraciones de los derechos humanos. Hay 12 países europeos que tienen problemas judiciales, problemas con su justicia y las instituciones internacionales les han pedido cambios y reformas porque no se cumplen estrictamente los derechos humanos. Y en el caso de América Latina, ¡mejor ni hablamos!

         Los derechos humanos son universales, como usted ha dicho. ¿Qué vamos a hacer en España? ¿Qué va a hacer el Gobierno español? ¿Vamos a iniciar una operación contra todos los países donde existe ese problema? ¿Solo nos vamos a ocupar de Venezuela y vamos a olvidar a los demás? Me parece que es una reflexión que también debemos hacernos, aunque no nos guste cómo son las cosas en Venezuela.

         ¿Vamos a proponer al Gobierno que se dedique a defender las cosas que dice su moción, en todos los casos? Esta no es la política internacional que se practica, en razón a su eficacia. Los países, en sus relaciones internacionales y en sus relaciones bilaterales, procuran no injerir, procuran recomendar y no ser agresivos porque es mucho más eficaz. Si no se pueden liberar 200 presos, pero se puede liberar a 2, estará bien que se libere a 2, aunque lo deseable fuera otra cosa.

         Estoy en contra, y mi grupo que discutió bastante esta moción también, de estas políticas agresivas en general. Además, la moción, como decía, le pide hoy al Gobierno cosas imposibles e inaceptables desde el punto de vista democrático. En primer lugar, se habla de que se insta al Gobierno para que consiga la preeminencia absoluta del derecho. ¿Cómo va a conseguir esto el Gobierno? ¿Cómo puede conseguir que en Venezuela las cosas cambien en cierto sentido de preeminencia absoluta? Esto es un brindis al sol, francamente. Pongamos otra cosa; yo ofrecí poner otras cosas. O, por ejemplo, cuando se habla de limitar las situaciones de prisión preventiva. Fíjense ustedes el nivel de injerencia.

         Le pedimos al Gobierno de España que diga al Gobierno  o  a la justicia –luego veremos- que tiene que limitar la prisión preventiva en Venezuela en determinados caso cuando son opositores al régimen. En primer lugar, ¿cómo sabemos que son opositores de verdad al régimen? ¿Cómo sabemos que su causa responde simplemente a un hecho político y no a un hecho delictivo, como parece en algún caso? En eso hay que ir con mucho cuidado. No a todo el que venga de Venezuela y nos diga: mire usted, yo soy un opositor y a mí me inculpan de contrabando, le vamos  a creer lo que nos dice. En cualquier caso, ¿le pedimos al Gobierno que inste al Gobierno de Venezuela para que intervenga con los jueces sobre la prisión preventiva? Esto es lo que hacemos. ¿Es esto democrático? ¿Es democrático pensar que el Gobierno tiene que decirles a los jueces esto? ¿O interpelamos a la justicia directamente? Es decir, nosotros le pedimos al Gobierno español que diga a la justicia de Venezuela que tenga cuidado con la previsión preventiva.

         A mí me parece un mal tratado, me parece absolutamente inaceptable como concepto y como petición al Gobierno para que actúe. No se le puede pedir esto al Gobierno español, y no se le puede pedir ni al Gobierno venezolano ni a la justicia venezolana. En todo caso, si queremos hacer la denuncia debemos hacerla en otros términos, como yo le ofrecí ayer. Si usted hubiera querido borrar simplemente esta frase de la preeminencia absoluta, que es un brindis al sol, y cambiar este elemento de la prisión preventiva, posiblemente nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero, como le digo, además de hacer la denuncia, además de decir todo lo que no nos gusta de Venezuela, hay que presentar textos que sean correctos desde el punto de vista de lo que puede hacer el Senado, de lo que puede hacer el Gobierno de España en una situación como esta. Por lo demás, podemos aceptar muchas de las denuncias que usted hace –las hemos  hecho por nuestra parte-, al mismo tiempo que creemos que hay que tratar a Venezuela como a cualquier otro país donde haya defectos democráticos y problemas de funcionamiento e implementación de los derechos humanos del mismo modo, y no precisamente en uno más que en los demás.

         Muchas gracias.

         El señor PRESIDENTE: Gracias.

         Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

         El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente.

         Llevo cinco años en esta Cámara y siempre he escuchado con mucha atención las intervenciones sobre esta materia tanto del señor Carnero como del señor Anasagasti. Yo, en general, simpatizo mucho más con las personas que con su timbre y su tono me expresan lo que piensan y siente; me fijo más en el timbre y en el tono que en las palabras que utilizan. Y cuando hay pasión para mí eso es un plus porque es realmente lo que está sintiendo, lo que está expresando; por el contrario, cuando se lee uno nunca sabe si el que lee, lee lo que piensa y siente de él, de ella o de otros. Por eso simpatizo cuantas veces les he escuchado hablar de esta materia, pero siempre he comprobado en la constante del ministro Moratinos la misma línea de actuación: paciencia seráfica, voluntad querubínica para ser útil siempre; denunciar, vigilar, supervisar, criticar, pero siempre ser útil.

         Ayer volvimos a escucharlo en la interpelación de Alejandro Muñoz- Alonso, cuando contestó a las preguntas que usted le planteó; incluso en el debate sobre las elecciones del 22 de noviembre de Honduras se escuchó la posición que mantiene la comunidad internacional, el Gobierno de España, y la de usted, sobre la que podríamos discutir también. Pero siempre la misma constancia: ser útil, ser práctico, ser útil, ser útil -no es ninguna descalificación, porque, como usted sabe, le tengo simpatía y soy de los que siempre comento lo que he leído-, porque –lo he calificado de desahogo terapéutico; si he molestado a alguien, lo retiro. No tengo ningún problema en hacerlo; lo retiro, y pido disculpas-, mañana continuará esta situación, y habrá que seguir haciendo gestiones porque el sol sigue saliendo para los que están en la cárcel, porque no es lo mismo un sistema penitenciario que otro; no es lo mismo las gestiones que realicen quienes representan a España y a la Unión Europea ante cualquier sistema penitenciario que aquellas que no puedan hacer; por ello, siempre hay que mantener la interlocución, siempre hay que seguir gestionando.

         La titularidad de los derechos humanos no la tiene el universo, ni las galaxias, sino cada ser humano en tanto que miembro de la especie humana; esos humanos han establecido unas reglas, sobre todo, quienes no tienen poder contra los que tenían mucho poder, porque ¿quiénes creen ustedes que han puesto las reglas del principio de no injerencia en asuntos internos? ¿Los países poderosos? No, han sido los países menos poderosos para poner límite a quien tenía poder, porque las palabras límite, regla y garantía nunca las necesita quien tiene poder político, económico, religioso, mediático, financiero, etcétera. Las palabras regla, límite y garantía las usa la gente que no tenía ningún poder.

         Por ello, uno de esos criterios es: cada pueblo se organiza como estime. Alguno podrá tener la tentación de suplir, sustituir, o actuar en el lugar de otro pueblo, eso lo tendrá que ver usted, porque no es propio de democráticas sustituir la voluntad de ningún pueblo. El debate en esta Cámara no es entre los de izquierdas o los de derechas, chavistas o no chavistas. En la vida he tenido mitos de ninguna naturaleza en ningún ámbito, pero, sinceramente, antes que chavistas o no chavistas, de izquierdas o de derechas, se es demócrata, y una de las exigencias de la condición de ser demócrata es que si la Unión Europea, Estados Unidos, toda la comunidad internacional dicen –y aquí se ha dicho- que es un Estado democrático, gusten o no las prácticas y la legitimación de ejercicio ante cada caso concreto, habrá que ser coherente con ello. No se trata de convertirlo en una especie de tribunal inquisitorial, una especie de remedo moderno de la inquisición española que expide certificados de idoneidad a ver qué proceso penal se ajusta más o menos a los estándares que establecemos.

         Hace pocas semanas estuve en un debate sobre los estándares democráticos con jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Internacional de Yugoslavia, y les aseguro que los estándares democráticos de España son muy superiores a los de los tribunales internacionales. Y si la Unión Europea lo que plantea es supervisión, vigilancia y exigencia a los Estados democráticos, lo correcto es que nos planteemos tal posición.

         No he llevado el debate al ámbito jurídico, no ha sido esa la voluntad, es que es el texto de la moción habla de la preeminencia absoluta de los derechos a la defensa y demás derechos fundamentales en la sustanciación de los procesos penales contra personalidades opuestas al Gobierno. Hay personalidades opuestas al Gobierno que están oponiéndose en los medios de comunicación, de igual forma que se dan algunas experiencias contrarias, como se ha mencionado.

         Hace poco estuvo en esta Cámara el dueño de una de las televisiones que se cerraron, fue el primero con el que hablé, y sigue insistiendo en la necesidad de que, cuando debatamos estos asuntos, pensemos en la gestión práctica que hay que seguir haciendo todos y cada uno de los días.

         Por lo tanto, cuando quiera podemos tener un debate en torno a este procedimiento.  Vamos a sumar el conjunto de recursos presentados en relación con el caso que aquí se menciona -y que ya no volveré a citar, pues está sub iudice-: medidas cautelares, práctica de las pruebas, vista oral y recursos planteados ante el tribunal de casación, y comprobemos cuál de ellos incumple el Código orgánico procesal-penal o cuál incumple la Constitución.

         El debate de fondo, insisto, no es tanto evaluar la realidad de las cárceles al margen del Estado de derecho –encantados de debatirlo-, o la situación de viejas democracias que han cuestionado el habeas corpus en la lucha contra el terrorismo, o la supresión de derechos fundamentales, o la práctica de la tortura buscando actitudes de comprensión o entendimiento respecto a tales prácticas. Cuando quiera podemos debatir todo eso, pero cuando adoptamos decisiones que tienen consecuencias, siempre debemos medir qué va a pasar después de esa decisión.

         Insisto, hoy y mañana, el sol va a seguir saliendo para todos sin excepción y, en particular, para la gente que está en Venezuela. Se puede poner mucha vigilancia, hacer mucha crítica y decir mucho lo que pensamos, pero nunca debemos perder la comunicación si queremos ser eficaces en lo que es la razón de ser de nuestra función: la defensa de los derechos humanos de los españoles. Piensen ustedes que quienes están allí necesitan que continúe la representación democrática que estamos ejerciendo en la actualidad.

         No pongo en duda que ninguno de los que estamos aquí cuestione la defensa de los derechos humanos, pues la titularidad de los derechos fundamentales es una especie de religión laica del siglo XXI. Sin embargo, y sin poner en duda la responsabilidad de todos en la defensa de los derechos fundamentales, es muy importante plantear qué va a pasar a la hora de tomar decisiones. ¿Vamos a ayudar o no a solucionar problemas concretos? Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista, de manera responsable y sabiendo cuál iba a ser el resultado, se esforzó ayer por lograr la transaccional que nos explicaba Luis María de Puig. Sin embargo, cuando nos dijeron que no habría ningún esfuerzo transaccional ya sabíamos por qué; esto forma parte del debate político, pero aunque uno sepa perfectamente cuál va a ser el resultado, es muchísimo más serio y responsable ser coherente con una línea de trabajo. Y a mí me parece, francamente, que la línea de trabajo llevada a cabo por el ministro de Asuntos Exteriores de España, el señor Moratinos, si no es querubínica o serafínica, es de una paciencia humana inconmensurable.

         Gracias.

         El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

         Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García Carnero.

         El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

         Señorías, nuestro grupo va a votar a favor de esta moción.

         Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hemos escuchado sus argumentaciones, muy vehementes, pero déjeme que le diga una cosa. Toda su argumentación, sobre todo en el turno en contra, está basada sobre un elemento que es falso. Por lo tanto, si se asienta sobre una falsedad, todo se viene abajo.

         Señoría, le demostraré con datos y hechos que el Gobierno de Venezuela no es una democracia, sino una democracia exclusivamente formal, realmente, una dictadura. Le demostraré con datos y hechos que en Venezuela no existe separación de poderes; que en Venezuela no existen libertades públicas; que en Venezuela no existen derechos políticos; que en Venezuela no existe libertad de expresión; que no existe seguridad jurídica; que no existe seguridad institucional, ni seguridad de las personas. Por tanto, no existe Estado de derecho. Por este motivo, señoría, toda su argumentación, basada sobre una sola piedra, se viene abajo.  (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y voy a intentar demostrárselo con datos y con hechos.

         No hay separación de poderes, pues Chávez aglutina y controla los tres poderes. El Legislativo, porque todo el Parlamento es de su partido -el Movimiento Quinta República- y aun así, en muchas ocasiones se apropia de competencias que son del Parlamento. El Ejecutivo, no solo porque lo presida, sino porque al que disiente de él no le aparta, le manda a la cárcel. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, con el que fue ministro de Defensa, Raú Baduel, y con el que fue ministro de Finanzas, Francisco Luzón.

         Chávez controla también el Poder Judicial, y no solo porque nombra y destituye a los jueces a su capricho. Usted, todos ustedes habrán podido observar cómo, a través del programa Aló, presidente daba órdenes directas, concretas, estrictas, a doña Luis Estella Morales, la presidenta del Tribunal Constitucional, y le decía: cierre esa televisión, cierre tales emisoras, encarcele a Rosales; directamente.  Por tanto, no hay separación de poderes.

         En Venezuela tampoco hay derechos políticos, porque Chávez persigue, reprime y encarcela a la oposición. Le citaré solo tres ejemplos significativos. Leopoldo López, ex alcalde de Chacal: era el candidato de toda la oposición en las elecciones de 2006. ¿Sabe usted lo que hizo Chávez con él? Aplicar una figura que no existe en la Constitución venezolana: la inhabilitación política previa. Sin juicio, sin condena, sin nada de nada, Chávez decide que ese señor queda inhabilitado y no se puede presentar a las elecciones. Era su principal rival.

         ¿Sabe quién le sustituyó? Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, gobernador de Zulia. ¿Sabe lo que le dijo Chávez en el programa Aló, presidente? Rosales, te voy a encarcelar; literalmente. ¿Sabe dónde está hoy Rosales? Exiliado en el Perú.

         ¿Sabe usted quién fue la persona que lideró la oposición, después de de estos dos casos? El ya citado aquí Antonio Ledezma, que resultó, pese a Chávez, elegido alcalde de Caracas. ¿Sabe usted lo que hizo Chávez con él, al día siguiente? Dictar un decreto valiéndose de una figura inexistente, la autoridad única distrital de la capital, y quitarle todas las competencias al alcalde y todos los presupuestos. Hoy, el alcalde de Caracas, por capricho de Chávez, después de haber sido elegido por los ciudadanos, señoría, no tiene ni despacho, ni presupuestos, ni competencias, ni autoridad ninguna.

         En Venezuela, señoría, no hay libertad de expresión. La única libertad de expresión es ese programa que a veces dura dos horas, a veces cuatro, a veces seis y a veces ocho horas, y no exagero, que se llama Aló, presidente y que obliga a todas las emisoras de radio y televisión del país a conector con él. Como hacen las dictaduras: dictan los partes de obligado cumplimiento.

         ¿Sabe usted lo que ha hecho con Radio Caracas, la principal cadena de televisión? Cerrarla; con un anuncio en ese programa, Aló, presidente, cinco meses antes. Esas mismas amenazas se han reiterado y pesan ahora mismo contra la principal cadena de la oposición que queda, que es Globovisión. ¿Sabe usted que estando allí Moratinos, cuya gestión acaba usted de defender, ese mismo día, mientras Moratinos decía que la libertad de expresión que existía en Venezuela era buena –ese mismo día-, Chávez ordenó cerrar treinta y cuatro emisoras de radio? ¿Sabe usted que hay otras doscientas ochenta y cinco emisoras de radio amenazadas, literalmente, para evitar que sigan enfermando al pueblo? ¿Sabe usted que hay periodistas encarcelados? Gustavo Azócar fue encarcelado; detenido, engrilletado y llevado por soldados con fusiles el mismo día 1 de agosto, en que estaba allí el ministro Moratinos. ¿Sabe usted que hay periodistas exiliados, como Patria Poleo, que ha tenido que huir a los Estados Unidos?

         Voy a decirle algo más sobre la libertad de expresión. Ahora mismo se tramita en el Parlamento un proyecto de ley que se llama ley de delitos mediáticos y que prevé penas de cuatro años de cárcel para todo aquel que divulgue –literalmente- noticias contra el Estado. Esa es la libertad de expresión.

         Ya le he hablado de la seguridad jurídica. Aquí hemos conocido muchas veces la seguridad jurídica en la que viven miles de españoles que han visto invadidas sus posesiones. No expropiadas: invadidas, ocupadas. En un solo día, decidió Chávez ocupar dos empresas, que significaban el 80% de la producción de café, dos empresas españolas; Café Madrid era una de ella. En un solo día, setenta y seis empresas, que significan el 95% del sector petrolero y derivados. En un solo día, Cemex, ya lo conocen. Ya saben lo que ocurrió hace pocos días con la cadena Hilton. Hay, señoría, en el Parlamento de Venezuela, enviadas por Chávez, dos leyes: una ley de asentamientos urbanos, que significa dar legalidad a todas esas invasiones que se han producido, convertirlas en legales. Y otra ley que será la cubanización definitiva de Venezuela, que se llama ley de la propiedad social y que le permite al Gobierno hacerse dueño, apropiarse, de todos aquellos bienes que, en un momento dado, declare de interés para el Estado.

         No hay seguridad jurídica, no hay seguridad institucional. Le citaré un ejemplo el INTI, Instituto Nacional de Tierras, es el instrumento que está utilizando el Gobierno de Chávez para dar cobertura y forma legal a las ocupaciones. Están en vídeo, para que usted las vea. Yo las tengo aquí y se las puedo dar. No hay ni seguridad personal, señoría. El número de secuestros de este año va a llegar a los 900 y le digo que muchos de esos secuestros se hacen con la pasividad, con la connivencia de las autoridades del país, de la policía y de la fiscalía, y se hace a través de un elemento aconstitucional, que se llaman los Círculos Bolivarianos, que son elementos pagados y armados por el gobierno y el régimen de Chávez para imponer el terror allá donde los ciudadanos quieren defender las libertades.

         Eso es exactamente lo que ocurre allí. Si no, mire usted los gestos de su política exterior: enfrentamientos con los países vecinos, con Perú, con Colombia; bloqueo a los poderes de integración que se están produciendo en la región, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, y lo que hace es sacar nuevos instrumentos a su gusto, como el ALBA, esa alianza bolivariana de las Américas, a la cual ha ido incluyendo a países satélites y financiados por ellos. Hace poco habrá leído usted la ocurrencia de inventar hasta una nueva moneda internacional, a la que Chávez quiere llamar sucre e incluso Morales no está de acuerdo con el nombre, la quiere llamar pacha. ¿Quiénes son los líderes, las alianzas de Venezuela en el exterior? Grandes democracias consolidadas como Rusia, Irán China, Cuba, etcétera.

         Señorías, toda su argumentación para hacer la defensa, que es la misma que viene haciendo el Gobierno, se sienta sobre una mentira, sobre una falacia. Democracia no existe en Venezuela, en todo caso democracia formal en los títulos. En realidad, democracia, señorías, hace ya 5 años que ha ido perdiendo, en la deriva en la que Chávez ha llegado al autoritarismo, a una situación que hoy no tiene otro calificativo que el de una dictadura.

         Y frente a eso, señorías, ¿cuál ha sido la posición del Gobierno del España?  La misma que está usted haciendo aquí. Ninguna declaración, ningún gesto, ningún elemento que pueda molestar a Chávez. Se acabaron los derechos humanos. A ustedes se les llena la boca de esas palabras grandes de defensa cuando tienen enfrente algo que consideran de derechas, pero cuando el que ven ejerciendo la dictadura es de izquierdas, entonces todos son complacencias y todo son discursos.  (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Pues le diré una cosa, señoría, le diré algo de alguien a quien seguramente usted admira, de Saramago. Decía él, y aplíqueselo usted, al Gobierno y al Grupo Socialista, que primero hay que ser demócrata, después ya se puede ser de izquierdas. Esa es la realidad de la situación.  (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

         Señoría, déjeme que le diga una última cosa. El Gobierno de España no solo por la defensa de los derechos humanos, de la democracia, tiene la obligación, y este Parlamento tiene el pleno derecho a pronunciarse sobre ello, porque ese es un bien universal. Ustedes aplican eso del bien universal de los derechos humanos solo cuando les conviene y lo ocultan y lo disfrazan bajo argumentos seudojurídicos cuando no les conviene. Pues yo le digo que hay que hacerlo siempre y mucho más en una región en la que España tendría la obligación de liderar, de ser un referente político y mucho más en un país como Venezuela, aunque solo fuera porque allí viven más de 150 000 españoles que están sufriendo la tiranía y la dictadura que ustedes están amparando.

         Muchas gracias.

         El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

         Señorías, antes de proceder a la votación, quiero comunicarles que por acuerdo de los portavoces la votación de los proyectos de ley se hará una vez finalizados todos los debates, al término del debate del último proyecto de ley.                                        

         Por tanto, señorías, procedemos a votar la moción que se acaba de debatir.

         Se inicia la votación. (Pausa.)

         Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 132; en contra, 114; abstenciones, 1.

         El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

 

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