EL UNIVERSAL 07/02/2010  EXPEDIENTE   MÉRIDA     Por Joseph Poliszuk

 

Noche de cristales rotos

 

Hasta el arzobispo de Mérida será interpelado. Los disturbios dieron tregua, pero los afectados creen que hubo un plan: "Cuando los carros explotaron, dijeron: 'Orden de retirada, camaradas'".

 

Al menos tres carros quedaron chamuscados en las residencias Las Marías.

Otros 30 sufrieron daños la noche del pasado 25 de enero

 

Mérida parece volver a la calma, al menos sus calles. Vecinos de las zonas más afectadas creen, sin embargo, que hay cosas que el 25 de enero pasaron inadvertidas: no recuerdan otro tumulto que haya tocado la puerta de sus hogares; tampoco grupos armados que les prometieran la muerte. Los disturbios de ahora y antes nunca habían violado los muros de conjuntos residenciales. Esta vez fue diferente.

Dos jóvenes estudiantes murieron entre las revueltas que hace dos semanas transmutaron la ciudad. Ese fue el parte policial; lo que las autoridades no añadieron es que las manifestaciones de esa noche saltaron los límites de la propiedad privada. Un contingente identificado por los vecinos como tupamaros llegó en autobuses, causó destrozos y generó pánico en las residencias Las Marías, bastión de las protestas y cacerolazos contra el Gobierno.

"Cuando los carros empezaron a explotar y se extendieron las llamaradas, nos atrevimos a salir a pesar del terror que todos teníamos (&) Entonces uno de los hombres dijo: 'Orden de retirada, camaradas'". Ese es el testimonio que repiten varios de los vecinos que presenciaron la invasión al conjunto residencial Las Marías. También lo que dice el informe que entregaron el miércoles a la diputada Iris Varela, tras una visita que hizo en nombre de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

María Isabel Moros tiene la película en su mente. "Quemaban carros y disparaban balas a los edificios", denuncia. "Después de que llegaron dos personas en motos de la Policía de Mérida, se escuchó una voz de mando y, como militares, salieron corriendo en orden hasta montarse en dos autobuses que estaban afuera".

Lo que empezó como otro de los disturbios que a diario habían estado trancando la avenida Las Américas, llegó a la planta baja de su edificio. Estaba preparando la cena en su apartamento acompañada de su hija de 15 meses, un hermano de 9 años y una abuela de 75, cuando de repente se vio presa en un campo de batalla.

"Aunque vivo en el piso 5, había tanta humo que pensaba que tenía el fuego debajo de mi apartamento", afirma. "Derribaron una reja, tumbaron el muro a pico y palo, quemaron la garita de vigilancia, forzaron las bombonas de gas y gritaban: 'Nos mataron a un camarada... Malditos escuálidos, los vamos a quemar vivos'".

La chispa de la dinamita

Fue una noche de cristales rotos. Los apagones de hasta ocho horas y la salida de RCTV Internacional hace tiempo que había exacerbado los ánimos, pero las revueltas de ese día provocaron una baja entre los grupos armados: una bala atravesó el cuerpo del joven de 15 años, Yorsiño Carrillo Torres, en condiciones que no han sido aclaradas.

Ese fue el detonante. Las versiones, no obstante, se contradicen de acuerdo con el crisol político: muchos de los vecinos coinciden en que los tupamaros y otros de los grupos que viven en las residencias estudiantiles de la Universidad de Los Andes atacaron a los edificios de Las Marías, para ir contra los universitarios de oposición que viven en ese lugar.

Pero del otro lado de la moneda, la diputada Iris Varela supone que la bala que mató al joven salió precisamente de alguno de esos apartamentos. "El Gobierno no necesita de grupos armados para que lo estén defendiendo", concluye.

Sea lo que sea, en esta historia queda claro que los vecinos de Las Marías fueron sorprendidos por un grupo de encapuchados, que atentó contra sus edificios. "Todavía estamos asustados", comenta desde Mérida Francis Ramírez al otro lado del teléfono. Quiere que Caracas y el resto del país se termine de enterar de lo que esa noche ocurrió en su inmueble: "Nos mandaron a desalojar; decían que el edificio iba a estallar. Tengo dos niñas de 4 y 7 años y la mayor no quiere estar ni dormir sola".

La conserje Socorro García también tragó grueso. Por lo pronto, quedó sola y con la ropa que cargaba puesta. Traumatizados, mudó a sus cuatro hijos a casa de un familiar para que tomen distancia de todo lo que pasó. No quiere otra bomba lacrimógena con ellos dentro del apartamento; tampoco que sus cortinas prendan fuego otra vez. "Me quemaron la cama, el televisor, el equipo y una peinadora, y dos encapuchados de negro dijeron que si salíamos nos quemaban", recuerda.

¿Quién disparó?

No es lo mismo contarlo que vivirlo. Como muchos otros de sus vecinos, Francis Ramírez se pregunta por qué la policía no hizo nada. Lo dice después de advertir que también es testigo de un repliegue organizado, en el que los encapuchados embarcaron dos autobuses tras una orden de retirada.

Se cansaron de llamar a la policía y nada. "Decían que ya iban pero no llegaron", denuncia Luz Varela, otra de las afectadas. Solo los bomberos acudieron y al final, cuando todo había terminado. Es una situación que destaca el informe que en Las Marías entregaron personalmente a la diputada Iris Varela: "Ya cuando se hacía tarde-noche, un joven que formaba parte de esos grupos armados cayó herido. Sus compañeros lo llevaron al hospital (...) Ni aún después de este hecho, se presentó autoridad alguna. Al contrario, los pocos policías que había se retiraron hacia el Centro Comercial 'Mamayeya'".

"¿Quién disparo?", pregunta la vecina Luz Varela. "¿Uno de ellos mismos? ¿Acaso fue una de sus balas perdidas? ¿Algún estudiante armado? ¿Algún vecino irresponsable? No se hizo investigación alguna, por lo menos no en el día que ocurrieron los hechos".

Ella y otros residentes de Las Marías temen que las pruebas sean alteradas o guardadas. El informe que entregaron a la Asamblea Nacional rechaza la versión del gobernador de la entidad, Marcos Díaz Orellana, en la que asegura que la bala que mató al joven salió de alguno de sus apartamentos: "Nuestra comunidad considera que esta declaración fue apresurada, irresponsable y sin fundamento válido y fehaciente, pues no se produjo experticia ni se practicó ninguna planimetría por peritos calificados".

Los resultados de la autopsia del joven que murió no se conocen, la diputada representante del oficialismo, Iris Varela, dice que está reservada para la investigación policial. Adelanta, sin embargo, que "la planimetría de la bala está lista y señala que el disparo entró en forma descendente".

Todo indica que las autoridades concluirán que alguno de los vecinos disparó a los grupos armados, que se identificaban con el Gobierno. De hecho, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron el jueves a las juntas de condominio, para preguntar dónde viven los activistas de oposición que hacen vida en el Movimiento 13 de la Universidad de Los Andes.

"Salgan, cobardes"

¿Qué fue lo que poseyó a Mérida hace dos semanas? Si bien la batalla de Las Marías tuvo eco en la prensa regional y nacional, toda la ciudad fue un caos. En Los Curos, una de las urbanizaciones más populares, hubo enfrentamientos con la policía. Al otro lado, en el conjunto residencial La Floresta despertaron después de la 1:00 de la madrugada con un ataque sorpresa de la misma policía.

Irene Gruber recuerda que entraron en motos y a pie lanzando piedras y bombas lacrimógenas. "Retaban a la gente gritando: 'Salgan, cobardes'", lamenta. "Un señor les gritó que estaban violando la propiedad privada y en respuesta dispararon a su ventana; tengo un hijo con discapacidad y estaba aterrado". Lo que más le duele, sin embargo, es que vecinos de un bando político acusaran a los del otro con los policías.

"Todo esto es producto de una lectura equivocada del Gobierno sobre los diversos sectores de oposición y sobre el movimiento estudiantil; han armado a grupos civiles para defenderse de gente que protesta con ollas o, los más osados, con piedras y caucho quemado", opina Luz Varela, una de las vecinas de Las Marías que al día siguiente encontraron su carro quemado.

Aunque con el mismo apellido, la diputada Iris Varela se ha hecho otra idea de lo que pasó: está convencida de que los disturbios buscaban desestabilizar al Gobierno. Advierte que la autonomía universitaria y cualquier otra figura no puede ser una patente de corso para proteger a grupos que siembran terror y por eso, desde ya anuncia que interpelará en la Asamblea Nacional al rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, al alcalde de la ciudad, Lexter Rodríguez, y al arzobispo de Mérida, Baltasar Porras.

El núcleo del problema

El rector de la ULA responde que irá a cualquier interpelación que lo convoque. Cree más bien que hay que denunciar que el tropel de personas que secuestró a Las Marías y otros complejos habitacionales estaba integrado precisamente por miembros de los Tupamaros y otros grupos que viven en la Residencia Domingo Salazar de la ULA.

Aunque no todos los huéspedes de las residencias estudiantiles forman parte de grupos violentos, destaca que unos pocos secuestraron el lugar. Una resolución del consejo universitario por eso decretó el 5 de marzo de 2007 sacar el inmueble de los límites del campus universitario; desde entonces las autoridades policiales son responsables de ese lugar.

Se trata de un viejo dolor de cabeza en el que Bonucci resume buena parte de la inseguridad que Mérida ha vivido en esta y otras noches de zozobra. Y no se trata de ideas o corazonadas, destaca que el propio gobernador de Mérida reconoció esa situación en enero del año pasado, en su primera visita al Consejo Universitario de la ULA.

"Me preocupaba mucho el hecho de notar allí (en las residencias Domingo Salazar) una inmensa cantidad de armamento (&) y no estoy ocultando nada de lo que yo pueda más adelante arrepentirme", reconoció el gobernador en esa oportunidad. "Ni en mi experiencia de 17 años como oficial vi armas como las que yo pude observar allí (&) Tenemos que tomar las acciones correspondientes desde el punto de vista de autoridad, para evitar que esas armas puedan ser puestas al servicio de intereses mezquinos, que dejen un saldo negativo para el estado, para la ciudad, para la universidad".

jpoliszuk@eluniversal.com

 

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