La SIP descalifica las agresiones del Presidente Chávez contra medios y periodistas

Miami (1 de noviembre del 2001)
- La Sociedad Interamericana de Prensa lamentó, descalificó y tildó de "torpes y antidemocráticas" las nuevas agresiones verbales con las que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arremetió contra periodistas y medios de comunicación de su país y contra ésta organización, a su regreso por un largo periplo en el extranjero.

El titular de la SIP, Robert Cox, indicó que las "reiteradas amenazas e improperios contra periodistas, editores y organizaciones de prensa que hace el presidente Chávez no hacen más que desnudar su intolerancia ante la libertad de prensa, un hecho que nuestra organización vino denunciando desde que era candidato presidencial porque desde entonces ya amenazaba y arremetía contra medios y periodistas". Cox también recordó la 'frase célebre' de Chávez ya como Presidente, cuando enojado por las críticas advertía a los medios: "si me atacan recibirán plomo de acá, aguanten entonces el plomo parejo".

Cox, subdirector del diario The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur, indicó que las "intolerantes, torpes y antidemocráticas" declaraciones de Chávez, "ponen en evidencia que busca atemorizar a los medios y periodistas con el objeto de crear una cultura de la autocensura para verse favorecido con una prensa manipulada y complaciente, todo lo contrario a lo que aspira una persona con espíritu democrático".

En lo que parece ser una escalada de los altercados con los medios de comunicación y periodistas en el país, tras su reciente retorno al país, Chávez brindó encendidos discursos contra "las dictaduras que ejercen los medios de comunicación" de su país, y denostó particularmente al presidente del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero. En alusión al análisis que la SIP hizo en Washington recientemente sobre la situación de libertad de prensa en Venezuela, Chávez dijo que "no tienen moral para condenar a nadie, condénense ustedes mismos".

La arremetida contra la prensa incluyó también, en recientes semanas, que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones investigue a Globovisión, un canal de noticias de 24 horas, porque habría difundido "noticias falsas" sobre asesinatos de taxistas. Tras el comienzo del proceso en contra del canal, el presidente Chávez amenazó con "no les extrañe que por razones de interés nacional, revise esas concesiones".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina, advirtió sobre las sugerencias que Chávez recibió de parte de una reunión conocida como Primer Encuentro Nacional de Comunicadores Populares organizado por el Movimiento Quinta República, en las que se pone énfasis en censurar a los medios amarillistas que violan el derecho a la información veraz y, entre otros aspectos, multar a los programas humorísticos que deterioren la imagen del Presidente.

Molina, director de la revista Ahora, Santo Domingo, República Dominicana, recordó que la SIP justamente se había opuesto en forma tajante al Art. 58 de la nueva Constitución que consigna que "toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial", porque esa cláusula sobre la veracidad se utilizaría en el futuro para "censurar a los medios independientes que no comulguen con las ideas del autoritarismo".

En términos de libertad de prensa, Molina advirtió que esas acciones e instrumentos de censura hacen que Venezuela se aleje de la democracia y se encamine a un modelo autoritario e intolerante que abrazó Cuba hace tiempo.

La resolución que emanó de la 57 Asamblea General que la SIP realizó a mediados de octubre pasado en Washington expresa: Condenar al Gobierno de Venezuela por la utilización que hace de un sistema judicial que responde a sus fines políticos, así como por el uso abusivo de los medios de comunicación oficiales para intimidar a los medios de comunicación privados, exponer al desprecio y odio público a sus periodistas, directores o editores, y provocar, en una primera etapa, la autocensura en el país; lo cual atenta contra la vigencia de la democracia y de las libertades fundamentales de la persona humana

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