Reunión de Medio Año
Los Cabos
Marzo 12 al 15,2004
México
Informes por país
VENEZUELA
Los informes del último lustro, desde cuando se aprobó la Constitución de la
llamada República Bolivariana de Venezuela en 1999 para establecer la
información veraz y el derecho de réplica, han sido elocuentes en cuanto a las
violaciones sistemáticas de la libertad de expresión y de prensa en perjuicio de
los distintos medios de comunicación social privados, de sus editores y de los
periodistas, que han incluido atentados del derecho a la vida, a la integridad
personal y al trabajo.
Con fundamento en los acuerdos suscritos el 29 de mayo del 2003 entre el
Gobierno y la Coordinadora Democrática de oposición, facilitados éstos por el
secretario de la OEA, César Gaviria, por el ex presidente estadounidense James
Carter, y por las Naciones Unidas, Venezuela se comprometió a encontrar una
solución constitucional, democrática y electoral a su severa crisis de
gobernabilidad y a su aguda polaridad social. Esta vía está a punto de perderse
por un intento de desconocimiento oficial, de la voluntad popular expresada en
las firmas de un referéndum revocatorio del mandato presidencial y por la acción
represiva e indiscriminada ejercida por la Fuerza Armada y la policía política,
dando lugar durante las dos últimas semanas a casi cuatro centenares de presos y
a una decena de muertos, más otros desaparecidos.
Dentro de éstos, cuentan 14 periodistas agredidos y 3 detenidos, aparte del
camarógrafo Carlos Colmenares de RCTV, víctima de un disparo de arma de fuego y
quien está protegido por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos al haber sido víctima de otra agresión en agosto pasado.
De acuerdo con cifras manejadas por la Federación Internacional de Periodistas,
el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa, los periodistas agredidos son los siguientes: Carlos Montenegro (Televen),
Vladimir Gallardo (El Impulso), Berenice Gómez (Últimas Noticias), Felipe
Izquierdo (Univisión), Johnny Figarella (Globovisión), Henry Delgado (El
Nacional), Edgar López (El Nacional), Janeth Carrasquilla (Globovisión), Billy
Castro (Diario Impacto), Bernabé Ruiz (El Tiempo), Willimar Rodríguez (El
Impacto), Reyna Díaz (El Tiempo), María Gómez (Telecaribe), y Omar González (Telecaribe).
Alirio Rodríguez y Dainu Acosta, profesores de periodismo en Maracaibo, y
Roberto Rasquin son los detenidos.
Luego de la aprobación por el Poder Electoral de un reglamento restrictivo e
inconforme con los estándares internacionales, para que los venezolanos pudiesen
firmar la solicitud de referenda revocatorios de los mandatos populares
previstos por el artículo 72 de la Constitución (limitando los sitios de
recolección de firmas, sometiéndolos a vigilancia de funcionarios electorales y
de la Fuerza Armada, aceptando las firmas del pueblo sólo en formularios de
seguridad impresos, numerados y distribuidos por el Estado, imponiendo horas y
días limitados de recolección y mediando, por si fuese poco, la amenaza pública
del Gobierno de destituir a los empleados públicos o suspender las dádivas
estatales a quienes firmasen la señalada petición revocatoria) la oposición pudo
recolectar casi 3.5 millones de firmas, es decir, un millón de firmas por encima
de lo requerido por la Constitución.
Durante las jornadas de recolección de firmas, el Presidente de la República
denunció la realización de un megafraude en su contra, en tanto que la OEA y el
Centro Carter saludaron el carácter pacífico, ejemplar y transparente de las
mismas.
Dentro de este grave cuadro de inseguridad jurídica y política, en consecuencia,
deben situarse los hechos más recientes que vulneran la libertad de expresión y
de prensa.
En octubre del año pasado, el Presidente Chávez ofendió nuevamente a los
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusándolos de
ridículos y de “protectores de delincuentes”, por haber acordado una medida
cautelar en beneficio de la estación televisora Globovisión, cuyos equipos de
transmisión fueron secuestrados por funcionarios del régimen.
La Corte Interamericana, sita en San José de Costa Rica, y la Comisión, además,
han repetido su queja por el incumplimiento de parte del Gobierno del Presidente
Chávez de las medidas cautelares y de las medidas provisionales dictadas a favor
de periodistas, para protegerles en sus libertades de expresión y en sus
derechos a la vida y a la integridad personal.
En diciembre se registraron ataques e intentos de incendio a los templos
católicos y destrucciones, a manos de seguidores del Gobierno, de diversas
imágenes de la Virgen María en Caracas y en los Estados Miranda y Falcón, bajo
el silencio de las autoridades públicas.
El 18 de diciembre, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
dictó su Sentencia 1.942, ratificando la validez en Venezuela de las conocidas
leyes de desacato, es decir, las relativas al castigo penal de los periodistas
quienes ofendan con sus escritos a los titulares o miembros de los poderes
públicos. Se trata de una sentencia que, conforme a la normativa constitucional
es vinculante para todas las Salas del Alto Tribunal y para los demás Tribunales
de la República, y que, a tenor de su texto, reedita una de las más aberrantes
prácticas de intolerancia.
Tal sentencia viene a reforzar la tendencia jurisprudencial restrictiva de la
libertad de expresión y de prensa iniciada con su precedente, la Sentencia 1.013
que fue oportunamente denunciada por el Bloque de Prensa Venezolano ante el
Sistema Interamericano, y que fijó límites inadmisibles -a tenor de las
Declaraciones de Chapultepec y sobre Libertad de Expresión de la OEA- a las
señaladas libertades; pues obliga a los editores al ejercicio de la autocensura
periodística y les hace solidariamente responsables del trabajo de los
periodistas, establece normas sobre los contenidos y acerca de la redacción de
las informaciones transmitidas a través de los medios de comunicación social,
entre otros aspectos.
La sentencia 1.942 advierte que, aparte de considerar competente sólo a la Sala
Constitucional venezolana para determinar qué derechos humanos se han de
reconocer y respetar en Venezuela y dentro de qué límites, previene acerca de lo
siguiente:
“Si un organismo internacional, aceptado legalmente por la República, amparara a
alguien violando derechos humanos de grupos o personas dentro del país, tal
decisión tendría que ser rechazada aunque emane de organismos internacionales
protectores de derechos humanos”.
La Sala Plena del máximo Tribunal, en defensa solidaria del señalado dictum de
su Sala Constitucional, declaró seguidamente y en abierto desconocimiento de la
fuerza de los tratados internacionales sobre derechos humanos que:
“Carece de aplicación en el país cualquier decisión de órganos jurisdiccionales
supranacionales, transnacionales o internacionales que viole la Constitución, o
que no haya agotado el trámite del derecho interno, en Venezuela”.
“Que las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (…) no son de obligatorio
cumplimiento (…)”.
“Que la libertad de expresión no es un derecho absoluto de los seres humanos
(…)”.
Con fundamento en la citada Sentencia 1.013, un Fiscal del Ministerio Público
-actualmente fuera del ejercicio de su cargo por la presunta comisión de un
hecho punible- ejerció demanda civil por daño moral contra el diario El
Carabobeño, acusándolo de responsabilidad por haber publicado una nota de
información suscrita por una de sus periodistas y que dio cuenta de un hecho
notorio, reflejado en términos similares por los demás medios de comunicación.
La información se refería a la detención que se hiciera del señalado funcionario
público por autoridades de la policía judicial al ser encontrado, in fraganti,
en posesión de un vehículo automotor robado. La causa judicial se encuentra en
su fase de debate.
En enero, la organización Reporteros Sin Fronteras, calificó de “año negro” al
año 2003, al denunciar agresiones a 93 periodistas venezolanos, en su mayoría
víctimas de seguidores del presidente Chávez.
El 15 de febrero, Vladimir Villegas, presidente de la Televisora del Estado
(Venezolana de Televisión) declaró a la periodista Milagros Socorro sobre la
razón que bien explica cómo, en los últimos cinco años, los medios de
comunicación en manos del Estado han derivado en laboratorios de la
desinformación nunca antes conocidos y en contra de quienes discrepan de las
políticas gubernamentales:
“No me pidan equilibrio informativo cuando estamos en una batalla y en esta
batalla no soy imparcial. ...yo estoy en VTV como político, no como periodista.
…Tú acusas al canal de que hacemos propaganda, bueno, sí hacemos propaganda.
...No podemos ser imparciales. Tú me pides que me comporte como un periodista.
Te equivocas; soy presidente de una institución política”.
El 18 de febrero pasado, sujetos fuertemente armados y cubiertos con
pasamontañas irrumpieron en el sitio donde se encuentran ubicadas las antenas de
transmisión de Globovisión, canal 33, amenazaron a sus empleados y luego de que
el presidente Chávez dijese el 15 de febrero, en su programa dominical “Aló
Presidente”, lo siguiente:
“Estamos listos, las 24 horas del día. Ustedes pueden decir al mundo todo lo que
quieran, pero no voy a permitir que desestabilicen al país porque yo soy Jefe
del Estado....Ustedes van a ser tomados militarmente, por asalto, cueste lo
cueste, porque aquí tienen que imponerse la Constitución y las leyes”.
Ese mismo día, el Gobierno del Estado Lara instaló un operativo policial para
chequear a las personas y visitantes del diario El Impulso, haciendo ingreso con
sus vehículos policiales a las áreas de estacionamiento privado del diario.
Policías del Estado Carabobo, a su vez, interceptaron y encañonaron al
periodista del diario NotiTarde, cuando tomaba fotos que respaldan sus denuncias
sobre presunta corrupción policial.
La arremetida judicial y militar contra factores que el Gobierno juzga de
oposición no tiene límites. Por orden emitida desde el Ministerio de la Defensa,
cuyo titular es el general en Jefe José Luis García Carneiro, se instruyó al
Fiscal General Militar para que enjuicie en los tribunales castrenses por el
delito de “instigación a la rebelión” a los periodistas Marta Colomina, César
Miguel Rondón, Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco y Patricia Poleo.
Distintos medios de comunicación impresos están siendo objeto de presiones e
investigaciones indebidas, de carácter impositivo, en modo de amedrentar a sus
editores y reducir las informaciones acerca de la grave crisis política, social
e institucional.
La multa por Bs. 582.000.000 de bolívares impuesta al Canal 33 por la agencia
estatal de telecomunicaciones (CONATEL), alegando violaciones en el uso de sus
frecuencias radioeléctricas, es un ejemplo de la presión oficial mediante
instrumentos económicos.
Las agresiones más recientes por parte del presidente Chávez a los
representantes de la OEA, del Centro Carter y de las Naciones Unidas, así como a
los gobiernos de los países amigos del Secretario General de la OEA para el Caso
de Venezuela, indican claramente el ingreso de una situación de confrontación y
de aislamiento internacional.
http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/informe_venezuela2004m.cfm