Venezuela

Resolución de la Reunión de Medio Año

Panamá, Panamá

11 al 14 de marzo de 2005

CONSIDERANDO

que en Venezuela los poderes del Estado se han venido supeditando a la exclusiva voluntad del presidente de la República, con mengua de los principios de independencia y separación de poderes inherentes a la democracia y al funcionamiento del Estado de Derecho, todo lo cual ha ocurrido de manera deliberada, a objeto de encubrir bajo fórmulas legales amenazas, violaciones y agresiones contra la libertad de expresión y de prensa.

CONSIDERANDO

que la reciente aprobación, por la Asamblea Nacional mediante una cuestionable mayoría simple, de la Ley Orgánica del Tribunal Suprema de Justicia, de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión o Ley de Contenidos, y de la Reforma del Código Penal, son prueba fehaciente de lo anterior y dado que, en su conjunto, sujetan a los dictados gubernamentales la Administración de Justicia la regulación de los contenidos de la información y de la programación transmitida por la radio y la televisión privadas, amén de la consagración de las leyes de desacato y la "criminalización" de la opinión pública disidente.

CONSIDERANDO

que dicho cuadro institucional y legislativo, dado los riesgos que implica para la libertad e integridad personal, viene provocando un ambiente paulatino de autocensura en los medios de comunicación social y en los comunicadores, que se ha traducido en la eliminación de numerosos programas de opinión transmitidos por radio y televisión, agravado luego de la afirmación del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a cuyo tenor toda sentencia judicial contraria a la revolución será anulada y destituidos los jueces que las suscriban.

CONSIDERANDO

que la Sociedad Interamericana de Prensa ha venido constatando el paulatino deterioro del clima de libertades democráticas y de respeto por la libertad de expresión y de prensa en Venezuela durante las distintas visitas por sus autoridades a dicho país.

CONSIDERANDO

que han continuado y se han profundizado los atropellos del gobierno en contra de comunicadores por expresar sus ideas e informar oportunamente, siendo de destacar los casos de los periodistas Patricia Poleo, Ibéyise Pacheco, Tamoa Calzadilla, Rafael Poleo, y del Abogado Tulio Álvarez, quienes han sido sujetos sea de imputaciones penales, sea de condenas a prisión; al igual que el caso de los fotógrafos del diario El Carabobeño, Adalberto Pérez Ramírez y César Pérez, detenidos por intentar tomar gráficas en zonas adyacentes a las instalaciones militares de la ciudad de Maracay, para constatar la información del presidente de la República dada desde Uruguay y según la cual el pueblo se había concentrado para defenderle de una eventual insurrección.

CONSIDERANDO

las presiones a las que han estado sometidos recientemente los medios radioeléctricos, víctimas de multas desproporcionados impuestas por el Gobierno, y algunos de cuyos comunicadores han sido sancionados penalmente o se les han suspendido sus programas de radio o televisión, como es el caso de los periodistas Napoleón Bravo, Marta Colomina, Ana Karina Villalba, José Domingo Blanco, Isa Dobles y del abogado Asdrúbal Aguiar.

LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

condenar la conducta del gobierno venezolano, orientada a cercenar las libertades democráticas, reducir las garantías propias al Estado de Derecho, y con ello aniquilar la libertad de expresión y de prensa.

Insistir, una vez más, ante los organismos internacionales y hemisféricos, en particular, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría para la Libertad de Expresión, para que cumplan con sus deberes institucionales y se pronuncien sobre las reiteradas violaciones a la libertad de expresión y prensa que tienen lugar en Venezuela, las cuales implican transgresiones abiertas a la Carta Democrática Interamericana, a los Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, y a la Declaración de Chapultepec.

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