El Nacional - Jueves 06 de Febrero de 2005 A/7

Política
Piden que se obligue a tribunal ordinario garantizar derechos de comandante del GAES
Los defensores del teniente coronel José Humberto Quintero Aguilar solicitaron a la Corte de Apelaciones de Caracas que obliguen al Juzgado 13 de Control a mostrarle las actas de la investigación iniciada por el caso Granda

DAVID GONZÁLEZ

Los defensores del teniente coronel José Humberto Quintero Aguilar, jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestros Número 1 de la Guardia Nacional, pidieron a la Corte de Apelaciones de Caracas que obligue al Tribunal 13 de Control a garantizar los derechos del oficial, en el marco de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República a propósito de la captura del guerrillero colombiano Rodrigo Granda.

Los fiscales Alejandro Castillo y Edilia Almarza fueron comisionados por el Ministerio Público para adelantar las averiguaciones relacionadas con el secuestro del ex encargado de las relaciones internacionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo catalogado como terrorista por Estados Unidos y Europa.

Castillo y Almarza han actuado ante el Tribunal 13 de Control, que ha acordado medidas de protección a tres supuestos testigos presenciales del hecho y autorizó que se tomara una declaración anticipada a Omar Rodríguez Díaz, periodista colombiano que entrevistaba a Granda minutos antes de que el subversivo desapareciera del cafetín de la clínica Razetti en Bellas Artes, centro de Caracas, el pasado 13 de diciembre. Paralelamente, a solicitud del fiscal militar Esaúl Olivar Linares, teniente de la Guardia Nacional, el Tribunal Militar Segundo de Control ordenó la privación de libertad de Quintero Aguilar, de un teniente y de tres distinguidos imputados por la supuesta participación en la operación de captura del miembro de las FARC.

Los representantes del teniente coronel Quintero Aguilar —Gustavo Limongi, David Terán y Javier Iranzo— han advertido que la actuación paralela de los dos tribunales implica una violación para el derecho a la defensa del oficial de la Guardia Nacional. “Contra nadie pueden abrirse dos averiguaciones por los mismos hechos”, dijo Terán. El pasado 26 de enero, los abogados presentaron un escrito ante el Tribunal 13 de Control en hicieron cuatro solicitudes: que se le diera acceso a las actas de la investigación que cursa en ese despacho, que se le permitiera declarar como imputado al oficial del GAES, que se le informara al teniente coronel sobre los hechos en virtud de los cuales se adelanta la averiguación y que declarara nula la privación de libertad ordenada por el Tribunal Militar Segundo de Control. La respuesta del juzgado penal ordinario fue emitida a mediados de la semana pasada.

“La jueza Anabel Ramírez nos contestó que nuestro cliente no aparece como imputado en las investigaciones del Tribunal 13 de Control y además, sin que se le pidiera, se declaró incompetente para conocer de las actuaciones del juzgado militar”, explicó Terán. El abogado considera que el despacho de Ramírez se negó a ejercer el control jurisdiccional de la causa y lesionó el derecho al debido proceso del teniente coronel Quintero Aguilar. “Es evidente que los dos tribunales han conocido de dos expedientes abiertos por los mismos hechos”, advirtió.

De allí que el equipo de defensores del teniente coronel haya acudido a la Corte de Apelaciones para solicitar que en esa instancia de alzada se subsane lo que se considera una omisión.

La petición de la declaración anticipada del periodista colombiano alarmó a Terán. “Nos parece una circunstancia muy grave”, comentó el abogado. Las comparecencias por adelantado son aprobadas por los tribunales cuando se considera que un testigo no podrá dar su testimonio en la fase oral y pública del juicio.

“Nuestro cliente tenía derecho a escuchar qué dice esa persona para poder defenderse”, añadió.

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