29 de abril de 2004

Depto. Estado informa sobre amenaza terrorista en las Américas

(Informe anual dice amenaza terrorista en región fue baja en 2003)

La amenaza del terrorismo en el Hemisferio Occidental siguió siendo baja en 2003, en comparación con otras regiones del mundo, dice un nuevo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pero aun así, el Hemisferio no "está exento" de ser explotado por grupos que lo utilizarían para procurar "refugio, financiamiento, documentos de viaje ilegales o acceso a Estados Unidos" por rutas, establecidas desde hace tiempo, para el contrabando de narcóticos y de migrantes, dice el Departamento de Estado en el informe titulado "Tendencias del Terrorismo Mundial, que fue publicado el 29 de abril y se refiere al año 2003.

El Departamento indica que a nivel de país por país, para el Hemisferio Occidental la amenaza del terrorismo nacional siguió siendo elevada en Colombia y, en menor grado, en Perú.

En Colombia, dice el informe, el país andino siguió sufriendo la violencia terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos narcoterroristas que intentaron responder a la "intensificación de las operaciones militares colombianas con ataques terroristas sin sentido contra la población civil en zonas urbanas del país".

Pero en el lado positivo, el Departamento dice que bajo la dirección del presidente Uribe, las fuerzas militares, de policía y de inteligencia de Colombia se apuntaron importantes triunfos en 2003 contra las FARC y otros grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El Departamento dice que el gobierno colombiano comenzó a atacar duramente a los dirigentes de las FARC con operaciones focalizadas que estimularon un brusco aumento de las deserciones de las filas terroristas; inició conversaciones de paz y un programa experimental de desmovilización con importantes elementos de las AUC; reactivó los esfuerzos antisecuestro y erradicaron niveles sin precedentes de cultivos de coca y adormidera, con objeto de cortar las fuentes de financiamiento de los narcoterroristas.

Con respecto a Perú, el Departamento dijo que ese país siguió tomando muchas medidas contra el terrorismo tanto internacional como interno. En julio el presidente Toledo incluyó el combate del terrorismo como una de las ideas centrales de su discurso anual del estado de la nación, prometiendo mayor financiación para las fuerzas de seguridad y los proyectos de desarrollo social en las zonas donde opera el Sendero Luminoso (SL), dice el informe.

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú, "condenaron constantemente el terrorismo y pusieron en práctica medidas contra el mismo", dijo el Departamento, al agregar que el 15 de agosto, el gobierno de Perú firmó la Declaración de Asunción, por la cual varios países sudamericanos se comprometen a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas. Además, Perú ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo en junio de 2003.

Otra región de peligro es la zona de la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, dice el Departamento. Esa zona "se ha descrito por largo tiempo como centro regional" para las actividades de recaudación de fondos de Hizballah y HAMAS, pero también se usa para el tráfico de armas y drogas, el paso de contrabando, la falsificación de documentos y moneda, el lavado de dinero y la fabricación y transporte de bienes pirateados, agrega el informe. Indica además que "Aunque en 2003 continuaron los informes sobre la presencia de al-Qaida en la zona, su veracidad permaneció sin corroborarse por parte de los funcionarios de inteligencia y de aplicación de la ley".

En general "La voluntad política para combatir el terrorismo se mantuvo firme en el Hemisferio Occidental durante 2003, aunque las actividades para actualizar la legislación contra el terrorismo fueron desiguales", dice el Departamento.

Agrega el informe que "muchos Estados del hemisferio carecen aun de la experiencia y capacidad operativa contra el terrorismo. No obstante, los países de la región continuaron trabajando activamente para fortalecer los controles fronterizos y financieros en el hemisferio, a fin de impedir o entorpecer en el mayor grado posible las actividades relacionadas con el terrorismo en sus territorios respectivos".

El Departamento dijo que el caso de Cuba, uno de los siete Estados patrocinadores del terrorismo, se examina en la sección del informe "estados que patrocian el terrorismo". En esa sección el Departamento dice que Cuba sigue opuesta a que la coalición encabezada por Estados Unidos prosiga la guerra mundial contra el terrorismo y sigue proveyendo apoyo a organizaciones extranjeras designadas como terroristas, y sigue siendo anfitrión de varios terroristas y docenas de fugitivos de la justicia estatal y federal de Estados Unidos.

El Departamento dijo también que Cuba permitió a miembros de Patria y Libertad Vasca (ETA) residir en el país y dio apoyo y refugio a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia.

A continuación una traducción extraoficial de la sección correspondiente al Hemisferio Occidental del informe anual sobre terrorismo internacional "Tendencias del Terrorismo Mundial en 2003":

(comienza el texto)

Departamento de Estado de Estados Unidos Washington, D.C. 29 de abril de 2004

Perspectiva general del Hemisferio Occidental

La amenaza del terrorismo en el Hemisferio Occidental siguió siendo baja en 2003, en comparación con otras regiones del mundo. Aun así, la región no está de ningún modo exenta de ser explotada por grupos que la utilizarían para procurar refugio, financiamiento, documentos de viaje ilegales o acceso a Estados Unidos por rutas, establecidas desde hace tiempo, para el contrabando de narcóticos y de migrantes indocumentados. La amenaza del terrorismo nacional siguió siendo elevada en Colombia y, en menor grado, en Perú.

La voluntad política para combatir el terrorismo se mantuvo firme en el Hemisferio Occidental durante 2003, aunque las actividades para actualizar la legislación contra el terrorismo fueron desiguales. Además, muchos Estados del hemisferio carecen aun de la experiencia y capacidad operativa contra el terrorismo. No obstante, los países de la región continuaron trabajando activamente para fortalecer los controles fronterizos y financieros en el hemisferio, a fin de impedir o entorpecer en el mayor grado posible las actividades relacionadas con el terrorismo en sus territorios respectivos.

El Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), continúa marcando la pauta entre las instituciones regionales a través de sus esfuerzos para institucionalizar la campaña internacional contra el terrorismo a largo plazo, según informó en marzo de 2003 el presidente del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. En el curso de un año de intensa actividad, bajo el firme liderazgo de El Salvador, el CICTE convocó la primera reunión de sus Puntos de contacto nacionales en Washington, en el mes de julio, con objeto de fomentar los contactos de trabajo y el intercambio de información a lo largo del año. En julio de 2003 entró en vigor la Convención Interamericana contra el Terrorismo, después de que seis países depositaran sus instrumentos de ratificación, (Antigua y Barbuda, Canadá, El Salvador, México, Nicaragua y Perú). A principios de 2004, otros dos Estados, Panamá y Venezuela, ratificaron la Convención. En el transcurso de su cuarto período ordinario de sesiones, celebrado exitosamente en Montevideo, los Estados miembros de la OEA se comprometieron a fortalecer el mandato del CICTE para hacer frente de manera eficaz a las amenazas a la seguridad de los puertos marítimos y de la aviación, así como la seguridad informática.

Las corrientes de dinero a organizaciones terroristas islámicas continuaron siendo objeto de atención especial de la campaña contra el terrorismo. Para reforzar las actividades de los amigos en la región y entorpecer toda actividad potencial de recaudación de fondos para fines terroristas, Estados Unidos continuó apoyando activamente el establecimiento del Diálogo "Tres más uno" (3+1) con sus socios Argentina, Brasil y Paraguay. Las reuniones, celebradas en Brasil y Asunción en 2003, culminaron en nuevos acuerdos para el fortalecimiento mutuo de la capacidad en los sectores de seguridad fronteriza y controles financieros. Estados Unidos espera con interés participar en los programas patrocinados por el 3+1 en 2004 y auspiciar la próxima reunión de alto nivel que se celebrará en Washington en el otoño.

Los gobiernos de los países del Cono Sur desarrollaron una intensa labor en el terreno jurídico contra toda actividad sospechosa relativa al terrorismo. Uruguay, Paraguay y Brasil adoptaron medidas para asegurar la condena o extradición de individuos de los que se sospecha que son terroristas internacionales, por cargos de terrorismo o por otros delitos. El juez argentino encargado de investigar el ataque terrorista de Hezbollah contra un centro cultural judío en 1994, en el que murieron 86 personas, dictó una orden internacional de detención contra varios funcionarios del Gobierno de Irán que estaban destinados en Buenos Aires en aquellas fechas, así como contra el jefe de la rama terrorista de Hezbollah. Los intentos de obtener la extradición del ex embajador de Irán en Argentina fracasaron por falta de pruebas y para finales de año el juez encargado de la investigación fue sustituido por orden de un tribunal argentino. El juicio, que se inició en 2001 contra 20 argentinos sospechosos de ser el contacto local en el ataque, continuó en 2004.

Colombia siguió sufriendo la violencia terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos narcoterroristas que intentaron responder a la intensificación de las operaciones militares colombianas con ataques terroristas sin sentido contra la población civil en zonas urbanas del país. El ataque en febrero contra el Club El Nogal, con un coche bomba que causó la muerte a 36 civiles inocentes, provocó la inmediata condena de la OEA. También en febrero, las FARC asesinaron al contratista civil estadounidense Thomas Janis y al soldado colombiano Luis Alcides Cruz, cuyo avión hizo un aterrizaje de emergencia en el sur de Colombia en el curso de una misión contra el tráfico de drogas ilícitas. Otros tres tripulantes estadounidenses del avión fueron apresados y retenidos como rehenes en el incidente por elementos de las FARC, y a la fecha de publicación del presente informe todavía permanecían en poder de las FARC, junto con muchos otros rehenes, en su mayoría colombianos.

Bajo la dirección del presidente Uribe, las fuerzas militares, de policía y de inteligencia de Colombia se apuntaron importantes triunfos en 2003 contra las FARC y otros grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Comenzaron a atacar duramente contra los dirigentes de las FARC con operaciones focalizadas; estimularon un brusco aumento de las deserciones de las filas terroristas; iniciaron conversaciones de paz y un programa experimental de desmovilización con importantes elementos de las AUC; reactivaron los esfuerzos antisecuestro y erradicaron niveles sin precedentes de cultivos de coca y adormidera, con objeto de cortar las fuentes de financiamiento de los narcoterroristas.

Estados Unidos continuó manteniendo una relación cooperativa a largo plazo con Canadá, en el marco de la cual auspició otro período de sesiones del Grupo consultivo bilateral sobre terrorismo. Canadá también fue un participante activo en el segundo ejercicio de respuesta a incidentes terroristas contra altos funcionarios celebrado en mayo, y ambos países están comprometidos a apoyar la labor de fortalecimiento de la capacidad de los países donantes de asistencia al Grupo de acción contra el terrorismo, establecido por los países del G-8 en 2003.

Estados Unidos trabajó en estrecha colaboración con varios países de la región, en particular con México, para responder en una forma coordinada y prudente a las nuevas amenazas a la seguridad de la aviación que afectan a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. El gobierno de Estados Unidos también ha cooperado con México para poner en práctica un programa de seguridad en su frontera con Estados Unidos.

El caso de Cuba, uno de los siete Estados patrocinadores del terrorismo, se examina en la sección de patrocinio estatal del terrorismo del presente informe.

Bolivia

No se produjeron actos importantes de terrorismo internacional en Bolivia en 2003. El gobierno firmó la Convención Interamericana contra el Terrorismo en 2002, pero todavía no la ha ratificado. La Unidad de investigaciones financieras de Bolivia colaboró activamente con la Embajada de Estados Unidos al compartir información sobre transacciones financieras que pudieran estar vinculadas al terrorismo, impedir el uso indebido de las instituciones financieras bolivianas por terroristas y mejorar la labor de vigilancia y aplicación de la ley de las instituciones financieras.

Pese a numerosas limitaciones de recursos, corrupción, injerencia política y falta de experiencia en la conducta de investigaciones internacionales complejas, el gobierno logró algunos adelantos en varios casos --en su mayoría de índole nacional-- relacionados con el terrorismo. Lo más importante, el organizador colombiano en Bolivia Francisco Cortés, sospechoso de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional, y dos bolivianos, miembros radicales del partido Movimiento hacia el Socialismo, fueron arrestados en 2003 y acusados de espionaje, terrorismo y subversión, tras haber sido hallados en posesión de armas y materiales para la organización de redes de guerrillas y planes para instigar la revolución violenta en Bolivia.

El 15 de agosto, el gobierno de Bolivia firmó la Declaración de Asunción, en virtud de la cual diversos países sudamericanos se comprometieron a apoyar a Colombia en su actual lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas.

El gobierno de Bolivia mantuvo su política de erradicación forzosa de cultivos de coca, para garantizar que Bolivia no revierta a su anterior estado de importante fuente de cocaína, que es la principal base económica que sostiene el terrorismo en los Andes. Se cree que los cultivadores militantes de coca ilegales (cocaleros) son responsables de varios actos de terrorismo nacional y se teme que pudieran contar con ayuda extranjera para cometer ataques más mortíferos. El 12 de noviembre, ocho agentes de la brigada antinarcóticos fueron secuestrados y golpeados en la región de Yungas. También, en la región de Chapares cinco miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos y 25 heridos en noviembre por dispositivos explosivos improvisados que explotaron durante las operaciones de erradicación de los cultivos de coca. Se sospecha que los cocaleros han plantado dispositivos cada vez más refinados, lo que pudiera indicar una ayuda técnica del exterior. Tres cocaleros han sido enjuiciados por plantar estos dispositivos; sobre otros pesan sospechas de haber preparado emboscadas para disparar contra las fuerzas de seguridad. De manera análoga, en el Chapare, en 2003, los fiscales lograron algunos adelantos en el caso de la tortura, violación y asesinato del policía David Andrade y de su esposa en 2000, y varios cocaleros han sido enjuiciados o implicados en los delitos.

Bolivia es parte en las 12 convenciones y protocolos de las Naciones Unidas relativos al terrorismo y en una convención de la OEA contra el terrorismo.

Chile

El gobierno de Chile es un defensor activo y sistemático de las actividades antiterroristas de Estados Unidos y se ha interesado vivamente por las actividades de los extremistas islámicos relacionados con la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y sus posibles vínculos con el Area de Libre Comercio de Iquique, en Chile. Chile mantuvo su activo apoyo a la labor antiterrorista de Estados Unidos en varios foros internacionales. Chile presidió el Comité de sanciones contra al-Qaida y el Talibán de las Naciones Unidas y se ha esforzado por mejorar la eficacia de las sanciones En la ocasión en que Chile fue anfitrión de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, en 2004, el presidente Ricardo Lagos mencionó la seguridad como el primero de cuatro puntos en los que Chile se concentraría, en particular, la seguridad del comercio y de los viajes. En la Declaración de Asunción, firmada el 15 de agosto, el presidente Lagos se unió a otros dirigentes sudamericanos en la condena del terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas. En la Declaración también se expresaba solidaridad con Colombia en su lucha nacional contra el terrorismo. De manera análoga, el embajador de Chile en las Naciones Unidas señaló que las sanciones de las Naciones Unidas sólo se aplican parcialmente en muchos países y que algunos se muestran reacios a presentar los nombres de los terroristas a las Naciones Unidas. El Canciller añadió que Chile era "un país dispuesto a hacer frente a los retos y asumir las responsabilidades".

Los organismos chilenos de ejecución de la ley cooperaron de manera sistemática en la investigación de vínculos con el terrorismo internacional. La capacidad de llevar a cabo actividades antiterroristas está entorpecida por un requisito de que cualquier investigación tiene que estar directamente relacionada con delitos penales enjuiciables. La policía de investigaciones (equivalente aproximado del FBI) continuó investigando varios casos relacionados con el terrorismo, pero no culminaron en enjuiciamientos.

En septiembre de 2003, el Congreso chileno promulgó una nueva ley sobre el blanqueo del dinero para hacer frente a las finanzas de los terroristas y ampliar la capacidad del gobierno de congelar y decomisar bienes. Las nuevas disposiciones todavía no se han aplicado en casos penales y no está claro cómo funcionará la ley en la práctica o con qué rapidez podrá intervenir Chile contra bienes terroristas identificados por otros gobiernos o instituciones internacionales. En virtud de la misma legislación se estableció una Unidad de Análisis Financiero (UAF) encargada de investigar transacciones sospechosas declaradas por instituciones financieras, pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunas de las disposiciones de la UAF. El gobierno está tratando de restablecer la capacidad de la UAF de ejercer su cometido eficazmente y con arreglo a la Constitución. El tratado vigente de extradición entre Chile y Estados Unidos se firmó hace más de 100 años y nunca se ha actualizado. Se está estudiando la negociación de un nuevo tratado viable de extradición.

Aunque en Chile no se produjeron incidentes de terrorismo explícito en 2003, en varios casos se emplearon tácticas similares al terrorismo, en particular en protesta por la invasión de Iraq que encabezó Estados Unidos. Por ejemplo, en marzo, un manifestante arrojó un cóctel Molotov contra el muro que rodea la Embajada de Estados Unidos en protesta por la política respecto a Iraq. Los carabineros encargados de proteger la Embajada arrestaron inmediatamente al agresor. Aunque dos cartas sospechosas entregadas en la Embajada que contenían un polvo blanco y dos amenazas de bomba transmitidas por teléfono resultaron ser un engaño, los carabineros desplegaron rápidamente equipos para el control de material peligroso y perros detectores de bombas. En marzo se colocaron pequeñas bombas en las sucursales del Banco de Boston en Santiago y en una oficina de Bellsouth en Concepción. Una bomba similar hizo explosión en el Tribunal de Apelaciones de Temuco. No hubo daños personales, nadie reivindicó el atentado y no se efectuaron detenciones en relación con ninguna de las explosiones. En marzo y abril, los centros chileno-norteamericanos fueron objeto de violentas protestas, algunos actos de vandalismo y amenazas de bomba por chilenos opuestos a la política de Estados Unidos en Iraq.

En agosto de 2002, Chile solicitó la extradición desde Brasil del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, para que termine de cumplir su condena por el asesinato del senador chileno de derechas Jaime Guzmán en 1991. Hernández se fugó de la prisión en 1996. El Fiscal General de Brasil dictaminó que Hernández debería ser extraditado a Chile, pero la decisión tiene que contar con la aprobación del Tribunal Supremo brasileño, proceso que, según informan, está en las etapas finales y probablemente tendrá por resultado la extradición en breve plazo.

Chile es parte en todas las convenciones y protocolos internacionales sobre de terrorismo.

Colombia

Colombia es plenamente consciente de la devastación causada por el terrorismo, ya que durante varios decenios ha sido víctima del terrorismo nacional en gran escala. Desde el momento en que el presidente Uribe se hizo cargo del poder en agosto de 2002, ha demostrado una firme resolución de combatir a los terroristas de toda laya. El gobierno de Colombia apoya la labor del gobierno de Estados Unidos para combatir los actos terroristas, atacar las finanzas de los terroristas y cooperar con las solicitudes de extradición. Colombia siguió hablando duramente en contra de las organizaciones terroristas durante todo el año.

Colombia continuó su lucha contra los tres principales grupos terroristas del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fueron designados por Estados Unidos Organizaciones terroristas extranjeras en 2003. En junio, Estados Unidos también calificó a las FARC y las AUC importantes organizaciones extranjeras traficantes de narcóticos con arreglo a la Ley Kingpin.

Colombia sufrió numerosos ataques de mayor o menor envergadura de terrorismo nacional a lo largo de 2003. Los ataques con coches bomba, los secuestros, los asesinatos políticos, el uso indiscriminado de minas terrestres y el sabotaje económico fueron ocurrencias comunes. Entre los ejemplos más flagrantes se pueden citar el ataque de las FARC con coche bomba, en febrero, contra el Club El Nogal, en el que perdieron la vida 34 personas y más de 160 resultaron heridas; el secuestro por las FARC de tres contratistas de Estados Unidos y el asesinato, en febrero, de otro estadounidense y un colombiano, cuando su avión se estrelló cerca de Florencia, en el departamento de Caquetá (los tres rehenes estadounidenses todavía siguen secuestrados); la explosión de una "bomba casera" en febrero en Neiva, que causó la muerte a 16 personas y dejó heridas a más de 40; el secuestro en septiembre por el ELN de ocho turistas extranjeros que estaban visitando unas ruinas arqueológicas (uno de ellos logró escapar, dos fueron liberados en noviembre y otros cinco en diciembre); un ataque con granadas perpetrado en noviembre por las FARC en el que resultaron heridos ciudadanos estadounidenses en una zona de restaurantes de Bogotá, y otros ataques en noviembre y diciembre con cohetes antitanques. Tanto las FARC como el ELN continuaron en 2003 sus ataques contra la infraestructura y los oleoductos del país, aunque a escala más reducida. Muchos más ataques fueron frustrados en todo el país gracias a una excelente labor de inteligencia y seguridad.

En 2003, el presidente Uribe intensificó la presión militar contra grupos armados ilegales y puso en práctica una ambiciosa estrategia nacional de seguridad, entre cuyos objetivos figuran asegurar la aprobación de legislación contra el terrorismo, promover la deserción y reinserción de antiguos militantes armados ilegales y entrar en negociaciones con las AUC para conseguir su desmovilización. El presidente Uribe entregó al Congreso dos importantes proyectos de ley con considerables repercusiones para la seguridad pública: el proyecto de Ley contra el Terrorismo y un proyecto de Ley sobre Libertad Condicional. El proyecto de ley contra el terrorismo, que fue aprobado por el Congreso el 10 de diciembre, permite al gobierno llevar a cabo escuchas telefónicas, practicar registros domiciliarios y detener a sospechosos con más facilidad. La legislación sobre libertad condicional está relacionada con el proceso más amplio de paz, y proporcionaría al gobierno los medios de renunciar a la imposición de penas de prisión a cambio de la desmovilización. Gracias a la legislación, y con la posible asistencia de Estados Unidos, el gobierno de Colombia esperaba la rendición voluntaria, en 2003, de más de 4.000 militantes armados ilegales (un aumento de 83 por ciento respecto a 2002) y la desmovilización en diciembre de alrededor de 1.000 paramilitares y se estima otros más para 2004.

En general, la ambiciosa estrategia de seguridad de Colombia tuvo importantes resultados en 2003. El número de asesinatos disminuyó 16 por ciento, los asesinatos de sindicalistas se redujeron 68 por ciento y el número de secuestros fue 30 por ciento más bajo que en 2003. Las fuerzas militares concluyeron las fases iniciales de su plan de defensa nacional con importantes éxitos, entre ellos la muerte de, al menos, cinco comandantes de las FARC en el departamento de Cundinamarca, cerca de Bogotá. En enero de 2004, el más alto oficial de las FARC que jamás haya sido capturado fue detenido por la policía nacional ecuatoriana en Quito y deportado a Colombia. Otro importante logro fue el restablecimiento de la presencia del gobierno en cada uno de los 1.098 municipios del país para finales de 2003.

Colombia cooperó plenamente en el bloqueo de los bienes de terroristas. Una Unidad colombiana de Información y Análisis Financiero, establecida en 2001 con arreglo al modelo de la Unidad de Represión de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), colaboró estrechamente con la Oficina de control de bienes extranjeros del Departamento de Hacienda de Estados Unidos. En agosto, el Programa de Estados Unidos de asistencia contra el terrorismo inauguró una escuela para las fuerzas militares y de policía de Colombia especializadas en la prevención de secuestros. Los secuestros son fuentes de ingreso para las FARC y el ELN y un medio de influir en el proceso político. El gobierno también adoptó medidas para su propia mejora con la ampliación de una unidad de antiterrorismo en la Oficina del Fiscal General. Las lecciones aprendidas en la lucha contra el narcotráfico han dado por resultado el enjuiciamiento más fructífero de quienes atacan contra la infraestructura del país, en particular en las zonas productoras de petróleo.

Colombia hizo notables adelantos en la lucha contra el narcotráfico, importante fuente de ingreso de las organizaciones terroristas. Según los cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cultivo de coca se podría reducir hasta un 50 por ciento en 2003 mediante erradicación aérea. Los programas de erradicación de la coca y la adormidera continuaron durante todo el año. En agosto, Estados Unidos reanudó su Programa puente aéreo de intercepción, con el que ayuda a Colombia a interceptar el tráfico aéreo de narcóticos y armas ilícitas.

Especialmente digna de mención ha sido la cooperación de Colombia en casos e investigaciones que afectaban directamente a ciudadanos estadounidenses, como el secuestro en febrero de los contratistas civiles del Departamento de Defensa y el ataque con granadas en Bogotá en diciembre. La colaboración en materia de extradición entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo una de las más fructíferas del mundo. Colombia extraditó a 67 personas a Estados Unidos en 2003. En mayo de 2003 extraditó a Nelson Vargas Rueda, el primer miembro de las FARC que ha sido extraditado a Estados Unidos. Vargas está acusado del secuestro y asesinato de tres activistas estadounidenses miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) que estaban trabajando con grupos indígenas colombianos en el norte de Colombia en 1999. En 2003, Colombia también extraditó a Estados Unidos a Gerardo Herrera Iles, acusado del secuestro de trabajadores extranjeros y estadounidenses de la industria del petróleo.

Colombia ha firmado ocho de las convenciones y protocolos internacionales sobre terrorismo y es parte en otros seis.

Ecuador

El gobierno de Ecuador apoya la guerra contra el terrorismo en todos los foros internacionales y bilaterales. Quito firmó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, pero no la ha ratificado todavía. Durante su visita a Estados Unidos en febrero, el presidente Gutiérrez expresó su intención de hacer de Ecuador un firme aliado en la guerra contra el terrorismo. No obstante, las limitaciones de los recursos, la falta de capacitación y las organizaciones gubernamentales, a veces corruptas, obstaculizan el progreso en la batalla contra el terrorismo, tanto internacional y como regional. El sistema judicial de Ecuador, susceptible a presiones externas y corrupción, no juzgó ningún caso terrorista en 2003.

En el plano de trabajo, la Policía Nacional (PNE) apoyó las iniciativas estadounidenses de antiterrorismo a lo largo de 2003 y en lo que va de 2004. En enero de 2004, el más alto oficial de las FARC que jamás haya sido capturado fue detenido en Quito por la Policía Nacional ecuatoriana y deportado a Colombia, un ejemplo concreto de la voluntad de Ecuador de derrotar la amenaza narcoterrorista en la región. En marzo, la PNE arrestó a un ciudadano ecuatoriano que detonó dos bombas en una oficina gubernamental en Guayaquil. Una serie de confiscaciones de armas en Ecuador demostró que el comercio de armas en Ecuador apoya las actividades de los narcoterroristas colombianos. En agosto de 2003 la policía puso fin a una operación de contrabando de armas que abastecía a los narcoterroristas colombianos. En septiembre se arrestó y acusó a un capitán del ejército de suministrar información de operaciones a las FARC. Además, en noviembre, un agente de la policía antidrogas, entrenado por la DEA, detuvo a un ciudadano italiano que trataba abordar un avión de Continental Airlines en Quito con explosivos y un arma de fuego.

Aunque no se iniciaron desde Ecuador incidentes relacionados con el terrorismo, sus fronteras porosas, la corrupción endémica y las redes migratorias ilegales bien establecidas lo hacen un punto de ingreso atractivo para los terroristas en potencia. Históricamente Ecuador no ha asegurado bien su frontera norte con Colombia contra los grupos armados ilegales de ese país. En los últimos años es cuando el gobierno ha reconocido la amenaza proveniente de Colombia y emprendido esfuerzos importantes para imponer control a lo largo de la frontera. Las fuerzas de seguridad de Ecuador desbarataron desde finales de 2002 hasta octubre de 2003 varios campamentos de narcoterroristas colombianos en Ecuador. Aunque las FARC todavía operan en el área, ahora se han dado cuenta que Ecuador es menos acogedor que antes.

La superintendencia bancaria del gobierno de Ecuador actúa con celeridad cuando recibe información financiera sobre el terrorismo e incluye a los grupos e individuos sospechosos en las bases de datos bancarios de alerta. En 2003 Ecuador ordenó el cierre de dos farmacias a razón de la información recibida de Estados Unidos que confirmaba vínculos con organizaciones narcotraficantes colombianas. Desafortunadamente, debido a la aplicación ineficaz de la ley, dichas compañías todavía operaban a finales del año.

Ecuador es parte en 10 de las 12 convenciones y protocolos internacionales relativos al terrorismo.

Perú

En 2003 Perú siguió tomando muchas medidas contra el terrorismo tanto internacional como interno. En julio el presidente Toledo incluyó el combate del terrorismo como una de las ideas centrales de su discurso anual del estado de la nación, prometiendo mayor financiación para las fuerzas de seguridad y los proyectos de desarrollo social en las zonas donde opera el Sendero Luminoso (SL). Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa condenaron constantemente el terrorismo y pusieron en práctica medidas contra el mismo. El 15 de agosto el gobierno de Perú firmó la Declaración de Asunción, por la cual varios países sudamericanos se comprometen a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas. Perú ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo en junio de 2003.

En abril de 2003 se nombró al director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), establecida en 2002, quien aumentó el personal y comenzó a recibir los informes de los bancos sobre actividades sospechosas. La embajada de Estados Unidos trabajó de cerca con la UIF con el fin de suministrar un asesor técnico y financiación para la adquisición de equipos y programas de computadoras.

El Congreso peruano creó un sistema de seguridad nacional encaminado a mejorar la cooperación intergubernamental y dar mayor autoridad a los fiscales. Entretanto, la Dirección de Antiterrorismo de la Policía Nacional (PNP) continuó su decidida cooperación con la embajada en las actividades contra el terrorismo. Estados Unidos no solicitó del Perú ninguna extradición de terroristas en 2003.

Perú ha perseguido con vigor los sospechosos de terrorismo. En enero el Tribunal Constitucional invalidó numerosas disposiciones de las leyes por decreto de la época de Fujimori relativas al terrorismo, de conformidad con las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se revocaron las sentencias del tribunal militar en aproximadamente 2.000 casos y se revisaron para la repetición de los juicios. El presidente Toledo promulgó un decreto ley que revisa la legislación antiterrorismo de Perú, en virtud de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional y estableció el procedimiento para revisar y repetir los juicios en los casos de terrorismo. Algunos de éstos se abandonaron debido a que las condenas están próximas a concluir y unos 750 casos tienen suficiente fundamento como para repetir el juicio en 2004.

En septiembre se repitió el juicio y se condenó a cuatro chilenos acusados de pertenecer al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y de haber tomado parte en un atentado contra el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano y en un secuestro y asesinato en 1993.

Ocho miembros del Sendero Luminoso (SL) permanecen detenidos en espera de proceso. Fueron arrestados por complicidad en una explosión en marzo de 2002 frente a la embajada de Estados Unidos que dejó un saldo de 10 muertos. Perú solicitó y obtuvo de España la extradición en 2003 de Adolfo Héctor Olaechea, sospechoso de ser un oficial del SL. Olaechea fue puesto en libertad pero se le ordenó que permaneciera en Perú mientras el fiscal prepara el caso para el juicio.

El acto más grave cometido por el SL en 2003 fue el secuestro de 68 trabajadores y tres guardias de la policía, en junio, en el proyecto del gasoducto de Camisea, en Tocate, Departamento de Ayacucho. El SL abandonó a los rehenes dos días después del secuestro y de una respuesta militar rápida; no se sabe si se pagó o no un rescate al SL. La policía nacional también destruyó muchos campos del SL y capturó a muchos de sus miembros y líderes en 2003. Durante estas operaciones se liberaron a más de 200 indígenas que el SL mantenía en virtual esclavitud. Los incidentes terroristas disminuyeron a 96 para finales de octubre, lo que se calcula en una tasa anual de 115, o sea 15 por ciento menos que los 134 secuestros y atentados armados ocurridos en 2002. Seis miembros del ejército y tres del personal de autodefensa fueron muertos en 2003, en tanto que seis militantes del SL fueron muertos y 209 capturados.

Perú es parte en todas las doce convenciones y protocolos relativos al terrorismo.

Zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)

La zona de la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, se ha descrito por largo tiempo como centro regional para las actividades de recaudación de fondos de Hizballah y HAMAS, pero también se usa para el tráfico de armas y drogas, el paso de contrabando, la falsificación de documentos y moneda, el lavado de dinero y la fabricación y transporte de bienes pirateados. Aunque en 2003 continuaron los informes sobre la presencia de al-Qaida en la zona, su veracidad permaneció sin corroborarse por parte de los funcionarios de inteligencia y de aplicación de la ley.

En diciembre, una delegación interinstitucional de alto nivel de Estados Unidos asistió a una reunión especial en Asunción, Paraguay, de la Comisión Tripartita de la Triple Frontera, mecanismo de seguridad establecido por los tres países de la zona en 1998. Esta reunión de "Tres más uno" (los tres países de la Triple Frontera más Estados Unidos) sirve de foro permanente para la cooperación entre los cuatro países en la lucha contra terrorismo y su prevención. Durante las conversaciones de diciembre los países intercambiaron perspectivas actuales sobre la prevención del terrorismo en la región y sobre las medidas para aumentar la cooperación, entre ellas propuestas para establecer un centro regional conjunto de inteligencia, convocar a una conferencia de las unidades de inteligencia financiera de los "Tres más uno" para la primera mitad de 2004, intensificar la cooperación en materia de seguridad fronteriza y aumentar el intercambio de ideas entre los fiscales nacionales responsables de los casos contra el terrorismo. Las partes concluyeron que la información disponible no fundamentaba los informes de actividades operacionales por los terroristas en la zona de la Triple Frontera. Sin embargo, la financiación del terrorismo internacional y el lavado de dinero en el área continuaron siendo un motivo de principal preocupación. Se hará un esfuerzo concertado para desarrollar una actividad económica legítima en esta región.

Argentina reiteró su firme apoyo a la guerra mundial contra el terrorismo y cooperó estrechamente con las Naciones Unidas, la OEA, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR: Brasil, Uruguay, Paraguay y los miembros asociados Bolivia y Chile) y Estados Unidos para garantizar la ejecución plena de los acuerdos existentes. El gobierno argentino, los funcionarios de la rama ejecutiva y el Banco Central demostraron una gran cooperación y respondieron con rapidez y eficacia para asegurarse de que los bienes de los grupos terroristas identificados por Estados Unidos o la ONU fueran bloqueados, en caso de detectarse en las instituciones financieras argentinas. Aunque no hubo indicios en ese sentido en 2003, el gobierno de Argentina expresó continuamente su voluntad de congelar los bienes en cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Desde el punto de vista diplomático Argentina cooperó plenamente en 2003 con todos los esfuerzos antiterrorismo internacionales importantes de la ONU, la OEA y el Diálogo del Antiterrorismo de los "Tres más uno", a fin de fortalecer la seguridad y buscar redes de apoyo al terrorismo, especialmente en la zona de la Triple Frontera. Argentina trabajó en los foros regionales e internacionales vigentes para suscitar fuerte censura al terrorismo y apoyo para las organizaciones que lo combaten. Argentina participa activamente en la CICTE de la OEA, establecida en respuesta a una iniciativa argentina de los años noventa. En mayo de 2003 se celebraron reuniones multilaterales en Brasilia, en las que participaron funcionarios estadounidenses de alto nivel encargados de antiterrorismo, y en diciembre, en Asunción, para examinar las condiciones en la Triple Frontera.

El 15 de agosto el gobierno de Argentina firmó la Declaración de Asunción en virtud de la cual varios países sudamericanos se comprometen a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas.

Aunque no hubo atentados de terrorismo internacional en Argentina en 2003, continuaron las investigaciones de la explosión en la Embajada de Israel en 1992, en la que perecieron 29 personas, y la explosión en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó un saldo de 86 muertos. Los juicios de 20 sospechosos de la explosión en AMIA, 15 de los cuales son ex oficiales de la policía, continuaron durante 2003 y parecían estar próximas a su fin. El juez del caso AMIA acusó penalmente a 12 funcionarios iraníes, inclusive diplomáticos destacados en Buenos Aires en 1994 y a un funcionario libanés, que se cree encabeza el ala terrorista de Hizballah. Aunque ningún país solicitó de Argentina extradiciones relacionadas con el terrorismo, Argentina solicitó de Reino Unido la extradición del ex embajador iraní en Argentina, acusado en el caso AMIA. La solicitud fue rechazada debido a la falta de pruebas presentadas por Argentina.

Durante largo tiempo la legislación antiterrorista propuesta ha provocado un debate animado en cuanto al equilibrio entre los derechos civiles y la necesidad de enfrentar el terrorismo en potencia. Por consiguiente, ha habido poco avance hacia la aprobación de una nueva legislación antiterrorista amplia. No obstante, el gobierno deploró firme y constantemente los hechos terroristas que ocurrieron. En 2003, tanto el ex presidente Duhalde como su sucesor, Néstor Kirchner, censuraron públicamente el terrorismo y reiteraron el apoyo de Argentina a la guerra contra el terrorismo. A pesar de la falta de legislación nueva, Argentina continuó mejorando la coordinación intergubernamental en material de antiterrorismo, a fin de realzar el marco dentro del cual puede llevarse a cabo una mejor cooperación internacional.

Argentina firmó todas las doce convenciones y protocolos relativos al terrorismo y es parte en 10.

Brasil dio apoyo práctico y eficaz a las actividades antiterrorismo de Estados Unidos. El gobierno de Brasil ha cooperado en el análisis de documentos, que suministran los servicios de inteligencia, aplicación de la ley y organismos financieros de Estados Unidos, de cientos de personas sospechosas de terrorismo. Por ejemplo, las autoridades brasileñas realizaron una acertada labor de verificación de los informes de prensa de marzo de 2003 que dicen Khalid Sheikh Mohammed, agente de al-Qaida, visitó la zona de la Triple Frontera en 1995.

Aunque el gobierno de Brasil está comprometido políticamente a la lucha contra el terrorismo, la falta de recursos y de capacitación a veces entorpecen su respuesta. Estados Unidos continúa trabajando con Brasil en varios foros bilaterales, multilaterales e internacionales con el propósito de identificar los grupos e individuos sospechosos de posibles vínculos con la actividad terrorista. Brasil fue anfitrión de la reunión en mayo de un grupo de trabajo del Diálogo contra el Terrorismo de los Tres más uno, que se concentró en la cooperación técnica relativa a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Los especialistas técnicos de Estados Unidos están en estrecho contacto con los funcionarios del gobierno brasileño responsables de luchar contra el terrorismo, inclusive la Policía Federal. Brasil está dispuesto y cada vez más capacitado para vigilar las operaciones financieras internas, y ha utilizado con eficacia su Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). La asistencia bilateral y la capacitación del COAF comenzó en 1998 y, en 2003, se puso énfasis en la modernización de su base de datos.

Desde la toma de posesión en enero de 2003, el presidente Lula da Silva ha expresado su reprobación vigorosa del terrorismo y calificó el ataque al edificio de la ONU en Bagdad de "la locura de los perpetradores de terrorismo". En enero Brasil respaldó a la CICTE con una contribución financiera. En julio de 2003 Brasil aprobó legislación que tipifica como delito la financiación de actividades terroristas. El 15 de agosto el gobierno de Brasil firmó la Declaración de Asunción en virtud de la cual varios países sudamericanos se comprometen a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas.

Además, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley de delito cibernético con el objeto de prevenir ataques de terroristas contra los sistemas de computadoras, que espera la consideración del Senado.

Brasil no tiene impedimentos importantes para el enjuiciamiento o extradición de terroristas sospechosos. Las leyes de extradición brasileñas prohíben la extradición de ciudadanos brasileños, pero permite la consideración muy deliberada y cuidadosa de la extradición de ciudadanos naturalizados (sólo en caso de anteriores delitos y tráfico de drogas solamente) y de extranjeros (no por delitos ideológicos o políticos). En noviembre de 2003 Brasil extraditó a Paraguay a Assad Ahmad Barakat, a solicitud de este último país ocasionada por acusaciones de delitos. Barakat fue arrestado en junio de 2002 por las autoridades brasileñas en Foz do Iguaçu, Paraná, en la zona de la Triple Frontera. Barakat es ciudadano naturalizado paraguayo de origen libanés que vivió en la zona durante aproximadamente siete años y se conocía su participación en actividades políticas y financieras en apoyo de la organización Hizballah.

En febrero de 2003 Brasil rechazó una solicitud de Colombia de designar a las FARC organización terrorista. Brasil declaró que no mantiene una lista oficial de grupos terroristas pero desaprueba actos terroristas específicos cometidos por las FARC y otros grupos. Las fuerzas de seguridad brasileñas continuaron la investigación de posibles vínculos entre grupos criminales nacionales, especialmente narcotraficantes y los que no tienen un programa político discernible, que algunas veces emplean tácticas terroristas. En 2003 grupos de crimen organizado cerraron de vez en cuando las zonas turísticas y comerciales de Río de Janeiro y atacaron sistemáticamente las comisarías en Sáo Paulo, con la intención de erosionar la decisión del gobierno de combatirlos. Para finales de 2003, Brasil aumentó su estado de preparación para enfrentar a grupos internos y fortalecerse contra las incursiones de las FARC en el noroeste de Brasil. El Ejército brasileño aumentó la capacidad de sus Fuerzas Especiales, inclusive las de antiterrorismo, y comenzó a recopilar información sobre las amenazas terroristas mundiales, con el fin de perfeccionar su capacidad de respuesta.

Brasil firmó todas las 12 convenciones de la ONU sobre el terrorismo y es parte en nueve.

Paraguay ha colaborado con la coalición mundial contra el terrorismo mediante la ratificación de varios tratados y convenciones internacionales, además de su firme apoyo, en la ONU y la OEA, a la lucha contra el terrorismo. El 15 de agosto Paraguay firmó la Declaración de Asunción en virtud de la cual varios países sudamericanos se comprometieron a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.

El 30 de octubre, el Congreso ratificó el CICTE. Paraguay también se ocupa de fortalecer su marco jurídico interno para combatir más eficazmente el terrorismo y sus actividades de apoyo afines. Paraguay fue país anfitrión de la tercera reunión de Diálogo Antiterrorista 3+1, que se llevó a cabo con éxito en diciembre de 2003.

Paraguay ha determinado que existe un problema de recaudación de fondos en el país que posiblemente contribuye a las causas terroristas. A este respecto, Paraguay busca la asistencia de otros gobiernos -- inclusive Estados Unidos -- para combatir este problema. El principal obstáculo para el enjuiciamiento de terroristas sospechosos es la falta de una ley antiterrorista en el país. Ante la ausencia de tal ley, el gobierno se ve obligado a enjuiciar por evasión tributaria o actividades financieras ilegales a las personas sospechosas de recaudar fondos para los terroristas. Paraguay redacta ahora una nueva legislación para reforzar su régimen contra el lavado de dinero, así como un proyecto de ley específico contra el terrorismo. Ambos proyectos de ley tienen el apoyo pleno de la administración del presidente Duarte y se prevé que se presentarán ante el Congreso en 2004.

A pesar de la falta de leyes promulgadas específicamente para combatir el terrorismo, Paraguay ha procedido activamente a enjuiciar a conocidos recaudadores de fondos para organizaciones terroristas. Dos de estos destacados recaudadores de Hezbola, Sobhi Fayad y Ali Nizar Dahroug, fueron sentenciados a largas condenas de prisión en noviembre de 2002 y agosto de 2003, respectivamente. La policía antiterrorista de Paraguay siguió proporcionando un apoyo excelente para el arresto y enjuiciamiento de terroristas. Un logro importante en el 2003 fue la conformidad con la solicitud de Brasil para la extradición de un recaudador de fondos de Hezbola llamado Assad Ahmad Barakat, acusado de evasión tributaria. Se está considerando formular otras acusaciones por fraude bancario, pero ello requerirá el visto bueno de Brasil en virtud de los términos que rigen la extradición.

Paraguay es parte en seis convenciones y protocolos internacionales relativos al terrorismo y signatario en otros cinco.

Uruguay

El gobierno de Uruguay apoya las medidas internacionales que se han emprendido contra el terrorismo en varios foros internacionales y coopera plenamente con Estados Unidos. Los funcionarios uruguayos condenan de forma rutinaria el terrorismo y los actos terroristas específicos. Aunque Uruguay apoya la coalición mundial contra el terrorismo, carece de los recursos para desempeñar una función significativa. Sin embargo, proporciona soldados a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en Africa y Oriente Medio.

Uruguay es miembro activo del CICTE, órgano de la OEA, y ha destinado personal suyo al Secretariado Ejecutivo de ese comité. Fue país anfitrión de la reunión anual del CICTE en Montevideo en enero de este año y asumió la presidencia del órgano para el 2004. En el MERCOSUR, Uruguay es miembro de un grupo permanente de trabajo contra el terrorismo junto con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. El grupo facilita la cooperación y el intercambio de información entre países que luchan contra el terrorismo, y da énfasis especial a la zona de la Triple Frontera, y a la frontera entre Uruguay y Brasil. Asimismo, Uruguay es miembro activo de grupos antiterroristas en foros como el Grupo de Río y la OEA.

El 15 de agosto el gobierno de Uruguay ratificó la Declaración de Asunción en virtud de la cual varios países sudamericanos se comprometieron a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.

En 2003 Uruguay ratificó la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Internacional sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. El gobierno de Uruguay afronta algunos retos en la aplicación plena de las resoluciones 1373 y 1456 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en lo relacionado a la reducción de actividades que financian el terrorismo. Ello puede que se deba más a la incertidumbre del gobierno respecto su capacidad de seguir eficazmente la pista del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a pesar de que se ha creado una unidad de análisis financiero en el banco central.

Las autoridades uruguayas de aplicación de la ley ayudaron en las investigaciones internacionales que se realizaron sobre el movimiento y las actividades de terroristas sospechosos en 2003, pero no hubo partícipes directos de Uruguay en actos terroristas. En la actualidad, no se conoce la existencia de operativos terroristas en Uruguay, y los oficiales de la banca así como los funcionarios de aplicación de la ley no han descubierto fondos de terroristas en las instituciones financieras uruguayas. Los organismos bancarios y de aplicación de la ley cooperaron en las gestiones antiterroristas de Estados Unidos al comprometerse a investigar cuentas bancarias, personas y grupos vinculados con el terrorismo. Uruguay ayuda en la investigación sobre el posible apoyo al terrorismo desde la zona de la Triple Frontera y a lo largo de la frontera norte de Uruguay con Brasil.

Uruguay no tiene obstáculos significativos para el procesamiento judicial o la extradición de terroristas sospechosos. El sistema judicial no está sujeto a influencias externas pero, al igual que ocurre en otras partes, la predisposición política de los jueces pueden influir el fallo de algunos casos.

En julio de 2003, Uruguay extraditó a Al Said Hassan Mokhles a petición de Egipto. Egipto solicitó en 2002 la extradición de este miembro de al-Gama'a al-Islamiyya, grupo posiblemente asociado a al-Qaida. Las autoridades egipcias vincularon a Mokhles con un ataque terrorista ocurrido en 1997 en Luxor, Egipto, en el que resultaron muertos 58 turistas extranjeros. Fue arrestado en Uruguay tras ser acusado de fraude de documentos en 1999, luego de que intentara entrar al país con un pasaporte falso. Las autoridades uruguayas le entregaron a las autoridades egipcias con la condición de que no le impusieran la pena de muerte, la condena de cadena perpetua o que fuera acusado de fraude de documentos (delito por el que ya había cumplido cuatro años de prisión).

Uruguay ha firmado y ratificado las 12 convenciones y protocolos de la ONU sobre terrorismo.

Venezuela

La cooperación venezolana en la campaña internacional contra el terrorismo ha sido inconstante durante 2003. Las recriminaciones vertidas públicamente por el presidente Chávez y sus partidarios contra la política antiterrorista de Estados Unidos continúa dominando y disminuyendo la limitada cooperación que existe entre los expertos y técnicos de ambas naciones.

La postura ideológica declarada del presidente Chávez, afín con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), limita la cooperación de Venezuela con Colombia en la lucha contra el terrorismo. Venezuela no está dispuesta o no le es posible vigilar sistemáticamente la frontera de 1.400 millas de extensión que media entre ese país y Colombia. Las FARC y el ELN a menudo utilizan la zona para hacer incursiones al otro lado de la frontera y consideran el territorio venezolano próximo a la frontera un refugio. Además, las armas y municiones, algunas procedentes de instalaciones y depósitos de armas oficiales de Venezuela, siguen fluyendo de los suministradores venezolanos a las manos de las organizaciones terroristas colombianas. No se sabe a ciencia cierta hasta qué punto y en qué medida el gobierno de Venezuela aprueba o condena el apoyo material a los terroristas colombianos. Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad venezolanas por controlar su lado de la frontera y detener el flujo de armas a estos grupos no han sido eficaces.

La ley vigente en Venezuela no hace mención específica de actos terroristas, aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre Terrorismo con Bombas, de 1997, y la Convención de las Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación de Terrorismo, de 1999, se aprobaron como ley en Venezuela el 8 de julio de 2003. Todavía queda pendiente en la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre el crimen organizado, que definirá las actividades terroristas, establecerá penas y facilitará el enjuiciamiento y decomiso de los bienes de los patrocinadores del terrorismo. Venezuela firmó la Convención Interamericana contra el Terrorismo en junio de 2002 y la ratificó en enero de 2004.

A lo largo de 2003, grupos nacionales no identificados utilizaron tácticas terroristas para intentar influir en la tensa situación política, particularmente en Caracas. La explosión de una serie de pequeñas bombas y las amenazas que se produjeron a lo largo del año se atribuyeron a los diversos simpatizantes del presidente Chávez o a los opositores políticos del gobierno.

Venezuela extraditó a España a un miembro de la organización terrorista vasca ETA y arrestó a otro. Las informaciones no confirmadas de la prensa alegan la presencia de operativos radicales islámicos en Venezuela, especialmente en Isla Margarita. En febrero de 2003, un ciudadano venezolano consiguió viajar a bordo de un avión desde Venezuela a Londres con una granada en su equipaje facturado, pero todavía no está claro cuál era su intención.

Venezuela es parte en seis de las 12 convenciones y protocolos internacionales relativas al terrorismo.

Norteamérica (Canadá y México)

El gobierno de Canadá se mantuvo firme en su condena del terrorismo internacional e interno, y ha sido partidario eficaz y firme de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional. Aunque ha habido divergencia de pareceres, la cooperación antiterrorista con Canadá, en general, es excelente y sirve como modelo para la cooperación bilateral. La cooperación diaria entre los organismos canadienses y estadounidenses de aplicación de la ley es estrecha y constante. Las Fuerzas Armadas de Canadá participaron en la Operación Paz Duradera en 2001 y, en la actualidad, Canadá tiene unos 1.900 soldados destacados en Afganistán donde dirigirán, en 2004, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Canadá ha comprometido $230 millones para los esfuerzos de reconstrucción, ha participado en la evaluación internacional que dirigió el Departamento de Justicia de la policía, prisiones y tribunales de Iraq y, en la actualidad, participa en el entrenamiento de la policía iraquí.

La Ley Antiterrorista de 2001 de Canadá estableció medidas para identificar, detener, desmantelar, enjuiciar, condenar e imponer penas a los grupos terroristas. También proporciona los instrumentos de investigación a los organismos canadienses de aplicación de la ley, en tanto que proporciona salvaguardas considerables a la intimidad y las garantías legales a sus ciudadanos. A partir de noviembre de 2003 había 34 organizaciones que las leyes canadienses definen como entidades que participan en actividades terroristas. Aunque estas organizaciones pueden ser procesadas judicialmente, en virtud del Código Penal de Canadá, la ley no ha sido puesta a prueba ya que no se han celebrado juicios. Canadá coopera estrechamente con Estados Unidos en las investigaciones, y hay un cuantioso número de solicitudes de extradición entre los dos países. Las leyes canadienses que protegen la intimidad, los recursos limitados y los procedimientos penales que favorecen más al acusado en Canadá que en Estados Unidos a veces impiden un intercambio más completo y oportuno de información, y excluyen a algunos posibles partidarios del terrorismo.

Canadá fue el primer país que ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo en diciembre de 2002. Canadá lleva un registro de las finanzas de los terroristas en cumplimiento de los requerimientos de la ONU, y coordina estrechamente con Estados Unidos los planes de bloqueo de bienes. Los esfuerzos para detener la financiación de los terroristas incluye la puesta en vigor en ese país de la Resolución 1373 de la ONU, que promueve las Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera, y participa activamente en el G-7, G-8 y G-20.

Canadá y Estados Unidos participan conjuntamente en varios foros contra el terrorismo. En octubre de 2003, participaron en una ronda de conversaciones bajo el auspicio del Grupo Consultivo Bilateral sobre Cooperación contra el Terrorismo (establecido en 1988). El Grupo Consultivo está a cargo de revisar las tendencias del terrorismo internacional y de programar maneras de intensificar las medidas conjuntas contra el terrorismo. Canadá será país anfitrión de las próximas reuniones del Grupo Consultivo en 2004. En mayo de 2003, Canadá y Estados Unidos participaron en el segundo simulacro para Funcionarios Principales con el fin de poner a prueba la respuesta local, estatal/provincial y federal a desastres causados por un ataque terrorista contra la población civil. El secretario de Justicia de Estados Unidos y el Procurador general de Canadá fueron los coordinadores de políticas en el Foro Estados Unidos y Canadá sobre Delincuencia Transfronteriza. El foro se reunió en Virginia Occidental en 2003 y estableció un subgrupo que trabaja en el tema del antiterrorismo para aumentar la cooperación en la aplicación de la ley y los procesamientos jurídicos. Los esfuerzos que se emprenderán en el futuro incluyen la continua puesta en vigor de las disposiciones del Acuerdo de Frontera Inteligente y la mayor integración de los equipos de aplicación de la ley en la frontera que operan en 12 regiones.

Canadá ha firmado y ratificado todas las 12 convenciones y protocolos de la ONU relativas al terrorismo, entre ellas la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación de Terrorismo, en virtud de la cual Canadá ha hecho una lista de bienes de más de 420 entidades y ha procedido a congelar sus bienes.

A lo largo de 2003 el gobierno de México se mantuvo firme como socio internacional y bilateral en los esfuerzos de antiterrorismo. México aceptó usar una nueva metodología de evaluación y regulación del lavado de dinero y financiación del terrorismo adoptada por el FMI, el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera.

Entre las muchas iniciativas bilaterales emprendidas por México se incluye su plena cooperación con Estados Unidos para seguir aplicando el Acuerdo de Frontera Inteligente de Estados Unidos y México, un plan de acción fronteriza de 22 puntos que fue firmado en 2002 y que tiene como objetivo modernizar la infraestructura, y agilizar el flujo seguro de bienes y personas en la frontera de Estados Unidos y México. Los intercambios tales como la Plenaria de Altos Funcionarios de Aplicación de la Ley, la Comisión Binacional y la Comisión México-Estados Unidos de Protección de la Infraestructura Crítica Transfronteriza ayudaron a consolidar la confianza y la cooperación entre ambos países. Se proporcionó capacitación, educación y asistencia técnica en diversos niveles a lo largo de 2003.

La Agencia de Investigaciones Federales de México arrestó a seis ciudadanos españoles y a tres mexicanos en diferentes lugares de México el 18 de Julio, que alegó tenían vínculos con el grupo vasco Euzkadi Ta Askatasuna (ETA). En las declaraciones públicas, los funcionarios mexicanos dijeron que los sospechosos estaban lavando dinero para financiar el terrorismo de ETA y falsificaban documentos para ayudar a miembros de esa organización terrorista.

Un tema de continuo interés estratégico para las iniciativas antiterroristas de Estados Unidos y México es la presencia y uso continuo de rutas de contrabando en la frontera entre Estados Unidos y México. Esas rutas han existido durante muchos años para facilitar el tránsito fronterizo y evitar encuentros con las autoridades estadounidenses y mexicanas. A pesar de la larga y activa cooperación del gobierno mexicano para eliminar estas rutas, muchos contrabandistas han evadido con éxito el procesamiento judicial.

México ha ratificado todas las 12 convenciones y protocolos contra el terrorismo.

http://usinfo.state.gov/espanol/terror/04042901.htm

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