PALABRAS DE MARTA
ALTOLAGUIRRE LARRAONDO,
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
Santiago de Chile, 10 de junio de
2003
Señora Presidenta de
la Asamblea General, Señor Secretario General de
la OEA, señor Secretario General Adjunto,
distinguidos y distinguidas Representantes de los
Estados miembros de la Organización y
Observadores, señores Jueces de la Corte
Interamericana, señoras y señores:
Your Excellencies, representatives of member
states, ladies and gentlemen: It is an honor to
address this body on behalf of the Inter-American
Commission. Let me start by expressing the
awareness of the IACHR to the different situations
and issues concerning English speaking member
states and specifically Caribbean countries. The
IACHR is currently working on a new strategy
towards acquiring a deeper vision of the
particular situation of the Caribbean Region and
towards strengthening its cooperation to achieve
the common goal of protecting human rights.
I will continue speaking in
Spanish, my native language.
En mi condición de
Presidenta de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, tengo el agrado de presentar el
informe anual de la Comisión correspondiente a
2002. Me acompañan en esta oportunidad José
Zalaquett, Primer Vicepresidente de la Comisión,
Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, Eduardo
Bertoni, Relator para la Libertad de Expresión, y
personal profesional de la Secretaría.
El informe que
ponemos en la fecha a disposición de la Asamblea
General fue aprobado por la CIDH durante su 117º
período ordinario de sesiones, celebrado durante
febrero y marzo de este año. Este informe refleja
las actividades generales de la Comisión cumplidas
durante la Presidencia del Dr. Juan Méndez.
En diciembre de 2002
la Comisión hizo público su “Informe sobre
Terrorismo y Derechos Humanos” en el cual presentó
un estudio sobre la vigencia y el respeto de los
derechos fundamentales frente a las iniciativas
antiterroristas legítimamente adoptadas por los
Estados miembros, basada en su experiencia de más
de cuatro décadas y los estándares del derecho
internacional. En su informe, la Comisión
articula varios principios fundamentales
concernientes a la relación necesaria entre el
combate al terrorismo y la protección de los
derechos humanos en situaciones de excepción.
La ansiedad generada
tanto por la amenaza de la violencia terrorista
como por las expectativas de contrarrestarla no
puede soslayar la atención prioritaria a temas
endémicos que aquejan a las sociedades de nuestro
hemisferio y en especial a sus sectores más
vulnerables. En este sentido, la Comisión observa
con extrema preocupación la debilidad de la
institucionalidad democrática en varios países del
hemisferio. Las elecciones periódicas no obstan
para que muchas democracias de la región exhiban
debilidades institucionales. También observa con
preocupación que los límites al poder público
determinados por la propia normativa interna son
en algunos casos burlados o ignorados,
provocándose así el resquebrajamiento del estado
de derecho, y la pérdida de credibilidad en el
sistema político. Afortunadamente, los Estados
miembros de la OEA son hoy en día consistentes en
su rechazo colectivo a todo intento de ruptura
constitucional, en invocación de instrumentos
tales como la Resolución 1080 y la Carta
Democrática Interamericana.
La corrupción, la
pobreza, la exclusión y las brechas sociales,
económicas, étnicas y de género contribuyen
asimismo a la inestabilidad política. Esta
situación, que se ve agravada por la falta de
acceso efectivo a la justicia en gran parte del
hemisferio, no sólo contribuye a perpetuar la
falta de eficacia y la impunidad que aqueja el
funcionamiento de los sistemas judiciales del
hemisferio, sino que provoca la exclusión de los
ciudadanos de la administración de justicia tanto
en su participación como operadores, como en su
actividad de sujetos activos. Esos factores
coinciden con la creciente sensación de
inseguridad de la ciudadanía frente a la violencia
y la criminalidad crecientes y la tendencia a
tomar medidas de hecho.
En este contexto
hemisférico, que refleja también realidades de
orden global, los mecanismos de protección de los
derechos humanos continúan cumpliendo una función
fundamental. La integridad y eficacia de la
protección brindada a los habitantes del
hemisferio depende, primordialmente, de los
esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar
la universalidad del sistema mediante la
ratificación de la Convención Americana y de los
demás instrumentos sobre derechos humanos, así
como la aceptación de la jurisdicción de la Corte;
del cumplimiento con la obligación de adaptar su
legislación interna a sus obligaciones
internacionales y su debida interpretación y
aplicación por los órganos del Estado, en
particular el poder judicial; y por último, del
cumplimiento de los compromisos internacionales y
las recomendaciones y decisiones de la Comisión y
de la Corte.
La
Comisión prosiguió su labor con relación a la
situación de grupos especialmente vulnerables, a
través del trabajo de sus relatorías especiales
para los derechos de los niños, los pueblos
indígenas, y los trabajadores migratorios, los
cuales aparecen reflejados en el capítulo VI del
presente informe anual. La CIDH ha prestado
también especial atención a la situación de los
afrodescendientes, tanto a través de sus labores
de promoción como de sus estudios de la situación
general de los derechos humanos en los Estados
miembros, casos individuales y medidas
cautelares. Se ha ampliado el ámbito de
verificación de la situación de los derechos de la
mujer, particularmente aquellos aspectos relativos
a la violencia que afecta a millones de mujeres en
el hemisferio. Asimismo, la Relatoría Especial ha
dedicado esfuerzos para promover de manera activa
la Convención de Belém do Pará en el marco de los
procedimientos ante el Sistema.
La Relatoría para la
Libertad de Expresión ha continuado también con su
labor en materia de promoción y asesoramiento.
Dado que el tema central de esta Asamblea es la
gobernabilidad democrática y, en particular, la
libertad de expresión, quisiera resaltar la
importancia de los debates sobre esta materia,
teniendo en cuenta los claros parámetros
establecidos en los artículos 13 y 14 de la
Convención Americana, así como en los principios
de derecho internacional en la materia.
No puedo dejar de llamar la
atención sobre algunos números importantes en el
sistema de peticiones individuales que indican
tanto la gran credibilidad que tiene la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, como el
deterioro de la administración de justicia en
varios países de la región. Particularmente en el
año 2002, la CIDH recibió 1021 denuncias, cifra
que representa un 40% más en relación con el año
anterior. Debo aclarar que esta cifra no tiene en
cuenta las 3635 denuncias relacionada con las
medidas bancarias adoptadas por el Gobierno
argentino. Esta circunstancia ha puesto una
enorme presión en nuestra Secretaría Ejecutiva,
que ha logrado responder a esta situación de
manera eficiente y, de hecho, ha mantenido el
número de peticiones en trámite dentro de sus
promedios históricos.
Durante el período
que abarca este informe, la Comisión realizó dos
visitas in loco a Haití y una a Venezuela.
Asimismo, hace dos meses, la Comisión concluyó
una visita in loco a Guatemala. Por otro
lado, la Comisión ha seguido los criterios
expuestos en su Informe Anual de 1998 para
identificar a los Estados miembros cuyas prácticas
en materia de derechos humanos merecieran atención
especial. En este sentido, en el Capítulo IV del
informe del año 2002 se analiza la situación de
los derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y
Venezuela.
Con relación a Colombia, la
Comisión se encuentra seriamente preocupada por el
impacto que la violencia generada por los actores
del conflicto armado interno continúa causando en
el respeto de los derechos humanos fundamentales
de la población civil y, en particular, de los
sectores más vulnerables: las comunidades
indígenas y afro-colombianas, los desplazados y
los defensores de derechos humanos y los líderes
sociales, las mujeres y los niños. En este
contexto la Comisión desea reiterar su llamado a
las partes en el conflicto armado para que a
través de su estructura de mando y control,
respeten, ejecuten y hagan cumplir las normas que
rigen las hostilidades, consagradas en el derecho
internacional humanitario, con especial énfasis en
las normas que brindan protección a los civiles.
Con relación a Cuba,
la Comisión encuentra que el Estado cubano
persiste en su patrón represivo con relación a la
situación de los derechos humanos, particularmente
los derechos civiles y políticos. Toda persona que
desea ejercer pacíficamente sus derechos a la
libertad de expresión, reunión y asociación en
Cuba es reprimida sistemáticamente por dicho
Estado. La Comisión encuentra también que el
Estado cubano no ha implementado las reformas
requeridas para hacer efectiva la vigencia de las
garantías judiciales y del derecho de los
procesados a un tribunal competente, independiente
e imparcial. En este sentido, la Comisión no puede
dejar de señalar su preocupación por la
persecución sistemática a los disidentes políticos
en los últimos meses, las graves condenas
impuestas a muchos de ellos y la ejecución de tres
personas, luego de procedimientos que no contaron
con las garantías de un debido proceso y que por
tanto tuvieron el carácter de arbitrarios. La
Comisión ha expresando su preocupación, de manera
consistente, por las violaciones de derechos
humanos en Cuba y formula sus mejores votos para
que las decisiones de este Foro incidan en la
elaboración de una estrategia hemisférica dirigida
a garantizar el reconocimiento y goce de los
derechos fundamentales a sus habitantes.
Con relación a
Haití, la Comisión expresa su preocupación por la
profunda debilidad estructural de la
administración de justicia. Si bien el Estado ha
tomado algunas iniciativas para investigar y
llevar a los tribunales a aquellos que violaron
los derechos humanos, la mayoría de los casos
continúan sin resolverse, en particular aquellos
concernientes a los graves eventos de diciembre de
2001. Con respecto a la seguridad ciudadana, la
Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno para
capacitar a los futuros miembros de las fuerzas de
seguridad, pero continúa recibiendo informes de
abusos policiales en el país. De forma similar,
la Comisión expresa su preocupación por el éxito
limitado de los esfuerzos para desarmar a la
población. La posesión y el uso ilícito
generalizado de armas de fuego y las repetidas
acciones violentas de ciertos grupos armados y
organizaciones populares es una amenaza constante
a la seguridad de todos los haitianos. Con
respecto a la libertad de expresión, la Comisión
lamenta que se continúen registrando amenazas a
los periodistas y que los crímenes contra los
mismos permanezcan impunes.
Con relación a
Venezuela, la Comisión expresa su preocupación por
el deterioro de los derechos humanos que
compromete seriamente la estabilidad del Estado de
Derecho. Durante la visita in loco
realizada en mayo de 2002 la CIDH observó que la
falta de independencia del Poder Judicial, las
limitaciones a la libertad de expresión, el grado
extremo de polarización de la sociedad, el
accionar de grupos de exterminio, la poca
credibilidad de las instituciones de control
debido a la incertidumbre sobre la
constitucionalidad de su designación y la
parcialidad de sus actuaciones, la falta de
coordinación entre las fuerzas de seguridad, y la
existencia de una impunidad estructural en el
sistema de justicia venezolano, representaban una
clara debilidad de los pilares fundamentales para
la existencia del Estado de Derecho. Dada la
gravedad de la situación, la Comisión tenía
previsto llevar a cabo una serie de visitas de
seguimiento, que hasta la fecha no se han podido
realizar debido a la falta de determinación de las
fechas correspondientes por parte del Estado
venezolano, a pesar de la reiterada solicitud de
la Comisión y de la invitación que formulara el
Presidente Chávez y el Vicepresidente Rangel
durante la visita in loco. La Comisión
considera que su presencia en Venezuela
contribuiría a fortalecer la protección de los
derechos humanos de todos sus habitantes.
Por otra parte, el
Capítulo V sigue la práctica de analizar el
cumplimiento de las recomendaciones formuladas por
la Comisión, en uso de sus facultades como órgano
principal de la OEA en materia de derechos
humanos. En esta oportunidad, dicho capítulo
contiene un informe de seguimiento de las
recomendaciones expuestas en el informe de la CIDH
sobre la situación de los derechos humanos en
Guatemala.
Señora Presidenta,
señores y señoras representantes, estimados
colegas, compañeros y compañeras de trabajo,
señoras y señores:
Antes de concluir,
debo expresar la profunda preocupación de la
Comisión por su situación presupuestaria. Sin
perjuicio de reconocer el incremento de fondos
aprobado por la Organización durante el año 2002
que nos permitió continuar con el cumplimiento de
nuestros mandatos convencionales, estatutarios y
aquellos surgidos de las Cumbres de las Américas,
debo indicar que estos fondos adicionales no han
sido entregados en su totalidad a la Comisión.
Estamos conscientes de los ajustes presupuestarios
de la Organización, que según entendemos
continuarán al menos durante el próximo año. Estos
recortes presupuestarios afectan y afectarán aún
más las tareas esenciales que la Comisión realiza
para la protección y la promoción de los derechos
humanos en el hemisferio. Legítimamente varios
Estados han indicado la lentitud de la tramitación
de nuestros casos. Es verdad y procuramos mejorar
con nuestra reforma reglamentaria y esfuerzos
adicionales de la Secretaría Ejecutiva. Sin
embargo, sin mayores recursos humanos y
financieros es absolutamente imposible que la
Comisión pueda responder a las crecientes demandas
de manera eficiente. Las constantes expresiones
de apoyo al sistema interamericano de protección
de los derechos humanos y la voluntad política de
aportar fondos para los órganos del sistema,
expresada por las instancias mas altas del sistema
interamericano, tanto en el proceso de Cumbres, en
este órgano, como por el Consejo Permanente, no
se ha traducido en los hechos en un aumento que
permita que el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos cumpla con los
mandatos convencionales y con los nuevos mandatos
que periódicamente son encomendados a la
Comisión. Asimismo, tanto la Comisión como la
Corte hemos cumplido, como fue acordado,
realizando las reformas reglamentarias que
permiten una mayor eficiencia en el trabajo de los
órganos del sistema. Esperamos que los Estados
efectivamente aporten los recursos que puedan
garantizar que los derechos humanos de los
habitantes del hemisferio cuenten con una
protección internacional eficiente.
La búsqueda
constante de mecanismos para consolidar las
democracias crea nuevas oportunidades para el
compromiso de los Estados miembros con los órganos
del sistema interamericano de derechos humanos. La
Comisión y la Corte son, conforme al propósito de
los Estados miembros, medios para ayudar al
desarrollo de "un régimen de libertad personal y
de justicia social", que es el objetivo final
consignado en el preámbulo de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con ello,
la Comisión renueva su compromiso de trabajar con
los Estados miembros en el cumplimiento de su
mandato para defender la dignidad humana mediante
el ejercicio de su mandato en la protección y la
promoción de los derechos humanos. En nombre de la
Comisión, quiero expresar nuestra gratitud por el
apoyo que los Estados miembros han brindado a la
Comisión para que ésta continúe honrando ese
compromiso común de velar por el ejercicio de los
derechos humanos de todas las personas de nuestro
hemisferio.
Muchas gracias.