PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA, EN LA INSTALACIÓN DEL XXXIV PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Quito, Ecuador, 6 de junio de 2004

Señor Presidente:

Americanos llegados de todos los confines se reúnen esta noche en Quito, convocados para darle continuidad a la jornada de integración y solidaridad en la que nos hemos empeñado. Gracias a su Gobierno y al pueblo ecuatoriano por su generosa y hospitalaria acogida. En estas tierras que liberaron Bolívar, Sucre, Córdova en Pichincha, nos sentimos todos en casa. Gracias al Canciller Patricio Zuquilanda y al Embajador Marcelo Hervas por su invaluable apoyo.

Todos admiramos, Presidente Gutiérrez, la firmeza de sus propósitos para mantener la calidad de políticas que exige la estabilidad de la economía ecuatoriana. Sabemos también  que el margen para resolver algunos problemas sociales acumulados en décadas es menor a las expectativas ciudadanas. Ojalá que los actores de la política en Ecuador tomen sus decisiones sin sacrificar la gobernabilidad del país, comprometida tantas veces en tiempos recientes.

Al fin de mi gestión como Secretario General de la OEA nos corresponde, así sea sucintamente,  hacer un reporte que incluya de dónde partimos; qué nos propusimos hacer; qué hemos alcanzado;  dar unas pocas luces sobre el largo camino que nos queda por recorrer; así como otras sobre el rumbo que le queremos dar a nuestras relaciones y a las instituciones hemisféricas. Un informe más completo sobre estos diez años será entregado a las Delegaciones.  

Cuando intentamos hacer ese balance de lo ocurrido en esta década  tenemos que reconocer que los hechos superaron nuestras mayores expectativas. Por otra parte, los problemas y desafíos a los que se enfrentan nuestros pueblos se han multiplicado de una manera exponencial, especialmente por la mayor interdependencia y la globalización.

La revolución informática y  de las telecomunicaciones empezó a tener efectos profundos de naturaleza política, económica y social. La interdependencia trascendió fronteras, clases sociales, religiones, razas.  Estos elementos se hacen aún más fuertes en el hemisferio por la existencia de lazos culturales, históricos y geográficos comunes.

Retomamos el sentido original que tuvo la fundación de la OEA para tener una unión basada en principios. Dejamos atrás un período de aislacionismo, rivalidades y desencuentros. Muchas de las ataduras que en el pasado inmovilizaron a la OEA desaparecieron. Dejamos  atrás la política de invocar los principios de nuestra Carta, más para separarnos que para unirnos; más para tramitar nuestros temores que para construir un ideal común; más para contener el unilateralismo que para generar acción colectiva. 

El comienzo de nuestro mandato se inició en medio de señales estimulantes sobre las posibilidades de un nuevo multilateralismo dentro de la  OEA y sobre su capacidad de transformarse en un mundo que estaba cambiando de manera vertiginosa. Nuestra tarea era encontrar los instrumentos, mecanismos y modalidades que íbamos a utilizar para lograrlo.  

Por eso cuando el Presidente Clinton convoca, de común acuerdo con todos los gobiernos americanos, la primera Cumbre de las Américas en Miami, lo hace a partir de la concepción de que nos unían valores compartidos, teníamos un destino común, y que estábamos preparados para construir una vigorosa agenda sustentada en una voluntad política sin precedentes.  De ella nació nuestra propuesta “La Nueva Visión de la OEA”, que fue respaldada vigorosamente por la Asamblea General de Montrouis. La OEA tendría entonces una nueva oportunidad en el concierto regional. 

En Miami, en Santiago, en Québec y en Monterrey,  la OEA recibió de manera creciente nuevos mandatos en democracia, derechos humanos, gobernabilidad, apoyo al ALCA, educación, equidad, lucha contra la pobreza, inclusión social. Las reuniones ministeriales se fueron convirtiendo en el motor más poderoso para cumplir los mandatos de las Cumbres. Nuestros gobernantes dispusieron que se diseñara la Carta Democrática y se le dio un mayor rol a las instituciones del Sistema.  

La OEA y la diplomacia regional han dado pasos gigantescos en hacer realidad el principio de la Carta que señala la voluntad de resolver pacíficamente las controversias.

Es en ese espíritu en el que se debe entender el éxito que para los países garantes significó la declaración de paz de Itamaraty y el Acuerdo de Paz  Perú-Ecuador; el Acuerdo Argentina-Chile sobre los Hielos Continentales o Campo del Hielo; así como el que se suscribió para lograr el traspaso del Canal a Panamá.

Pero entre los años 1999 y 2000 resurgieron una serie de disputas territoriales pendientes. En la OEA celebramos la decisión que tomaron los gobiernos de Honduras y Nicaragua de llevar su contencioso a la Corte Internacional de Justicia. Nos satisface la colaboración que hemos podido ofrecer para la adopción de medidas de confianza que han permitido administrar los incidentes en la zona en litigio. Cumplimos también nuestra responsabilidad con el apoyo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en la demarcación de la frontera terrestre entre Honduras y el Salvador, definida en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Con Guatemala y Belice hemos trabajado en un panel de conciliadores en la búsqueda de un acuerdo balanceado y permanente del diferendo territorial.  Hemos recibido la cooperación de Honduras como tercera parte interesada. Trabajamos hoy con los gobiernos en un régimen de transición.

Los aportes de nuestros países miembros y observadores se han hecho por intermedio de un Fondo de Paz creado a iniciativa del Embajador Luigi Einaudi, quien ha trabajado en estos temas con profesionalismo y dedicación.

También, a solicitud de los Estados, hemos realizado investigaciones para contribuir a este proceso de solución de controversias. Así llevamos a cabo una investigación sobre el desvío de armas Nicaragüenses a grupos paramilitares colombianos, y otra para determinar los hechos del 12 y 13 de febrero de 2003 cuando se enfrentaron el Ejército y la Policía en Bolivia. Sin duda ha llegado el momento para que los Estados consideren la institucionalización del área de solución de controversias y conflictos en la OEA. En nuestro informe de la década precisamos un poco esta propuesta.

De cada crisis que hemos tenido a lo largo de estos diez años, en las que actuamos con prontitud y diligencia, aprendimos más para defender la democracia.

En los noventa, la amenaza de los golpes militares fue cediendo y los líderes autoritarios se fueron convirtiendo en el principal riesgo para la democracia. Tal vez el caso más destacado es Perú que desde 1992 empezó a consolidar un régimen autoritario que fue cercenando la capacidad de los otros poderes del Estado, eliminó los contrapesos esenciales en las democracias, y la falta de controles fue provocando a su vez una peligrosa maquinaria de corrupción y abusos de autoridad.

De la experiencia Paraguaya de 1996, cuando se presentó una amenaza militar sobre el entonces gobierno, aprendimos mucho de la excelente coordinación que se pudo hacer con los presidentes y cancilleres de MERCOSUR y con Estados Unidos. Los jefes militares de estos países también jugaron un rol para disuadir a los rebeldes.

Un tiempo después, MERCOSUR jugaría otra vez un papel central cuando, con motivo del asesinato del Vicepresidente Argaña, el Presidente Cubas y otros debieron abandonar el Gobierno y se les ofreció asilo.    

Aquí, en Ecuador, en 1997, aprendimos cómo los gobernantes no pueden perder totalmente la sintonía con los ciudadanos y cómo es necesario respetar la transparencia y la rendición de cuentas. Todos estamos obligados a defender los principios democráticos, pero los gobernantes tiene que ser dignos del cargo que ocupan y tienen que ser sensibles a las preocupaciones ciudadanas.

En el siguiente episodio que se presentó en Ecuador, el presidente Mahuad renunció en medio de protestas sociales que lo convencieron de que su mayor contribución a la paz social era su retiro de la jefatura del Estado. Fue necesaria una vigorosa reacción internacional liderada por la OEA para evitar que una junta de facto tomara el poder y se aseguró la sucesión conforme a la Constitución.

Haití ha demostrado ser un caso demasiado difícil para la OEA. Al cabo de varios años tenemos un gran sentimiento de insatisfacción. Desde el regreso del Presidente Aristide, en el 94, nunca hubo una verdadera convivencia democrática, y no se aceptó plenamente la legitimidad de los gobiernos que se sucedieron por voluntad popular. La lucha contra el atraso y la miseria tampoco alcanzó  el ritmo que deseaba la comunidad internacional.  

Realizamos con el Embajador Einaudi un gran esfuerzo por encontrar una solución a la grave crisis política que se originó en el fraude que acompañó a las elecciones parlamentarias de mayo de 2000. En julio de 2001 logramos una fórmula para integrar un Consejo Electoral que fuera suficientemente representativo de  todos los sectores. Algunos episodios de violencia durante ese mes dañaron el proceso.

Más adelante, y en vista de graves episodios de violencia, nuevamente tuvimos que poner en marcha una Misión enfocada en democracia, derechos humanos, seguridad y administración de justicia. Frente al estallido de violencia de meses recientes, el Plan de CARICOM no pudo desarrollarse como fue concebido, así se hubieran usado algunas de las fórmulas allí contenidas para integrar el gobierno de transición. En medio de los desacuerdos sobre la interpretación de lo que ocurrió, hemos procurado preservar nuestra  acción en coordinación con la ONU y asegurar el trabajo de nuestra misión, fundamental en el apoyo al pueblo Haitiano.

En Nicaragua, nuestra misión CIAV contribuyó, en su larga estadía, a la desmovilización de los contras, y jugó luego un destacado papel en el desarrollo de una cultura democrática y de derechos humanos como parte de la Comisión de la Verdad.

En Guatemala, con posterioridad a los acuerdos de paz, hemos tenido un programa de apoyo especial en tareas posconflicto, tema en el que la OEA ha ido desarrollando una experiencia valiosa.

En Colombia trabajamos actualmente en el proceso de verificación de la desmovilización de grupos paramilitares y de su reinserción a la vida civil.

Nuestra Unidad para la Promoción de la Democracia ha trabajado con intensidad y con éxito en la búsqueda de recursos entre países miembros y observadores, para avanzar en áreas de fortalecimiento de los partidos políticos y los congresos; en financiación de campañas, descentralización y participación ciudadana.

De todas las actividades que realiza esta Unidad, sin duda la más importante es la de las Misiones de Observación Electoral que han hecho una contribución significativa y creciente  a la consolidación y defensa de la democracia en el hemisferio.

Merece especial atención el caso de Perú. Con un mandato de la Asamblea de Windsor, en compañía del entonces canciller canadiense y en consulta con el Gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad civil, trabajamos en 2000 para contribuir a que el Perú regresara  a la plena vigencia de sus instituciones democráticas y su orden constitucional. 

En lo que hace relación con nuestra misión de observación para la etapa denominada de reparo de firmas en Venezuela, el pasado jueves se anunciaron los resultados preliminares para la convocatoria de referendos revocatorios de mandatos para diputados y Presidente de la República. Con ello se ha dado un paso fundamental en el cumplimiento de los acuerdos de mayo de 2003, facilitados por la OEA, el Centro Carter y el PNUD, y que entonces le trajeron al país un clima de menos conflictividad política.  Quiero felicitar al pueblo venezolano por su demostración de civismo y madurez democrática.

Enaltece al Gobierno del Presidente Chávez el que en medio de la polarización que vive el país haya conservado el rumbo del proceso que condujo a la aplicación del artículo 72 de la Constitución. La manera como el Presidente aceptó el resultado significa que se va a vivir un período de intensa competencia democrática y de respeto al Estado de Derecho.  Gracias a la Coordinadora Democrática por su apoyo y confianza

El Consejo Nacional Electoral actuó con diligencia, transparencia y eficacia en esta etapa. Es necesario señalar también que en todo este proceso hemos tenido una extraordinaria experiencia de cooperación con el Centro Carter. También debo agradecer al Grupo de Amigos por sus luces y su permanente apoyo, así como al Jefe de la Misión, Fernando Jaramillo, por el buen trabajo que realizó.

De la Cumbre de las Américas de Québec surgió la propuesta de diseñar la Carta Democrática, que es una guía de comportamiento. Incorpora nuestra visión, valores, necesidades y aspiraciones, así como nuestra voluntad colectiva. Se ha creado una conciencia planetaria por la justicia social; por las elecciones libres y justas; por el respeto a la separación de poderes; por la independencia de la justicia y la lucha contra la impunidad; y por el ataque despiadado a la corrupción y la búsqueda de transparencia. La defensa de la libertad de prensa y expresión ha adquirido nuevos bríos, así como la creciente presencia de la sociedad civil con sus aportes y criticas.

Como nunca antes en nuestra historia, han surgido con fuerza luchas contra la discriminación, la defensa de los derechos de los más débiles, las mujeres, los indígenas, los migrantes y los niños. El respeto de los derechos de cada ciudadano de América es algo que a todos nos compete. Las deficiencias del Estado, particularmente en la prestación de los servicios públicos, son problemas de la democracia.  La Carta es un documento viviente e imprescindible.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está hoy más activo que nunca.  Sin duda, contamos con un mayor consenso entre los Estados Miembros, con mejores reglamentos, mayor  admisibilidad, más participación de la sociedad civil. Hoy está mejor preparado para cubrir más casos, hacer más promoción y fortalecer los mecanismos de investigación. Es claro que los sistemas nacionales pesan cada vez más en la tarea de protección.

Tiene también particular importancia la creciente práctica de las soluciones amistosas. Hemos avanzado en su autonomía financiera, presupuestal y operacional. La jurisprudencia del sistema se ha hecho en general más accesible. Las relaciones entre la CIDH y la Corte son hoy más fluidas. Las Cumbres instaron a hacer universal la ratificación de la Convención Americana y la aceptación de la jurisdicción de la Corte.

Creo que el sistema de derechos humanos está ahora preparado para un salto cualitativo. Sin embargo, para que ello sea posible es preciso dotarlo de más recursos, resolver la cuestión de la universalización, brindar a los ciudadanos un mayor acceso a él, y determinar si nuestros órganos de derechos humanos pueden actuar con un carácter más permanente.  Espero se de una pronta aprobación a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Si alguna consecuencia ha traído el diálogo de los Ministros de Trabajo en estos años, ha sido definir adecuadamente la dimensión social de los procesos de integración económica. Se ha trabajado en la modernización de los ministerios de trabajo, así como con respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores, tribunales laborales, diálogo social, concertación y negociación colectiva.

En relación con los temas de seguridad hemisférica, nos hemos movido a un  concepto de seguridad con un mayor énfasis en los  riesgos no militares. Y junto con ellos, en el caso del Caribe, están los fenómenos naturales y otros factores que también pueden llegar a amenazar la supervivencia de las naciones.

La creación de la Comisión de Seguridad Hemisférica en 1995, la Primera Conferencia Regional de Medidas de Seguridad y Fomento de la Confianza en Chile, y la Segunda en San Salvador, permitieron la creación de instrumentos y acciones que generarían predictibilidad y transparencia en las acciones de los Estados, sus ejércitos y fuerzas militares. Todo ello debería llevarnos al inicio de un proceso de control de armas y de desarme.

Como parte de este proceso se adoptó la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, y  la Convención CIFTA sobre tráfico ilícito de armas de fuego.

Las actividades de desminado que hemos llevado a cabo en Centroamérica y Ecuador son parte de este esfuerzo.  Recientemente hemos iniciado este trabajo en Colombia. En los últimos dos años, en cumplimiento de los mandatos de la Convención de Ottawa, se han destruido más de un millón de minas.

La adopción de la Estrategia Antidrogas del Hemisferio por parte de la Asamblea General, representó un paso significativo en la unidad y cooperación. Con posterioridad, CICAD acometió una evaluación intergubernamental de carácter multilateral de las políticas de los países contra las drogas, para evaluar los progresos individuales y colectivos frente a todas las manifestaciones de este problema.  

Nuestras reuniones de Lima en 1997 y Mar del Plata en 1999, nos permitieron tener un marco multilateral para avanzar con certeza y contundencia después de los terribles actos terroristas de septiembre 11 de 2001. Ellos fueron un ataque sin precedentes a nuestra civilización,  valores, los derechos humanos, las libertades civiles, y los principios de la tolerancia y el pluralismo que nos son comunes. El CICTE y la convención contra el terrorismo nos han permitido actuar con unidad y decisión.

La Conferencia Especial de Seguridad de México adoptó el enfoque multidimensional aprobado en Barbados, que reconoce que muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional y requieren de cooperación internacional. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos ha contribuido significativamente al desarrollo de esta agenda de seguridad.

El Comité OEA-BID-CEPAL nos ha permitido trabajar en la creación del Área de Libre Comercio de las Américas. Hemos cumplido un rol técnico y no político.

Se creó un idioma común, construimos bases de datos, comparaciones sistemáticas de los asuntos a resolver, y se recopilaron estadísticas y normas. Así se fortaleció el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE). Se pudo  iniciar el proceso de negociación política con base en la misma información confiable, aceptada y verificada por todos.  Se han apoyado los grupos de negociación, las reuniones ministeriales, los foros empresariales  y  la comunidad académica. Igualmente, le hemos dado un significativo apoyo al grupo de pequeñas economías.

Hemos tenido un rol relevante en los temas de creación de capacidades institucionales para la negociación, tanto en el Continente como en el Caribe. 

En el proceso de elaboración de la Carta Democrática, nos encontramos con el hecho de que muchos de los más graves desafíos a la democracia tienen relación con problemas en nuestros sistemas políticos y con deficiencias en el cumplimiento de las funciones sociales por parte del Estado.

Pero más allá de estas vicisitudes que son en gran medida de nuestra responsabilidad, a lo largo de la última década hemos encontrado  nuevos desafíos que en cierta medida escapan a nuestro control. Me refiero a las tres graves crisis de volatilidad de capitales que vivimos y que han significado tasas extremadamente bajas de crecimiento, retrocesos en algunos países y que han puesto una enorme presión sobre nuestros sistemas políticos.

No hay sistema político que no se resienta por la mayor desigualdad o por tener retrocesos en la lucha contra la pobreza.

La pobreza, la desigualdad y la exclusión social constituyen entonces las más grandes amenazas y los retos principales para la democracia en nuestro hemisferio. Ellas se originan en lo fundamental en la debilidad de las instituciones estatales y en la mala calidad de nuestras políticas.

Es muy importante lo que hagamos en materia de educación. En esta década y en esta nueva etapa, la principal función de la OEA en materia de educación no fue ni debe ser la de financiar proyectos, sino servir de foro a los ministros para construir consensos sobre las prioridades educativas hemisféricas. Con ello, todos aspiramos a conseguir tres objetivos: reducir la pobreza, reducir la desigualdad y preparar a los países y sus economías para la globalización.

Debemos conseguir que los sistemas educativos no preserven o acentúen la desigualdad. Se está trabajando en temas de evaluación, calidad, equidad, indicadores, conectividad, gestión, descentralización, competencias laborales, nuevas tecnologías, cooperación horizontal, preescolar y formación docente. Para estos trabajos nos apoyamos en nuestra Unidad de Desarrollo Social y Educación.

Las Reuniones de Ministros de Justicia o Procuradores Generales han trabajado con particular énfasis en la cooperación jurídica y judicial para el combate contra la delincuencia transnacional organizada, el terrorismo, el delito cibernético, así como en los métodos alternos de solución de controversias, y en políticas penitenciarias y carcelarias.

Celebramos que el Gobierno del Ecuador haya propuesto como tema central de esta Asamblea el desarrollo social y democracia frente a la incidencia de la corrupción. La corrupción distorsiona la asignación de recursos para el desarrollo. Muchos de esos recursos que se han destinado a los temas sociales no han llegado a su destino por la corrupción.

Nuestra pionera Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada  en Caracas en 1996, fue la primera en esta materia y abrió el camino para la adopción de otros instrumentos internacionales. El Comité Jurídico Interamericano desarrolló con creatividad las ideas originales. Ella contribuye a enfrentar los problemas de derecho de asilo, secreto bancario, extradición. Tiene una orientación no solo sancionatoria sino preventiva, para eliminar sus causas y  estimular la modernización del Estado.

Con el BID y con recursos de Canadá y Estados Unidos hemos trabajado en su ratificación e implementación. Se adoptó también un mecanismo de seguimiento para fortalecer su aplicación. El tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas son fundamentales en la construcción de democracias vigorosas.

Por iniciativa de Bolivia se realizó una Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en  1996. En Santa Cruz encontramos una dimensión regional para una gran cantidad de los compromisos de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro y de la Cumbre de Barbados sobre Pequeños Estados Insulares. En desarrollo sostenible, se impulsaron acciones de cooperación en áreas de creación y mantenimiento de la gestión ambiental; creación de una red de derecho ambiental; cuencas hidrográficas y zonas fronterizas;  turismo sostenible; energía renovable; mitigación de desastres en el Caribe; administración costera integrada; cambio climático. En algunas de ellas trabajamos con el Banco de Desarrollo del Caribe y la  Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 

Por otra parte, la participación de la OEA y su papel en el proceso de Cumbres, han influido para que hoy en día la Organización sea una de las instituciones más avanzadas en cuanto a la participación de la sociedad civil.

En el tema de cooperación para el desarrollo hemos trabajado para poder cumplir la nueva agenda surgida de las cumbres y ayudar a satisfacer las necesidades de las reuniones ministeriales; hemos introducido una mayor solidaridad; tratamos de concentrar los recursos de cooperación en los países que más lo necesitan; y hemos desarrollado mas proyectos de carácter regional. Se puso en marcha la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD).

Con la colaboración de Estados Unidos creamos el Portal Educativo y la Fundación para las Américas. Con ella hemos facilitado la participación del sector privado en proyectos de alto contenido social. Canadá nos ha apoyado también en esta etapa con recursos frescos. En el pasado también nos cooperaron con fondos México, Brasil, Argentina y Chile.

A lo largo de toda la década la Organización ha debido funcionar con estrictas limitaciones financieras y de recursos humanos. Hemos reducido el personal de planta en  22%. Adoptamos programas de modernización para aumentar nuestra eficiencia y productividad, y hemos implantado un sistema gerencial financiero de los más avanzados. La política de personal ofrece hoy mayor flexibilidad y competitividad. También se llevó a cabo una completa renovación de las instalaciones principales de la Organización. Sea esta la oportunidad para agradecer a todos y a cada uno de los funcionarios de la Organización su valioso concurso. Sin su compromiso permanente nunca hubiéramos alcanzados las metas que nos propusimos. 

Hemos sido muy exitosos en captar recursos para programas y proyectos  que el año pasado ascendieron a  82 millones de dólares más que nuestro Fondo Regular. Esto se puede comparar con los 14 millones de dólares que captamos en 1997. Los atrasos en pago de cuotas se redujeron de 57 a 10 millones de dólares, gracias a la colaboración de Brasil y Estados Unidos. Hemos mejorado así las reservas y liquidez de la Organización, pero los problemas presupuestales han persistido. Ha quedado planteado un incremento moderado de las cuotas que a nuestro juicio es esencial.

Nos satisface el Informe de los auditores externos que emitieron opiniones sin salvedades en relación con los estados financieros de la Organización. Es necesario agradecer a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios su apoyo en todo tiempo, su dedicación y profesionalismo. Gracias al Consejo Permanente que siempre mejoró y enriqueció nuestras iniciativas y ha sido el centro de las transformaciones que ha tenido la OEA.

Hemos  transitado esta década imbuidos de un gran optimismo sobre esta etapa de las relaciones hemisféricas. Sin embargo, a pesar de los grandes avances que hemos tenido, hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que en las Américas tenemos más necesidad de multilateralismo que instituciones para actuar.

Tenemos que demostrarle a nuestros ciudadanos que somos capaces de gobernar sobre la globalización, y que no somos impotentes frente a sus consecuencias, problemas o desafíos. Necesitamos un sistema más solidario y con un mayor componente humanitario. Hemos avanzado en temas políticos y de seguridad, pero no así en los temas sociales. Debemos reconocer que tenemos un sistema interamericano, aparte del BID, extraordinariamente pequeño y crónicamente desfinanciado.

Al concluir mi período como Secretario General de la OEA quisiera hacer un llamado para que concentremos nuestras energías no tanto en mirar el presente como en otear el mañana. Hemos  avanzando en tener una Organización más relevante y más universal en sus objetivos políticos. Sin duda, la OEA se ha ido convirtiendo en una institución que garantiza el equilibrio en las relaciones interamericanas.

Nos hace falta un largo camino por recorrer para hacer de la Organización una expresión de los anhelos colectivos de nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Tenemos que trazarnos un horizonte de preservación de la naturaleza, integración, paz, democracia, igualdad, justicia y libertad. En fin, uno de solidaridad, de crecimiento y prosperidad.

 Muchas gracias

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