INFORME DEL RELATOR ESPECIAL PARA
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2002

 CAPÍTULO II

EVALUACION SOBRE EL ESTADO DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESION
EN EL HEMISFERIO 

A.            Introducción. Metodología

1.            Este capítulo contiene una descripción sobre algunos aspectos vinculados con la situación de la libertad de expresión en los países del hemisferio. Siguiendo la tradición de informes anteriores, contiene además un cuadro que refleja el número de asesinatos de periodistas ocurridos en el 2003, las circunstancias y presuntos motivos por los que ocurrieron y el estado de las investigaciones.

2.            A efectos de exponer la situación específica de cada país, la Relatoría estableció una clasificación sobre los distintos métodos utilizados para coartar el derecho a la libertad de expresión e información. Vale destacar que todos estos actos son incompatibles con los Principios sobre Libertad de Expresión, aprobados por la CIDH. La clasificación incluye tanto asesinatos, como otro tipo de agresiones como amenazas, detenciones, acciones judiciales, intimidaciones, censura y legislación contraria a la libertad de expresión. También se ha incluido en algunos casos las acciones positivas que han tenido lugar, incluidas la sanción de leyes de acceso a la información,  la derogación de las leyes de desacato en un país del hemisferio y la existencia de proyectos legislativos o decisiones judiciales favorables al pleno ejercicio de la libertad de expresión. 

3.            En este Capítulo están reflejados los datos correspondientes al año 2003. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibe de distintas fuentes[1] información que da cuenta de las situaciones relacionadas con la libertad de expresión en los Estados del hemisferio. Una vez recibida la información, y,  tomando en consideración la importancia del asunto, se procede a su análisis y verificación. Finalizada esta tarea, se la agrupa de acuerdo con las categorías antes señaladas y la Relatoría, a los efectos de este Informe, reduce la información a una serie de ejemplos paradigmáticos que buscan reflejar la situación de cada país vinculada al respeto y ejercicio a la libertad de expresión, señalando también las acciones positivas encaradas y los retrocesos en esta materia. En la mayoría de los casos citados, se citan las fuentes que los originaron. Es pertinente aclarar que la situación en los Estados cuyo análisis se ha omitido se debe a que la Relatoría no ha recibido información al respecto, por lo que su omisión sólo debe ser interpretada en ese sentido.

4.            Por último, la Relatoría desea, por un lado, agradecer la colaboración de cada uno de los Estados y de la sociedad civil de las Américas en su conjunto por el envío de información sobre la situación del ejercicio de la libertad de expresión. Pero, por otro lado, la Relatoría insta a que en el futuro se continúe y aumenten estas prácticas para enriquecer los futuros informes.

B.                      Evaluación

5.                  El ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio continuó experimentando durante el año 2003 el mismo tipo de problemas que han sido mencionados por la Relatoría en los últimos años. Cuba continúa siendo el país del hemisferio donde se puede afirmar, categóricamente, que no hay libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos en el 2003 y que se detallan más abajo.

6.                  De acuerdo con lo que se refleja en este informe, se han vuelto a presentar casos de asesinatos de periodistas como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En este sentido, la Relatoría recuerda que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] es muy clara en ese sentido, en el Principio 9: “(..) los asesinatos de comunicadores sociales violan los derechos de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”. En tres oportunidades la Relatoría señaló su preocupación por esta situación mediante comunicados de prensa, particularmente en casos ocurridos en Colombia y Brasil. Los asesinatos relevados en este informe ascienden a siete, aunque es pertinente señalar que hubo otras muertes de comunicadores sociales cuya relación con su actividad no se aclaró suficientemente como para que puedan ser consideradas como ataques a la libertad de expresión, sin perjuicio de lo condenable que resulta cualquier asesinato.

7.                  Las agresiones físicas y amenazas también continúan afectando el pleno ejercicio de la libertad de expresión. El mencionado Principio 9 también se hace eco de estas situaciones como situaciones que restringen este derecho fundamental. Si bien es cierto que en muchos países se puede constatar una situación de amplia discusión y crítica a través de los medios de comunicación hacia las políticas gubernamentales, no es menos cierto que esa legítima actividad trae como consecuencia agresiones o amenazas que son inaceptables en una sociedad democrática. Un fuerte debate y crítica a las acciones de los gobiernos a través de la prensa se constata en varios países del hemisferio, pero en Venezuela, Haití y Guatemala se constatan agresiones en perjuicio de los periodistas y ataques a las instalaciones de medios de comunicación que estarían motivados en tales críticas.

8.                  Se produjeron este año manifestaciones sociales en la vía pública en varios países del hemisferio. Muchas de ellas terminaron en hechos de violencia, a los que no escaparon como víctimas, los periodistas, camarógrafos y empleados de medios de comunicación que cubrían estos eventos. Situaciones de este tipo se constataron en Venezuela, Haití, Guatemala, Perú, Argentina y Bolivia.

9.                  Sin perjuicio que en estas agresiones pudieran no estar involucrados de manera directa agentes de los Estados, la Relatoría destaca que es una obligación que emana de la Convención Americana no sólo el respeto de los derechos humanos sino también el garantizar su ejercicio. Por ello, tal como dice la Declaración de Principios en el Principio 9, “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. La Relatoría exhorta una vez más a que los Estados pongan todos los mecanismos legales adecuados para el cumplimiento de este deber, a fin de poner indubitablemente su voluntad en garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión. La impunidad de estos hechos debe erradicarse en el hemisferio.

10.              También se continuaron presentando en el hemisferio acciones judiciales que pueden tener un efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión. Procesos penales contra quienes critican asuntos de interés público, ya sea utilizando la figura del desacato, o los delitos como calumnias, injurias o difamación criminal, persisten en el hemisferio, como lo demuestran los casos que se mencionan en Panamá, México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

11.              Estos procesos penales son factibles dado que muchos Estados miembros siguen manteniendo en su legislación el delito de desacato. Durante el año 2003, sólo Perú adecuó su legislación al Principio 11 de la Declaración de Principios. En el caso de Chile, a pesar de que la Relatoría había constatado en diciembre de 2002 la existencia de un proyecto que derogaba el delito de desacato vigente en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, la discusión en el Congreso fue postergada en repetidas oportunidades. Es de destacar que en Honduras, el Fiscal General de la Nación promovió una acción de inconstitucionalidad del delito de desacato. En cambio, en Venezuela, la Suprema Corte ratificó la vigencia del desacato, contradiciendo así las recomendaciones de la CIDH, hecho que fue motivo de preocupación de la Relatoría mediante un comunicado de prensa. Es pertinente insistir en esta oportunidad sobre la necesidad de que los Estados miembros adecuen su legislación penal de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

12.              El Principio 8 de la Declaración establece claramente: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Tal como surge de la información recolectada por la Relatoría, en Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y Perú se constataron acciones de autoridades contrarias a ese principio. Sin perjuicio de que no puede hablarse de una práctica generalizada, la Relatoría exhorta a que ellas no se multipliquen.

13.              El acceso a la información pública, que se puso de relevancia durante el 2003 mediante la resolución AG/RES.1932 (XXXIII-O/03) de la Asamblea General como un elemento importante para el fortalecimiento de la democracia, siguió instalado como tema en la agenda de muchos de los Estados miembros. Sin embargo, han sido escasas las reformas legislativas en esta materia. En México se siguió un auspicioso progreso en esta materia, con la puesta en marcha de una ley en el ámbito federal y con, por lo menos, la presentación de proyectos en todos los Estados mexicanos. Perú también continuó avanzando en su proceso de implementación de normas sobre acceso a la información pública, al igual que Jamaica y Nicaragua.

14.              Sin embargo, el 2003 marcó un estancamiento de los procesos legislativos en Guatemala y Argentina que no convirtieron en ley proyectos que se encontraban en sus respectivos Congresos. También se ha dictado jurisprudencia restrictiva para el acceso a la información pública, de acuerdo con lo constatado por la Relatoría. En Panamá, Chile y Estados Unidos distintos jueces han interpretado restrictivamente la posibilidad de acceder a la información pública en contradicción con lo establecido por el Principio 4 de la Declaración de Principios.

15.              Al igual que se expresó en el informe anual del año 2002, durante este año la Relatoría continuó observando con preocupación la posibilidad de que los medios de comunicación no siempre actúen responsable o éticamente. No está de más reiterar, sin embargo, que los medios de comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno. Esta es su función primordial en una democracia: informar al público, entre otros, de las medidas adoptadas por el Gobierno.

16.              La autorregulación de los medios de comunicación es un desafío que deben afrontar, dado que la amenaza de imposición de sanciones legales por la adopción de decisiones periodísticas basadas esencialmente en cuestiones subjetivas o juicios profesionales suscitaría también un efecto inhibitorio en los medios, impidiendo la divulgación de información de legítimo interés público. Los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación deben tener presente tanto la necesidad de mantener su credibilidad ante el público, factor esencial para su perdurabilidad, como el importante rol que la prensa cumple en una sociedad democrática. En el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2001, en la ciudad de Québec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron que los Gobiernos fomentarán la autorregulación en los medios de comunicación.

17.              El Principio 12 de la Declaración de Principios expresamente señala que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es una práctica que impide la expresión plural y diversa de los distintos sectores de la sociedad. Esta es una práctica que, dada las denuncias que recibe la Relatoría al respecto, parece estar creciendo en el hemisferio. Ante ello, la Relatoría insiste en el cumplimiento del mencionado principio.

18.              Finalmente, y tal como ha sido señalado en informes anteriores, la Relatoría sigue considerando que es necesaria una mayor voluntad política por parte de los Estados miembros para llevar adelante reformas en sus legislaciones que garanticen a las sociedades un amplio ejercicio de la libertad de expresión e información. La democracia requiere de una amplia libertad de expresión y ésta asimismo no puede profundizarse si continúan vigentes en los Estados mecanismos que impiden su amplio ejercicio. La Relatoría reitera la necesidad de que los Estados asuman un compromiso más sólido con el respeto a este derecho para de esta manera lograr la consolidación de las democracias del hemisferio

C.             Situación de la libertad de expresión en los Estados miembros

            ARGENTINA

            Amenazas y agresiones

19.            La Relatoría recibió información sobre amenazas y agresiones a periodistas, algunas de ellas perpetradas por agentes oficiales en el marco de manifestaciones populares.

20.            La Relatoría también ha constatado, según la información recibida, que los periodistas que trabajan en el interior del país[3] sufren amenazas, agresiones y hostigamiento que merecen especial atención por parte de las autoridades. Se exponen aquí algunos de los principales casos de agresiones reportados durante el año 2003.

21.            La Relatoría fue informada sobre agresiones y amenazas contra Clara Britos, propietaria y directora del periódico La Tapa, de Guernica, localidad situada al sur de la capital argentina. Ya en su informe anual del 2002, la Relatoría había reportado la situación de Britos. Durante el 2003, a solicitud de la Relatoría el Estado informó de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires había reportado que no se había presentado una denuncia formal en relación con un incendio denunciado por Britos  y que éste no fue atendido por los bomberos sino por los moradores. Asimismo, se informó de que el peritaje no pudo comprobar la causa ni el origen del incendio[4]. La periodista solicitó asilo político al Gobierno Español invocando razones humanitarias ante la persecución y amenazas que dice sufrir por parte de la policía y el poder político[5]. Ante la persistencia de las amenazas, la Relatoría continuará observando este caso.

22.            El 25 de febrero de 2003, en la ciudad de Buenos Aires, resultaron heridos varios reporteros que cubrían el desalojo de cien personas del edificio Padelaide, considerado en peligro de derrumbe. El operativo generó enfrentamientos entre efectivos policiales y los desalojados. En el marco de esta situación, varios efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal golpearon a Julián Sequeira, camarógrafo del programa Punto Doc del canal América TV, hasta producirle una fractura en la nariz. Sequeira fue detenido en la Comisaría 14a, antes de ser trasladado por personal policial al hospital. Su Cámara y los videocasetes con las imágenes del desalojo desaparecieron. Maximiliano García Solla, también del programa Punto Doc, fue detenido y liberado el mismo día, pero se le presentaron cargos por resistencia a la autoridad[6]. El camarógrafo Michael Carcachi, de América TV, quien estaba claramente identificado como periodista, también fue atacado con bastones por efectivos policiales mientras tomaba imágenes a un joven herido[7].

23.            El 6 de marzo de 2003, Christian Frolich, reportero gráfico del diario Crónica, fue agredido por agentes de la Policía Federal en el marco de una manifestación de vendedores ambulantes en el barrio de Once.  De acuerdo con la información recibida, el periodista recibió patadas en los tobillos y golpes de puño por parte de los policías en el momento en que intentaba fotografiar la actuación de los efectivos para reprimir la manifestación.[8]

24.            El 26 de marzo de 2003, al menos cinco comunicadores fueron agredidos por efectivos de la Policía Federal Argentina frente al Congreso de la Nación. Las agresiones se produjeron en momentos en que el Senado decidía si expulsaba o no al legislador Luis Barrionuevo, del Partido Justicialista. Carlos Alberto Márquez y Arturo Núñez del Canal 26, así como Javier Caudana y Guillermo Panizza, de Telefé, fueron golpeados. Un productor del programa Kaos en la Ciudad, del Canal 13, denunció que la policía le había arrojado gas paralizante en la cara.[9]

25.            El 21 de abril de 2003 efectivos de la Policía Federal Argentina agredieron y detuvieron a trabajadores de la prensa durante incidentes ocurridos frente a una fábrica textil ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Unas tres mil personas se habían reunido frente a la fábrica para reclamar contra el desalojo de los trabajadores de la planta. Varios periodistas que cubrían el hecho fueron detenidos y golpeados.  Según la información recibida, Martín Ciccioli y el camarógrafo Alfredo Guirlanda, del programa Informe Central del canal América, recibieron impactos de balas de goma. El corresponsal de la cadena estadounidense Telemundo, Edgardo Esteban, iba a ser detenido por la policía pero sus colegas intervinieron para evitar el arresto. El periodista Miguel Bonasso, del diario PÁGINA/12, fue cercado durante dos horas y media por efectivos y un grupo de personas en una estación de combustible cercana a la fábrica.[10]

26.            El 14 de mayo de 2003, Marcelo López, periodista de América 2, y su camarógrafo, fueron agredidos por algunos partidarios del Expresidente y entonces candidato a la Presidencia, Carlos Menem frente a una casa en la que se encontraba Menem. Parte del equipo del canal resultó dañado. Según la información recibida, ambos comunicadores fueron expulsados por la policía.[11]

27.            El 12 de agosto de 2003, en la provincia de San Luis, los periodistas Damián Cukierkorn, Ariel Burta, del programa 'Periodistas' de América TV, y Mauricio Conti, trabajador de prensa local, fueron agredidos e intimidados por custodios del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, luego de tomar imágenes en un establecimiento que sería propiedad del gobernador[12]. Según la información recibida, los comunicadores estaban investigando el desvío de un río que supuestamente había sido realizado por Rodríguez Sáa para su beneficio. Los periodistas fueron invitados a pasar a la propiedad por el personal de la misma, pero una vez dentro, se les identificó como miembros del programa Periodistas. Los reporteros debieron marcharse, pero unos minutos después, y ya fuera de la propiedad, se percataron de que eran perseguidos por un auto conducido por trabajadores del Gobernador quienes los empujaron con su auto y los obligaron a detenerse. Los sujetos se bajaron del auto con armas cortas, los insultaron y sacudieron a Mauricio Conti. Luego los dejaron marcharse[13].

28.            El 28 de noviembre de 2003, por la madrugada la periodista Adriana Rivero, conductora del programa Primer Contacto en RLV1 Radio Regional, de Las Varillas, provincia de Córdoba, fue avisada que su vehículo se estaba incendiando. El informe pericial de la Policía de Córdoba señaló que el artefacto que provocó el incendio fue una bomba molotov. Rivero había recibido numerosas amenazas anónimas telefónicas desde dos semanas antes del atentado. La periodista relacionó las amenazas y el atentado con denuncias que había difundido sobre asuntos relacionados con el gobierno local[14].

            Acciones judiciales

29.            El 6 de marzo de 2003, un juez federal libró un pedido de captura internacional contra la periodista Olga Wornat, en el marco de una causa por calumnias e injurias planteada por el senador Eduardo Menem por la publicación del libro "Menem, la vida privada". Wornat, quien reside en México no se presentó a declarar como imputada.[15]

30.            La Corte Suprema de Justicia confirmó en mayo de 2003, la sentencia de primera instancia a favor de José Luis Chilavert, en un juicio por calumnias e injurias planteada por el arquero paraguayo contra la desaparecida revista Humor, en 1995. La sentencia obligaba a la revista a resarcir 10.000 pesos por daño moral fijados por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. La causa la motivó una publicación del 20 de septiembre de 1995 titulada “Chilavert nunca dice lo que dice”[16].

31.              El 28 de mayo de 2003 fueron allanadas  las oficinas del periódico La Nación. La medida fue ordenada por la Justicia Federal de la capital. La empresa puso a disposición del juzgado la documentación solicitada, pero informó que no se le había solicitado con anterioridad. La medida fue criticada por algunas organizaciones locales e internacionales[17] dado que podría estar vinculada con presiones ejercidas contra el medio.
 

            Legislación

32.            El 8 de mayo de 2003, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que desarrolla el derecho de acceso a la información pública que fue incorporado a la Constitución Nacional en 1994[18] y que permite a los ciudadanos acceder a datos de organismos oficiales y a información clasificada de más de 10 años que guarda el Estado. Sin embargo, el proyecto se demoró en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicios Político del Senado[19]. En octubre, el presidente Néstor Kirchner emitió un decreto para que cualquier persona pudiera tener libre acceso a la información del Gobierno o de cualquier entidad que reciba subsidios o aportes del Estado, salvo en ciertos casos, como cuando la información es reservada por cuestiones de seguridad, de defensa nacional o protegidas por el secreto bancario o fiscal[20]. Sin perjuicio de este decreto, la Relatoría impulsa al tratamiento en el Senado de la respectiva ley hasta su sanción y promulgación.

            Restricciones indirectas

33.            La Relatoría recibió información relacionada con una presunta instancia de distribución de publicidad oficial con base en criterios discriminatorios en una provincia Argentina. El Sr. Rajneri, accionista mayoritario de la Editorial Río Negro, S.A., ubicada en la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Argentina alegando que el gobierno de la provincia de Neuquen empleó un criterio discriminatorio en su distribución de la publicidad oficial al eliminar la publicidad que venía difundiendo desde hacía varios años en el periódico luego de que éste publicara una denuncia de corrupción que involucraba a funcionarios del gobierno neuquino[21].

BELICE

            Amenazas

34.            El periodista de investigación Melvin Flores, de nacionalidad hondureña, se vio forzado a abandonar el país tras recibir varias amenazas. Flores recibió intimidaciones telefónicas el 7 de febrero de 2003 luego de publicar una información sobre supuestos actos de corrupción de funcionarios públicos beliceños en el Semanario Amandala. Ese mismo día, dos sujetos se acercaron a su esposa para informarle que deseaban sostener una reunión privada con el periodista. Luego, se vio a los mismos sujetos vigilando la casa[22].

            BOLIVIA

            Amenazas y agresiones

35.            El 21 de enero de 2003, el periodista gráfico Jorge Landaeta, del periódico Los Tiempos y el periodista Javier Alanoca de Radio Fides, fueron víctimas de una agresión por parte de un policía, cuando cubrían una manifestación.[23] Al día siguiente, trabajadores de la prensa boliviana organizaron una protesta por estas agresiones en la Plaza Murillo, en La Paz, que fue dispersada por la policía con golpes y gases. Debido a la situación social, la Plaza Murillo era considerada por los organismos de seguridad del Estado como un área de seguridad a la cual no se permitía el ingreso de persona o entidad alguna para efectuar ningún tipo de protesta social. Días después, cuando las organizaciones e instituciones de trabajadores de prensa de todo el país anunciaron una marcha para el 31 de enero, en protesta por la supuesta intromisión y las presuntas presiones políticas a los medios, oficiales del gobierno anunciaron que se permitiría la demostración.

36.            El 12 de febrero de 2003, el camarógrafo Toribio Kanki de UNITEL fue herido de bala en el tobillo derecho mientras grababa los incidentes de una manifestación pública. Durante los mismos hechos, el Periodista Gonzalo Rivera, del mismo medio, fue agredido a golpes y puntapiés por civiles. Fernando Ormaechea, camarógrafo de Bolivisión, fue golpeado y pateado por civiles quienes intentaron quitarle el equipo. Los canales Siete y Bolivisión interrumpieron hasta el día siguiente las transmisiones para garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal[24]. El 13 de febrero, el fotógrafo Juan José Torrejón de La Prensa, resultó herido cuando el cobertor de una granada de gas lacrimógeno impactó en su pierna.[25]

37.            En septiembre y octubre de 2003, la ciudad de El Alto, de La Paz, fue escenario de varias manifestaciones. Según la información recibida por la Relatoría, en el transcurso de varias semanas, varios periodistas que pretendían cubrir estas demostraciones fueron objeto de agresiones por parte de manifestantes lo que llevó al periódico La Razón a tomar la decisión de no cubrir más las movilizaciones alteñas[26]. Las manifestaciones se intensificaron a partir del 11 de octubre y tuvieron como resultado más de 70 muertos y 200 heridos. En este contexto, el 15 de octubre, la planta de transmisión de Radio Pío XII y el Canal 13 Universitaria de Televisión, ubicada en Oruro, al sur de La Paz, fue objeto de un atentado con explosivos que impidió a ambos medios continuar con sus transmisiones. Este hecho motivó un comunicado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión[27]. La Red Educación Radiofónica de Bolivia (Red ERBOL), de la cual Radio Pío XII forma parte, habría recibido, con anterioridad al atentado, varias amenazas en contra de sus periodistas[28]. Ese mismo día, Eduardo pinzón, camarógrafo de Radio Televisión Española, fue atacado por simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), y Canal 36-Cadena A de televisión y Radio Televisión Popular también suspendieron sus transmisiones durante varias horas tras haber recibido amenazas[29].

            BRASIL

            Asesinatos

38.            Nicanor Linhares Batista fue asesinado alrededor de las 8 p.m. del 30 de junio de 2003, mientras grababa su programa diario Encontro Politico (Encuentro Político). De 42 años de edad, Linhares Batista era propietario y gerente de la Rádio Vale do Jaguaribe, de la ciudad de Limoeiro do Norte. Según la información recibida, los asesinos irrumpieron en el estudio, le dispararon varios tiros a quemarropa y huyeron en una motocicleta. Linhares fue llevado al Hospital Público de Limoeiro do Norte pero se le declaró muerto al llegar[30]. Según la información recibida Linhares Batista era conocido como un periodista controvertido que solía enfrentar a la administración pública local y había sido hostigado previamente por esa razón. El asesinato del comentarista motivó un comunicado del Relator para la Libertad de Expresión condenando el hecho[31].

39.            Las investigaciones policiales llevaron a la aprehensión en agosto de cinco personas entre ellas el sargento del Ejército Edésio de Almeida, sospechoso de haber fungido como intermediario en el asesinato. El 10 de octubre de 2003 se detuvo, además, a Francisco Lindenor de Jesús Moura Júniro, quien confesó haber recibido un pago por asesinar a Linhares. El 20 de octubre de 2003, el Ministerio Público denunció como presuntos autores intelectuales al juez del Tribunal Regional Federal de la Quinta Región, José María Lucena y a su esposa, la intendente de Limoeiro do Norte, Arivan Lucena. Al momento de realizarse este informe otros tres sospechosos se encontraban en fuga[32].

40.            El 23 de julio de 2003, el reportero gráfico brasileño Luiz Antônio da Costa, quien trabajaba para la revista Epoca, propiedad de Editora Globo S.A, fue asesinado a tiros en São Bernardo do Campo, en el Estado de San Pablo cuando tomaba fotos de una invasión por parte de unas siete mil personas a un terreno de una compañía automotriz. Según la información recibida, algunos líderes de las familias que ingresaron al terreno hablaban con los periodistas cuando unos tres sujetos llegaron y dispararon a da Costa. La policía detuvo a tres sospechosos el 30 de julio. Uno de ellos confesó haber matado al fotógrafo accidentalmente cuando apuntaba a su cámara. Según la confesión del sospechoso, los tres sujetos sospechaban que da Costa había tomado fotografías durante un robo que ellos acababan de realizar[33].

            Acciones judiciales

41.            En agosto de 2003 fue detenido, en la ciudad de Campos en el estado de Río de Janeiro Alvanir Ferreira Avelino, editor del periódico Dois Estados, de la ciudad de Miracema, a quien se le impuso una condena de 10 meses y 15 días de cárcel por los delitos de difamación y calumnia, confirmada el 3 de julio del 2001 por la Segunda Cámara Criminal del Estado de Río de Janeiro. La denuncia se fundamentó en dos artículos escritos en 1998 y 1999, en los que el periodista cuestionaba las sentencias de un juez[34].

            Investigaciones

42.            El 15 de septiembre de 2003, un expolicía militar del estado de Mato Grosso, centro del Brasil, confesó haber asesinado a Domingos Sávio Brandão, propietario del diario Folha do Estado. Además señaló que un expolicía civil y empresario del juego clandestino habría sido el autor intelectual. Brandão fue asesinado el 30 de septiembre del 2002 en la ciudad de Cuiabá. Durante los dos años anteriores al hecho, el diario de Brandão había publicado denuncias sobre el crimen organizado en Mato Grosso[35].

43.            El 27 de septiembre de 2003, el Tribunal del Jurado de Itabuna, en el estado de Bahia, condenó al policía civil Mozart de Costa Brasil a 18 años de prisión por haber asesinado, el 14 de enero de 1998, al propietario y director del semanario A Regiao, Manoel Leal de Oliveira[36]. Thomaz Iraci Guedes, acusado de participar en el caso, fue absuelto el 25 de septiembre. Un tercer acusado continuaba prófugo al finalizarse este informe.

 

            Acceso a la información

44.            En el mes de julio de 2003 se dio a conocer la decisión una jueza federal de Brasilia, quien ordenó al Ejército brasileño abrir sus archivos y divulgar informaciones sobre un grupo guerrillero que surgió en la Amazonia durante el régimen militar (1964-1985). La decisión fue motivada por una solicitud presentada por los familiares de 22 guerrilleros considerados como desaparecidos. Se determinó que los solicitantes tienen derecho a conocer el lugar donde fueron sepultados sus familiares y recibir los respectivos certificados de defunción.[37]

            CANADÁ

            Acciones positivas

45.            El 24 de junio de 2003, una Corte Superior de Justicia desestimó una demanda de libelo por $2.700 millones, planteada por la Asociación de Policía de Toronto en contra del Toronto Star Daily Newspapers Ltd. La demanda fue motivada por una serie de reportajes publicada en el Toronto Star en la que se hacía referencia a diferencias en el trato que la policía daba a los afrodescendientes, y que fue elaborada con base en datos de la policía[38].

            CHILE

            Agresiones

46.            El 3 de septiembre de 2003, Domingo Kokisch, ministro de la Corte Suprema, citó a su despacho a la periodista Ximena Marré y al editor Mario Ovalle, ambos del periódico El Mercurio, para aclarar una información publicada en ese medio sobre un caso de robo de información financiera clasificada. Durante esa reunión, Kokisch habló con los periodistas en tono agresivo y preguntó a la periodista Marré quiénes habían sido sus fuentes de información para dicha nota. La periodista se negó a responder y el magistrado procedió a expulsarlos de su despacho. A la salida, Kokisch empujó a Ovalle y le lanzó una bofetada que el editor esquivó. Días después, Kokisch manifestó lamentar los hechos en cuestión y en reunión sostenida con el director responsable de El Mercurio, Juan Pablo Illanes, expresó en forma personal sus disculpas por el incidente. El 9 de septiembre de 2003, el director del periódico La Nación, Alberto Luengo, reveló que el 7 de enero de 2003, Luis Narváez, periodista de La Nación Domingo, fue golpeado y amenazado por Kokisch por haberle preguntado acerca del análisis que la Corte Suprema estaba realizando sobre el desafuero de cuatro diputados de la Concertación, supuestamente vinculados a un caso de corrupción. Narvaéz dijo que no denunció el hecho en su oportunidad por suponer que, ante la falta de testigos, nadie daría crédito a su testimonio.[39]

            Acciones Judiciales

47.            El 13 de enero de 2003, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la incautación de todos los ejemplares de la biografía no autorizada Cecilia, la vida en llamas, del periodista Cristóbal Peña. La decisión confirmó así la resolución dictada el 2 de diciembre del 2002 por la jueza suplente del Primer Juzgado del Crimen de la capital chilena, Sandra Rojas, quien en el marco de un proceso por injurias dictó la orden de retirar todos los ejemplares de la biografía de las bodegas de Editorial Planeta y de los puntos de venta.[40] A finales de mayo de 2003, el Primer Juzgado del Crimen levantó la orden de incautación y cerró el caso, después de que los representantes de Peña solicitaran al tribunal que decretara el abandono del proceso por parte de la querellante.[41]

48.            El 23 de julio de 2003, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó a Televisión Nacional de Chile (TVN) que no transmitiera un episodio de la serie documental Enigma programado para exhibirse ese mismo día. El programa investigaba y recreaba las circunstancias en torno del asesinato del abogado Patricio Torres Reyes, quien fue asesinado a puñaladas y quemado por dos prostitutas luego de un encuentro sexual en su oficina, el 17 de diciembre de 1999. La viuda de Torres  presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para prohibir el programa, argumentando que violaba su derecho constitucional a la honra, y el de sus hijos[42]. Este hecho motivó un comunicado del Relator para la Libertad de Expresión del 29 de julio[43]. El 1 de octubre, la quinta sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección y levantó la censura del programa.

49.            El 16 de abril de 2003, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer su rechazo de dos recursos de protección presentados contra la obra teatral Prat. El objetivo de los recursos era prohibir la presentación de la obra. La Sexta Sala argumentó que, de acogerlos, incurrían en un mecanismo de censura previa prohibido expresamente por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos[44].

50.            El 31 de enero de 2003, fue condenado el empresario y panelista de televisión Eduardo Yáñez en primera instancia, por el delito de desacato contra la Corte Suprema. El juez fijó una pena de 61 días de reclusión y una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (equivalente a 321.673 pesos o a unos US $460). Yáñez apeló la sentencia a la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual lo absolvió el 2 de abril de 2003.[45]

51.            En octubre de 2003, una jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago decidió someter a proceso al director del diario La Nación, Alberto Luengo, y a la periodista Jazmín Jalilie, a raíz de una publicación en la que se informaba sobre supuestos problemas judiciales entre el futbolista Marcel Salas y su ex suegro Patricio Messen.  Los periodistas fueron acusados por el delito de calumnia en perjuicio del señor Messen[46].

            Legislación

52.            En su Informe Anual de 2002, el Relator señaló su complacencia sobre la existencia de dos proyectos de ley dirigidos a la derogación de las leyes de desacato.  Particularmente, el 26 de agosto del 2002, el Presidente Lagos envió al Congreso, con carácter urgente, el Proyecto de Ley Presidencial 212-347, que eliminaría todas las restantes leyes de desacato de la legislación chilena.

53.            El 6 de marzo de 2003, en una misiva dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Soledad Alvear, el Relator le manifestó su preocupación por declaraciones del Presidente Ricardo Lagos sobre su intención de eliminar el carácter de “urgencia simple” al proyecto de ley. El Estado respondió a la inquietud del Relator, por medio de su misión permanente ante la OEA, el 25 de marzo. En su respuesta, el Estado señaló que el plazo de vigencia había expirado en enero de 2003. No obstante, aseguró que el Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile gestionaría la inclusión del proyecto sobre desacato entre las iniciativas con carácter de urgente que despacharía para trámite parlamentario.

54.              El Relator considera que, si bien el proyecto ha tardado más de un año y medio sin aprobarse en definitiva desde su presentación, es sumamente auspicioso el que el 9 de diciembre de 2003, la Cámara de Diputados de Chile aprobara con amplísima mayoría el proyecto de ley que derogaría el desacato de los códigos Penal y de Justicia Militar. Al finalizarse el presente informe, la propuesta había sido trasladada al Senado, donde debe cumplir su segundo trámite constitucional.

55.              A pesar de los pasos tendientes a la derogación de las leyes de desacato, la Relatoría recibió información sobre la existencia de otro proyecto relacionado con la protección del honor y la privacidad de las personas. La Relatoría hace un llamado a los diputados para que tomen en consideración los estándares internacionales y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante la discusión del proyecto, de manera que sea compatible con el ejercicio pleno y desinhibido de la libertad de expresión.

            COLOMBIA

            Asesinatos

56.            El asesinato de comunicadores sociales es la manera más brutal de silenciar la crítica y de atentar no solo contra la vida, sino también contra la libertad de expresión. Durante el año, la  Relatoría para la Libertad de Expresión recibió información sobre diez muertes violentas de periodistas en Colombia. En el presente informe no se incluyen todos, no porque no fueran relevantes, sino porque en algunos casos hubo detalles que no fue posible confirmar o esclarecer al concluirse el informe. Por esta razón y tomando en cuenta el complejo contexto del conflicto en Colombia, se mencionan aquellos casos en los que, de acuerdo con la información recibida, la muerte de los comunicadores muestra una clara relación con su ejercicio de la libertad de expresión. No obstante, la Relatoría espera que los detalles de todas las muertes sean investigados, y que se logre identificar y sancionar a los responsables tal y como recordó el Relator al Estado colombiano en dos comunicados: uno de ellos, el 18 de marzo y el otro, el 1 de mayo[47].

57.            El 18 de marzo de 2003, en el departamento de Arauca, el periodista Luis Eduardo Alfonso Parada fue asesinado por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon tres veces cuando esperaba que el celador le abriera la puerta de  la emisora Meridiano 70, para la que trabajaba.  Alfonso Parada había trabajado durante diez años en Arauca y al momento del asesinato se desempeñaba como corresponsal de El Tiempo y como codirector del noticiario Actualidad Informativa de Meridiano 70.  Alfonso Parada se caracterizaba por hacer denuncias de corrupción, reportar sobre el conflicto armado  y realizar comentarios en los que cuestionaba la gestión administrativa, razón por la cual había recibido amenazas. El periodista se había acogido al Programa de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior[48]. En junio, en Arauca, fueron detenidos tres sospechosos por la muerte de Alfonso Parada[49].

58.            En la mañana del 7 de abril de 2003, el cadáver  de José Emeterio Rivas fue hallado, junto al de un estudiante, a un costado de la vía que conduce a Barrancabermeja, departamento de Santander. Rivas trabajaba como gerente técnico de la emisora comunitaria Calor Estéreo 91.2 e igualmente se desempeñaba como director del programa Las Fuerzas Vivas. Días antes de su muerte, Rivas había denunciado un atentado en su contra. El periodista había sido objeto de amenazas, por lo que se había acogido al programa de protección a periodistas del Ministerio del Interior y de Justicia en enero de 2001 y se le había asignado un escolta. Sin embargo, en la semana de su muerte, Rivas prescindió de la seguridad. [50] El 11 de julio, fueron detenidos tres funcionarios de la alcaldía de Barrancabermeja: Juan Pablo Ariza, Fabio Pajón Lizcano y Abelardo Rueda Tobón[51]. También se dictó un auto de detención contra el alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila Torres, por su presunta participación en el asesinato[52]. El 17 de septiembre, Ardila Torres se puso a disposición del Fiscal General de Colombia, Luis Camilo Osorio. La Fiscalía General de Colombia dictó el 24 de septiembre una orden de detención sin fianza contra Ardila, por su presunta participación en el asesinato de cinco personas, entre ellas, Rivas[53]. El alcalde alegó su inocencia[54].

59.            Durante la noche del 28 de abril de 2003, en la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila, el periodista Guillermo Bravo Vega, fue asesinado por un sicario que ingresó a su casa y le propinó tres impactos de bala. El periodista era conocido por su trabajo en el campo económico y político y había obtenido varios premios periodísticos. Bravo había denunciado actos de corrupción en la administración municipal. Bravo había sido objeto de amenazas anteriormente[55]. Al momento del crimen, trabajaba en forma independiente en el programa Hechos y Cifras y era columnista del periódico Tribuna del Sur.

60.            El 29 de abril de 2003 por la mañana, el periodista Jaime Rengifo Revero fue asesinado en la ciudad de Maicao, Guajira, al norte de Colombia. Según la información recibida, un sujeto le propinó cinco disparos en el Hotel Venecia, donde el periodista vivía desde hacía tres años y donde el asesino se había hospedado una noche antes con el nombre de Luis Alfredo Gómez. Rengifo era propietario de la empresa Casa Editorial El Guajiro, que dirigía el periódico El Guajiro y producía el programa radiofónico Periodistas en acción, que se transmitía por radio Olímpica[56]. En su radio revista, el periodista denunciaba la delincuencia de Maicao[57]. Rengifo había recibido amenazas con anterioridad[58].

            Secuestros

61.            El 18 de enero de 2003, en la zona limítrofe con Panamá, fueron secuestrados, por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el periodista estadounidense Robert Pelton, quien realizaba un trabajo para National Geographic Adventure, y sus dos compañeros estadounidenses Mark Wedeven y Megan Smaker. [59] El 23 de enero fueron liberados en la zona de Chocó, al Sur de la frontera panameña.[60]

62.            El 21 de enero de 2003, el reportero gráfico estadounidense Scott Dalton, la periodista británica Ruth Morris y el chofer Madiel Ariza, fueron secuestrados. Los comunicadores realizaban un reportaje para el periódico Los Angeles Times sobre la situación de orden público en el departamento de Arauca, en el Este de Colombia. Ariza fue liberado al día siguiente. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el secuestro.[61] Los dos reporteros fueron liberados luego de 11 días de cautiverio.[62]

63.            El 26 de enero de 2003, fueron secuestrados el periodista Ramón Eduardo Martínez, el camarógrafo Duarley Rafael Guerrero y los técnicos Mauricio Vega y Rubén Darío Peñuela, de RCN televisión, y el fotógrafo independiente Carlos Julio García, cuando viajaban hacia Pueblo Nuevo, en el departamento de Arauca. Los comunicadores se dirigían a cubrir la posible liberación de Scott Dalton y Ruth Morris. El secuestro se atribuyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante el cautiverio fueron amenazados con frases que les advertían que tendrían que retirarse de la profesión “si seguían con medios del gobierno”. Los aparatos de comunicación, las cámaras y el vehículo les fueron robados. Los comunicadores fueron liberados el 28 de enero.[63]

64.            El 12 de marzo de 2003, fue tomado como rehén Pedro Antonio Cárdenas, director de Noticias RCN Radio en el municipio de Honda, en el departamento de Tolima, por presuntos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cárdenas fue secuestrado de su casa, en Tolima. Cuando era trasladado en un vehículo, éste fue interceptado por la policía, que logró liberar al comunicador y capturar a varios de los responsables. Días antes del secuestro, Cárdenas había denunciado supuestos lazos entre los miembros del concejo municipal y las AUC. Cárdenas había recibido amenazas el 2 de marzo por criticar a líderes municipales[64]. El periodista salió del país en abril.

65.            El 18 de agosto de 2003, fue secuestrado un equipo periodístico de El Tiempo conformado por la periodista Jineth Bedoya y el fotógrafo John Vizcaíno, en la población de Puerto Alvira en el departamento del Meta. El secuestro fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los comunicadores intentaban indagar sobre la suerte de 70 familias desaparecidas. Fueron liberados cinco días después.[65]

            Agresiones y amenazas

66.            Durante el año, la Relatoría recibió información sobre las recurrentes amenazas de que han sido objeto comunicadores y medios colombianos en el marco del conflicto armado. Preocupa al Relator particularmente la situación de la región de Arauca, que durante el mes de marzo de 2003 vio huir a casi todos los comunicadores que trabajaban en la zona debido a las amenazas de los distintos grupos armados, quienes les exigieron marcharse en 48 horas y no regresar. Esto sucedió luego de que el  28 de marzo de 2003, el periodista Rodrigo Ávila, corresponsal de Radio Caracol, recibiera de parte de un desertor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dos listas con los nombres de 16 comunicadores. Una de las listas procedía de las FARC y la otra se atribuyó a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la orden de que él y los otros quince periodistas abandonaran la ciudad o serían asesinados. En la segunda “lista negra” se incluían los nombres de Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso, asesinados en junio de 2002 y marzo de 2003 respectivamente. Trece periodistas regresaron cuatro meses después, bajo estrictas medidas de seguridad[66].

67.            Los periodistas amenazados son: Luiz Gedez de la emisora Voz del Cinaruco; Liz Neira Roncancio y Hernán Morales del Canal 4; Angel María León y Narda Guerrero de Radio DIC, Jineth Pinilla de Colombia Stereo; José Antonio Hurtado, Jefe de Prensa de la Gobernación; Henry Colmenares, director del periódico Nueva Frontera; Rodrigo Ávila, corresponsal del Canal Caracol; Carlos Pérez, corresponsal del canal RCN, Miguel Ángel Rojas, de Meridiano 70; Emiro Goyeneche de Saravena Stereo; Carlos Baez de 88.9 Tame; Soraida Ariza, corresponsal de Cinaruco; William Reyes, diputado de Arauca y Álvaro Baez, quien en ese momento se encontraba fuera del país[67]. Algunos de los periodistas habían recibido amenazas con anterioridad.[68]

68.            Las amenazas a los periodistas de Arauca fueron motivo de profunda preocupación para la Relatoría por el obvio peligro para la vida y la integridad física de los comunicadores y porque estas amenazas y el éxodo de comunicadores, constituyeron evidentes restricciones a la libertad de expresión de la sociedad.

69.            El 6 de mayo de 2003, en el departamento de Meta, dos sujetos dispararon tres veces contra el director y propietario de Noticias Ya de la emisora Calor Estéreo y corresponsal de Noticias Uno, José Iván Aguilar. El periodista sobrevivió al atentado con tan solo una herida superficial en el tórax.  Al día siguiente, el periodista huyó hacia Bogotá con su esposa y sus tres hijos. Aguilar no había sido amenazado previamente[69].

70.            En Neiva, el comunicador Diógenes Cadena, conocido como Albatros Moro, se vio forzado a salir de Huila luego de recibir amenazas contra su vida.  Cadena trabajaba para la emisora Huila Estéreo. El 29 de abril de 2003, un día después de que su colega Guillermo Bravo Vega fuera asesinado, Cadena recibió una llamada telefónica anónima en la que se le advertía que tenía tres días para marcharse de Neiva. El 3 de mayo, recibió otra llamada en su casa en la que se le amenazó: “Tiempo cumplido, tres días. Eres finado[70]”.  Cadena salió de la ciudad. El periodista dirigía el programa Hechos y cifras  y con frecuencia acusó a funcionarios departamentales y municipales por el supuesto malmanejo de fondos públicos[71].

71.            El periodista Adonai Cárdenas, corresponsal del diario El País de Cali, en Buenaventura, al occidente de Colombia, fue víctima de amenazas después de que el 2 de abril de 2003 publicara un artículo sobre la situación en esa ciudad desde la llegada de las AUC a la región y la relación de este grupo con grupos de delincuencia común del puerto. Cárdenas también dirige el programa Buenos días Buenaventura de la emisora local Radio Buenaventura y escribe una columna en el diario local Marea viva. Desde el año 2000, Cárdenas había recibido amenazas recurrentes[72].

72.            El 23 de septiembre de 2003, guerrilleros de las FARC dinamitaron la antena repetidora de Inravisión en el páramo de Las Domínguez, en los límites entre El Cerrito y Palmira (Valle). La estructura, de 170 metros de altura, cayó sobre la caseta en donde estaban los equipos de transmisión del canal regional Telepacífico, lo que originó la suspensión total de su transmisión. También se afectó la emisión de los canales Uno, A y Señal Colombia. El atentado provocó que buena parte de Valle, Cauca, Nariño y Chocó permaneciera sin televisón pública por varios días. El ataque produjo daños por unos cinco millones de dólares[73].

73.            El periodista Pedro Javier Galvis, del semanario La Noticia, de Barrancabermeja, fue amenazado el 15 de octubre de 2003 cuando dos sujetos en moto lo abordaron en una calle céntrica[74]. Los sujetos le dijeron que tenía una semana para marcharse de la ciudad, por lo que salió de inmediato.

74.            El 24 de octubre de 2003, el noticiario Noticolombia del canal local de cable CNC de la ciudad de Popayán, al Sur del país, recibió un sobre dirigido a los periodistas del informativo que contenía una amenaza. El mensaje exaltaba a un candidato a la vez que instaba a la muerte de sus enemigos. El 23 de octubre, el noticiario había emitido una noticia sobre el uso indebido del fax de una corporación pública para hacer propaganda política a favor de uno de los candidatos a la alcaldía[75].

75.            La periodista Yaneth Montoya Martínez, corresponsal del diario Vanguardia Liberal en Barrancabermeja, departamento de Santander al nororiente del país, fue amenazada el 22 de octubre de 2003. La Defensoría del Pueblo recibió una llamada anónima en la que advertían que la periodista Montoya estaba incluida en una lista de personas que las autodefensas (AUC) iban a asesinar. El 24 de octubre la periodista recibió una nueva amenaza en su casa”[76].  A raíz de las amenazas de muerte, en diciembre la periodista abandonó Barrancabermeja[77].

            COSTA RICA

        Investigación sobre el Asesinato de Parmenio Medina Pérez

76.            El Ministerio Público continuó con la investigación del asesinato del director del programa radiofónico La Patada, Parmenio Medina Pérez, ocurrido el 7 de julio del 2001. Entre diciembre del 2002 y enero de 2003 se levantaron cargos contra Luis Aguirre Jaime, supuesto autor material del crimen; Andrés Chaves Matarrita, de quien se sospecha haber colaborado con los homicidas y John Gutiérrez Ramírez, presunto mediador entre los autores materiales y los supuestos autores intelectuales. Otro supuesto autor material habría sido César Murillo, quien falleció el 17 de mayo del 2002 durante un enfrentamiento con los policías que atendieron el asalto a un banco[78].  El 26 de diciembre de 2003, la Fiscalía detuvo al empresario Omar Luis Chaves. En la madrugada del día siguiente también se apresó al sacerdote católico Mínor Calvo. La Fiscalía investiga a Calvo y Chaves como sospechosos de ser los autores intelectuales del asesinato de Medina[79]. El 28 de diciembre un juez penal les dictó una orden de prisión preventiva por seis meses[80].

            Acciones Judiciales

77.              El 17 de junio de 2003, Karla Herera Masís, codirectora del noticiario Telenorte, que se transmite en la Zona Norte del país, fue absuelta en un juicio por difamación. La demanda, se planteó a raíz de una serie de reportajes difundidos entre el 27 de mayo y el 1° de junio de 2003 relacionados con los manejos irregulares en un proyecto de vivienda social.

            Legislación

78.            La Relatoría ha recibido información constante sobre la tramitación en distintas comisiones y en el plenario de la Asamblea Legislativa de diversos proyectos relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información. Particularmente, ha sido informado sobre un Proyecto de Libertad de Expresión y Prensa -que pretende modificar algunos aspectos de la legislación vigente sobre delitos contra el honor, e incluir el secreto profesional-, así como del proyecto de reforma general al Código Penal.

            Acceso a la información

79.            La Relatoría recibió información sobre varios avances jurisprudenciales en materia de acceso a la información.

80.            El 4 de marzo de 2003, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigió a la Caja Costarricense del Seguro Social entregar una base de datos con información sobre pensiones al periódico La Nación.

81.            El 2 de mayo de 2003, el mismo tribunal constitucional, mediante el voto 2003-03489, dispuso que las cuentas bancarias de personas jurídicas privadas, cuando han recibido transferencias de aportaciones a las campañas de partidos políticos, no están cubiertas por el secreto bancario pues en ese caso la información sobre las cuentas deja de ser privada y se tornaría de interés público[81].

82.            El 1 de octubre de 2003, la Sala Constitucional resolvió que el Banco Hipotecario de la Vivienda debía entregar al periódico La Nación, una base de datos con la información sobre las personas que habían recibido subsidios para la construcción de viviendas de interés social[82].

            CUBA

83.            Durante el año 2003, la situación de la libertad de expresión en Cuba experimentó un profundo deterioro a raíz de la represión de las voces disidentes por parte del gobierno de Fidel Castro.

84.            La Relatoría ha expresado, de manera recurrente, en sus informes y comunicados, su preocupación por la violación sistemática de la libertad de expresión por la falta de una democracia pluralista en el país.

85.            Las autoridades cubanas siguen utilizando las prácticas de intimidación y hostigamiento dirigidas contra los periodistas independientes para acallar las críticas al gobierno. El año 2003 dista mucho de ser una excepción. Por el contrario, las prácticas represivas por parte del gobierno mostraron un despliegue mayor al de otros años.

           Detenciones

86.            En marzo de 2003, se dio una ola de detenciones en Cuba de personas que habían expresado su oposición a las políticas del gobierno de la Isla, en particular en lo relacionado con el derecho a la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

87.            Unos 80 disidentes cubanos fueron sentenciados, en procesos sumarísimos, a penas de prisión por períodos de 6 a 28 años. Estas sentencias se dictaron bajo la Ley de Protección de la Independencia Nacional y Economía de Cuba y la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas[83].            Algunas de las condenas fueron confirmadas en apelación en junio, por el Tribunal Supremo Popular.[84]

88.            El 18 de marzo de 2003, la Seguridad del Estado allanó las viviendas y requisó material y equipo de periodistas independientes en La Habana[85]. Ese mismo día, el gobierno anunció la detención de al menos doce periodistas que trabajaban para agencias de prensa no reconocidas por las autoridades y a quienes el gobierno señalaba como "traidores" y "empleados a sueldo" de James Cason, el Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana[86].

89.            Esa semana se detuvo a 28 periodistas entre los que figuran: Jorge Olivera, Ricardo González Alfonso, Raúl Rivero, José Luis García Paneque, Omar Rodríguez Saludes, Pedro Argüelles Morán, Edel José García, José Gabriel Ramón Castillo, Julio César Gálvez, Víctor Rolando Arroyo, Manuel Vázquez Portal, Héctor Maseda, Oscar Espinosa Chepe, Adolfo Fernández Saínz, Mario Enrique Mayo, Fabio Prieto Llorente, Pablo Pacheco, Normando Hernández, Carmelo Díaz Fernández, Miguel Galván, Léster Luis González Pentón, Alejandro González Raga, Juan Carlos Herrera, José Ubaldo Izquierdo, Mijaíl Barzaga Lugo, Omar Ruiz, Iván Hernández Carrillo y Alfredo Pulido[87].

90.            Entre el 3 y 4 de abril de 2003 se realizaron los procesos contra los periodistas que duraron un día y se efectuaron a puerta cerrada. El 7 de abril se les dictó penas de cárcel que oscilaban entre los 14 y los 27 años. Según información recibida por la Relatoría, en varios de los procesos los abogados de la defensa no tuvieron acceso a los defendidos o sólo tuvieron unas horas para preparar los casos.[88]

91.            La Relatoría condenó estos hechos en dos comunicados: uno del 20 de marzo de 2003[89] y otro del 4 de abril de 2003[90]. Esta situación llevó, además, al Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, y al Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, Ambeyi Ligabo, a manifestar su preocupación en un comunicado conjunto dado a conocer el 3 de mayo de 2003, en Kingston, Jamaica, con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa[91].

92.            La salud de algunos de los periodistas detenidos, así como las condiciones en que se les recluyó, provocó preocupación a distintas organizaciones internacionales. Según la información recibida, algunos familiares tuvieron problemas para visitar a los detenidos, quienes en algunos casos se encuentran en ámbitos de máxima seguridad[92]. El 26 de abril la seguridad del Estado informó a una docena de familias de los periodistas detenidos que sus familiares iban a ser trasladados a cárceles de provincia, en algunos casos, situadas a más de 900 kilómetros de la capital. Las familias reclamaron las dificultades existentes para desplazarse por la isla.[93]

93.            Algunos de los periodistas organizaron huelgas para protestar por su detención. En agosto, Manuel Vázquez Portal, Juan Carlos Herrera Acosta y Normando Hernández González internados en la cárcel de Boniatico[94] se declararon en huelga de hambre. Lo mismo hicieron Mario Enrique Mayo, Adolfo Fernández Sainz e Iván Hernández Carrillo, internados en la cárcel de la ciudad de Holguín[95]. En octubre, Fernández Sainz y Mario Enrique Mayo volvieron a iniciar una huelga de hambre. Esta vez también se les unieron los disidentes Antonio Díaz Sánchez, Alfredo Domínguez Batista, Angel Moya Acosta y Arnaldo Ramos Lauzurique internados todos ellos en el centro penitenciario de Holguín.

94.            El lunes 10 de febrero de 2003 el periodista e investigador argentino Fernando Ruiz Parra -profesor de la Universidad Austral- fue detenido e incomunicado cuando iba camino a la localidad de Matanzas para entrevistar a un reportero disidente mientras realizaba una investigación periodística sobre el crecimiento del periodismo independiente en la isla. Había ingresado al país el 3 de febrero con visa de turista. Fue liberado el 12 de febrero[96].

95.            Desde el 4 de marzo de 2002, el periodista independiente Carlos Brizuela Yera, de 29 años, fue encarcelado en la prisión provincial de Holguín. En marzo, las autoridades aún no habían fijado fecha para el juicio. El periodista informó al Noticiero Cubanet que fue golpeado, ofendido y amenazado[97].

96.            El 4 de mayo de 2003, Bernard Briançon, responsable de la productora privada francesa Mediasens, fue retenido en el aeropuerto internacional de La Habana, cuando pasaba la aduana. Conducido a una sala situada en el subsuelo del aeropuerto, le registraron el equipaje. Le incautaron ocho cintas de vídeo que contenían entrevistas con disidentes. Las autoridades de la aduana no le dieron ninguna explicación, y le hicieron firmar al periodista un "acta de retención y rectificación".[98]

97.            El 30 de octubre de 2003 fue detenida durante dos horas la periodista independiente Claudia Márquez Linares, vicepresidenta de la revista De Cuba[99].

98.            El 29 de octubre de 2003 fue detenido el periodista independiente Abel Escobar Ramírez, cerca de Morón (a 350 kilómetros al Este de La Habana), por violar la Ley de Protección de la Independencia Nacional y Economía de Cuba. Al periodista le incautaron su grabadora y cuatro casetes. Fue liberado el 1 de noviembre tras firmar una declaración en la que se comprometía a poner fin a su actividad periodística[100].

            Otros

99.            Bernardo Rogelio Arévalo Padrón fue liberado el 13 de noviembre de 2003 luego de seis años de prisión. Arévalo es fundador de la agencia de noticias Línea Sur. En 1997 se le sentenció a seis años de cárcel por haber irrespetado al Presidente Fidel Castro durante entrevistas que concedió a emisoras de radio con sede en Miami, Estados Unidos. Según la información recibida, Padrón aseguró haber sido objeto de tortura física y psicológica por parte de las autoridades de la prisión[101].

            ECUADOR

100.            Durante el año, la Relatoría recibió información sobre relaciones tensas entre la Presidencia del Ecuador y la prensa. La Relatoría entiende que la relación entre la prensa independiente y quienes ejercen la función pública supone, en determinadas ocasiones, un buen grado de discrepancia. La Relatoría también entiende los esfuerzos de los funcionarios de responder a las críticas. Sin embargo, preocupa a la Relatoría el que, en varias ocasiones durante el presente año, se recibiera información sobre anuncios del Presidente en relación con intenciones de emprender reformas legales o invocar legislación que podría limitar la libertad de expresión. La Relatoría valora positivamente el que, en todos los casos, el Estado haya desistido de emprenderlos.

            Agresiones y amenazas

101.            El 21 de septiembre de 2003, se hizo llegar al diario El Comercio, una condolencia, a manera de parte mortuorio en la que se anunciaba el fallecimiento de Kintto Lucas- del periódico alternativo Tintají-, de Pablo Dávalos- analista de varias radios y periódicos-, de Marlon Carrión, Marlene Toro y Mauricio Ortiz- periodistas de la agencia alternativa de prensa Pachacámac[102]. La nota de condolencia estaba suscrita por Fernando María Buendía, uno de los nombres usados en anteriores amenazas atribuidas al grupo clandestino Legión Blanca[103]. El texto del parte no llegó a publicarse, pero el diario informó a los comunicadores de la amenaza. Según la información recibida, Kintto Lucas había recibido amenazas previamente.

            Acciones judiciales

102.            El 29 de mayo de 2003, el Exministro de Salud del Ecuador, Rodrigo Fierro y articulista del diario El Comercio,  escribió un artículo titulado Febres Cordero en su sitio, en el cual criticaba al Expresidente de la República y diputado socialcristiano, León Febres Cordero, por su presunta injerencia político partidista en la función judicial y lo señalaba como uno de los causantes de una quiebra bancaria de Ecuador. Posteriormente, Febres Cordero presentó una querella por injurias calumniosas y no calumniosas graves contra Fierro. El 19 de septiembre, el juez  Luis Mora sentenció al articulista a seis meses de prisión por injurias calumniosas. El 22 de septiembre de 2003, Fierro presentó un recurso de apelación cuya audiencia se celebró el 28 de noviembre. Al finalizarse este informe, el recurso no se había resuelto. A pedido de Fierro, la Corte Suprema decidió investigar las actuaciones del juez Mora, de quien Fierro cuestionó su imparcialidad dadas sus vinculaciones al Partido Socialcristiano. Los cuatro magistrados que debían estudiar las supuestas irregularidades cometidas por el Juez, determinaron que Mora no cometió ilegalidad en el proceso. Según el informe de dichos magistrados, Mora actuó en el juicio por disposición del Consejo Nacional de la Judicatura, cuyas autoridades le encargaron los procesos del Juzgado Tercero en lo Penal[104].

            Acceso a la información

103.            En enero de 2003, la Relatoría recibió información sobre quejas de trabajadores de los medios de comunicación que cubrían la Presidencia de la República quienes tuvieron dificultades para acceder a determinada información y a ciertos funcionarios gubernamentales. Entre otros problemas, les fue difícil conocer con la debida anticipación la agenda de actividades diarias del Presidente Lucio Gutiérrez y obtener información relacionada con los decretos firmados por éste y los nombramientos de los diversos funcionarios gubernamentales. [105] Durante ese mismo mes, la secretaría de Comunicación de la Presidencia tomó las primeras decisiones con miras a la agilización de la entrega de información oficial sobre las actividades del Ejecutivo[106].

            ESTADOS UNIDOS

            Acciones judiciales

104.          El 10 de octubre de 2003, el Juez Thomas Penfield Jackson, del Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia, ordenó a los periodistas Jeff Gerth y James Risen (New York Times), Robert Drogin (Los Angeles Times), H. Josef Hebert (The Associated Press) y Pierre Thomas (CNN, ahora trasladado a ABC) que revelaran las fuentes confidenciales que utilizaron para escribir sus artículos sobre el Dr. Wen Ho Lee, ex científico del laboratorio de armamentos de Los Alamos, New Mexico.  El juez también ordenó que los periodistas entregaran a los abogados del Dr. Lee notas y demás material que habían recopilado cuando prepararon los artículos, dictaminando que las protecciones de la Primera Enmienda para periodistas contra intervención del gobierno habían sido contrarrestadas en este caso por la necesidad de que los abogados del Dr. Lee aportaran pruebas de las filtraciones gubernamentales.  Al momento de redactarse este documento, The New York Times y Associated Press se disponían a apelar y otros medios noticiosos estaban estudiando la decisión del juez.[107]  El Relator Especial subraya el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.”

105.          El 27 de mayo de 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un pedido de revisión de la decisión del Tercer Tribunal de Apelaciones de Circuito en el caso de North Jersey Media Group, Inc. c. Ashcroft.[108]  El Tercer Tribunal de Circuito había dictaminado que no existía un derecho constitucional de acceso público a las audiencias de deportación.  Este dictamen contradecía el dictamen impartido por el  Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito en el caso similar de Detroit Free Press c. Ashcroft, en el que el tribunal concluyó que existía en efecto un derecho.  La Corte Suprema  no reveló las razones de la desestimación del pedido de revisión.[109]

106.          En junio de 2003, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dictaminó en el caso del Center for National Security Studies c. Departamento de Justicia[110], en el que concluyó que el gobierno puede retener, por razones de seguridad nacional, información sobre más de 1.100 extranjeros detenidos desde el 11 de septiembre.[111]  La decisión revocaba en parte una decisión de una instancia inferior por la que se ordenaba la divulgación pública de parte de la información solicitada.  Actualmente está pendiente ante la Suprema Corte un pedido de revisión.

            Legislación

107.          En junio de 2003, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) aprobó varias reformas a su normativa, incluyendo una flexibilización de las normas que rigen la propiedad cruzada de periódicos y estaciones de televisión o radio en la misma ciudad, una flexibilización de los límites nacionales a la propiedad de televisión, y una flexibilización de las normas que rigen la múltiple propiedad de estaciones de TV locales.[112]  Muchos funcionarios públicos, grupos de la sociedad civil y particulares de la sociedad civil, han expresado su preocupación por estas modificaciones, pues consideran que fomentarán la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y reducirán la diversidad de opiniones que se expresan en los mismos.  Una coalición de grupos de control de los medios de comunicación inició una acción ante un tribunal federal impugnando las normas y el 3 de septiembre, el día previo al fijado para la entrada en vigor de las normas, el tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos de Filadelfia ordenó una suspensión de emergencia hasta que se efectuara una revisión completa.[113]  La audiencia en este caso está fijada para febrero de 2004.[114] Tanto el Senado como la Cámara de Representantes han estado considerando propuestas legislativas que derogarían las nuevas normas.[115]  Ambas cámaras del Congreso incluyeron cláusulas en las leyes de asignación de recursos que no asignan fondo alguno a la Comisión Federal de Comunicaciones para la implementación de los cambios en los límites a la propiedad nacional.[116]  Sin embargo, en diciembre, estas cláusulas fueron eliminadas en las negociaciones parlamentarias finales.[117]

            Acceso a la información

108.          En marzo de 2003, el Pentágono impartió una directiva a las bases militares estadounidenses prohibiendo las ceremonias y la cobertura periodística del traslado a Estados Unidos del personal militar fallecido.  La política ya existía pero no se había aplicado con rigor hasta que se impartió la directiva de marzo.  Muchos críticos han argumentado que la razón de la actual aplicación de la política es evitar una opinión pública negativa en relación con las actividades militares de Estados Unidos.[118]

109.          En 2003, el Gobierno de Estados Unidos siguió restringiendo la obtención y publicación de información por parte de los periodistas acerca de las identidades y la situación de los prisioneros que Estados Unidos mantiene en su base de Guantánamo, Cuba.  Los periodistas que visitaron la base no pueden comunicarse con los prisioneros ni identificarlos, no pueden tomar fotografías con base en las cuales puedan identificar a los prisioneros, no pueden registrar sus comentarios ni dar cobertura a la transferencia de prisioneros entre las distintas partes de la base.  Las autoridades han adoptado medidas para asegurar que no se obtenga esa información.  Por ejemplo, el 20 de junio de 2003, se incautó equipo a personal de la BBC que trabajaba para “Panorama”, un programa de actualidad de la televisión.  Se borraron los registros en que se podía escuchar a los prisioneros formular preguntas a gritos a los periodistas que visitaban el centro de detención Camp Delta de Guantánamo.  Vivian White, una periodista que respondió a las preguntas de los prisioneros sobre si se trataban de periodistas, fue confinada en un edificio a cierta distancia del campamento.  También se prohibió a los periodistas que formularan preguntas a los oficiales sobre investigaciones u operaciones en curso o futuras en Guantánamo.  Se advirtió a los periodistas que a quienes violaran esta política se les podría restringir su acceso a la base, podrían ser retirados de la base y/o el Departamento de Defensa podría revocar sus credenciales de periodistas.  A mediados de octubre, la política fue modificada; ya no se prohíbe que los periodistas planteen estas preguntas, pero las autoridades tienen una política oficial de no responder.[119]

            Evolución positiva

110.          Jonathan Walters y Robert Steiner, dos ex bomberos, y Joseph Locurto, un ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York, fueron despedidos a pedido de Rudolph Giuliani después que desfilaron con la cara pintada de negro el Día de los Trabajadores, en 1998, en Broad Channel, Queens (Giuliani era Alcalde en ese entonces).  En junio de 2003, el juez John E. Sprizzo,  del Tribunal Federal de Distrito, concluyó que sus acciones, por inapropiadas que fueran, “constituían un discurso en una cuestión de interés público”. Giuliani atestiguó que había pedido su despido por temor a disturbios civiles.  El juez Sprizzo concluyó que eran despedidos “en respuesta al contenido de su discurso y por razones de percepción pública y el impacto político que se preveía derivaría de ello”.  El juez pidió a las partes que presentaran información sobre si era adecuado, en el caso, disponer daños punitivos (a diferencia de la indemnización por daños, los daños punitivos tienen el propósito de castigar los actos ilícitos y disuadir las malas conductas).  Los abogados de Walters, Steiner y Locurto reclaman daños punitivos sólo contra el Sr. Giuliani y no sus coacusados, Howard Safir (ex comisionado de la policía) y Thomas Von Essen (ex comisionado de los bomberos).[120]

111.          El 7 de agosto de 2003, un juez federal de Manhattan (Charles S. Haight Jr., del Tribunal Federal de Distrito) criticó a oficiales de la policía por la manera en que interrogaban a los manifestantes contra la guerra de Irak, a comienzos de 2003, y dejó en claro que los abogados defensores de las libertades civiles podrían acusar al Municipio de desacato contra el Tribunal en el futuro, si la policía violaba los derechos de los ciudadanos.  Los comentarios del juez fueron expresados tras evidencias de que la policía había interrogado a los manifestantes acerca de sus opiniones sobre la guerra y habían preguntado si odiaban a Bush, si habían viajado al Africa o al Oriente Medio y cuál podría ser la diferencia si Gore fuera presidente.  Haight dijo que estos hechos revelaban una “demostración de ignorancia operativa de parte de los más altos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York.”  En febrero, Haight modificó la orden judicial que había restringido la capacidad de la policía de Nueva York para controlar a los grupos políticos, después que oficiales de la policía habían expresado que necesitaban más flexibilidad para investigar el terrorismo.  El 7 de agosto, el juez no impuso nuevas restricciones a la policía ni decidió de una u otra manera que las interrogaciones violaban los derechos constitucionales de los manifestantes.  Sin embargo, dijo que incorporaría las normas recientemente flexibilizadas a un decreto judicial en el que quedaría en claro que los abogados podían acusar al Municipio por desacato si consideraban que una violación de las normas también violaba los derechos constitucionales de las personas.[121]

            Otros

112.          En marzo de 2003, el fiscal de Estados Unidos J. Strom Thurmond, Jr. interpuso una denuncia por cargos federales contra Brett Bursey al amparo de una ley raramente aplicada que permite que el Servicio Secreto restrinja el acceso a las zonas que visita el presidente.  Los cargos derivaron de la presencia del Sr. Bursey en momentos en que el presidente Bush pronunciaba un discurso en el Aeropuerto Metropolitano de Columbia, (Carolina del Sur) el 24 de octubre de 2002, en el que portaba un cartel de protesta contra la guerra en Irak.  El Sr. Bursey se encontraba entre una multitud de miles de personas que se habían reunido para dar la bienvenida al presidente.  La policía individualizó al Sr. Bursey por el contenido del cartel y le dijo que tenía que ir a la zona designada para la protesta, ubicada a más de medio kilómetro de donde se estaba pronunciando el discurso.  Cuando desobedeció la orden, fue arrestado por invasión.  Después de desestimarse los cargos por invasión, un fiscal de Estados Unidos presentó acusaciones federales que están aún pendientes.  De ser condenado, el Sr. Bursey enfrenta una multa máxima de US$ 5.000 y hasta seis meses de prisión.[122]  En junio de 2003,  un grupo de 11 miembros de la Cámara de Representante de Estados Unidos escribió una carta al Procurador General John Ashcroft pidiéndole que desestimara el caso y cuestionando la práctica de establecer “zonas de libertad de expresión” para los manifestantes en las apariciones públicas del presidente.[123]

113.          En septiembre de 2003, la American Civil Liberties Union inició una acción en nombre de cuatro grupos políticos progresistas contra el gobierno de Bush, acusándolo de que el Servicio Secreto aleja sistemáticamente a los manifestantes de las zonas de aparición pública del presidente Bush.  En muchos casos, los críticos han quedado restringidos a “zonas de protesta” durante las apariciones del presidente de Estados Unidos.  Estas zonas de protesta con frecuencia están ubicadas lejos de donde se encuentra el Presidente y en lugares donde es muy difícil que los vea y los escuche el Presidente y numerosos integrantes del público.[124]

114.            A lo largo de 2003, el Relator Especial recibió información que denunciaba  las acciones de los militares estadounidenses para con los periodistas en las zonas de guerra.  Los críticos alegan que los efectivos de Estados Unidos no han adoptado precauciones adecuadas para evitar heridas o muertes de periodistas y que los efectivos han acosado a los periodistas en el curso de su labor[125].  El Relator Especial se siente preocupado porque estas acciones puedan impedir el flujo de información sobre las actividades militares de Estados Unidos al público.

            GUATEMALA

115.            El Relator Especial para la Libertad de Expresión participó en la visita in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala en el mes de marzo de 2003.

116.            Al finalizar su visita, la Comisión manifestó su preocupación en relación con el aumento en las amenazas y los actos de hostigamiento a los periodistas, en especial a aquellos que cubren investigaciones de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por la inexistencia de reglamentación sobre las concesiones de televisión y radiodifusión que tome en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos, particularmente en relación con la inclusión de los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y los jóvenes[126].

117. En noviembre de 2003, la CIDH aprobó un informe sobre la Administración de Justicia y el Estado de Derecho en Guatemala. En él se incluye un capítulo sobre la situación de la libertad de expresión preparado por la Relatoría a solicitud de la Comisión.

118.            El informe reporta que la Comisión, a través de la Relatoría, ha recibido información en los últimos años que indica que en Guatemala el ejercicio de la libertad de expresión ha provocado asesinatos e intimidaciones contra comunicadores sociales, con un incremento preocupante en el año 2003, en perjuicio, sobretodo, de periodistas de investigación y defensores de derechos humanos. Estos ataques se destinan a silenciar las denuncias e investigaciones de violaciones perpetradas en el pasado o sobre asuntos políticamente sensibles.

119.            Este apartado retoma parte de los hechos de 2003 relatados en ese informe, actualiza algunos de ellos e incorpora otros. 

120.            Distintos sectores de la sociedad civil reclamaron una visita de la Relatoría Especial. El 11 de abril el Relator remitió al Estado una propuesta de fechas para realizarla durante el mes de julio. Sin embargo, no se obtuvo respuesta del Estado.

            Secuestro

121.            El 26 de octubre de 2003, en Huehuetenango, cuatro periodistas del diario La Prensa y el piloto Hilario Guerra, de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Fueron retenidos por un grupo de exintegrantes de las Patrullas de Auto Defensa Civil (conocidos como exPAC), para forzar al Estado al pago de una indemnización por haber ayudado al ejército durante la guerra de los años ochenta. El Relator emitió un  comunicado en el que condenó el secuestro de los periodistas y exigió su inmediata liberación[127]. Ese día, Fredy López y Emerson Díaz se dirigían a cubrir un mitin político del candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Efraín Ríos Montt, en La Libertad, cabeza de Huehuetenango, cuando encontraron que un grupo de expatrulleros había bloqueado la carretera para exigir el pago. Los reporteros fueron retenidos por los manifestantes.  Tras conocerse el hecho, Alberto Ramírez y Mario Linares se dirigieron al lugar acompañados por dos representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Thelma Schaub  y Henry Hernández que debían negociar la liberación. Pero los reporteros fueron detenidos, mientras que los funcionarios de la PDH lograron escapar. Los manifestantes accedieron a liberar a los rehenes luego de 51 horas de cautiverio a cambio de ingresar en un programa de resarcimiento que el gobierno ofreció a los exPAC[128].

            Agresiones y amenazas

122.            Durante el año, en dos ocasiones, la Relatoría manifestó su profunda preocupación por las amenazas y agresiones a periodistas de Guatemala, cuyo número se incrementó durante los meses de junio y julio de 2003 [129].

123.            Tal y como lo expresó la Comisión, es preocupante la información recibida respecto de la falta de avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de estos ataques y acciones intimidatorias. La impunidad en la investigación de estos hechos contribuye a crear un ambiente de intimidación y amedrentamiento para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e investigación en Guatemala, pues desalienta la denuncia de actos violatorios de los derechos humanos. A la vez, tiene un efecto directo sobre la libertad de expresión al enviar un mensaje alentador a los perpetradores de dichos crímenes, quienes se encuentran amparados por un patrón de impunidad que les permite continuar con su accionar.

124.            Durante su visita in loco, la Comisión fue informada sobre la presentación de 75 denuncias de amenazas a periodistas ante el Fiscal Especializado en Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, de los cuales se reportan aquí algunos de los casos paradigmáticos.

125.            El 24 de enero de 2003, desconocidos cortaron el cable de alta tensión que alimentaba la planta de transmisión de la estación radiofónica Pop 95.1 F.M. en Chimaltenango. La emisora salió del aire por cuatro días. Según el director del medio, Concepción Cojón Morales, el hecho podía estar relacionado con denuncias de los conductores relativas a actos de corrupción, incumplimiento de los acuerdos de paz y  el resurgimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

126.            El 2 de marzo de 2003, varios hombres ingresaron a la casa de la columnista de Prensa Libre y presentadora de un programa radiofónico, Marielos Monzón Paredes, registraron sus pertenencias pero no sustrajeron objetos de valor[130]. Posteriormente, la periodista recibió siete llamadas telefónicas a su celular en las que se le amenazaba. Anteriormente, Monzón había recibido otras amenazas que estarían relacionadas con sus publicaciones sobre los hechos acaecidos a la familia Azmitia Dorantes, cuyo caso está en conocimiento de la CIDH. Asimismo, la periodista informó haber recibido llamadas intimidatorias después de la publicación de una columna relacionada con el asesinato del líder indígena Antonio Pop. Los intimidadores la amenazaron con correr la misma suerte. El 18 de marzo de 2003, la CIDH solicitó al Estado guatemalteco la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de la periodista[131].

127.            En mayo de 2003, el director del radioperiódico La Noticia, Pablo Rax, en Cobán, Alta Verapaz, recibió amenazas telefónicas de personas desconocidas quienes le instaban a abstenerse de hacer investigaciones periodísticas, y le advertían que “tuviera cuidado” pues le estaban “marcando los pasos” y que dejara de decir “cosas que no le interesaban”. Rax, quien también es corresponsal de Guatevisión, había elaborado algunos reportajes sobre el narcotráfico en Alta Verapaz y había denunciado algunos actos de corrupción. [132]

128.            El periodista y conductor del programa Somos de Hoy, transmitido por Radio Xocomil Stéreo, en Sololá, Edgar René Sáenz, denunció que desde el 4 de junio de 2003 había recibido llamadas telefónicas en las que se le amenazaba de muerte e incluso había sido intimidado en forma personal cuando un grupo de desconocidos llegaron a su trabajo para advertirle que dejara de informar “del asunto”. Sáenz ha denunciado actos de corrupción del gobierno, narcotráfico y anomalías en los centros de salud pública. La Procuraduría de Derechos Humanos solicitó medidas a la Policía Nacional Civil[133].

129.            José Rubén Zamora, periodista y presidente de El Periódico, y su familia, fueron agredidos y amenazados por 12 sujetos fuertemente armados, quienes irrumpieron en su residencia el 24 de junio de 2003 a las 8:30 horas. Zamora, su esposa, sus tres hijos (de 13, 18 y 26 años) y una trabajadora doméstica fueron maniatados, intimidados y agredidos por más de dos horas. Al salir de su casa, los sujetos le advirtieron: “no se meta con los de arriba” [134]. Dos días después del hecho, Zamora denunció que tres vehículos con vidrios polarizados lo habían seguido cuando se dirigía de su casa hacia la sede de El Periódico. Asimismo, varios integrantes del personal del diario recibieron amenazas telefónicas en las que se les advertía: “pronto aparecerán publicadas sus esquelas junto a las de José Rubén Zamora”[135]. El 27 de junio, el periodista informó que, debido a las intimidaciones y las presiones, debía sacar a su familia del país[136]. El Relator, Eduardo Bertoni, expresó su grave preocupación sobre las amenazas recibidas por Zamora mediante un comunicado difundido el 7 de julio de 2003[137]. La Procuraduría de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la CIDH a favor de Rubén Zamora. Se solicitó información al Estado.

130.            Luis Barillas, director del noticiario La Voz de la Parroquia, de Radio San Pablo, corresponsal de Prensa Libre en Rabinal, Baja Verapaz, y periodista de Nuestro Diario, denunció haber recibido, en la noche del 23 de junio de 2003, una llamada telefónica en la que le advertían: “Esta es la primera advertencia pacífica, y ya es tiempo de que te callés”. Al día siguiente, recibió otra llamada en la que se le decía: “Te vas a morir, puede ser que sean semanas o meses, pero te vas a morir”. De acuerdo con el periodista, las intimidaciones estarían relacionadas con un mitin político en Rabinal en el que fue apedreado Efraín Ríos Montt, candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), realizado el mismo día en que eran inhumadas 70 osamentas de víctimas del conflicto armado interno[138]. El periodista denunció las intimidaciones ante el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. El 4 de julio, desconocidos lanzaron una bomba casera a su residencia. No hubo heridos ni daños materiales. Al día siguiente, la hermana del periodista recibió un mensaje anónimo con amenazas[139].

131.            La corresponsal del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) en Baja Verapaz, Carmen Judith Morán Cruz, fue amenazada de muerte la noche el 29 de junio de 2003, cuando recibió dos llamadas telefónicas en su casa. Un desconocido le advirtió: “te doy 24 horas para que renunciés a Cerigua, porque ya me colmaste la paciencia por las publicaciones que hacen allí. Si no cumplís con esto, vos y tu familia sufrirán las consecuencias” [140]. Diez minutos más tarde recibió otra llamada en los mismos términos[141].  El jueves 3 de julio, recibió una nueva llamada telefónica en la que se le reiteraba la intimidación[142] por una persona que aseguró tener controlados los movimientos de la periodista. Las intimidaciones habrían estado relacionadas con su cobertura de las exhumaciones de cementerios clandestinos donde descansaban los restos de civiles masacrados en 1981, durante la guerra civil de Guatemala y sobre un mitin político en el que el candidato Ríos Montt, del Frente Revolucionario Guatemalteco (FRG), había sido apedreado y abucheado[143].

132.            El 3 de julio de 2003, sujetos desconocidos ingresaron por la fuerza a la residencia del periodista de investigación Luis Eduardo de León, de El Periódico. Los desconocidos se llevaron la computadora, varios disquetes con información relacionada con su trabajo y  documentos pertenecientes a la esposa de León, quien había trabajado varios años en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA)[144].

133.            El 8 de julio de 2003, Angel Martín Tax, reportero de Radio Sonora y corresponsal de Prensa Libre y Nuestro Diario en Alta Verapaz encontró, frente a la puerta de su casa, un recipiente con flores, lo cual es considerado en Guatemala como un símbolo fúnebre.  Con anterioridad, en mayo y junio, Tax había sido objeto de amenazas de muerte en cuatro ocasiones. El periodista denunció el hecho a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Ministerio Público y a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)[145].

134.            El 11 de julio de 2003, la periodista Claudia Méndez Arriaza recibió una llamada en la que se le transmitió una amenaza contra el director de El Periódico, Juan Luis Font[146]. El 23 de julio, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Font.

135.            El 11 de Julio de 2003, hombres armados irrumpieron en la planta de producción de Nuestro Diario y, tras preguntar    por varios empleados, dispararon varias veces. Directivos de ese diario también denunciaron ser blanco de persecución por vehículos no identificados.

136.            El 24 de julio de 2003, manifestantes con rostros cubiertos, armas de fuego, palos y machetes, rodearon la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos, en protesta por la suspensión del proceso de inscripción del candidato del Frente Republicano Guatemalteco, Efraín Ríos Montt. Durante las protestas, falleció el periodista de Radio Sonora y Noti 7, Héctor Ramírez, de 62 años al sufrir un ataque cardiaco cuando intentaba huir de una turba de manifestantes[147]. Juan Carlos Torres, fotógrafo del matutino El Periódico, y Héctor Estrada, camarógrafo del canal de televisión Guatevisión, huyeron luego de que los manifestantes los rociaran con gasolina en un intento por quemar a ambos periodistas[148]. El 25 de julio de 2003, la Comisión emitió un comunicado condenando los hechos de violencia e instando al estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física de todos los guatemaltecos y para asegurar el Estado de Derecho[149].

137.            En los días siguientes a los hechos del 24 de julio de 2003, varios comunicadores reportaron amenazas. El director del noticiario Guatevisión, Haroldo Sánchez, denunció haber sido amenazado de muerte vía telefónica y por correo electrónico. Reporteros y camarógrafos de dicho medio también habrían sido objeto de ataques verbales.[150]

138.            Durante el mes de julio de 2003 se tuvo información sobre intimidaciones a varios periodistas en el interior del país. En Zacapa, los periodistas Juan Carlos Aquino, conductor del noticiario Punto Informativo, y Nehemías Castro, director del programa televisivo Personajes, denunciaron nuevas agresiones en su contra luego de haber informado sobre la movilización de simpatizantes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y denunciado la presunta manipulación política de varios campesinos y maestros para que apoyaran acciones violentas a favor del partido oficial[151].

139.            El 18 de agosto de 2003, el periodista Juan Carlos Aquino, conductor del radionoticiario Punto Informativo de Radio Novedad, en Zacapa, y corresponsal de Radio Punto, denunció, de nuevo, haber recibido amenazas vía telefónica[152].

140.            El 30 de julio de 2003, el periodista Edwin Perdomo, corresponsal de Prensa Libre y de Radio Punto en Puerto Barrios, Izabal, denunció haber recibido llamadas telefónicas en las que se le advertía que debía dejar de difundir noticias sobre el FRG o, de lo contrario, correría la misma suerte que el periodista Mynor Alegría, asesinado en septiembre del 2001. El noticiario de Perdomo había denunciado, previamente, supuestas anomalías cometidas por funcionarios públicos[153]. El periodista solicitó protección por parte de la Policía Nacional Civil.

141.            El periodista Carlos René Torres, conductor del programa televisivo Diálogo, denunció ante la  Procuraduría Auxiliar de los Derechos Humanos (PDH) de Chiquimula, que personas  desconocidas lo estaban hostigando vía telefónica, exigiéndole que cambiara el formato de su programa, y que, si no lo hacía, él o alguno de sus familiares podía morir. Torres dio a conocer, además, que la noche del 10 de agosto de 2003, después de salir de su trabajo y abordar su motocicleta, un vehículo tipo sedán de color oscuro y vidrios polarizados lo persiguió por varias cuadras y trató de arrollarlo, por lo que exigió a las autoridades que le brindaran protección. La oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos en Chiquimula interpuso un recurso de exhibición personal a favor del periodista y solicitó el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)[154].

142.            El 26 de septiembre de 2003 durante un mitin político en Ixcán, Quiché, opositores  al candidato Ríos Montt se enfrentaron a golpes con sus simpatizantes.   Los periodistas que cubrían el hecho fueron agredidos.

143.            En Octubre de 2003, los periodistas de Suchitepéquez Cristian Soto, de Radio Punto; Luisa Ortiz, de Canal TV Imagen; Julio Rodas, de Nuestro Diario; Fredy Rodas, de Prensa Libre; Saúl de León, de Radio Santa Bárbara, y Nery Morales, del circuito de cable Canal Optimo, de la cadena Intercable,  denunciaron ante el Ministerio Público haber sido amenazados tras denunciar actos de corrupción[155].

144.            El 9 de noviembre de 2003, día de la primera ronda de elecciones presidenciales, fueron agredidos los reporteros Ramiro Sandoval y Nery Gallardo, del noticiario Video Noticias cuando cubrían los comicios en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Los comunicadores denunciaron al Ministerio Público que correligionarios del FRG les robaron parte de su equipo e intentaron agredirlos[156].

            Acceso a la información

145.            El 15 de enero de 2003, el Presidente ordenó que se vedara el acceso a la prensa al acto de entrega de dividendos en la Portuaria Quetzal, en Escuintla, donde guardias armados custodiaban la entrada a las instalaciones para evitar la entrada de reporteros[157].

146.            El 20 de enero de 2003, el personal de seguridad del Presidente Alfonso Portillo impidió a un grupo de periodistas ingresar a un acto público en una Escuela de Zacapa[158]. El 21 de enero, de forma unánime, el Congreso aprobó un punto resolutivo por medio del cual condenó la violación del artículo 35 de la Constitución en que habría incurrido el Presidente por negar el acceso a la prensa. [159]

147.            El 28 de enero de 2003, se negó el acceso a la Cancillería a un grupo de periodistas que pretendían cubrir la develación, por parte del Presidente, de un busto de Benito Juárez.

148.            El 9 de abril de 2003, el entonces Presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, dijo a los periodistas que requerían documentos relacionados con la ejecución presupuestaria de los años 2001 y 2002, que cualquier información debían pedirla por escrito a la Junta Directiva. Sectores de prensa y de derechos humanos condenaron la actitud por considerarla un obstáculo al acceso a la información[160]. Esta información fue reiterada al Relator durante la visita de la Comisión.

149.            La Relatoría recibió información sobre la tramitación en el Congreso de distintos proyectos relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información. Hasta la culminación de este informe no se habían sancionado.

            Otros

150.            En su visita in loco, la Relatoría también recibió información sobre un incremento en la citación de periodistas por parte del Ministerio Público para que revelaran sus fuentes de información. Entre ellos, figura la citación de representantes del El Periódico quienes se negaron a responder al citatorio para garantizar la protección de las fuentes.

151.            El director de ese medio, José Rubén Zamora, fue citado por León Argueta, Fiscal General de la República, para que aportara pruebas que obraban en su poder en relación con un reportaje que vinculaba a Argueta con una empresa que había incumplido una obra pública. Al periodista se le dijo que si no aportaba las pruebas, sería conducido por la  Fuerza Pública ante la Fiscalía contra la Corrupción. Finalmente, Zamora debió enviar por escrito los documentos en los que se basó el reportaje.[161]

            HAITI

152.            El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, dio a conocer, el 23 de julio de 2003, el Informe sobre el Estado de la Libertad de Pensamiento y Expresión en Haití, preparado por la Relatoría y aprobado por la CIDH.[162]

153.            El informe estableció que en Haití la libertad de expresión no goza de todas las garantías necesarias para su pleno ejercicio. La impunidad de los asesinatos cometidos contra periodistas, así como la constante posibilidad de enfrentar amenazas por lo que se investiga o se difunde, genera un ambiente de autocensura. Asimismo, el informe estableció que el Estado ha incumplido con su obligación de individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de los asesinatos y actos de hostigamiento contra los comunicadores sociales.

Agresiones y amenazas

154.            Las agresiones y amenazas contra la prensa en Haití motivaron dos comunicados del Relator Especial para la Libertad de Expresión, uno en  febrero y otro en octubre de 2003. No obstante, a lo largo del año, la Relatoría recibió información sobre amenazas, agresiones e intimidaciones a comunicadores sociales.[163]

155.            El 14 de febrero de 2003, Jean-Robert François, de Radio Métropole; Henry Fleurimond, de Radio Kiskeya; Jeaniton Guerino y Gedeon Presendien, de Radio Étincelles, cruzaron la frontera por Jimaní, que lleva desde Haití hacia la República Dominicana, en busca de refugio. Los comunicadores habrían sido llevados desde Gonaives hasta Puerto Príncipe con el auxilio de la Policía y la Asociación de Periodistas de Haití. Los cuatro comunicadores forman parte de un grupo de siete que era buscado por el grupo llamado Ejército Caníbal, para ser asesinados por sus denuncias en torno a sus acciones y las precariedades existentes en Haití. Los otros perseguidos son Joué Rene, de Radio Signal FM; René Noel-Jeune y Esdras Mondelus, de Radio Etincelles. El primero viajó a Francia, el segundo marchó a los Estados Unidos y el tercero conduce la emisora desde la clandestinidad[164].

156.            A comienzos de febrero de 2003, sujetos no identificados entraron a los estudios de Radio Shekinah, en las afueras de Puerto Príncipe, y golpearon rudamente al director, Manés Blanc, quien debió ser hospitalizado. Los atacantes dijeron que la acción contra el comunicador se debió a sus comentarios sobre la situación política de Haití[165].

157.            El 14 de febrero de 2003 presuntos seguidores del partido en el gobierno, intentaron incendiar la vivienda del reportero de Radio Métropole, Jean-Numa Goudou, ubicada en Carrefour. El reportero  había sido amenazado anteriormente[166].

158.            En febrero y en diciembre de 2003 se recibió denuncias sobre intimidaciones y amenazas a la periodista de Radio Métropole Nancy Roc. En diciembre del 2002 también se había suscitado un incidente similar.[167]

159.            El 18 de febrero de 2003, Radio Métropole decidió suspender sus transmisiones por un día, en señal de protesta por las intimidaciones y amenazas contra sus periodistas[168].

160.            Michèle Montas, directora de Radio Haití Inter y viuda del periodista Jean Dominique, asesinado en el 2000, manifestó que continuaba recibiendo amenazas que ponían en daño inminente a su personal.  Debido a ello, el sábado 22 de febrero de 2003, Radio Haití Inter interrumpió su transmisión por tiempo indefinido[169].   

161.            El 30 de abril de 2003, Lilianne Pierre-Paul, directora de Radio Kiskeya, fue intimidada por integrantes de las organizaciones populares. Un sujeto desconocido ingresó a las instalaciones de la radio y le lanzó una carta que contenía un mensaje para el Presidente francés, Jacques Chirac, fechada el 25 de abril. Se le daba a Pierre Paul cuatro días para leer la carta y responder de conformidad, pues si no lo hacía pagaría las consecuencias el 6 de mayo. La letra contenía también una bala de una pistola calibre 12[170].

162.            El Miércoles 27 de agosto de 2003, dos sujetos armados retuvieron al periodista de Radio Vision 2000 y de Radio Pasion, Peterson Milord, quien fue hallado dos días más tarde, ileso pero desnudo y maniatado en un sembradío de caña de azúcar a 30 kilómetros de Puerto Príncipe[171]. Días antes, durante una misa en Santa Rosa de Lima en Léogane, a la que asistió el presidente Jean Bertrand Aristide, el sacerdote Fritz Sauvaget le ordenó que saliera. La Asociación de Periodistas de Haití (AJH, por sus siglas en francés) aseguró que durante su detención, Milord había recibido amenazas de tener más problemas si continuaba criticando al padre Sauvaget[172]

163.            Con ocasión del aniversario del Golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991, surgió información sobre ataques que se estaban programando para el día siguiente contra varias emisoras.[173] El Secretario de Seguridad Pública, Jean Gérard Dubreuil y Mario Dupuy, secretario de comunicaciones, informaron que se concedería protección policial a los medios que eran objeto de las amenazas.

164.            Cyrus Sibert, periodista de Radio Maxima, denunció que el 25 de octubre de 2003, desconocidos abrieron fuego contra el local de la radio cuyo personal había sido objeto de amenazas recurrentes[174].

165.            El 27 de octubre de 2003, Patrick Tavien, reportero de Radio Maxima, dijo haber sido seguido por hombres armados[175].

166.            El martes 28 de octubre de 2003 por la noche, desconocidos abrieron fuego contra la sede de la emisora Radio Caraïbes, en Puerto Príncipe. No hubo heridos. Al día siguiente, la estación suspendió sus transmisiones para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los periodistas. La programación fue restablecida el 3 de noviembre[176].

167.            El 12 de noviembre de 2003, a eso de la 1:30 p.m. partidarios de la oposición llegaron a la sede de Radio Pyramide en la localidad de Saint Marc, y destruyeron a golpes los equipos de la radio. Según información recibida por la Relatoría, la policía debió intervenir para rescatar al director de la Radio, Fritzon Orius, y a una decena de periodistas que trabajan en ella. Finalmente, la sede de la radio fue incendiada y, como consecuencia, dejó de salir al aire[177].

            Investigaciones

168.            El 21 de marzo de 2003, se presentó la acusación formal contra seis sospechosos de ser los autores materiales del asesinato de Jean Léopold Dominique, periodista fundador de Radio Haití Inter, asesinado el 3 abril del 2000[178]. La Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe ordenó, el 4 de agosto, una nueva investigación, para hallar a los autores intelectuales del crimen del periodista[179]. Posteriormente, la Corte también ordenó la liberación de tres de los sospechosos por falta de pruebas suficientes para mantenerlos en prisión[180].

169.            En septiembre de 2003, Nappla Saintil fue designado como nuevo juez de instrucción de la causa por el asesinato de Jean Léopold Dominique[181].

            HONDURAS

170.            El Relator Especial para la Libertad de Expresión viajó a Honduras del 2 al 5 de septiembre de 2003, por invitación del Gobierno del Presidente Ricardo Maduro, con el fin de recabar información sobre la situación de la libertad de expresión y para promover los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en la materia.

171.            El Relator se reunió con autoridades hondureñas. También recibió información y testimonios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En el marco de la visita, la Relatoría impartió un seminario para periodistas hondureños sobre Libertad de Expresión y de Prensa y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

172.            Al igual que otras relatorías de la CIDH al finalizar sus visitas y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor protección de la libertad de expresión, mediante un comunicado de prensa[182], el Relator emitió una serie de observaciones preliminares que han sido tomadas en cuenta para el análisis de la situación de Honduras en este informe. Durante el 118º período ordinario de sesiones de la CIDH, el Relator informó a la Comisión sobre su visita a Honduras y sobre algunos de los hechos que se incluyen en este informe.

            Asesinatos

173.            El 26 de noviembre de 2003, el periodista Germán Antonio Rivas, gerente director de Corporación Maya Visión (Canal 7), fue asesinado cuando llegaba a la sede del canal en Santa Rosa de Copán en el occidente de Honduras.  Si bien, al momento de finalizarse este informe no existía aún una versión oficial sobre los motivos del crimen, una de las hipótesis es que éste podía estar relacionado con investigaciones y denuncias realizadas por Rivas en su noticiario. El 24 de febrero de 2003, Rivas había resultado ileso de otro atentado, cuando un desconocido le disparó en el momento en que llegaba a su residencia[183]. La Relatoría fue informada de que la Fiscalía de Honduras inició la investigación del suceso y practicó las primeras diligencias procesales.

            Legislación y acciones judiciales

174.            La Relatoría observó durante su visita que, a pesar de algunas reformas legislativas, en la legislación hondureña continúa vigente la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio del periodismo, aún cuando desde 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el tema en su opinión consultiva OC-5/85, determinó claramente que la colegiación obligatoria de periodistas contraviene la libertad de expresión. En su comunicado de prensa, emitido al finalizar la visita, el Relator instó al Estado hondureño a derogar cualquier norma que pudiera prestarse a la colegiación obligatoria de periodistas.

175.            La Relatoría ha recibido información sobre algunos periodistas que han sido demandados por delitos de desacato[184] o delitos contra el honor[185], invocando las normas del Código Penal que contemplan esas figuras.  Entre los casos de que tuvo conocimiento la Comisión se encuentra el del periodista Renato Álvarez, responsable del programa de debate Frente a Frente, del telenoticiario TVC, de la Corporación Televicentro que se transmite por los canales 3, 5 y 7, quien enfrenta dos querellas por los delitos de calumnia e injuria, constitutivos de difamación por difundir un informe en el que revelaba nombres de presuntos implicados en narcotráfico. Los querellantes, un abogado y un ex diputado y político, exigieron a Álvarez que revelara la identidad de la fuente que le había proporcionado el documento a lo que el periodista no accedió.[186] Al momento de la redacción de este informe, el caso se encontraba en la etapa de presentación de pruebas. Una tercera querella fue retirada después de una audiencia de conciliación.[187]

176.            La periodista Rossana Guevara, directora del noticiario TN5, del Canal 5, de la Corporación Televicentro, fue querellada el 7 de agosto de 2003 por el delito de difamación y calumnia por difundir, el 20 de mayo de 2003, una nota informativa acerca de la corrupción y la quiebra de bancos en Honduras. La demanda la interpuso el diputado del Parlamento Centroamericano, propietario de medios de comunicación y ex banquero, Víctor Bendeck, actualmente prófugo de la justicia por presumirse responsable en la millonaria quiebra del Banco Corporativo (Bancorp). Bendeck, junto a otros socios del banco, es considerado por la Fiscalía como uno de los autores intelectuales que originó lo que se considera uno de los mayores escándalos financieros en perjuicio del Estado. La quiebra de Bancorp se estima en cincuenta y dos millones de dólares.[188] También fue demandada Sandra Moreno.[189]

177.            El Relator recibió con complacencia información según la cual, el 23 de octubre de 2003, el Fiscal General presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para que se derogue el artículo 345 del Código Penal referido al delito de desacato por contravenir la libre emisión del pensamiento establecida en el artículo 72 de la Constitución de la República.[190] En una comunicación dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Leonidas Rosa Bautista, y fechada el 30 de octubre, el Relator externó al Estado su complacencia por ese proyecto. El 1 de diciembre, el Estado remitió copia del recurso de inconstitucionalidad. La Relatoría seguirá observando este auspicioso proceso, pero recuerda que mientras se mantenga el desacato se incumple con la Declaración de Principos sobre Libertad de Expresión.

            Acceso a la información

178.            La Relatoría recibió información, tanto durante su visita como después, de un creciente interés de varios sectores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, por impulsar una legislación en relación con el derecho de acceso a la información en poder del Estado y a la acción de habeas data. El 5 de noviembre de 2003 la organización C-Libre (Comité por la Libre Expresión) presentó un borrador de un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública dentro del marco del Tercer Diálogo Nacional, lo cual reunió a más de 130 personas, incluso periodistas, diputados, operadores de justicia, grupos humanitarios y representantes de la sociedad civil. El objetivo de la presentación fue "promover un debate amplio y participativo sobre la ley, previo a su presentación ante la Cámara Legislativa."[191] Asimismo, el Consejo Nacional Anticorrupción ha desarrollado un borrador de anteproyecto de ley sobre acceso a la información.

            Medios Indirectos de Restricción a la Libertad de Expresión

179.            Durante la visita, la Relatoría fue informada de que se estaría asignando la publicidad oficial de manera discrecional, sin parámetros claros y con algunos indicios de arbitrariedad.

180.            Asimismo, recibió información según la cual el gobierno suspendió la publicidad oficial de la revista Hablamos Claro y el noticiero Abriendo Brecha, ambos propiedad del periodista Rodrigo Wong Arévalo, después de que Hablamos Claro publicara un artículo en el que se alegaba que la primera dama, Aguas Ocaña, había exigido al gobernante la destitución de la titular del Ministerio de Cultura, Arte y Deportes, Mireya Bates.[192]

181.            La Relatoría continuará observando los hechos que fundan estas denuncias, sin perjuicio de lo cual insta a las instituciones públicas hondureñas a garantizar que la publicidad oficial sea distribuida de acuerdo con criterios justos, claros y objetivos.

            Ética Periodística

182.            La Relatoría recibió información sobre la utilización de algunos medios de comunicación como instrumentos para defender intereses personales, económicos o para desprestigiar el honor de las personas en perjuicio del derecho a la información del pueblo hondureño. El Relator Especial percibió, durante su visita, el malestar de algunos sectores de la sociedad por lo que calificaron como prácticas poco éticas de los comunicadores o un ejercicio abusivo de la libertad de expresión.

183.            Frente a la seriedad que merecen estas acusaciones, la Relatoría recordó en su conferencia de prensa, al finalizar su visita a Honduras, que los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación hondureños deben tener presente tanto la necesidad de mantener su credibilidad con el público, factor esencial para su perdurabilidad, como el importante rol que la prensa cumple en una sociedad democrática al ser los principales mecanismos a través de los cuales los miembros de la sociedad ejercen su derecho de expresar y recibir informaciones e ideas. La prensa debe fomentar su autorregulación ética a través de códigos deontológicos, libros de estilo, estatutos de redacción, defensores del público, consejos de información, entre otros mecanismos posibles. Pero debe quedar en claro que no es el Estado quien debe imponer las normas de conducta ética, indispensables en la labor de los comunicadores sociales. El Relator recordó durante su conferencia de prensa, lo manifestado en la Declaración conjunta de los tres relatores para la libertad de expresión en diciembre de 2002, en cuanto a que recordaron a los propietarios de los medios de prensa, su responsabilidad de respetar la libertad de expresión y, en particular, la independencia editorial.

            Otros

184.            En relación con la propiedad de los medios de comunicación, la Relatoría constató que muchas personas activas en la esfera política están adquiriendo medios de comunicación. En noviembre de 2001, en una declaración conjunta de los tres relatores internacionales para la libertad de expresión: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la Libertad de Prensa; y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, se dijo que quienes ocupan cargos electivos y de gobierno, y son propietarios de medios de difusión, deben separar sus actividades políticas de sus intereses en dichos medios de difusión.

            JAMAICA

            Acciones judiciales

185.            El 14 de julio de 2003, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido (the Judicial Committee of the Privy Council) ratificó la decisión de una Corte de Apelaciones de Jamaica de hace dos años, que obligaba al pago de una indemnización de J$35.000.000,00 (US$750.000,00, aproximadamente) en un caso de difamación iniciado por el conductor televisivo Eric Anthony Abrahams contra Gleaner Company Limited, en 1987. La acusación de Abrahams se refería a  un cable de Associated Press que fue publicado por el periódico   Gleaner y su vespertino The Star. The Gleaner Company Limited apeló la sentencia esperando que se redujera la cifra, sobre la base de que el monto  de la misma tendría un efecto amedrentador sobre el periodismo e inhibiría el derecho constitucional a la libertad de expresión. No obstante, el Tribunal consideró que la publicación se había hecho con malicia y que no se había contado con información suficiente para sustentarla y, por lo tanto estimó que correspondía una gran indemnización, que no era excesiva teniendo en cuenta las pérdidas financieras y daño personal sufrido.  El Tribunal agregó que "no era un caso en el que la libertad de publicar informaciones estuviera  en juego". La indemnización otorgada es la más alta en la historia legal de Jamaica[193].

186.            El 29 de mayo de 2003, la Corte Suprema de Jamaica impuso al canal de televisión CVM, el pago de una indemnización por J$20.000.000,00 (unos US$334.000, aproximadamente)  a un Sargento Detective de apellido Tewari por daños por difamación. La indemnización  se estableció con referencia al contenido de dos transmisiones de noticias de CVM-TV del 12 de noviembre de 1998, relacionadas con la cobertura que hizo el canal de una demostración del 11 de mayo de 1998, en Braeton, al sur de Santa Catalina, en la que tuvo lugar un controversial tiroteo por parte de la policía. Tewari alegó que su reputación había sido dañada por declaraciones contenidas en dichos programas, y testificó que no estuvo presente durante el tiroteo. La corte decidió a su favor. La televisora, por su parte, decidió apelar el fallo[194].

            Acceso a la información

187.            El 28 de junio del 2002, el Parlamento de Jamaica aprobó la ley de Acceso a la Información. La ley prevé el acceso a documentos del gobierno, pero excluye las opiniones, consejos o recomendaciones y el registro de las consultas o deliberaciones de funcionarios públicos, incluyendo miembros del gabinete. Como parte de la ley, se ha establecido una Unidad de Acceso a la Información dentro de la Oficina del Primer Ministro, para encabezar, monitorear y guiar el proceso de preparación e  implementación y establecer un marco para que los ciudadanos puedan utilizar efectivamente la ley[195]. La implementación de la primera etapa de la ley estaba originalmente prevista para su comienzo en agosto del 2003, pero luego fue postergada para octubre de 2003. En septiembre de 2003, el gobierno anunció que el senado no debatiría las reformas a la Ley de Acceso a la Información hasta tanto fueran presentadas las reglamentaciones a dicha ley para garantizar que la ley y sus reglamentaciones fuesen tratadas conjuntamente[196].

                  Cont...


[1] La Relatoría recibe información enviada por organizaciones independientes de derechos humanos y de defensa y protección de la libertad de expresión, periodistas independientes directamente afectados, e información solicitada por la Relatoría a los representantes de los Estados miembros de la OEA, entre otros.

[2] La idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión nació como reconocimiento a la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración elaborada por la Relatoría durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000.  Dicha declaración constituye un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.

(Ver http://www.cidh.org/relatoria/Spanish/Declaracion.htm ).

[3] Hacia finales del 2003, la Relatoría recibió información sobre la situación de la libertad de expresión en la provincia de Santiago del Estero a raíz de un informe de la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS). Dada la gravedad de los hechos señalados, la Relatoría seguirá observando la situación en esa provincia argentina.

[4] Comunicación de la Misión Permanente de la República Argentina ante la OEA al Relator Especial para la Libertad de Expresión, 29 de octubre de 2003.

[5]  Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente, (PERIODISTAS), 17 de febrero de 2003, www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm; El Mundo (España) “Una periodista argentina pide asilo político en España”, 13 de abril de 2003, www.elmundo.es.

[6] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 28 de febrero de 2003, en: www.cpj.org, y  Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 26 de febrero de 2003, www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm.

[7] Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), 26 de febrero de 2003, citado en International Freedom of Expression Exchange (IFEX), el 28 de febrero de 2003, www.ifex.org, el 28 de febrero de 2003; El Clarín (Argentina), “ Agresión policial contra dos periodistas de TV”, 26 de febrero de 2003, www.clarin.com.ar, de 2003 y; Reporteros Sin Fronteras (RSF), 27 de febrero de 2003, www.rsf.org.

[8] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 7 de marzo de 2003 en: www.portal-pfc.org; , Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), 6 de Marzo de 2003, www.utpba.com.ar;  Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS),, 10 de marzo, www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm.

[9] International Freedom of Expression Exchange, IFEX, www.ifex.org; Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 28 marzo 2003, en: www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm.; Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires, 27 de marzo, en: www.utpba.com.ar.

[10] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 22 de abril de 2003, www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 11 de junio de 2003  en: www.cpj.org.

[11] Reporteros Sin Fronteras (RSF), 15 de mayo 2003, www.rsf.org; Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 14 de mayo, en: www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm.

[12] Argenpress, 13 de agosto 2003, en: www.argenpress.info;  y Periodistas Frente a la Corrupción, 15 de agosto 2003, en: www.portal-pfc.org

[13] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 12 y 19 de agosto de 2003, www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm.

[14] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 5 de diciembre de 2003, www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm.

[15] La Capital, 7 de marzo de 2003, www.diariolacapital.com.

[16] Fútbol argentino, 28 de mayo 2003, en: www.futbolargentino.com.ar

[17] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS); 29 de mayo en: www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm; SIP, 28 de mayo; en: www.sipiapa.org; La Nación (Argentina), “Inquietud de la prensa internacional por el allanamiento”, www.lanacion.com.ar, 05 de junio de 2003, www.lanacion.com.ar.

[18] La Nación (Argentina), “Diputados aprobó el acceso a la información”, 9 de mayo de 2003, en: www.lanacion.com.ar; Clarín (Argentina), Contra la cultura del secreto de Estado”, 19 de mayo de 2003, en: www.clarin.com.

[19] El Clarín (Argentina); “Apoyan medida de Kirchner”, en www.clarin.com.ar, 21 de octubre de 2003.

[20] El Clarín (Argentina); “Kirchner firma un decreto para crear transparencia y controlar lobbies”, 20 de octubre de 2003, en www.clarin.com.ar.

[21] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 9 de enero de 2003, en http://www.portal-pfc.org/perseguidos/2003/002.html; Río Negro, (Argentina), “La SIP  ya prepara un documento de adhesión a la presentación”, 24 de enero del 2003, en www.rionegro.com.ar.

[22] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 14 de marzo de 2003, en www.cpj.org. e International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 17 de marzo de 2003, en www.ifex.org.

[23] Periodistas Frente a la Corrupción, 23 de enero, en www.portal-pfc.org,  - El Deber (Bolivia) “Lupe Cajías pide a Policía informe sobre agresiones a periodistas”, 12 de febrero 2003  en: http://www.buscabo.net

[24] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 14 de febrero 2003, en www.ifex.org.

[25] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 17 febrero 2003, en www.ifex.org.

[26] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 24 de septiembre 03 en: www.ipys.org.

[27] Comunicado de Prensa del Relator Especial para la Libertad de Expresión 93/03 en: http://www. cidh.org/Relatoria/Spanish/Compren2003/ComPren9303.htm

[28] AMARC, 16 de octubre de 2003.

[29] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 17 de octubre del 2003de 2003 en www.cpj.org.

[30] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 3 de julio de 2003; en www.ifex.org; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 3 de julio de 2003 en: www.sipiapa.org; e International Freedom of Expression Exchange (IFEX) 8 de julio, en www.ifex.org.

[31] Comunicado de Prensa del Relator Especial para la Libertad de Expresión 82/03 en http://www.cidh.org/ Relatoria/English/PressRel03/PRelease8203.htm

[32] Jornal do Commercio do Rio de Janeiro (Brasil), “Desembargador denunciado como mandante de crime”, 21 de Octubre, 2003, en:  www.jornaldocommercio.com.br; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), informes por país, octubre de 2003, en www.sipiapa.org.

[33] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 24 de julio de 2003, en www.portal-pfc.org; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en www.cpj.org.

[34] Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 5 de septiembre, en www.sipiapa.com; Reporteros Sin Fronteras, 4 de septiembre, en www.rsf.org y decisión de Apelación Criminal número 2000.050.05015 de la Segunda Cámara Criminal del Estado de Río de Janeiro.

[35] La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente, (PERIODISTAS), 19 de septiembre de 2003, en: www.asociacionperiodistas.org/asociacion/asocia.htm.

[36] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 18 de septiembre 2003, www.ifex.org y Sociedad Interamericana de Prensa, Informe de octubre 2003, www.sipiapa.com.

[37] Diario ABC, (Paraguay) Ordenan al Ejército brasileño informar sobre desaparecidos” 24 de julio de 2003”.

[38] Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), 24 de junio, en www.cjfe.org.

[39] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 11 de septiembre de 2003; en www.portal-pfc.org; La Nación, "Dos veces este año el ministro de la Suprema ha agredido a periodistas: Los golpes de Kokisch”, 7 de septiembre de 2003, www.lanacion.cl.

[40] Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), 14 de enero de 2003, en www.ipys.org

[41] Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), 30 de mayo de 2003, en www.ipys.org

[42] Comité Para la Protección de Periodistas (CPJ), 29 de Julio de 2003 en: www.cpj.org; Human Rights Watch, 25 de julio de 2003; Reporteros Sin Fronteras (RSF), 31 de julio de 2003, www.rsf.org; Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 2 de octubre de 2003, www.portal-pfc.org; Comité Pro-Defensa Ciudadana, 1 de octubre de 2003.

[43] Comunicado de Prensa  del Relator Especial para la Libertad de Expresión 87/03 en: http://www.cidh.org/ Relatoria/Spanish/Compren2003/ComPren8703.htm

[44] Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), 24 de abril de 2003 en www.ipys.org.  Para más información sobre este tema véase el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de 2002, OEA/ser.l/V/II.117 Doc.5 rev.1 7 de marzo 2003, capítulo II, parr. 55.

[45] Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), 3 de febrero de 2003 y  3 de abril de 2003 en: www.ipys.org; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 6 de febrero de 2003, www.cpj.org. Para más información sobre este tema véase el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de 2002, OEA/ser.l/V/II.117 Doc.5 rev.1 7 de marzo 2003, capítulo II, parr. 53.

[46] "Rechazan procesamiento contra periodistas de La Nación", El Mostrador, 7 de octubre de 2003 en: www.elmostrador.cl; Luis Narváez, "Jueza desestima injurias contra Salas, pero procesa al director y periodista", La Nación, 7 de octubre de 2003, en: www.lanacion.cl; "Colegio de periodistas solidariza con profesionales de la Nación", El Mostrador, 8 de octubre de 2003 en: www.elmostrador.cl; "Colegio de periodistas solidariza con la Nación", La Nación, 8 de octubre de 2003 en: www.lanacion.cl.

[47] Comunicados del Relator Especial para la Libertad de Expresión PREN 71/03 y PREN 73/03, en: http://www.cidh.org/Relatoria/Spanish/Compren2003/IndexComPren03.htm.

[48]Comunicado del Relator Especial para la Libertad de Expresión 71/03 www.cidh.org/Relatoria/ Spanish/Compren2003/ComPren7103.htm; Reporteros Sin Fronteros (RSF), 18 de  marzo, en www.rsf.org, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 18 de marzo, en: http://www.flip.org.co ; e Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); 18 de marzo en http://www.ipys.org; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 18 de marzo del 2003de 2003, en: www.cpj.org; El Tiempo (Colombia) “Asesinado el corresponsal de El Tiempo en Arauca”, 18 de marzo en: http://eltiempo.terra.com.co. Centro de Análisis de Información de ASDEH, 18 marzo 2003, cfr. http://www.asdeh.org/cadi.htm.

[49] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) , 2 de agosto, en: www.portal-pfc.org y Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), octubre 2003 en www.sipiapa.org.

[50] Centro de Análisis de Información de ASDEH, 8 abril 2003, cfr. http://www.asdeh.org/cadi.htm; El Tiempo; “Muerto Periodista en Barrancabermeja”, 8 de abril en: http://eltiempo.terra.com.co/, PFC, 10 de abril, en www.portal-pfc.org.

[51] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 17 de julio del 2003de 2003, en: http://www.flip.org.co.

[52] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 11 de julio de 2003, en: http://www.portal-pfc.org.

[53] Agencia de Noticias EFE, 24 de septiembre, en: http://www.efe.com; International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 17 de julio 2003, en: www.ifex.org

[54] Periodistas frente a la Corrupción (PFC), 18 de septiembre de 2003 en: www.portal-pfc.org.

[55] El País, 29 de abril 2003; comunicado del Relator Especial para la Libertad de Expresión 76/03, www.cidh.org/Relatoria/spanishCompren2003/Compren7603.htm; Oficina de Derechos Humanos del Periodista citado en International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 13 de mayo 2003 en www.ifex.org.

[56] El País, 29 de abril 2003.

[57] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 30 de abril 2003 en: http://www.flip.org.co y comunicado del Relator Especial para la Libertad de Expresión 76/03, www.cidh.org/Relatoria/spanishCompren2003/Compren7603.htm

[58] Comité para la Protección de Periodistas, (CPJ), 1 de mayo de 2003 en: www.cpj.org

[59] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 22 de enero, en: www.ipys.org.

[60] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 27 de enero 2003 en www.ipys.org; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 23 y 24 de enero en www.cpj.org

[61] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 24 de enero 2003 y 28 de enero de 2003, www.flip.org.co, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), 28 de enero 2003 en: www.ipys.org.

[62] El Espectador, “ELN Libera Periodistas Extranjeros”, en: http://www.elespectador.com/2003/20030202/; 2 de febrero 2003, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 23 de enero, 2003, http://www.cpj.org.

[63] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 28 de enero 2003, www.ipys.org y Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 28 enero 2003 en: www.flip.org.co; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 29 de enero en: www.cpj.org.

[64] Centro de Análisis de Información (CADI) de ASDEH, 13 marzo 2003, en  http://www.asdeh.org/cadi.htm; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 18 de marzo de 2003.

[65] Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), informe de octubre 2003, en:  http://www.sipiapa.com.

[66] Sociedad Interamericana de Prensa  (SIP), informe de octubre 2003 en: http://www.sipiapa.com, Reporteros Sin Fronteras (RSF), 31 de marzo; Nuevo Herald (Estados Unidos), “Amenazan de muerte a periodistas en Arauca” 30 de marzo de 2003.

[67] Centro de Análisis de Información (CADI), 29 de marzo de 2003, www.asdeh.org/cadi

[68] El Tiempo (Colombia), 20 de marzo de 2003, www.eltiempo.com/hoy.

[69] Centro de Análisis de Información (CADI), 6 de mayo 2003; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 12 de mayo en: www.cpj.org; “El Tiempo (Colombia), Nuevos ataques a periodistas en Neiva y Villavicencio”, www.eltiempo.terra.com.bo, 7 de mayo; El Espectador (Colombia), “Periodista sale ileso de atentado en Villavicencio”, 7 de mayo, www.elespectador.com; Reporteros Sin Fronteras (RSF), 9 de mayo 2003 en: www.rsf.org

[70] “El Tiempo (Colombia), Nuevos ataques a periodistas en Neiva y Villavicencio”, www.eltiempo.terra.com.bo, 7 de mayo de 2003.

[71] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 12 de mayo de 2003 en: www.cpj.org.

[72] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 21 de mayo de 2003 , www.ifex.org.

[73] EL TIEMPO (Colombia), Suroccidente sin TV pública, 25 de septiembre de 2003 en: http://tiempo.terra.com.co e  Instituto Prensa y Sociedad  (IPYS), 25 de septiembre de 2003 en: www.ipys.org.

[74] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 30 de octubre en: www.ipys.org.

[75] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 28 octubre de 2003 en: www.flip.org.co, e International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 29 de octubre de 2003 en: www.ifex.org

[76] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 30 octubre 2003, en : www.flip.go.co; El Heraldo (Colombia) Debate en Congreso por amenazas a periodistas”  30 de octubre e Instituto Prensa y Sociedad ( IPYS), 30 de octubre en: www.ipys.org

[77] Radio Caracol (Colombia), “Periodista amenazada abandona Barrancabermeja”, 4 de diciembre de 2003, www.radiocaracol.com.

[78] La Nación de Costa Rica en www.nacion.com y Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)en: www.sipiapa.org.

[79] La Nación (Costa Rica) “Padre Mínor y Empresario  presos por crimen de Parmenio”, 28 de diciembre de 2003 en: www.nacion.com.

[80] La  Nación (Costa Rica) “Seis meses de cárcel a Padre Mínor y a empresario”, 29 de diciembre de 2003 en: www.nacion.com

[81] Voto 2003-03489 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

[82] Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), informe de octubre de 2003, en: www.sipiapa.org.

[83] Los Amigos de las Bibliotecas Cubanas  en: www.friendsofcubanlibraries.org;  y Reporteros Sin Fronteras (RSF), 7 abril 2003 en: www.rsf.org.

[84] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 6 de junio de 2003, en: www.ifex.org.

[85] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 19 de marzo de 2003, en: www.cpj.org.

[86] Reporteros sin Fronteras (RSF), 19 marzo 2003 en: www.rsf.org; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 19 marzo 2003 en: www.sipiapa.org.

[87] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 2 de abril de 2003 en: www.cpj.org.

[88] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 9 de abril 2003, en www.cpj.org.

[89] Comunicado del Relator Especial para la Libertad de Expresión, 72/03, http://www.cidh.oas.org/Relatoria/Spanish /Compren2003/ComPren7203.htm.

[90] Comunicado del Relator Especial para la Libertad de Expresión, 74/03, http://www.cidh.oas.org/Relatoria/Spanish /Compren2003/ComPren7403.htm.

[91] Comunicado del Relator Especial para la Libertad de Expresión, 77/03 http://www.cidh.oas.org/Relatoria/Spanish /Compren2003/ComPren7703.htm.

[92] Reporteros  Sin Fronteras (RSF),  8 de agosto 2003 en: www.rsf.org.

[93] Reporteros Sin Fronteras (RSF), 26 de abril 2003 en:www.rsf.org; International Freedom of Expression Exchange (IFEX ) 4 de septiembre 2003 en: www.ifex.org.

[94] Reporteros Sin Fronteras (RSF), 3 de septiembre 2003 en: www.rsf.org, International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 3 de septiembre de 2003 en: www.ifex.org;  Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 3 de septiembre de 2003 en: www.cpj.org.

[95] Reporteros Sin Fronteras (RSF), 25 de agosto de 2003en: www.rsf.org.

[96] La Nación (Argentina), 13 febrero 2003 .

[97] Periodistas  Frente a la Corrupción (PFC) en: www.portal-pfc.org y Noticiero Cubanet, 3 de marzo

[98] Reporteros Sin Fronteras (RSF), 4 de mayo de 2003 en: www.rsf.org

[99] Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 30 de octubre 2003 y Montero, Rosa, “De Cuba” en El País (España) www.elpais.es, 9 de diciembre de 2003.

[100] Reporteros Sin Fronteras (RSF), 31 octubre de 2003 en: www.rsf.org.

[101] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 18 de noviembre de 2003 en:www.cpj.org

[102] Hoy “Cedhu denuncia intimidación a periodistas y académicos” , 25 de septiembre de 2003 en:  www.hoy.com.ec ;  e International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 24 de septiembre 2003  en:www.ifex.org.

[103] Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), 23 de septiembre de 2003.

[104] Hoy, “Articulista se defiende de querella plantead por LFC” 9 de septiembre de 2003 en: www.hoy.com.ec;  Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 22  de septiembre de 2003 en: www.ipys.org; El Universo, 8 y 9 de octubre de 2003.

[105] Hoy,  “No hay un canal abierto con la Presidencia”, 27 enero de 2003.

[106] Expreso, 30 enero de 2003.

[107] Christopher Marquis, “Name Sources, Judge Orders Five Reporters,” New York Times, 15 de octubre de 2003; Reporteros Sin Fronteras (RSF)16 de octubre de 2003, www.rsf.org

[108] Por un análisis de North Jersey Media Group, Inc. c. Ashcroft y Detroit Free Press c. Ashcroft, véase el Informe Anual de 2002 de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, capítulo II, párr. 128.

[109] Reporters Committee for Freedom of the Press, Homefront Confidential, Fourth edition, septiembre de 2003, disponible en http://www.rcfp.org/homefrontconfidential

[110] Por un análisis del caso National Security Studies c. Departamento de Justicia, véase el Informe Anual de 2002 de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, capítulo II, párr. 127. en: OEA/ser.l/V/II.117 Doc.5 rev.1 7 de marzo 2003.

[111] Reporters Committee for Freedom of the Press, Homefront Confidential, Fourth edition, septiembre de 2003, disponible en http://www.rcfp.org/homefrontconfidential ; Linda Greenhouse, “Justices Face Decision on Accepting 9/11 Cases, New York Times, 3 de noviembre de 2003.

[112] FCC News, 2 de junio de 2003.

[113] Reporters Committee for Freedom of the Press, 5 de septiembre de 2003; Capitol Broadcasting Company, 5 de septiembre de 2003.

[114] Capitol Broadcasting Company, 27 de octubre de 2003.

[115] “The politics of big media”, The Economist, 13 de septiembre de 2003; William Safire, “The Senate Says No.” New York Times, 17 de septiembre de 2003.

[116] Eric Pianin y Marc Kaufman, “Lawmakers Defy Bush on Media Rules, Washington Post, 20 de noviembre de 2003.

[117] Dan Morgan, “House Passes $328 Billion Spending Bill”, Washington Post, 9 de diciembre de 2003.

[118] “Curtains Ordered for Media Coverage of Returning Coffins”, Washington Post, 21 de octubre de 2003; El País (España), “EEUU oculta a sus soldados muertos”, 29 de octubre de 2003.

[119] Reporteros sin Fronteras (RSF), 10 y 14 de octubre de 2003,  www.rsf.org

[120] Benjamin Weiser, “Lawyers Seek Damages form Giuliani in Parade Case”, New York Times, 12 de agosto de 2003.

[121] Benjamin Weiser, “Judge Criticizes Police Methods of Questioning War Protesters,” New York Times, 8 de agosto de 2003.

[122] Leslie Eaton, “A Flashback to the 60s for an Antiwar Protester”, New York Times, 27 de abril de 2003; Eunice Moscoso, “Suit claims Secret Service violates protesters’rights”, Atlanta Journal-Constitution, 24 de septiembre de 2003; Henry Eichel, “Speech Zone Case Pulls Eyes To South Carolina”, Charlotte Observer, 31 de agosto de 2003.

[123] Henry Eichel, “Speech Zone Case Pulls Eyes To South Carolina”, Charlotte Observer, 31 de agosto de 2003; All Things Considered, National Public Radio, 25 de julio de 2003, transcripción disponible en http://www.scpronet. com/nprtranscript.html ; “Congressmen ask Ashcroft to drop Bursey prosecution,” Associated Press, publicado el 27 de mayo de 2003 en http://www.thestate.com/mld/thestate/news/local/5955253.htm

[124] Editorial, “The Presidential Bubble,” New York Times, 25 de septiembre de 2003; www.aclu.org ; Eunice Moscoso, “Suit claims Secret Service violates protester’s rights”, Atlanta Journal-Constitution, 24 de septiembre de 2003.

[125] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en: www.cpj.org; Reporteros sin Fronteras (RSF) en: www.rsf.org; Human Rights Watch, Diciembre de 2003, http://hrw.org/reports/2003/usa1203

[126] Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 08-03 http://www.cidh.org/ Comunicados/Spanish/2003/8.03.htm

[127]Comunicado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión PREN/94/03, http://www.cidh.org/Relatoria/ Spanish/Compren2003/IndexComPren03.htm

[128] Diario Prensa Libre (Guatemala). Publicaciones de los días 27, 28, 29 y 30 de octubre, 2003;Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 28 de octubre en www.cpj.org; y Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 27 y 28 de octubre, 2003.

[129] Comunicado del Relator Especial para la Libertad de Expresión, PREN/83/03 http://www.cidh.org/Relatoria/ Spanish/ Compren2003/ComPren8303.htm

[130] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 3 de marzo de 2003  en: www.portal-pfc.org; y Cerigua 21 de agosto 2003.

[131] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la administración de justicia y el estado de derecho en Guatemala.

[132] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 11 junio 2003  y 21 de agosto  de 2003.

[133] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 21 junio 2003 y 14 de julio de 2003. Informe del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala a la CIDH, octubre 2003.

[134] Prensa Libre (Guatemala), “Repudian ataque a periodista Rubén Zamora”, 25 de junio de 2003 en: www.prensalibre.com, Centro de Reportes Informativos de Guatemala, 24 de junio 2003; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 24 de junio de 2003 en: www.sipiapa.com;  Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, SEDEM, 25 de junio de 2003; Reporteros sin Fronteras (RSF), 25 de junio de 2003;  Siglo XXI, “Zamora denuncia que persisten amenazas”, 27 de junio de 2003 en: www.sigloxxi.com; BBC News, 28 de junio de 2003, www.news.bbc.co.uk.

[135] Siglo XXI (Guatemala), “Zamora denuncia que persisten amenazas” en: www.sigloxxi.com, 27 de junio de 2003, Prensa Libre, “Persiste Intimidación” 27 de junio de 2003, en: www.prensalibre.com.gt; El Periódico, 27 de junio de 2003, en www.elperiodico.com.gt;

[136]  Reporte Guatemala Hoy, 28 de junio 2003.

[137] Ver Comunicado de Prensa del Relator Especial para la Libertad de Expresión PREN/83/03. www.cidh.org/ Relatoria/Spanish/Compren2003/ComPren8303.htm

[138] Prensa Libre (Guatemala), 27 de junio de 2003 www.prensalibre.com; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 8 de julio de 2003 en: www.cpj.org.

[139] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 21 de agosto 2003 y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 8 de julio de 2003 en: www.cpj.org

[140] Centro de Reportes Informativos de (Cerigua), 30 junio de 2003 y Prensa Libre (Guatemala), 2 de julio 2003 en: www.prensalibre.com.gt

[141] Alianza contra la Impunidad, 2 de julio, 2003.

[142] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 21 de agosto 2003.

[143] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 8 de julio de 2003 en: www.cpj.org

[144] Idem.

[145] Reuters, en Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 9 de julio de 2003 en: www.portal-pfc.org; Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 21 de agosto 2003 e Informe del Procurador de Derechos Humanos a la CIDH, octubre 2003.

[146] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), Informe sobre Administración de Justicia y Estado de Derechos en Guatemala; Prensa Libre (Guatemala) ,12 de julio de 2003 , www.prensalibre.com.gt y Siglo XXI (Guatemala), 12 de julio de 2003, www.sigloxxi.com.gt ; Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 21 de agosto 2003; Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) , 14 de julio de 2003.

[147] Prensa Libre (Guatemala), “Jueves Negro: turbas del FRG causan terror en la capital”; 25 de julio de 2003, www.prensalibre.com.gt.

[148] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 24 de julio de 2003 en: www.cpj.org

[149] Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 18/03 http://www.cidh. org/Comunicados/Spanish/2003/18.03.htm.

[150] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 1 de agosto y Prensa Libre “Director de Guatevisión denuncia amenazas”, 1 de agosto, 2003, www.prensalibre.com).

[151] Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), Informe sobre la administración de justicia y el estado de derecho en Guatemala.

[152] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), (18 de Agosto de 2003).

[153] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 31 de julio de 2003, en: www.portal-pfc.org

[154] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 15 de Agosto de 2003.

[155] Reporte Guatemala Hoy, Prensa libre, 30 de octubre 2003.

[156] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 9 de noviembre 2003.

[157] Siglo XXI, (Guatemala), 20 de enero 2003 en: www.sigloxxi.com

[158] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 22 enero 2003

[159] Guatemala Hoy, 22 enero 2003.

[160] Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), 11 abril 2003;Informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre de 2003.

[161] Informe sobre administración de justicia y estado de derecho en Guatemala.

[162] Cfr. “Informe sobre el Estado de la Libertad de Pensamiento y Expresión en Haití”, en: http://www.cidh. org/Relatoria/Spanish/InfPaises/Haiti/indice.htm

[163] Cfr. Comunicados del Relator Especial para la Libertad de Expresión PREN/69/03 y PREN/95/03 en: http://www. cidh.org/Relatoria/Spanish/Compren2003/IndexComPren03.htm

[164] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 18 febrero 2003  en: www.portal-pfc.org y Hoy (República Dominicana) http://www.hoy.com.do

[165] Sociedad  Interamericana de Prensa (SIP), 24 de marzo de 2003, www.sipiapa.com.

[166] Sociedad Interamericana de  Prensa (SIP), 24 de marzo 2003, www.sipiapa.com.

[167] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 27 de febrero 2003  en: www.ifex.org y Radio Métropole (Haití), “La journaliste Nancy Roc gravement menacée par des individus armés », 9 de diciembre de 2003 en: http://www.metropolehaiti.com/metropole/frameset.html

[168] Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 24 de marzo de 2003 en: www.sipiapa.com

[169] Reporteros Sin Fronteras (RSF), 20 febrero 2003 en: www.rsf.org

[170] National Coalition on Haïtian Rights (NCHR), informe de marzo-abril de 2003

[171] International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 2 de septiembre de 2003 en: www.ifex.org  y Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 14 de octubre 2003 , en www.sipiapa.com

[172] Knight  Center for Journalism in the Americas y Association de Journalistes Haïtiens (AJH) 29 de Agosto de 2003

[173] Radio Métropole, 29 de septiembre 2003

[174] Alter Presse , 28 octobre 2003.

[175] Idem.

[176] Comité para la Protección de Periodistas  (CPJ), 30 de octubre de 2003 en: www.cpj.org; Reporteros Sin Fronteras (RSF), 30 de octubre de 2003 en:www.rsf.org.

[177] Association de Journalistes Haïtiens (AJH).

[178] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 25 marzo de 2003.

[179] Agencia AFP, “Nouvelle instruction pour l'assassinat en 2000 du journaliste Jean Dominique” 4 de agosto de 2003.

[180]  Haïti Press Network (HPN), 5 de agosto de 2003.

[181] Radio Métropole, 24 de septiembre de 2003.

[182] Comunicado de la Relatoría para la Libertad de Expresión, PREN 91/03, http://www.cidh.oas.org/ Relatoria/Spanish/Compren2003/ComPren9103.htm

[183] Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 27 de noviembre de 2003 y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 24 de febrero de 2003 en www.cpj.org

[184] El artículo 345 del Código Penal establece:  Se sancionará con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años a quien amenace, calumnie, injurie, insulte o de cualquier otro modo ofenda en su dignidad a una autoridad publica con ocasión del ejercicio de sus funciones, ya de hecho, de palabra o por escrito.Si el ofendido fuere el Presidente de la Republica o alguno de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 325[184] de este Código, la reclusión será de dos (2) a cinco (5) años.

[185] Título III del Código Penal de Honduras

[186] Periodistas frente a la Corrupción (PFC), 15 de agosto de 2003 en www.portal-pfc.org

[187] Periodistas frente a la Corrupción (PFC), 25 de septiembre de 2003 en: www.portal-pfc.org

[188] Periodistas frente a la Corrupción (PFC), 11 de Agosto de 2003 en: www.portal-pfc.org

[189] Periodistas frente a la Corrupción (PFC), 15 de Agosto de 2003 en: www.portal-pfc.org

[190] Periodistas frente a la Corrupción (PFC), 27 de octubre de 2003, en: www.portal-pfc.org; La Prensa (Honduras), “Buscan eliminar censura”, 25 de octubre de 2003 en: www.laprensahn.com; Tiempo Digital (Honduras), 25 de octubre de 2003 en:www.tiempo.hn; El Heraldo (Honduras) “Fiscalía pide anular ley que impone censura a periodistas” , 25 de octubre de 2003 en: www.elheraldo.hn

[191] Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 6 de noviembre de 2003.

[192] Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Primer informe trimestral sobre situación de la libertad de expresión y derecho a la información en Honduras, 2003.

[193] The Jamaica Observer, 15 de julio de 2003, en: www.jamaicaobserver.com ; Caribean Media Network, 14 de julio de 2003; International Press Institute (IPI):  2001 World Press Freedom Review y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 1996; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), informe de octubre de 2003, en: www.sipiapa.com

[194] The Jamaica Observer, 1 de junio de 2003, en: www.jamaicaobserver.com; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), octubre 2003 en www.sipiapa.com.

[195] International Press Institute:  2002 World Press Freedom Review ,  Article 19, 13 de septiembre de 2003 en: www.article19.org, y The Jamaica Observer, 13 de septiembre de 2003, en: www.jamaicaobserver.com, David Banisar, the Global Survey, “Freedom of Information and Access to Government Record Laws around the world”, 28 de septiembre de  2003 en:. www.freedominfo.org/survey/survey 2003.pdf.

[196] Jamaica Gleaner ,  4 de octubre de 2003, www.jamaica-gleaner.com.

 

 
[http://www.cidh.org/images/Piepagina.htm]

 

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