31 de mayo de 2002

 Organización de Estados Americanos   

Consejo Permanente de la Organización

Washington, D.C.

 Attn: Embajadora Margarita Escobar

Análisis del Informe “Situación Actual en Venezuela” presentado por el Gobierno Venezolano al Consejo Permanente el 28 de mayo de 2002.

Sirva la presente para extenderle una vez más un saludo en nombre de nuestra organización.

 En días pasados y en virtud de que la Resolución emitida por la Asamblea General el día 18 de abril de 2002 sobre la crisis democrática venezolana encomendaba a este Consejo presentar un informe global sobre la situación en Venezuela para el período ordinario de sesiones, el 17 de mayo de 2002 entregamos a usted un documento con nuestra posición y peticiones al respecto. En esta ocasión queremos referirnos al informe que la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela presentó para la consideración del Consejo Permanente de la OEA el día 28 de mayo y que aparece publicado en la pagina WEB de la Organización.

Dicho informe, como bien dice “...presenta las consideraciones que tiene el Gobierno de Venezuela...” que en nuestra opinión son sesgadas y parciales y por lo tanto queremos someter con la del Consejo Permanente y de la Asamblea General algunas consideraciones sobre el informe el cual no refleja la exactitud de los hechos:

 Sobre el orden constitucional.

 Lo ocurrido el 11 de abril y que el informe califica como golpe de estado, para algunos no fue mas que un repudio popular a una gestión de Gobierno, seguido por un acto de desobediencia militar que provocó un intento de rompimiento del orden constitucional, cuyas causas profundas aun no han desaparecido, como lo pudieron comprobar el Secretario General y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quedo reflejado en sendos informes. El orden constitucional, sin embargo, venia siendo vulnerado desde hace tiempo por el propio Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, como consta en nuestro primer informe y de allí nuestra solicitud de que una Comisión del Consejo Permanente verifique el cumplimiento por parte de Venezuela de la Carta Democrática Interamericana. 

Sobre la democracia participativa.

 El Informe de Venezuela, presentado el 28 de mayo, resalta el tema de la reconciliación nacional y la necesidad de la intensificación de la participación democrática en Venezuela, sin embargo el Presidente de la Republica antes y después de los sucesos de abril ha estimulado la creación de los denominados Círculos Bolivarianos, algunos de los cuales han sido acusados de promover la violencia contra periodistas, contra medios de comunicación, contra la Iglesia Católica e incluso de haber disparado contra la manifestación pacífica del 11 de abril, ocasionando la muerte a varias personas. Según las propias palabras del Presidente, estos Círculos son el fundamento de la organización política que apoya su régimen y son promovidos desde el Palacio de Miraflores, con recursos del Estado, constituyéndose en un claro ventajismo político y en una flagrante violación de la Constitución Nacional. Queremos hacer notar que en la Constitución Bolivariana el término “partidos políticos” no existe;  se habla únicamente de asociaciones con fines políticos y se prohíbe expresamente financiarlas con fondos del Estado, pero eso no ha sido óbice para impedir el financiamiento ilegal de los Círculos Bolivarianos.

 Con respecto al dialogo.

 Celebramos la intención de dialogo y de reconciliación manifestada por el Presidente de la república y saludamos la constitución de la Comisión para el Dialogo establecida por Decreto; pero, para nadie es un secreto que la confrontación política del Presidente durante estos tres años fue con algunos sectores muy representativos del país y que no están incluidos en esa Comisión. En efecto, en ese dialogo no están incluidos ni la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ni la Confederación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (FEDECAMARAS), ni los Partidos Políticos, ni la Iglesia Católica y es de hacer notar que los representantes de los Medios de Comunicación que habían sido invitados optaron por retirarse al continuar los ataques del Presidente de la República, en el seno de la propia Comisión, en contra de los medios de Comunicación Social. No entendemos cómo se puede dar un dialogo de reconciliación nacional sin la presencia en él de algunos de los actores más importantes, que fueron además protagonistas claves de los sucesos de abril. Debido a esta exclusión, otras personas se han retirado de dicha Comisión, quedando en ella algunos ciudadanos muy respetables, pero que no se puede decir que representen a todos los sectores del país que deberían formar parte de un evento tan importante y parece por tanto que crear una comisión “intuito persona”, como dice el informe, no es más que un recurso para salvar las apariencias. Esa situación ya había sido señalada en el informe del Secretario General: “... la mesa de diálogo anunciada no refleja una actitud de inclusión de todos los sectores sociales y políticos.”

 Sobre la actuación de algunos Órganos del Estado.

 Coincidimos con el Informe en que “Los días 11, 12 y 13 de abril fueron trágicos. Ocurrieron muertes y graves atentados contra la propiedad privada. La angustia y el desasosiego invadieron los hogares venezolanos.” Por esa misma razón nos preocupa que después de casi dos meses de lo ocurrido es muy poco lo que se ha investigado o aclarado acerca de lo ocurrido por parte de los organismos competentes y lo que es más grave, desconfiamos en la imparcialidad del Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Supremo de Justicia para hacerlo. Los  representantes de estos organismos fueron designados de acuerdo con un régimen transitorio, derivado del proceso constituyente, sin cumplirse lo establecido por la propia Constitución y está por tanto pendiente su proceso de relegitimación en estricto apego a las normas constitucionales. Esta situación anormal del régimen transitorio y el cuestionamiento en Venezuela al denominado Poder Ciudadano y al Tribunal Supremo, esta claramente reflejado en los informes del Secretario General y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 Sobre la investigación de la Asamblea Nacional.

 En efecto,  la Asamblea Nacional integro una Comisión plural, presidida por un representante de la oposición; sin embargo, en dicha Comisión, que se califica así misma como Comisión Política, cuenta con mayoría la fracción parlamentaria partidaria del Gobierno y de todas maneras trascendió a la prensa el día de hoy, 30 de mayo, por intermedio del diputado Calixto Ortega, importante vocero del partido de Gobierno, que el informe será elaborado por “… una subcomisión especial nombrada por la Comisión Política que investiga las responsabilidades políticas de los sucesos de abril...” y que es probable que de no estar listo el informe para la fecha prevista, 15 de junio, se solicite “... una prorroga a fin de poder hilvanar bien todas las ideas, acorde con la realidad de los hechos que se sucedieron”. Como refleja el Informe de Venezuela al que nos estamos refiriendo, se ha hablado en la Asamblea de nombrar una Comisión de la Verdad y de aprobar una Ley “Ley sobre la Comisión de la Verdad”, no obstante eso aun no ha ocurrido y lo que si ha trascendido a la opinión pública es que ya se han hecho varias modificaciones al proyecto de Ley, que supuestamente había sido aprobado por unanimidad, debido a inconformidad con algunos puntos por parte del partido de Gobierno.

El apoyo de la OEA.

En cuanto a este punto señala el Informe de Venezuela, que el Gobierno Venezolano “Estaría inclinado a solicitar el apoyo específico del máximo organismo hemisférico, en caso de que este fuere necesario, para profundizar y perfeccionar la institucionalidad democrática en Venezuela.”, esperamos que así sea y esa fue precisamente nuestra solicitud en la carta que enviamos al Consejo Permanente hace apenas una semana; más conviene recordar que no fue esa la posición oficial del Gobierno Venezolano durante la Sesión Extraordinaria de la Asamblea el pasado 18 de abril, cuando se discutió la situación de Venezuela.

Lo que no dice el Informe del Gobierno de Venezuela.

Tanto el informe del Secretario General, presentado el 18 de abril de 2002, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado a conocer el 10 de mayo de este año, naturalmente deploran la interrupción del orden constitucional, pero contienen graves señalamientos sobre la situación política en Venezuela:

-          Dudas sobre la separación de poderes en Venezuela