Política para niños
Ana Maria Valeri
Miércoles, 11 de febrero de 2004
No es la primera vez, y de seguro no será la última que el gobierno del
presidente Chávez atente y viole descaradamente los derechos de nuestros
niños. Más que estupor, indignación me causó el observar la manera como
una niña de apenas cinco años recitaba un formato aprendido para elogiar
la obra del comandante, y me estremeció la rabia con que se refería
sobre quienes le adversan. Basta con ver la ira que se desprendía de sus
pequeños ojos, para corroborar que el gobierno no escatima en nada, ni
siquiera en consideración a los inocentes, para fijar su autoritarismo.
Desde el pasado año, una vez terminado el paro cívico, los hijos de los
trabajadores petroleros corrieron el riesgo de no poder terminar su año
escolar, habida cuenta que el régimen no les dejaría permanecer en las
instituciones educativas donde cursaban estudios por ser hijos de los
despedidos. Así, muchos de esos niños y adolescentes, a partir de
septiembre de 2003, quedaron sin cupo en las escuelas de los campos
petroleros en vista de que sus padres no estaban con ‘el proceso’. Buena
muestra de que a este gobierno solo le importa su permanencia en el
poder, cueste lo que cueste.
Los niños de la calle son otra representación más de que el actual
gobierno acabará con todo, menos con el hambre que arrecia para matarlos
lentamente.
La Ley Aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de enero de 1989, y
de la cual nuestro país fue firmante, establece en su artículo 36, “Los
Estados Partes protegerán al Niño contra todas las formas de explotación
que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.” De igual
manera, La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente fija
“un conjunto de medidas sancionatorias para quienes, estando obligado a
ello no garanticen, amenacen o violen sus derechos.” (Exposición de
motivos, VIII, Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, numeral
3) En la misma LOPNA, Titulo II, Capitulo II, el artículo 28 nos refiere
el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, y el artículo 35, el
Derecho a la Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión.
Estos son apenas algunos de los títulos que diariamente el gobierno
desconoce e infringe.
Nos preguntamos entonces ¿Qué dice a todo esto el Consejo Nacional de
los Derechos del Niño y del Adolescente? ¿Para qué existe el Instituto
Nacional del Menor? ¿Dónde está su presidenta? Porque se entiende que
estas instituciones han sido constituidas para velar por la protección
de todos los niños de Venezuela. Pero la realidad es otra. La realidad
descarnada nos recuerda lo que dijera el Benemérito Juan Vicente Gómez
en aquellos años de dictadura decimonónica: “La ley soy yo”. Prueba
indiscutible de que Chávez no solo conversa con el llanero Zamora sino
que dialoga con el andino en sus horas de insomnio.
La utilización de los niños con fines políticos es inaceptable desde
toda perspectiva. Ni el oficialismo ni la oposición deben saltar el
contenido de estos convenios, más por el daño que se le ocasiona a la
persona humana que por la simple violación de los mismos. Los padres no
debemos ni podemos admitir que nuestros hijos sean usados como un
instrumento para la contienda de bandos opuestos en una campaña política
donde debe privar la discusión de ideas y no la apropiación de personas,
especialmente cuando estas son las mas inocentes de la sociedad,
debiendo permanecer al margen de una querella engorrosa como lo es la
política. Lo que debe sostenerse y respaldarse, es el trabajo constante
para la formación de seres satisfactoriamente nutridos y formados para
el futuro feliz que serán capaces de tener. Esa es la única, razonable y
admisible política para niños.