Declaración sobre los derechos humanos y la democracia en Venezuela
Por Robert P. Jackson
Director de la Oficina para Promoción de Derechos Humanos y Democracia
Negociado de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

Conferencia Legislativa sobre Derechos Humanos
22 de abril de 2004

 

Señor(a) presidente, miembros de la conferencia legislativa. Gracias por la oportunidad de informar a la Conferencia Legislativa sobre Derechos Humanos acerca de la situación en Venezuela. Apreciamos su decisión de realizar esta sesión informativa ahora, cuando los ciudadanos de Venezuela continúan buscando una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral al atolladero político que ocurre en ese país. Quisiera hablar
sobre nuestras inquietudes con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, inclusive los acontecimientos que representan una amenaza al libre ejercicio de la expresión política y la libertad de prensa.

Me gustaría también describir brevemente nuestros esfuerzos para apoyar la resolución de conflictos y los procesos democráticos en ese país, y responder a las acusaciones erróneas realizadas contra esos programas, y contra los valientes hombres y mujeres que trabajan para promover los derechos humanos y la democracia en Venezuela y en todo el mundo.

Me reuní con funcionarios venezolanos y activistas de derechos humanos cuando viajé a Caracas en septiembre de 2002. Mi adjunto, Kent Brokenshire, se reunió con muchos de los mismos individuos cuando estuvo en Caracas el mes pasado.

Muchos de los problemas actuales de Venezuela son el resultado de debilidades e inequidades sistémicas de largo plazo y, en particular, un sistema judicial débil y politizado que contribuye a la impunidad, la corrupción y la violencia extrajudicial generalizadas. Sin embargo, bajo la administración del presidente Hugo Chávez, ha habido un deterioro grave de la situación de los derechos humanos en general.

Como se indicó en nuestro Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2003 en Venezuela, el historial de derechos humanos del gobierno ha sido y sigue siendo inadecuado. A las fuerzas de seguridad de Venezuela se las ha relacionado con el maltrato de presos, desapariciones forzadas y escuadrones de la muerte responsables de centenares de muertes extrajudiciales en al menos 11 estados. Es también de gran preocupación una militarización cada vez mayor de la administración pública, inclusive el uso de funcionarios militares leales en cargos políticos claves y como candidatos políticos, y la participación creciente e impropia de las fuerzas de seguridad pública en procesos políticos partidistas.

Las fuerzas de seguridad pública, en particular los elementos de la Guardia Nacional Venezolana y la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), utilizaron fuerza excesiva en las manifestaciones de finales de febrero y principios de marzo de 2004. La oposición informó de 11 muertes, 417 arrestos por motivos políticos y más de 1.700 heridos. Ha habido informes fidedignos -- ampliamente documentados en la carta del 9
de abril de la organización Human Rights Watch al presidente Chávez -- de la detención y tortura arbitrarias de detenidos políticos durante este período.


Se ha informado de amenazas de represalias contra testigos y víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La falta de imparcialidad e independencia en instituciones protectoras claves, inclusive la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, contribuye a la impunidad general y la falta de respeto al estado de derecho. También contribuye a ello un poder judicial débil en todos los niveles -- en el que 80 por ciento de los jueces son interinos, provisionales y están sujetos a presiones políticas, inclusive el despido por decisiones que van en contra del gobierno.

Causa también gran preocupación las crecientes amenazas e intimidación dirigidas por representantes y partidarios del gobierno contra defensores no gubernamentales de los derechos humanos. En varias declaraciones ásperas, el presidente Chávez y miembros de su gobierno han criticado -- entre otros -- a individuos defensores de los derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, la OIT,  grupos de trabajadores, la Iglesia Católica y a instituciones en pro de la democracia como la Fundación Nacional pro Democracia (NED). Esa retórica contribuye a la polarización social y política en Venezuela, sirve para intimidar a grupos
legítimos de derechos humanos y de ayuda humanitaria, y fomenta los ataques ilegales por parte de partidarios del gobierno contra miembros de la oposición, los medios de información y la sociedad civil. Se cree que por lo menos 12 asesinatos ocurridos en 2003 tuvieron una motivación política, inclusive el asesinato del trabajador de derechos humanos Joe Luis Castillo.

Al mismo tiempo hubo un grave deterioro de las libertades de prensa, inclusive un aumento en los ataques físicos contra los periodistas y las estaciones de televisión. El gobierno ha intimidado a los medios de prensa por medio de estrictas leyes contra la difamación (lo que incluye posibles condenas de prisión para los periodistas que muestren una "falta de respeto" a los funcionarios del gobierno o que permitan la publicación de
materiales que muestran a los funcionarios de manera "poco digna"); con propuestas para nueva legislación que, de ser aplicada, violaría las protecciones básicas para la prensa y la libertad de expresión y también por el mal uso, políticamente motivado, de las autoridades legales contra los medios de comunicación.

Nos preocupa el referéndum para la revocatoria. Compartimos los puntos de vista de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter relativos a la decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los numerosos formularios para la firma, que ha impedido a más de 800.000 ciudadanos venezolanos ejercitar sus derechos constitucionales.
Esa decisión plantea dudas en la mente de algunos observadores sobre la transparencia del proceso electoral en Venezuela.

También nos preocupa la dura retórica del gobierno de Venezuela, inclusive las frecuentes afirmaciones del presidente Chávez de que la oposición ha cometido un "megafraude" y de otros funcionarios venezolanos que califican a los firmantes como "traidores". Esa retórica es un intento preocupante de intimidar y controlar las instituciones nacionales electorales y a la ciudadanía venezolana. Hemos visto preocupantes informes sobre la
intimidación a los firmantes, inclusive presiones para retractarse y el despido documentado de empleados del sector público que firmaron la petición de revocatoria. Nos preocupa profundamente el impacto de esas medidas en los derechos y libertades básicas en Venezuela.

Hemos visto que continúan las discusiones sobre el proceso de revocatoria, con la atención en el proceso de reparos. Ese proceso permitirá a los ciudadanos venezolanos revalidar y reafirmar que firmaron la petición de revocatoria. La comunidad internacional espera que el CNE dirija un proceso de reparos creíble y viable, que les permita a los ciudadanos venezolanos expresar su voluntad libremente y que produzca un resultado
oportuno.

En diciembre de 2002 el consejo permanente de la OEA aprobó la Resolución 833, que pide al gobierno y a la oposición política de Venezuela hallar una "solución constitucional, democrática, pacífica y electoral" a la crisis. Esa resolución también pide al gobierno garantizar el respeto al libre ejercicio de los elementos básicos de la democracia y de los principios de la Carta Democrática Interamericana, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho y la libertad de expresión y
de prensa.

Estados Unidos apoya la Resolución 833 de la OEA. Seguiremos trabajando con nuestros socios hemisféricos e internacionales para lograr las metas establecidas en esa resolución. Urgimos a todos los ciudadanos de Venezuela a respetar el orden y el proceso democrático y a trabajar por medio de los conductos democráticos. Seguiremos trabajando por medio de organizaciones no partidistas en favor de la reconciliación y la
resolución de conflictos, para promover la democratización, la rendición de cuentas y la transparencia de todos los partidos políticos, inclusive aquellos que apoyan al presidente Chávez, y en favor y para la reforma de las instituciones democráticas de Venezuela.

Algunas de estas tareas han sido caracterizadas erróneamente como un ataque contra el gobierno de Chávez. Pero no lo es. Esos programas, como muchos otros programas de ayuda en todo el mundo, inclusive aquellos que financia mi propia oficina y que aplica la Fundación Nacional pro Democracia, están diseñados para fortalecer el proceso democrático y las instituciones democráticas, favorecer la mediación de conflictos y ayudar
al pueblo venezolano a resolver sus problemas e inquietudes sin violencia y dentro de los conductos constitucionales. Los miembros del partido MVR del presidente Chávez son participantes bien recibidos en estos programas.

Me gustaría terminar, destacando que el fomento de la democracia y la protección de los derechos humanos fundamentales son el elemento básico que define nuestra política exterior. Estados Unidos seguirá usando todas las herramientas bilaterales y multilaterales a su disposición para fortalecer la democracia e institucionalizar las reformas democráticas con
la meta de una Venezuela estable, próspera y pacífica, y de un Hemisferio Occidental igualmente estable, próspero y pacífico.

regreso a documentos            regreso a DDHH