REPORTE DE REPORTEROS SIN FRONTERAS SOBRE VENEZUELA 2003

Venezuela
Superficie: 910.050 km2.
Población: 25.226.000.
Idioma: español.
Naturaleza del Estado: república federal.
Jefe del Estado y del gobierno: Hugo Chávez Frías.

Los medios de comunicación continúan marcados por una fuerte polarización entre pro y anti-Chávez. Tras un comienzo del año marcado por numerosas agresiones de reporteros y nuevas amenazas, esgrimidas por el gobierno contra la prensa, la situación de la libertad de prensa se fue estabilizando poco a poco.

El año 2003 empezó mal para la libertad de prensa. La mayoría de las sesenta y cinco agresiones de periodistas censadas durante el año se produjeron durante la huelga general, convocada en diciembre de 2002 por la oposición, que finalizó en febrero de 2003. La huelga iba dirigida a forzar la dimisión del presidente Hugo Chávez. Las agresiones, que se produjeron durante algunas de las manifestaciones antigubernamentales que acompañaron a la huelga, iban dirigidas sobre todo a los reporteros de la prensa privada, y generalmente se imputaron a los partidarios del Presidente, descontentos con los ataques a Chávez de los grandes medios de comunicación. En efecto, éstos tomaron parte activa en la movilización, en ocasiones incluso con infracciones deontológicas. En ese clima, extremadamente polarizado, algunos periodistas de la prensa progubernamental, con un discurso igualmente radical, fueron a su vez agredidos por simpatizantes de la oposición.
Al final de la huelga se adoptaron algunas medidas administrativas y legislativas, como respuesta a los actos de violencia. Cuando estuvo claro que la huelga había fracasado, el gobierno multiplicó los ataques y las presiones contra la prensa: apertura de procedimientos administrativos contra cinco canales de televisión por "incitación a la rebelión", amenazas de sanciones fiscales, amenaza de instrumentalizar el control de cambios, adopción de una ley de "responsabilidad social" de los medios de comunicación... Entre otras cosas, ésta última establece sanciones para la difusión de mensajes que "promuevan, apologicen o inciten al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas". Las sanciones las establecerá una comisión, en la que el poder nombrará a ocho de los once miembros.
A fecha 1 de enero de 2004, la ley no había sido aprobada (todavía debía someterse a una votación, en segunda lectura), y no se habían llevado a la práctica las numerosas amenazas esgrimidas por el presidente Chávez, después de la huelga general. Durante el año 2003 la tensión fue decayendo poco a poco. Se produjeron algunos incidentes, dirigidos también contra medios de comunicación progubernamentales. Así, el local del canal comunitario Catia TV se cerró en julio, por orden del alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña (oposición), y el 1 de enero de 2004 todavía no se había reabierto, a pesar de las promesas de la alcaldía. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó algunas disposiciones del código penal que establecen actuaciones penales para los delitos de "desacato" a funcionarios, o a instituciones estatales. Varios medios de comunicación privados, críticos con el presidente Chávez, fueron el blanco de intentos de atentados. Los explosivos, de escasa potencia, se desactivaron a tiempo.

En el plano político, el gobierno y la oposición parecen haber salido del estancamiento. El desenlace sería la organización de referendums que, según la Constitución, permiten exigir a cualquier cargo electo que dimita, a mitad del mandato. La convocatoria de esas votaciones requiere que un 20% de los electores inscritos firmen una petición, exigiendo su celebración. Así pues, en noviembre y diciembre, gobierno y oposición se lanzaron a grandes campañas de recogida de firmas, con la esperanza de conseguir el cese de los elegidos en el campo adverso, incluido el del Presidente.
La falta de incidentes mayores contra la prensa, en esas recogidas de firmas, demuestra que existe una calma real. Antes de esas campañas de peticiones, la prensa pública y los medios privados llegaron incluso a comprometerse ante el Centro Carter, la fundación del ex presidente de Estados Unidos que ha jugado un papel de mediador entre el gobierno y la oposición, a dar una cobertura equilibrada del acontecimiento.
Después, las firmas recogidas las tiene que validar el Consejo Nacional Electoral (CNE), reconocido por ambas partes. Sin embargo, el anuncio anticipado de una victoria política, efectuado por los dos campos, quizá prefigura una nueva crisis política. Hugo Chávez ya ha acusado a la oposición de "fraude masivo". Teniendo en cuenta la fuerte polarización de los medios de comunicación, la libertad de prensa podría pasar entonces por una nueva crisis.

Encarcelado un colaborador de los medios de comunicación
El 23 de enero de 2003 fue detenido un técnico de las oficinas del canal de televisión Venevisión en Isla Margarita (Estado de Nueva Esparta), por haber interferido en la retransmisión de una "cadena" (expropiación de la antena de los medios audiovisuales) del presidente Chávez, durante 90 segundos. Igor Aránzazu explicó que un error de manipulación le llevó a emitir el sonido de una manifestación de la oposición sobre las imágenes de la alocución presidencial. Amenazado con cuatro años de cárcel por interrumpir el programa "con dolo", quedó en libertad un mes más tarde.

Detenido un periodista
El 22 de enero de 2003, Fernando Malvé, fotógrafo del diario 2001, fue detenido por el servicio de seguridad del palacio presidencial, por tomar fotos de la verja levantada delante del edificio. Estuvo encarcelado durante algunas horas, y le obligaron a cancelar las fotos en su cámara digital.

Al menos sesenta y dos periodistas agredidos
El 2 de enero de 2003, Elsy Barrios, del diario Impacto, fue insultada y atropellada mientras cubría la ocupación de un campo de pozos de petróleo, por partidarios del presidente Chávez, en Anaco (Estado de Anzoátegui, Noreste). La periodista se vio obligada a abandonar el lugar.
El 3 de enero, Sandra Blanco del canal de televisión CMT, y su equipo de reportajes, fueron agredidos mientras cubrían una manifestación de la coalición de la oposición Coordinadora Democrática, en Caracas. Unos partidarios de Hugo Chávez les tiraron piedras, obligando a los periodistas a retirarse.
El 3 de enero, Carla Angola, del canal Globovisión, fue agredida e insultada ante las cámaras, cuando entrevista a unos partidarios del presidente Chávez que se manifestaban en Caracas. El mismo día, Jorge Labrador, del canal Televén, fue agredido por otros simpatizantes del Presidente, que le insultaron y le tiraron piedras.
El 4 de enero, unos partidarios del gobierno golpearon a Antonio Barroso, camarógrafo del canal de televisión CMT, delante de la sede de la fiscalía general, en Caracas. El periodista fue conducido de urgencia al hospital, le robaron el material. Dos días más tarde, en otra manifestación ante la fiscalía general, fue insultada y atropellada una periodista de otro equipo de CMT.
El 6 de enero, en Barquisimeto (Estado de Lara, Noroeste), unos simpatizantes del MVR (en el poder) agredieron a Verioska Velasco y Luis Mata, del canal regional Promar TV, lanzándoles piedras y objetos punzantes, cuando cubrían una manifestación de la oposición. En la misma manifestación golpearon en la cabeza al fotógrafo Samuel Sotomayor, del canal RCTV.

El 7 de enero, unos supuestos simpatizantes del presidente Chávez agredieron, en la ciudad de Anaco, Estado de Anzoátegui (a unos 400 km. al este de Caracas), a Mauricio Cabal, Rubén Brito y Marcos Martínez, del canal Venevisión. Unos individuos rodearon su vehículo insultándoles y amenazándoles, y después se encarnizaron con el carro, con barras y piedras. El equipo quería investigar una supuesta fuga de petróleo en una fábrica de la sociedad pública petrolera (PDVSA). Según Mauricio Cabal, un militar que estaba en el lugar de los hechos, no intervino.
El 7 de enero, unos individuos en un camión lanzaron ladrillos en dirección a la periodista Katerina Caripá y el camarógrafo Miguel López, del canal Telecentro, en Barquisimeto (Estado de Lara, Noroeste), y les llamaron mentirosos.
El 7 de enero, unos partidarios del gobierno atacaron el vehículo del canal Puertovisión, con ayuda de barras de hierro y piedras, en la autopista de Puerto Cabello (Estado de Carabobo, oeste de Caracas). El reportero Humberto Ambrosino y el camarógrafo José Soler volvían de entrevistas a unos representantes de la empresa pública petrolera PDVSA, en huelga como protesta contra la política del Presidente.
El 8 de enero, Javier Gutiérrez, del diario El Regional, fue golpeado mientras cubría unos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, en los alrededores de una fábrica de la empresa pública petrolera PDVSA, en Tía Juana (estado de Zulia, Noroeste). Le confiscaron la cámara, que le fue devuelta algunos días más tarde. Al día siguiente, en una manifestación de la oposición en la misma ciudad unos militares, que destruyeron su cámara,  pegaron violentamente a Rafael Gómez Torres, del mismo diario.
El 9 de enero, partidarios de Hugo Chávez insultaron y golpearon a Víctor Serra, del canal Televén, cuando cubría una manifestación en Mérida (Estado de Mérida, Oeste). Denunciaban su presencia y la cobertura que su emisora daba a los acontecimientos.
El 10 de enero, unos policías de Nueva Esparta (Estado de Nueva Esparta, Norte), pegaron violentamente a Juan José Acosta Rodríguez, del programa "Mas allá de la Noticia", emitido por el canal regional Telecaribe. El periodista se acercó a ellos para contarles que le habían amenazado otros agentes, mientras cubría la manifestación. Entonces los policías le persiguieron en un carro, y uno de ellos golpeó al periodista, mientras otro le amenazaba con un revólver.
El 13 de enero resultó herido por balas de goma, en las rodillas y las piernas, Héctor Castillo, fotógrafo del diario El Mundo, cuando cubría una manifestación de la oposición en Caracas. La policía lanzó gases lacrimógenos y disparó pelotas de goma sobre la multitud, cuando unos manifestantes intentaron forzar un cordón en torno a un lugar, considerado zona militar.
El 14 de enero, en Caracas, unos individuos motorizados y enmascarados atacaron una marcha de la oposición, y a un equipo de periodistas de Televén que cubría la manifestación. Arrojaron proyectiles y objetos incendiarios contra el vehículo del medio, que se incendió. Unos militares de la Guardia Nacional observaron la escena, sin intervenir.
El 14 de enero, Juan Carlos Toro, del canal Televén, y su equipo, fueron agredidos por simpatizantes del presidente Chávez, en Caracas. El equipo, instalado en un inmueble para grabar una manifestación de la oposición, fue el blanco de numerosos proyectiles.
El 16 de enero, John Merchán, Carlos Pérez y el técnico Carlos Castro, del canal Televén, cubrían una manifestación en Caracas cuando les amenazaron, e intentaron robarles la antena, unos partidarios del presidente Chávez. Al técnico le atacaron los agresores, que empujaron a los periodistas cuando intentaban ayudarle.
El 18 de enero, cuando cubrían una manifestación de la oposición en Maracay, Alfredo Morales y Carlos Lathosesky, de TVS, canal regional del Estado de Aragua (Norte), fueron agredidos por unos simpatizantes del presidente Chávez, que usaron el cable arrancado del micro de los periodistas, para pegarles. Intervinieron unos policías, para dispersar a los manifestantes, y escoltar a Alfredo Morales y Carlos Lathosesky hasta su vehículo.

El 20 de enero, Ricardo Matheus y el fotógrafo César Muro, del diario 2001, fueron agredidos por unos partidarios de Chávez, mientras cubrían una manifestación de la oposición en Charallave, a 50 km. al sudeste de Caracas. Ricardo Matheus recibió, entre otras cosas, pedradas. Robaron los teléfonos móviles de los dos periodistas, así como la cámara de fotos de César Muro.
El 22 de enero, el reportero Jorge Labrador y el camarógrafo Franklin Molina, del canal de televisión Televén, fueron amenazados por un desconocido con un arma de fuego, cuando estaban localizando en el barrio de Los Frailes, en Catia (oeste de Caracas). El individuo disparó al aire para intimidar a los periodistas, y obligarles a marcharse del lugar.
El 28 de enero, Janeth Carrasquilla, corresponsal del canal Globovisión en San Carlos (Estado de Cojedes, Noroeste), fue agredida e insultada mientras cubría la ceremonia de condecoración del general de la Guardia Nacional Luis Felipe Acosta Carles. Unos partidarios del gobierno confiscaron el micrófono de la periodista.
El 28 de enero, en Maracay (Aragua), Anahis Cruz Filo, del canal RCTV, declaró haber sido agredida, insultada y amenazada con arma de fuego, por un soldado de la guarnición de Maracay.
El 2 de febrero, Maite Moreno y Narka Moreno, del canal comunitario Catia TV, fueron agredidas en Caracas, durante una recogida de firmas organizada por la oposición. Los medios comunitarios, gestionados por algunas comunidades de habitantes, normalmente a escala de barrio, se han desarrollado netamente desde la llegada al poder de Chávez y de que, en agosto de 2000, se aprobara la Ley de telecomunicaciones, que permitió su legalización. Normalmente su línea es cercana al gobierno.
El 2 de febrero, unos supuestos simpatizantes de Hugo Chávez, enmascarados, prendieron fuego a un vehículo del canal de televisión CMT, en el centro de la ciudad de Caracas, durante los enfrentamientos con miembros de la oposición. Poco antes, al periodista Rafael Fuenmayor, al camarógrafo Carlos Delgado y a su ayudante Vladimir Bataglini, les robaron objetos personales y el material de trabajo.
El 2 de febrero, Elsy Barrios, del diario Impacto, fue agredida por unos partidarios del presidente Chávez en Anaco (Estado de Anzoátegui, Noreste), mientras cubría la ocupación que estaban efectuando de un campo de pozos de petróleo.
El 2 de febrero, en Maracay (Estado de Nueva Esparta, Norte), medio centenar de partidarios del presidente Chávez lanzaron piedras sobre un vehículo del canal Telecaribe, en el que se encontraban el reportero Jackson Faría y el camarógrafo Juan José Acosta Rodríguez. Unos individuos, que intentaban quitarles la cámara, pegaron a los periodistas.
El 4 de febrero, Angel Véliz, fotógrafo del diario Impacto, con sede en Anaco (Estado de Anzoátegui, Noreste), fue golpeado por unos simpatizantes del Presidente, que intentaban robarle el material, mientras cubría los enfrentamientos entre huelguistas de la industria petrolera y partidarios del gobierno. No intervino la Guardia Nacional que, sin embargo, estaba presente. Angel Véliz precisa que un militar le sujetó mientras le pegaban. En el transcurso de esa manifestación también fueron agredidos los periodistas Víctor Arias, del diario Impacto, Daniel Olivares y Moreiba Castellanos, del diario El Tiempo, y Milinse Castellanos, de Radio Orbita.
El 5 de febrero, en la ciudad de Puerto Cruz (a 300 km. al este de Caracas), Gabriela Díaz y el fotógrafo José Ramón Chicho Bello, del diario El Tiempo, estuvieron retenidos durante más de una hora por unos estudiantes simpatizantes del presidente Chávez. Los periodistas se negaron a entregarles un carrete de fotos tomadas durante los enfrentamientos entre profesores y estudiantes, de las dos tendencias. Fueron liberados tras la intervención de la fiscalía y un agente del Defensor del Pueblo (Ombudsman). Finalmente revelaron la película en presencia de los estudiantes, que querían asegurarse de que las fotos no eran comprometedoras.
El 5 de febrero, Charmiant Corado y su equipo del canal Televén fueron agredidos en Valencia, en la localidad de Yagua (Estado de Carabobo, oeste de Caracas), tras haber grabado unos incidentes que se produjeron a la entrada de una fábrica de refinado en manos de trabajadores interinos, contratados por el gobierno para romper una huelga de la oposición. Una camioneta y una veintena de individuos bloquearon al equipo de televisión, y le quitaron la grabación de vídeo. Se apoderaron igualmente del teléfono móvil de Corado, rompieron un cristal del vehículo y golpearon al ayudante del camarógrafo.

El 21 de febrero en Caracas, unos sesenta militantes de la oposición interceptaron un vehículo de la Agencia France-Presse. Al grito de "Ustedes son franceses, ustedes son [del diario francés] Le Monde, ustedes están con Chávez", sacudieron el vehículo y impidieron salir a sus ocupantes. A finales de diciembre de 2002 Le Monde publicó un editorial, según el cual los partidarios de la oposición "nunca han soportado que un pequeño oficial, salido del pueblo y mestizo de indio, venga a perturbar el juego de una clase dirigente, de tradición oligárquica".
El 11 de abril, en Caracas, un grupo de manifestantes de la oposición rodeó el vehículo de Junior Pinto y Henry Rodríguez, del canal público Venezolana de Televisión, con ocasión del primer aniversario de las manifestaciones del 11 de abril de 2002, que causaron varias víctimas y concluyeron con un intento de golpe de Estado. Los manifestantes rompieron los cristales del vehículo, mientras proferían insultos y amenazas contra los periodistas, obligándoles a retirarse.
El 1 de mayo, Juan Carlos Amado, camarógrafo de la asociación Comunidad de Trabajos de Investigación (COTRAIN), fue agredido en el centro de Caracas, cuando grababa un enfrentamiento entre opositores y simpatizantes de Hugo Chávez, durante una manifestación. El camarógrafo, al que la multitud acusaba de trabajar para el gobierno, fue violentamente golpeado por un miembro del partido de oposición Primero Justicia. Le rompieron el material.
El 2 de mayo, un grupo de militantes del partido Patria para Todos (PTT, miembro de la coalición gubernamental), insultó y amenazó a Roberto Giusti, de Radio Caracas Radio, delante de los locales de la emisora, en Caracas. Acusaban al periodista, que también trabaja para el diario El Universal, de ser responsable de la muerte de Jorge Nieves, líder del PTT en la región de Guasdalito, fronteriza con Colombia. Roberto Giusti había acusado a Jorge Nieves de aliado de la guerrilla colombiana, que presuntamente está presente en la región.
El 27 de junio,  durante el programa "La entrevista", emitido por el canal Televén, Marta Colomina contó que aquella misma mañana había sido víctima de un intento de atentado con cóctel Molotov. Según la periodista, cuando se dirigía a la sede de la emisora en Caracas, dos vehículos intentaron interceptar al suyo. De uno de los vehículos habrían salido cuatro hombres armados, y uno de ellos habría arrojado un cóctel Molotov, que no llegó a explotar, contra el automóvil de la periodista.
El 10 de julio, Patricia Poleo fue agredida cuando participaba en el programa "Cuéntamelo todo", de la radio Barinas 880, una emisora de la ciudad de Barinas (Estado de Barinas, Oeste). Un grupo de simpatizantes del presidente Hugo Chávez golpearon e insultaron a la periodista y a los invitados del programa, y después dañaron los locales de la radio. Patricia Poleo es conocida como ferviente opositora al presidente Chávez.
El 10 de julio agredieron violentamente a Tim Flores, de la radio FM 103.5 en Puerto Ordaz (Estado de Bolívar, sudeste del país), famoso por sus críticas del presidente Hugo Chávez, y del gobernador del Estado. Dos desconocidos se acercaron a su carro, amenazándole con un arma; después le sacaron del vehículo y le golpearon brutalmente, amenazándole con represalias aun mayores.
El 20 de agosto, Efraín Henriquez, camarógrafo del canal Globovisión, fue violentamente golpeado en la cara cuando grababa una contra-manifestación, organizada en Caracas por partidarios del presidente Chávez. Se desconoce si su agresor, que intentó robarle el material, era un delincuente infiltrado en la concentración, o se trataba de un contra-manifestante.
El 26 de septiembre, Rafael Leal, ayudante de cámara del canal de televisión Venevisión, fue detenido y luego golpeado por unos miembros de la Guardia Nacional, en la localidad de Punto Fijo (Noroeste). El periodista estaba cubriendo la expulsión de las viviendas oficiales de unos empleados de la empresa petrolera pública PDVSA, despedidos tras la huelga de diciembre 2002-febrero 2003. El periodista quedó en libertad dos horas más tarde, tras haberse visto obligado a firmar un documento, certificando que había lanzado piedras contra las fuerzas del orden, y que no le habían maltratado durante su arresto.

El 3 de noviembre, Yamile Jiménez y el camarógrafo Jesús Molina, del canal RCTV, fueron agredidos por un agente de la DISIP, policía política, en un hospital de la ciudad de San Antonio (Estado de Tachira, Oeste). Los periodistas habían llegado para informar del estado de salud de un agente de la DISIP, herido a comienzos de noviembre en un incidente. El agresor amenazó con detenerles si no se iban del hospital. Otros agentes de la DISIP; presentes en el lugar, no intervinieron y criticaron el trabajo de los periodistas en general.
El 28 de noviembre, Miguel Enrique Otero, propietario del diario El Nacional de Caracas, fue atacado por unos simpatizantes del gobierno, que le arrojaron botellas y objetos contundentes. El patrón de prensa se encontraba cerca de la estación de metro Carapita, al oeste de Caracas, donde servía de guía a un grupo de corresponsales extranjeros, llegados para cubrir la recogida de firmas organizada por la oposición, para pedir un referéndum sobre la dimisión del presidente Chávez. Presente en el lugar, un equipo del canal Venevisión, dirigido por Gaudi Perozo, también fue atacado y tuvo que abandonar el lugar precipitadamente.
El 30 de noviembre, José Gil, fotógrafo del diario local El Siglo, y Anahis Cruz, corresponsal regional del canal de televisión RCTV, fueron golpeados por unos simpatizantes del gobierno, que cortaban el acceso al hospital central de Maracay (a 120 kilómetros al oeste de Caracas) a unos partidarios de la oposición, llegados para recoger firmas de personas hospitalizadas, para exigir un referéndum sobre la dimisión del presidente Chávez. A los periodistas les pegaron mientras cubrían el incidente.

Tres periodistas amenazados
El 19 de enero de 2003 dos desconocidos entraron, mediante efracción, en el domicilio en Caracas de Argenis Martínez, vicepresidente del diario El Nacional, y su esposa. Los dos individuos amenazaron a la pareja y les ataron, mientras llamaban "enemigo de Chávez" a Martínez. Antes de huir con ayuda de un cómplice, los dos hombres cogieron 100.000 bolívares (unos 65 euros).
El 19 de enero, unos partidarios del presidente Chávez amenazaron a Adreína Mújica Añez, fotógrafa del diario Ultimas Noticias, cuando cubría una manifestación en la Avenida Urdaneta de Caracas. Al día siguiente, de nuevo fue amenazada por una mujer, que se presentó como la esposa de un "tupamaro" (grupo de extrema izquierda).
El 19 de septiembre, tres individuos insultaron y amenazaron a Nilo Jiménez, fotógrafo del diario El Tiempo de Puerto La Cruz (Estado de Anzoátegui, Noreste), cuando se encontraba en el barrio de Razetti II, en Bolívar, para cubrir el asesinato de un joven, del que acababan de avisarle por teléfono. Los tres desconocidos le acusaron de escribir mentiras, y le amenazaron con sus armas. Uno de ellos tiró una piedra sobre el vehículo del periodista, cuando se disponía a marcharse.

Presiones y trabas

A principios de 2003, la agencia española de prensa EFE fue víctima de dos avisos de bomba después de que Leopoldo Castillo, presentador del programa "Aló Ciudadano" emitido por el canal Globovisión declarara que, según un despacho de la agencia, las manifestaciones de la oposición estaban dirigidas por "jerarcas". "EFE nunca ha escrito eso", precisó Emilio Arroyo, director de la oficina de EFE.
El 3 de enero, decenas de partidarios del presidente Chávez desmontaron las instalaciones de los canales Venevisión y Globovisión, en la Avenida Los Próceres, de Caracas. Los dos canales iban a cubrir una manifestación de la oposición, prevista en esa avenida.
El 4 de enero, en Caracas, algunos simpatizantes de la oposición se concentraron delante de la sede de Radio Nacional de Venezuela (RNV), la radio pública, para protestar por su cobertura de los acontecimientos, que consideraban parcial. Se enfrentaron con algunos simpatizantes del gobierno, que corrieron a defender la emisora. Un desconocido, que circulaba en carro, abrió fuego sobre los defensores de la radio, causando un herido grave.
El 5 de enero, los canales Globovisión, RCTV, Venevisión y Televén, así como algunos periodistas críticos con Hugo Chávez, recibieron un mensaje escrito y grabado. En él se habla de un misterioso "tribunal supremo de justicia popular", que habría decretado pena de muerte para "todos los periodistas, reporteros y comentaristas" de los principales canales comerciales, por "traición a la patria". Afirmaba que la sentencia podría ejecutarla cualquier ciudadano, cuando se encontrara con alguno de los objetivos mencionados.

El 7 de enero, Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, afirmó haber presentado un recurso, ante un tribunal, para obligar a los canales de televisión comerciales opuestos al gobierno a cesar en su cobertura continuada de la huelga general, convocada por la oposición. La petición se basaría en el supuesto peligro que la difusión de las declaraciones e imágenes podría hacer correr a los niños, privados de sus programas habituales.
El 9 de enero, unos simpatizantes del presidente Chávez le robaron la cámara de fotos a Antonio Rodríguez, del diario El Regional en Zulia (Estado de Zulia, Noroeste). El fotógrafo cubría una manifestación de la oposición.
El 11 de enero se cerró la sala de prensa de la sede de la policía judicial de Caracas, después de que unos periodistas cubrieran la rueda de prensa de un militar, miembro de un grupo de oficiales que se habían proclamado en "desobediencia legítima".
El 12 de enero, el presidente Chávez amenazó con retirar la licencia de difusión a las principales emisoras de radio y televisión. Les acusaba de apoyar los esfuerzos de la oposición para derrocar a su gobierno. Hugo Chávez precisó que esos medios de comunicación abusaban de su poder al no emitir más que publicidad promocionando a la oposición y a la huelga general, iniciada el 2 de diciembre de 2002. Según él, el gobierno no podía continuar tolerando esa "propaganda de guerra".
El 13 de enero, tras una manifestación de la coalición Coordinadora Democrática (oposición) en El Tocuyo (Estado de Lara, Noroeste), algunos partidarios del presidente Chávez lanzaron piedras, botellas y cócteles Molotov a los locales de Radio Contacto.
El 14 de enero, unos partidarios del presidente Chávez causaron destrozos en el hall de un inmueble y amenazaron a los habitantes, por haber autorizado la instalación de unos equipos de los canales Venevisión y CMT, destinados a cubrir una manifestación de la oposición, que tenía lugar en Caracas.
El 20 de enero se informó a los canales Globovisión, RCTV y Televén, que el Ministerio de Infraestructuras (Minfra), que gestiona la concesión de frecuencias, les había abierto procedimientos administrativos. El 30 de enero le llegó el turno a Televén; después, el 5 de febrero, a Venevisión. Se acusaba a esos canales de televisión de incitar "a la rebelión o al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas". Igualmente se les acusaba de no respetar los horarios de programación para niños, o de incitar a cometer delitos, tales como no pagar los impuestos. En general, los cargos estaban basados en el contenido de algunos spots políticos de la oposición, emitidos por los canales. El Ministerio de Infraestructuras tiene que pronunciarse sobre el caso. A los canales podrían ponerles una multa, suspenderles la programación, e incluso revocarles la licencia. A fecha 1 de enero de 2004 no se había anunciado todavía la decisión sobre el asunto.
El 21 de enero el gobierno suspendió la venta de divisas. El 5 de febrero se instituyó un control de cambios. A partir de entonces, todas las operaciones de cambio tiene que autorizarlas la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), creada por las autoridades. Al frente de ella, el presidente Chávez ha nombrado a un capitán jubilado, que participó junto a él en el fallido golpe de Estado de febrero de 1992. El 4 de febrero, el jefe del Estado previno que ya no habría "ni un dólar más para los golpistas". La mayoría de los periódicos y revistas, que importan el papel, se sintieron amenazados. Sin embargo, a fecha 1 de enero de 2004 no se ha constatado ninguna instrumentación de la medida, para cerrar un medio de comunicación.
El 22 de enero se informó a Radio Coro 780 Am, en el Estado de Falcón (noroeste del país), que se le había abierto un recurso como consecuencia de las faltas observadas durante una inspección, efectuada el 30 de octubre de 2002. En la notificación se especifica que la emisora dispone de diez días para volver a poner en funcionamiento un equipo auxiliar de transmisión, y presentar un proyecto técnico ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel, entidad pública encargada de regular las licencias concedidas por el Estado). El director de la radio, José Jordán Flores, estima que la presentación de un recurso es "desproporcionada", puesto que la emisora disponía de tiempo suficiente para adecuarse a las peticiones provocadas por la inspección.

El 27 de enero, el diario El Nacional revelaba que Jesús Romero Anselmi, presidente del canal público VTV, había sido el blanco de un concierto de cacerolas, la semana anterior, en su domicilio. La intervención de la policía terminó con el atropello. Ese tipo de manifestaciones contra algunas personalidades, consideradas cercanas al gobierno, se realiza en restaurantes, aviones, estadios o delante de las casas de las personas en cuestión.
El 28 de enero, a Luis Felipe Oviedo, director de Radio Class, le interceptaron  unos militares de la Guardia Nacional en San Carlos (Estado de Cojedes, Noroeste). El periodista cubría una manifestación de la oposición, cuando le retuvieron durante dos horas en un vehículo militar, antes de dejarle en libertad.
El 30 de enero, unos representantes del consejo municipal de los derechos del niño y el adolescente de Táchira (Oeste), intentaron una acción contra la emisora Televisora Regional del Táchira (TRT), por haber retransmitido programas del canal Globovisión, acusándola de no respetar las cuotas de programas destinados a los niños.
El 4 de febrero se cerró  la radio Amiga 105.7, con sede en El Hatillo (Estado de Miranda, Norte), por decisión de la Conatel y la DISIP (policía política), por irregularidades fiscales, lo que niegan los periodistas Roberto Martínez y Adelso Sandoval, directores de la emisora, quienes afirman que al término de dos visitas de inspección, ambos organismos estatales no les notificaron nada. Precisan que el cierre se produjo en el momento en que la emisora iba a emitir un programa crítico de la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
El 6 de febrero, un grupo de agentes de la policía metropolitana, simpatizantes del presidente Chávez, amenazaron con adoptar medidas de fuerza contra algunos medios de comunicación, si continuaban divulgando informaciones sobre su movimiento disidente, en el interior de la policía metropolitana, a la que el gobierno considera como el brazo armado de la oposición. La entrada en disidencia de medio centenar de sus miembros permitió al gobierno intervenir, y confiscar todas las armas, antes del comienzo de la huelga general.
El 10 de febrero, la Conatel conminó al canal Globovisión a adecuarse a "la obligación de mantener un mínimo de tres horas diarias de programación especialmente dirigida a niños, niñas y adolescentes entre las 3.00 pm y las 8.00 pm". Hasta entonces Globovisión, canal de información continua, nunca había emitido programas infantiles, sin que por ello le hicieran ninguna observación las autoridades. Desde el 2 de diciembre de 2002, cubría de manera continuada la huelga general convocada por la oposición.
El 11 de febrero, como consecuencia de un control fiscal iniciado en noviembre de 2001, la Conatel exigió del canal Globovisión el pago de 150 millones de bolívares (unos 96.000 euros), por no haber regulado cerca de 51,6 millones de bolívares (33.000 euros) de impuestos. A esa suma se añadían 48,9 millones de bolívares (31.000 euros) de intereses por retrasos, y una multa de 55,2 millones de bolívares (35.000 euros). "No le debemos ni un bolívar a este gobiernito", declaró, como reacción, Alberto Federico Ravell, director de Globovisión. Según él, se trataba de una decisión política. Antes del comienzo de la huelga, Hugo Chávez anunció que varios medios de comunicación, de los que no precisó el nombre, tenían importantes deudas con el fisco.
El 11 de febrero, un vehículo del canal Venevisión, estacionado delante de la Asamblea Nacional, en Caracas, fue dañado por unos presuntos partidarios del Presidente. En aquel momento, un equipo del canal estaba cubriendo en directo las discusiones de la Asamblea sobre la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
El 11 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó, en primera lectura, la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Con la intención de adaptar la programación audiovisual al público joven, esa ley clasifica el lenguaje y las imágenes de carácter violento y sexual en varias categorías. Según su clasificación, las imágenes se emitirán en una u otra de las tres franjas horarias definidas por la ley. No respetar las franjas horarias se castiga con multas de distinta importancia, según que la infracción sea "ligera", "media", "grave" o "muy grave". Por otra parte, un artículo cuya violación se considera "muy grave", prohíbe la difusión de "contenidos que promuevan, apologicen o inciten al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas". La ley establece para los medios culpables multas, suspensión de la licencia e incluso su retirada. Para vigilar su aplicación se creó un Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRT). A su cabeza, el consejo de dirección puede poner multas, pero sigue siendo prerrogativa del Ministro de las Infraestructuras la suspensión o retirada de la licencia a un medio de comunicación.. El INRT está compuesto de once miembros: cinco nombrados por  el Presidente, tres por la Asamblea Nacional y los tres últimos por unos "comités de usuarios de radio y televisión" y los "productores nacionales independientes", dos instituciones destinadas a representar a la sociedad civil, pero que hasta ahora no existían. A fecha 1 de enero de 2004, la ley todavía no se ha adoptado, de forma definitiva.

El 13 de febrero, el Servicio Nacional Integrado de la Administración Fiscal (Seniat) pidió al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que le proporcionara el nombre, número de registro y dirección, así como algunas informaciones (nombre, número del carnet de identidad, dirección) de la totalidad de sus miembros. El Seniat no dio ninguna explicación acerca de los motivos de su demanda. Era la primera vez que se hacía una petición así al CNP, que frecuentemente ha denunciado los atentados a la libertad de prensa, cometidos por partidarios del gobierno.
A principios de marzo, el Seniat anunció la apertura de una investigación sobre los impuestos que adeudaban los canales de televisión, por la emisión de spots políticos, durante la huelga general. Entre otras cosas, las investigaciones deberían establecer si la difusión había sido gratuita. En ese caso, los canales deberían pagar unos impuestos sobre donaciones. En una conferencia de prensa, Trino Alcides Díaz, responsable del Seniat, negó cualquier "politización" de la gestión, y precisó que después se extendería a los periódicos y las radios.
El 11 de marzo, Ibéyise Pacheco, directora del diario Así es la noticia, cronista del diario El Nacional y presentadora de un programa en la radio Kyss FM, denunció que habían intentado detenerla. Según la periodista, numerosos funcionarios de la policía judicial (CICPC) y de la policía política (DISIP) se presentaron ante la sede de la radio en Caracas, para detenerla, desplegando un arsenal desproporcionado para ese tipo de intervenciones. Los agentes no mostraron ninguna orden de detención.
El 14 de marzo, unos miembros de la guardia de honor (cuerpo militar encargado de la seguridad del Presidente) retuvieron durante dos horas a Milagros Rodríguez y Richard Pérez, del canal Telemundo, tras haber grabado el palacio presidencial, en el marco de un reportaje sobre la boda de la hija de Hugo Chávez. Los servicios presidenciales les confiscaron la cassette, por considerar "estratégico" su contenido.
El 4 de abril el gobernador del Estado de Aragua (Norte), Didalco Bolívar,  dictó una orden de detención contra Tulio Capriles Hernández, director del diario El Siglo. Le acusaba de publicar una publicidad de la oposición, que presumiblemente incitaba al delito. El gobernador ya denunció por "difamación" al periodista, por publicar unos reportajes, que le implicaban en unos presuntos casos de negligencia y corrupción.
El 23 de abril, por iniciativa del Banco Industrial de Venezuela (BIV), se efectuó un embargo judicial del diario La Verdad de Maracaibo (Estado de Zulia, Noroeste), por retraso en el pago de una deuda contraída por el periódico. Por su parte, el presidente de La Verdad, Juan Carlos Abudel, habla de retos políticos.
El 24 de junio, los técnicos Juan Carlos Flores, del canal NC Televisión, Tauso Bautista, de la emisora RCTV, Herbert Fernández, del canal Venevisión y Frank González, de Unión Radio, recibieron una citación de la policía política, para declarar sobre el presunto sabotaje de la retransmisión del un desfile militar, con ocasión del 182º aniversario de la independencia del país, en la ciudad de Valencia (Norte). Las autoridades están persuadidas de que las imágenes del desfile fueron saboteadas voluntariamente, y que no se trató de un fallo técnico.
El 4 de julio, un grupo de desconocidos entró en los locales de radio comunitaria Perijanera 95.1 FM, en Machiques (Estado de Zulia, Noroeste), y robó algunos equipos radioeléctricos, y un poste emisor. La emisora, que ya fue víctima de un robo anteriormente, venía recibiendo amenazas desde hacía cuatro años. Para Edy Lugo, secretario de la fundación comunitaria "Perijanera", el robo podría estar relacionado con algunas personas cercanas a la alcaldía de Machiques y al partido de la oposición Acción Democrática.
El 10 de julio, unos funcionarios de la alcaldía de Caracas se presentaron en el hospital de Lidice, que alberga el material de transmisión del canal comunitario Catia TV. En presencia de miembros de la policía metropolitana, que depende de la alcaldía de Caracas, procedieron al cierre del local donde se encontraban las instalaciones del canal. La radio cesó de emitir. Después de vivas protestas nacionales e internacionales, la alcaldía de Caracas se comprometió, el 18 de julio, a restituir el local a Catia TV, y presentó sus excusas a la emisora. A fecha 1 de enero de 2004, la promesa no se había cumplido y la emisora no había reanudado su programación.

El 15 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó varias disposiciones del código penal, relativas a los delitos de desacato. Rechazaba así un recurso presentado en marzo de 2001, que sostenía que varios artículos del código penal eran contrarios a la Constitución, y al artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos, que garantiza la "libertad de buscar, recibir y difundir informaciones". Algunos de esos artículos incluyen disposiciones sobre el delito de desacato, permitiendo sancionar penalmente cualquier expresión ofensiva contra funcionarios e instituciones estatales.
El 21 de julio explotó un paquete cerca de los locales de Unión Radio en Caracas, desperdigando unos panfletos con amenazas a los periodistas y los medios de comunicación, firmados por un misterioso "Frente Bolivariano de Liberación". La explosión, de escasa potencia, no causó víctimas. Algunos de los mensajes iban dirigidos a Marta Colomina, periodista de Unión Radio y del canal Televén, conocida por su virulencia contra el Presidente.
El 5 de agosto lanzaron un artefacto explosivo contra los estudios de la Televisión Regional del Táchira (TRT), en la ciudad de San Cristóbal (frontera con Colombia). El artefacto contenía panfletos firmados por un misterioso Frente Urbano Bolivariano, denunciando el "terrorismo mediático". El incidente no causó daños ni víctimas. Se abrió una investigación.
El 9 de agosto,  un grupo de simpatizantes del Presidente se manifestaron ante la sede de Globovisión, en Caracas. Protestaban por la línea editorial adoptada por el canal, y contra algunos periodistas en particular, entre ellos el presentador Orlando Urdaneta. El grupo estaba formado por miembros de dos organizaciones cercanas al poder.
El 13 de agosto, unos miembros de la policía de Barquisimeto (Estado de Lara, Noroeste) detuvieron el vehículo de Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, a la salida de una conferencia de prensa. Quince policías armados obligaron al patrón de la prensa, y a sus dos hijas, a salir del carro, y lo registraron, así como las maletas de los pasajeros, durante media hora. No presentaron orden de registro, ni dieron ninguna explicación. Según Miguel Henrique Otero, se trató de un intento de intimidación, por la postura mantenida por su periódico.
El 24 de septiembre unos policías desactivaron un artefacto explosivo de fabricación casera, en la quinta planta de un inmueble de la Avenida Urdaneta, de Caracas. En la cuarta planta del edificio se encuentra  la oficina de la corresponsalía en la capital del diario El Carabobeño (con sede en la ciudad de Valencia), mientras que al otro lado de la calle está la redacción del diario El Universal. Ambos periódicos son conocidos por su línea editorial, opuesta al gobierno.
En la noche del 27 de septiembre, unos desconocidos atacaron los estudios de la radio Horizonte 1260 AM, situados en el Estado de Yaracuy (Norte). Hacia las 3 de la mañana, decenas de personas lanzaron piedras y botellas a las puertas y ventanas de la radio, provocando importantes daños. No existe ningún elemento que permita identificar a los responsables del ataque. La radio, que da igual cobertura al gobierno y a la oposición, nunca había recibido amenazas.
El 3 de octubre, unos agentes de la Conatel se presentaron en los locales de Globovisión, para embargar el material de trasmisión que permite al canal cubrir los acontecimientos en directo. También embargaron unas antenas, instaladas en las alturas de Caracas. "[Existen] indicios que permiten presumir que Globovisión ha hecho uso y explotación de porciones del espectro radioeléctrico en Caracas, sin permiso de Conatel", explicó el director de ésta, Alvis Lezama. Para Alberto Federico Ravell, director de Globovisión, se trata "de un atentado contra la libertad de expresión". Subraya que, al no poder cubrir los acontecimiento en la calle, el canal solo funciona a medias. El 9 de diciembre la Conatel anunció que el canal tenía que pagar una multa de 582 millones de bolívares (cerca de 372.000 euros), y que el material embargado permanecería confiscado. Una decisión contestada por Globovisión, que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia.

En la noche del 3 al 4 de octubre lanzaron una granada contra la sede de la Conatel, provocando algunos daños materiales. Según Jesé Chacón, Ministro de Información y ex director de la Conatel, "fueron dos motorizados en una moto blanca quienes se desplazaron por la avenida, lanzaron la granada, y huyeron". Para él, el atentado es una respuesta al embargo que Conatel hizo la víspera, del material de Globovisión. Tras el embargo, se celebró una violenta manifestación de protesta, delante de la sede del organismo público.
El 11 de octubre por la mañana, cinco individuos irrumpieron en los estudios de la radio comunitaria Parroquiana 90.1 FM, en San José de Perijá, en la comuna de Machiques (cerca de la frontera con Colombia). Interrumpiendo la programación de la radio, rompieron material y luego amenazaron con prender fuego al estudio, antes de atacar al presentador Antonio Bencomo, y a la productora Luz Mely Morán, que se encontraban en el lugar. Según Hersilia León, directora de la radio, entre los cinco agresores había dos responsables del partido Acción Democrática (oposición). Según ella, la emisora les había implicado en un caso de utilización de unos autobuses de la alcaldía, con fines personales.
El 13 de octubre, unos agentes de la DISIP impidieron a los periodistas cubrir la expulsión de unos ex empleados de la empresa petrolera pública PDVSA, de su domicilio oficial. Los policías prohibieron el acceso a la zona residencial, situada en el recinto de PDVSA. José Sequea, corresponsal de los diarios El Progreso y La Prensa (publicados en el Estado de Anzoátegui, Noreste), se vio interceptado cuando consiguió pasar el control policial y tomar fotos, con su cámara digital. Le obligaron a cancelar las imágenes.
El 11 de diciembre no se pudo emitir el programa radiofónico "Para estar al día", de la radio AM Mundial Zulia, en Maracaibo (cerca de la frontera con Colombia), presentado por Rafael Mejías. Los partidarios del gobierno invadieron la radio e impidieron el programa. El periodista se había declarado partidario de un referendum sobre la dimisión del Presidente. Por otra parte, frecuentemente criticaba al alcalde de la ciudad, cercano al partido en el poder.

Régis Bourgeat
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