FRANCISCO OLIVARES // PUERTA FRANCA
La historia oficial La cabeza de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis es el precio que deberán pagar los 8 policías imputados por los sucesos del 11 abril de 2002 para lograr o bien una reducción de una posible sentencia o bien una libertad condicional.
No queremos con esta afirmación poner en duda
la honorabilidad de los 8 funcionarios, policías todos profesionales de ese
cuerpo, pero es lo que se deduce sobre lo que ocurrirá en las próximas
semanas. Estos efectivos, con más de un año de cárcel, no han sido otra cosa
que los chivos expiatorios que necesitaba el Gobierno para cambiar la historia
del 11A.
No les queda otro recurso. A pesar de no haber pruebas concluyentes en su
contra, estos policías presos eran una necesidad del Gobierno para poder
justificar la versión oficial de las muertes del 11 de abril. De tener dos de
los mejores bufetes penales para su defensa optaron por revocar el poder de
sus defensores para ponerse en manos de abogados más cercanos al chavismo. Ese
hecho ya señala un camino de negociación.
Lo dramático de este caso es que las pruebas en contra de estos funcionarios
eran tan débiles que la Fiscalía tuvo que cambiar la calificación de homicidio
calificado, al no poder comprobar que las armas utilizadas por los acusados
fueron las que le dieron muerte a las dos víctimas caídas en puente Llaguno,
las cuales se les atribuía a los mencionados funcionarios. Por esa razón se
cambió la calificación al de homicidio calificado en grado de complicidad
correspectiva, que señala que pueden ser culpables por haber disparado en el
lugar y momento donde se produjeron las muertes.
Evidentemente que ese artículo del Código Penal no operó para los cinco
pistoleros de punte LLaguno ni para otros 60 que se apostaron a lo largo de la
avenida Baralt. Tampoco se ha aplicado a los GN que mataron al joven Palencia
a los lados de la estación de metro ni a los que dispararon los FAL durante la
sangrienta jornada.
En Venezuela deben existir pocos o ningún caso probado de autoría intelectual
en crímenes de ese tipo. Sugiere que hubo una planificación por parte de los
tres comisarios y una orden directa de ejecutar a las dos víctimas señaladas.
Los 8 funcionarios policiales tendrían que cambiar lo sostenido durante más de
un año de detención y "volearse" contra sus antiguos jefes. Eso no es raro ni
extraño en las circunstancias que está viviendo el país.
El Gobierno a lo largo del último año y medio ha logrado ir cambiando la
historia jurídica. No fue suficiente perseguir por distintas "razones" a los
militares que se pronunciaron el 11A. A unos se les acusa por el caso de los
paramilitares. A Usón lo sentenciaron por opinar, a la juez del caso de
Alfonzo Martínez la destituyeron por liberarlo. Seguramente el TSJ reabrirá el
caso del golpe de Estado de acuerdo con la solicitud hecha por la Fiscalía
porque es necesario acomodar la historia a la política internacional. La nueva
historia dirá que Lucas Rincón nunca dijo lo que dijo.
El rechazo de El Salvador al asilo de Lázaro Forero y Henry Vivas dice mucho
oficial".
folivares@eluniversal.com