COMUNICADO DE PRENSA
 

CIDH INFORMA SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL CONCLUIR SESIONES

 

N° 35/05

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó acerca de las actividades desarrolladas durante su 123º período ordinario de sesiones.  La CIDH está integrada por Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; y los Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.  El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton.

 

Desde su anterior período ordinario de sesiones, la CIDH ha constatado algunos importantes avances en materia de derechos humanos: la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que anula las leyes de obediencia debida y punto final, recomendado por la Comisión Interamericana; una amplia reforma constitucional en Chile, que elimina obstáculos para una participación política igualitaria, también recomendado por la CIDH en un informe sobre un caso individual; firma de acuerdos e importantes avances en procesos de solución amistosa en casos sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México.  Se destaca también avances normativos en materia de derechos de las mujeres, tales como la adopción de la Ley de Violencia Familiar en Chile y la ratificación por parte de Colombia del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  Asimismo, la CIDH tomó nota de los profundos cambios que el Gobierno del Presidente Luiz Inacio Da Silva está realizando en materia de promoción de la igualdad racial en Brasil.  La Comisión Interamericana también está observando avances y buenas prácticas en materia de derechos humanos en otros Estados de la región, de los que dará cuenta oportunamente.

 

La CIDH destaca asimismo el continuo crecimiento de la legitimidad y efectividad del sistema interamericano de derechos humanos, expresado a través del constante incremento en el número de personas que acuden a plantear sus peticiones, la diversidad de temas que se presentan y organizaciones que asisten a las sesiones y audiencias, el alto nivel de representación estatal y de la sociedad civil en las mismas, el aumento de utilización de la jurisprudencia del sistema por múltiples tribunales de nuestra región, y los importantes resultados logrados en la defensa de los derechos humanos gracias a la utilización del sistema.  Asimismo, la Comisión Interamericana desea reconocer el importante trabajo que realizan los defensores de derechos humanos en el hemisferio y reiterar a los Estados miembros la obligación de otorgar a las personas que acuden a las audiencias todas las garantías necesarias.

 

Lamentablemente, persisten aún muchos desafíos.  La debilidad del Estado de derecho en varios países de la región afecta la plena vigencia de los derechos humanos.  La situación socioeconómica de la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA impide el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes.  Asimismo, persisten problemas estructurales de décadas anteriores referentes a la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos, como por ejemplo, en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales; la detención arbitraria; la fragilidad del Poder Judicial; hacinamiento y otras condiciones inhumanas que sufren las personas privadas de libertad.  Tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a grupos tradicionalmente discriminados, tales como las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. 

 

En estas sesiones, la Comisión Interamericana volvió a recibir información sobre la creciente inseguridad pública por el aumento de la criminalidad, así como la insuficiente respuesta institucional compatible con los principios de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos y libertades fundamentales.

 

Asimismo, recibió información sobre la situación general de los derechos humanos en distintos países de la región.  Cabe mencionar en particular algunas consideraciones sobre Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua y Venezuela.

 

          En Bolivia, la Comisión ha venido siguiendo de cerca la crisis institucional en la República deEn lo que va del año, deben resaltarse los desarrollos positivos para superar tal crisis, que se espera serán consolidados una vez que concluya el proceso electoral en curso.  Al mismo tiempo, la CIDH recibió información durante las sesiones sobre tendencias políticas, desigualad e inequidad social que continúan afectando la estabilidad de las instituciones democráticas.  Causa especial preocupación la situación de las llamadas “comunidades cautivas” del pueblo guaraní en el Chaco boliviano, que se encuentran en condiciones comparables a la esclavitud

 

En Colombia, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 conocida como “Ley de Justicia y Paz” en el marco del proceso de desmovilización de grupos armados al margen de la ley, la CIDH formuló una serie de observaciones generales sobre el contenido de la norma a la luz de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación, mediante un comunicado de prensa de 15 de julio de 2005.  Durante el 123° período de sesiones, la Comisión recibió información sobre el proceso de desmovilización, las violaciones al cese del fuego decretado por los líderes de las AUC y la aplicación de esta normativa tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como del Estado.  Una situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la colombiana requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de negociación.  Por ello, para asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluyendo el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA.

 

En cuanto a Cuba, la Comisión siguió recibiendo información sobre la situación de los derechos humanos, en especial sobre las condiciones de detención a que están sometidas las personas privadas de libertad en razón de su posición de disidencia al gobierno; sobre la violación sistemática del derecho a la libertad de expresión; la vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los habitantes de la isla.  Las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento ha conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.  Esta situación se ve particularmente agravada por la completa falta de independencia del Poder Judicial.  Por último, la CIDH reitera que las sanciones económicas y comerciales impuestas al gobierno tienden a agravar la falta de disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano, e insta a que sean  levantadas.

 

En Ecuador, la fragilidad institucional del Estado de derecho sigue siendo motivo de profunda preocupación para la Comisión Interamericana.  La inestabilidad política que ha caracterizado a dicho país volvió a ponerse de manifiesto cuando nuevamente un Presidente electo no concluyó su mandato constitucional en circunstancias de masivas protestas sociales.  Varios de los líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, estudiantiles que encabezaron tales protestas han sufrido actos de violencia, hostigamiento y amenazas.  La falta de funcionamiento regular y efectivo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional ha afectado la tutela de los derechos humanos y, en particular, el goce de las garantías judiciales de los habitantes de dicho país.  En este contexto, la CIDH continúa recibiendo denuncias en las que se alegan graves abusos policiales y hechos de corrupción que afectan particularmente la independencia del Poder Judicial en todos sus niveles.

 

En cuanto a Haiti, la CIDH recibió información respecto a la situación de derechos humanos en particular lo referente a problemas como la impunidad, detención preventiva prolongada, persistencia de condiciones de inseguridad en la ciudad capital de Puerto Príncipe, así como la continua falta de control de la seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional Haitiana y la Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que ha resultado en que partes de dicha ciudad hayan sido sobrepasadas por pandillas armadas.  La Comisión Interamericana ruega  que el Gobierno y la comunidad internacional adopten todas las medidas urgentes que resulten necesarias, en un marco de respeto de los derechos humanos, a efectos de crear condiciones conducentes a la realización de las elecciones generales y asistir al pueblo haitiano en asegurar un futuro esperanzador.

 

          Nicaragua está atravesando por una grave crisis institucional, situación que fue objeto de audiencias el marco del presente período ordinario de sesiones.  Las autoridades estatales, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han coincidido en resaltar los efectos negativos que dicha crisis política tiene sobre la vigencia efectiva de los derechos humanos en el país.  En particular, coincidieron el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que la falta de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales se ha visto exacerbada por las tensiones políticas del país y a la identificación partidaria de la gran mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Esta situación podría afectar el normal desarrollo de los procesos electorales a celebrarse en el curso del año 2006, a través de la arbitraria exclusión de candidatos. 

 

En cuanto a Venezuela, la CIDH recibió información sobre los problemas en la administración de justicia y el sistema penitenciario y sobre actos de hostigamiento y persecución contra defensoras y defensores de derechos humanos.  Además, se analizó la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales de campesinos venezolanos.  Sobre este último tema, la CIDH destaca como aspecto positivo la información ofrecida por parte del Estado venezolano, así como los esfuerzos destinados a enfrentar integralmente este grave problema.  Por otra parte, la Comisión Interamericana deplora la situación crítica de las personas privadas de la libertad.  Igualmente, la CIDH expresa su preocupación por los efectos para el ejercicio de la libertad de expresión que están produciendo tanto las reformas a la legislación penal, como la conocida “ley de responsabilidad social para la radio y la televisión”.  Por ultimo, la Comisión Interamericana reiteró su interés en efectuar una visita de investigación in loco.

 

La Comisión Interamericana lamenta profundamente la ejecución de Marlin Gray en el estado de Missouri, Estados Unidos de América, a pesar de que la Comisión Interamericana había otorgado medidas cautelares en las que se solicitó que se preservara la vida de dicha persona condenada a muerte hasta tanto se pronunciase sobre el fondo de al petición presentada en su favor.  La negativa de un Estado miembro de la OEA de preservar la vida de una persona condenada a pena de muerte, con lo que hizo caso omiso a la decisión sobre admisibilidad del asunto y al hecho de que sigue pendiente la revisión de los méritos por la Comisión Interamericana, resulta contrario a las obligaciones internacionales de dicho Estado y socava la eficacia del sistema interamericano.

 

En el período ordinario de sesiones que hoy concluye, la CIDH desarrolló un intenso programa de trabajo, dedicado principalmente al estudio y revisión de peticiones y casos referentes a distintos Estados del hemisferio.  Los informes aprobados incluyen 30 de admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, 16 sobre el fondo, 7 de solución amistosa y 2 de archivo.  Durante la segunda de las tres semanas, la Comisión Interamericana celebró 55 audiencias sobre casos y peticiones individuales en el hemisferio, y sobre situaciones de derechos humanos que cubren las áreas del mandato de la Comisión Interamericana.  La CIDH consideró asimismo el proyecto de Informe Anual en el que da cuenta del trabajo realizado durante 2005, y planificó las actividades a ser desarrolladas durante 2006.  

 

          Antes de finalizar sus sesiones, la Comisión Interamericana hizo un especial reconocimiento a los Comisionados Susana Villarán y José Zalaquett, por ser éste su último período ordinario de sesiones.  Se destacó en numerosas oportunidades la activa participación y la invalorable contribución que hizo cada uno de ellos al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.

 

* * * * * * *

La CIDH decidió celebrar su próximo período ordinario de sesiones del 27 de febrero al 17 de marzo de 2006.  El informe completo del 123º período de sesiones puede leerse en la página www.cidh.org.

 

Washington, D.C., 28 de octubre de 2005
 

INFORME DEL 123º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH

ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 35/05

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el informe de las actividades desarrolladas durante su 123º período ordinario de sesiones.  La CIDH está integrada por  Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vice Presidente;  y por los Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.  El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton.

 

Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó 66 informes sobre casos y peticiones individuales.  Entre el 17 y el 21 de octubre de 2005 se celebraron 55 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos.  La presencia de representantes de los Estados miembros de la OEA, como de quienes lo hicieron a título personal o en carácter de peticionarios constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del hemisferio.  La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación.  Al respecto, cabe destacar la participación de altas autoridades gubernamentales, incluyendo a Ministros y Subsecretarios de Estado, así como Fiscales y Procuradores Generales de varios países, en una demostración de voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con la CIDH y la sociedad civil. 

 

La Comisión Interamericana se reunió con Víctor Abramovich, de Argentina, y Paolo Carozza, de Estados Unidos, que fueron electos como Comisionados durante la más reciente sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA.  El encuentro resultó propicio para intercambiar ideas con ambos juristas sobre el trabajo futuro de la Comisión Interamericana.

 

Asimismo, la Comisión Interamericana en un esfuerzo de facilitar el acceso al sistema interamericano y agilizar el trámite de peticiones individuales, hizo el lanzamiento oficial de su nuevo formulario en línea, al que puede accederse en la página electrónica: https://www.cidh.oas.org/cidh_sistema/instructions.asp?gc_language=S.

 

I.        INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES

 

La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana, la Declaración Americana, y otros instrumentos interamericanos.

 

Los informes aprobados por la CIDH reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región.  Se refieren, entre otros asuntos, al respeto al derecho a la vida y la integridad personal,  las garantías del debido proceso y protección judicial, los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los derechos económicos, sociales y culturales.

 

Los informes aprobados incluyen 30 de admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, 16 sobre el fondo, 7 de solución amistosa y 2 de archivo.   Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará la lista de casos en que la decisión es de carácter público y luego estarán disponibles en su página electrónica.

 

II.       AUDIENCIAS

 

          Entre el 17 y el 21 de octubre de 2005, la CIDH celebró 55 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos en distintos Estados y regiones.  El programa de este período de sesiones fue ampliado para incluir un día más, debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de audiencias de interés para la Comisión Interamericana.  Las audiencias referidas a casos y peticiones individuales versaron sobre cuestiones de admisibilidad, fondo, solución amistosa y seguimiento.

 

Las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias.[1]  En tal sentido, la CIDH deplora la situación de riesgo, estigmatización e intimidación que corren algunos defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan estas organizaciones especialmente cuando asisten a audiencias o litigan casos ante el sistema interamericano.  Por ello, exhorta al Estado venezolano a que aplique de manera efectiva la resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 1044 de 8 de junio de 1990, en la que se solicita a los Gobiernos que “que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones”.

         

A.      Situación general en Estados miembros de la OEA

 

La CIDH celebró audiencias sobre la situación general de derechos humanos en varios países de la región.  Durante las audiencias, se recibió información general  sobre la situación en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua y Venezuela.

 

En Bolivia, la Comisión ha venido siguiendo de cerca la crisis institucional en la República deEn lo que va del año, deben resaltarse los desarrollos positivos para superar tal crisis, que se espera serán consolidados una vez que concluya el proceso electoral en curso.  Al mismo tiempo, la CIDH recibió información durante las sesiones sobre tendencias políticas, desigualad e inequidad social que continúan afectando la estabilidad de las instituciones democráticas.  Causa especial preocupación la situación de las llamadas “comunidades cautivas” del pueblo guaraní en el Chaco boliviano, que se encuentran en condiciones comparables a la esclavitud

 

En Colombia, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 conocida como “Ley de Justicia y Paz” en el marco del proceso de desmovilización de grupos armados al margen de la ley, la CIDH formuló una serie de observaciones generales sobre el contenido de la norma a la luz de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación, mediante un comunicado de prensa de 15 de julio de 2005.  Durante el 123° período de sesiones, la Comisión recibió información sobre el proceso de desmovilización, las violaciones al cese del fuego decretado por los líderes de las AUC y la aplicación de esta normativa tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como del Estado.  Una situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la colombiana requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de negociación.  Por ello, para asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluyendo el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA.

 

En cuanto a Cuba, la Comisión siguió recibiendo información sobre la situación de los derechos humanos, en especial sobre las condiciones de detención a que están sometidas las personas privadas de libertad en razón de su posición de disidencia al gobierno; sobre la violación sistemática del derecho a la libertad de expresión; la vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los habitantes de la isla.  Las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento ha conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.  Esta situación se ve particularmente agravada por la completa falta de independencia del Poder Judicial.  Por último, la CIDH reitera que las sanciones económicas y comerciales impuestas al gobierno tienden a agravar la falta de disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano, e insta a que sean  levantadas.

 

En Ecuador, la fragilidad institucional del Estado de derecho sigue siendo motivo de profunda preocupación para la Comisión Interamericana.  La inestabilidad política que ha caracterizado a dicho país volvió a ponerse de manifiesto cuando nuevamente un Presidente electo no concluyó su mandato constitucional en circunstancias de masivas protestas sociales.  Varios de los líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, estudiantiles que encabezaron tales protestas han sufrido actos de violencia, hostigamiento y amenazas.  La falta de funcionamiento regular y efectivo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional ha afectado la tutela de los derechos humanos y, en particular, el goce de las garantías judiciales de los habitantes de dicho país.  En este contexto, la CIDH continúa recibiendo denuncias en las que se alegan graves abusos policiales y hechos de corrupción que afectan particularmente la independencia del Poder Judicial en todos sus niveles.

 

En cuanto a Haití, la CIDH recibió información respecto a la situación de derechos humanos en particular lo referente a problemas como la impunidad, detención preventiva prolongada, persistencia de condiciones de inseguridad en la ciudad capital de Puerto Príncipe, así como la continua falta de control de la seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional Haitiana y la Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que ha resultado en que partes de dicha ciudad hayan sido sobrepasadas por pandillas armadas.  La Comisión Interamericana ruega  que el Gobierno y la comunidad internacional adopten todas las medidas urgentes que resulten necesarias, en un marco de respeto de los derechos humanos, a efectos de crear condiciones conducentes a la realización de las elecciones generales y asistir al pueblo haitiano en asegurar un futuro esperanzador.

         

Nicaragua está atravesando por una grave crisis institucional, situación que fue objeto de audiencias el marco del presente período ordinario de sesiones.  Las autoridades estatales, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han coincidido en resaltar los efectos negativos que dicha crisis política tiene sobre la vigencia efectiva de los derechos humanos en el país.  En particular, coincidieron el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que la falta de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales se ha visto exacerbada por las tensiones políticas del país y a la identificación partidaria de la gran mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Esta situación podría afectar el normal desarrollo de los procesos electorales a celebrarse en el curso del año 2006, a través de la arbitraria exclusión de candidatos.

 

En cuanto a Venezuela, la CIDH recibió información sobre los problemas en la administración de justicia y el sistema penitenciario y sobre actos de hostigamiento y persecución contra defensoras y defensores de derechos humanos.  Además, se analizó la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales de campesinos venezolanos.  Sobre este último tema, la CIDH destaca como aspecto positivo la información ofrecida por parte del Estado venezolano, así como los esfuerzos destinados a enfrentar integralmente este grave problema.  Por otra parte, la Comisión Interamericana deplora la situación crítica de las personas privadas de la libertad.  Igualmente, la CIDH expresa su preocupación por los efectos para el ejercicio de la libertad de expresión que están produciendo tanto las reformas a la legislación penal, como la conocida “ley de responsabilidad social para la radio y la televisión”.  Por ultimo, la Comisión Interamericana reiteró su interés en efectuar una visita de investigación in loco.

 

B.       Otras audiencias generales

 

          La Comisión Interamericana recibió información referente a los derechos humanos en Chile, en particular sobre la situación de las personas privadas de la libertad en dicho país.  También celebró audiencias sobre la situación en Brasil, particularmente sobre la vigencia de los derechos civiles y políticos y sobre violencia e impunidad en los estados de Ceará y Pará.

 

          La CIDH recibió asimismo información de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR).  La Comisión Interamericana reitera la importancia de que las mismas sean cumplidas a cabalidad.  Asimismo, recibió con interés información sobre la situación del sistema judicial peruano y de los esfuerzos del Estado para perseguir penalmente a personas acusadas de hechos de corrupción. 

 

C.         Audiencias temáticas

 

El programa desarrollado por la Comisión Interamericana incluyó varias audiencias sobre temas específicos correspondientes a su mandato, o para analizar la situación de los derechos de personas que  pertenecen a grupos determinados.

 

          La CIDH fue informada sobre la situación que afecta a algunos empleados y empleadas domésticas de funcionarios diplomáticos e  internacionales, particularmente lo relativo a su indefensión jurídica debido a abusos de la inmunidad que gozan sus empleadores. 

 

          La situación de seguridad ciudadana, así como de abusos policiales continúa siendo una de las temáticas centrales presentadas a la Comisión Interamericana, y que permanecen pendientes de solución.  En una audiencia muy positiva, la CIDH recibió un detallado análisis sobre la seguridad ciudadana en los países de las Américas y una solicitud de elaboración de un informe especial sobre el tema.  La problemática de las maras en Honduras y El Salvador fue considerada en el curso de sendas audiencias, en las que la Comisión Interamericana destacó la obligación estatal de respetar los derechos fundamentales en el marco de la lucha contra la criminalidad.  También se recibió información sobre la impunidad de hechos de tortura contra afrodescendientes en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

 

Los derechos de los pueblos indígenas fueron objeto de audiencia temática en este período de sesiones.  En particular, cabe mencionar en cuanto a Bolivia, que se recibió información sobre la situación de los miembros de las llamadas comunidades cautivas, que se encuentran en condiciones comparables a la esclavitud en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La Comisión deplora la permanencia de esta situación e insta al Estado de Bolivia a tomar acciones inmediatas y contundentes dirigidas a combatir esta práctica de explotación y procurar que las personas que las conforman cuenten con documentos de identidad y asistencia estatal a fin de que puedan ejercer eficazmente sus derechos ciudadanos.   Igualmente, la CIDH realizó audiencias sobre casos individuales de miembros de pueblos indígenas en Argentina, Colombia, Ecuador y México.

 

Durante el período de sesiones, la CIDH recibió información sobre el estado de protección del derecho de las mujeres a acceder a servicios adecuados de salud y avances sobre la jurisprudencia internacional en la materia.  La CIDH fue informada de fallas y discriminación en la protección de varios derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el derecho a la maternidad voluntaria y segura y los derechos de las mujeres embarazadas portadoras del VIH/SIDA en Chile.

 

La CIDH celebró una audiencia sobre la determinación del paradero de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador, situación aún pendiente de resolución.  Durante una audiencia relativa al régimen jurídico sobre castigo corporal a niños y niñas en América Latina, se solicitó a la CIDH que requiera a la Corte Interamericana una opinión consultiva en dicha materia.  En el transcurso de una audiencia sobre un caso individual se analizó la situación de los menores condenados a prisión perpetua en Argentina.  También se recibió información referente a las niñas y niños en situación de calle en Paraguay. 

 

La grave situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en las Américas fue un tema recurrente en varias audiencias sobre la situación general de los derechos humanos en distintos Estados.  También se celebró una audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en las penitenciarías de Mendoza, Argentina.

 

La Comisión recibió igualmente información sobre el creciente problema de la trata de personas en el hemisferio y la falta de legislación adecuada o la inexistencia de la tipificación de tal delito en la mayoría de los Estados miembros.  En tal sentido, la Comisión urge a los Estados a que desarrollen, desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, políticas integrales y normas dirigidas a prevenir y sancionar la trata de personas.

 

          Durante el corriente período de sesiones se realizaron audiencias sobre la situación de la libertad de expresión en Panamá y Venezuela.  Respecto de la situación en Panamá, la CIDH recibió información acerca de los avances legislativos dados durante el mandato del actual Presidente de la República, Martín Torrijos. Sin embargo, la CIDH fue informada sobre decisiones judiciales que son consecuencia de la aún vigente legislación civil y penal que estaría siendo utilizada con fines intimidatorios contra periodistas.  En cuanto a la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, la CIDH fue informada sobre los efectos para el ejercicio de la libertad de expresión que están produciendo tanto las reformas a la legislación penal, como la conocida “ley de responsabilidad social para la radio y la televisión”.

 

Asimismo, se consideró durante las audiencias la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos desde el punto de vista regional y particular en algunos países.  Respecto de la situación en Centroamérica, la Comisión recibió las conclusiones de la Primera Consulta Centroamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que tuvo lugar el pasado mes de agosto. Las conclusiones de esta consulta señalan que, en el último año, las defensoras y defensores han enfrentado un aumento de la difamación como una forma de intimidación y deslegitimación de su trabajo, así como un aumento de las amenazas, intimidaciones y asesinatos de defensoras y defensores en Centroamérica. La Comisión también recibió información respecto de varios países de la región sobre los problemas que impiden o afectan los esfuerzos para defender los derechos humanos, que van desde amenazas y asesinatos, hasta restricciones indebidas y otras formas de hostigamiento. Preocupa a la Comisión el aumento de denuncias respecto de controles financieros y administrativos abusivos que impiden el libre desarrollo de las actividades de las defensoras y defensores.

 

Con relación a la situación de afrodescendientes, la Comisión recibió en audiencia a la Ministra Matilde Ribeiro, a cargo de la Secretaría para la Promoción de la Igualdad Racial de Brasil, quien informó de los importantes esfuerzos desplegados por su gobierno en materia de acción afirmativa.  También escuchó con preocupación la información relativa a la situación de las comunidades haitianas y dominico-haitianas en la República Dominicana, así como la reacción negativa a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Jean y Bosico.  Igualmente recibió testimonios en un caso sobre la situación de la propiedad tradicional en la comunidad garífuna en Honduras.

 

D.                Audiencias sobre casos y peticiones

 

·         P1231/04 – Internos de la Penitenciaría de Mendoza, Argentina

·         P270/02 – Menores condenados a prisión perpetua, Argentina

·         Caso 12.094 – Lhaka Honhat, Argentina

·         P554/04 – John Doe 1, 2 y 3, Canadá

·         Caso 12.433 – Sonia Arce Esparza, Chile

·         P866/03 – Wilmar A. Muñoz Muñoz y otras peticiones, Colombia

·         Caso 11.999 – Medardo Ducuara Leito, Colombia

·         Caso 12.491 – Gustavo Sastoque Alfonso, Colombia

·         Caso 12.477 – Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros, Cuba

·         Caso 12.465 – Comunidad Indígena de Sarayaku, Ecuador

·         Caso 11.481 – Monseñor Romero, El Salvador

·         P960/03 – Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, Honduras

·         Caso 11.564 – Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza), México

·         P703-05 – Mark Teeluck, Trinidad y Tobago

·         Seguimiento del Informe 29/92, Uruguay

·         P997/03 – Alicia Barbani Duarte y otros ahorristas del Banco de Montevideo, Uruguay

·         P1109/04 – Jorge, José y Dante Peirano, Uruguay

 

E.                 Audiencias sobre medidas cautelares

 

·         MC 792/04 – 108 detenidos en Palo Gordo, Girón, Colombia

·         MC 265/02 – Pueblo Indígena Embera Chamí, Colombia

·         MC 01/00 – Hollman Morris y familia, Colombia

·         MC 259/02 – Detenidos en la Base Naval de Guantánamo

         

          III.      REUNIONES DE TRABAJO

 

En el marco de la semana de audiencias, se llevaron a cabo más de 30 reuniones de trabajo referentes a diversos países.  Las reuniones abordaron varios casos y peticiones, principalmente en fase de solución amistosa o de seguimiento, así como  medidas cautelares.  Las cuestiones abordadas en este marco se refirieron a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Perú y Venezuela.  En cuanto a las audiencias y reuniones de trabajo programadas sobre Guatemala, la Comisión Interamericana, reunida en pleno, resolvió postergarlas hasta su próximo período ordinario de sesiones.  Esta decisión se adoptó en atención al pedido formulado por el Estado, y en consideración de la situación de emergencia humanitaria ocasionada por la catástrofe natural del pasado 5 de octubre en catorce departamentos de Guatemala, que causó cientos de víctimas fatales e incalculables pérdidas materiales.

 

Cabe mencionar en particular la reunión de trabajo en relación con el caso del atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), a fin de facilitar el proceso de solución amistosa iniciado tras el reconocimiento de responsabilidad efectuado por parte del Estado durante el 122º período de sesiones, en marzo del corriente año.  En el curso de dicha reunión, la CIDH recibió información sobre avances importantes, entre otros, en relación con el anteproyecto de reforma de la Ley de Inteligencia, y diferentes actuaciones llevadas a cabo con el objeto de avanzar en la investigación.  Los peticionarios destacaron su preocupación por el transcurso del tiempo desde el atentado en 1994 y las consecuencias negativas para la investigación y eventual esclarecimiento de los hechos, en especial tomando en cuenta el plazo de prescripción que se aplicaría en la jurisdicción interna.  

 

Asimismo, la Comisión Interamericana saluda los importantes avances en el proceso de búsqueda de una solución amistosa en el marco de la petición presentada por Nelson Caravajal Caravajal”.  Durante la reunión de trabajo, los peticionarios (la Sociedad Interamericana de Prensa) y el Estado colombiano acordaron iniciar el proceso de solución amistosa. La CIDH ve con beneplácito el acuerdo de ambas partes y se puso a disposición, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, para dar seguimiento al proceso.

 

También se desarrolló una reunión de trabajo sobre la petición P161/02 de Paulina Ramírez Jacinto, México.  En dicho asunto se siguió conversando acerca de las bases para un acuerdo de solución amistosa, en seguimiento de la reunión celebrada con las partes y el Comisionado Relator para México durante la visita de trabajo a dicho país a fines de agosto de 2005.  La CIDH observa complacida los avances en el diálogo sobre dicho asunto mediante la activa participación del Estado y los peticionarios.

 

En el mismo sentido, la Comisión expresa su satisfacción por información sobre el pago de las pensiones adeudadas y la indemnización por daños morales y materiales a los jubilados de VIASA, en el marco de un acuerdo suscripto ante la CIDH entre el Estado y los representantes de la petición 667/01 Jesús Manuel Naranjo Cárdenas y otros (Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación VIASA).  La Comisión espera que el Estado continúe con los esfuerzos dirigidos a dar cumplimento pleno a los compromisos asumidos que incluyen, entre otros aspectos, el reconocimiento de responsabilidad y la puesta en marcha de un mecanismo de adscripción que permita a las victimas y sobrevivientes cobrar a futuro sus pensiones jubilatorias.

 

La CIDH resalta con gran satisfacción el compromiso y el empeño demostrado por las partes con miras a avanzar en la búsqueda de acuerdos amistosos y las alienta a continuar con el proceso a fin de arribar a una solución conforme al objeto y fin de la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

 

El Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton participó asimismo en una reunión de trabajo con defensores de derechos humanos, a la que acudieron varios representantes de la sociedad civil de las Américas.  Los asuntos abordados incluyen varios problemas que impiden o afectan los esfuerzos para defender los derechos humanos en la región, que van desde amenazas y asesinatos, hasta restricciones indebidas y otras formas de hostigamiento.

 

La Comisión Interamericana insta a todos los Estados miembros a cumplir de buena fe las recomendaciones en sus informes sobre casos individuales, conforme a sus obligaciones internacionales libremente asumidas.

 

IV.      SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CIDH

 

El cabal cumplimiento de las decisiones de la Comisión Interamericana constituye un elemento indispensable para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, así como para contribuir al fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.  Durante el presente período de sesiones, la Comisión Interamericana celebró varias audiencias y reuniones de trabajo referentes al cumplimiento de sus recomendaciones en casos individuales.

 

En materia de seguimiento de recomendaciones, cabe mencionar que la CIDH recibió en audiencia información acerca del Caso 11.481 de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez (El Salvador).  En dicha audiencia, la Comisión constató que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación completa, imparcial y efectiva de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Monseñor Romero.  Asimismo, la CIDH constató que el Estado salvadoreño ha incumplido su obligación de reparar adecuadamente a las víctimas y de modificar su legislación interna a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.  Finalmente, la CIDH hizo un llamado a que el Estado desplegara todos los esfuerzos tendientes a cumplir plenamente con las recomendaciones de dicho caso.

 

          La Comisión Interamericana analizó junto al Estado uruguayo y los peticionarios respectivos el cumplimiento de las recomendaciones de su Informe No. 29/92 relativo a la Ley de Caducidad de la pretensión Punitiva de dicho país.  La CIDH fue informada sobre diferentes iniciativas del Gobierno del Presidente Tabaré Vásquez en materia de búsqueda de personas desaparecidas en Uruguay durante la dictadura militar.  Por su parte, los peticionarios aludieron a la situación de impunidad en que se encuentran graves casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante dicha época, debido a que el Estado no ha dejado sin efecto la Ley de Caducidad tal como lo recomendara la Comisión Interamericana en su informe citado.

 

Asimismo, la CIDH convocó al Estado mexicano a dos reuniones de trabajo referentes al seguimiento de sus recomendaciones en el informe No. 53/01 sobre el Caso 11.565 – Hermanas González Pérez;  y en el Informe 43/96  sobre el Caso 11.430 - Gral. Gallardo.  En la reunión respecto al Informe 53/01 la Comisión Interamericana verificó en presencia de las partes que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González, así como las correspondientes reparaciones.  En cuanto al caso del General Gallardo, la CIDH lamenta que el Estado mexicano decidiera no comparecer, a pesar de haber sido notificado debidamente, ya que siguen igualmente pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la sanción a los responsables y la justa indemnización a la víctima. 

 

V.      RELATORÍAS

 

Esta sección contiene un breve resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas a través de las Relatorías especiales de la Comisión Interamericana durante las sesiones y desde las sesiones ordinarias de marzo de 2005.

 

A.        Afrodescendientes y contra la discriminación racial

 

El Relator para afrodescendientes realizó una visita de trabajo a Brasil. La visita se hizo en respuesta a una invitación oficial del Gobierno de la República Federativa de Brasil. En el transcurso de la visita, el Relator Especial participó en la  Primera Conferencia Nacional de Promoción de la Igualdad Racial y se reunió con autoridades y con diferentes sectores de la sociedad civil, particularmente con el Movimiento Social Negro Brasileño.  El Relator Especial estuvo en la capital brasileña, en Salvador y en São Paulo.  En dicho viaje, el Comisionado Roberts fue informado acerca de los profundos cambios que el Gobierno del Presidente Luiz Inacio Da Silva está realizando en materia de promoción de la igualdad racial.  El Relator tuvo la oportunidad de expresar a las autoridades brasileñas su gratitud por el decidido apoyo que ha venido brindando a la Relatoría, en particular en la persona de la Secretaria Matilde Ribeiro.  En el mes de agosto de 2005, el Relator participó en San José de Costa Rica en la creación del Parlamento Negro de las Américas.  Durante el presente período de sesiones, el Relator especial realizó una presentación ante el Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA encargado de la redacción de una nueva Convención Interamericana contra la Discriminación Racial.  En su presentación, el  Comisionado Roberts resaltó la importancia que tal Convención tendrá para una lucha más efectiva contra la discriminación en el hemisferio.  La Relatoría actúa como asesora técnica de dicho Grupo de Trabajo.  También durante el período de sesiones, el Relator realizó una presentación a la Consulta Interagencial sobre Raza en América Latina, que congrega además de la CIDH, al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno de Inglaterra, la Organización Panamericana de Salud, la Fundación Ford, la Fundación Interamericana, y el Diálogo Interamericano que sirve como la secretaría de la IAC.   En la fecha, la Comisión anunció la convocatoria a una beca destinada a un abogado o abogada afrodescendiente con el objeto de trabajar durante un año en la Relatoría.

 

B.       Mujeres

 

Durante el presente año, la Relatoría de la Mujer ha llevado a cabo un proceso de recopilación de información sobre el acceso a la justicia de la mujer.  Tal información plasmada en un informe sobre el tema, que incluirá un análisis de los mayores logros y desafíos, así como  recomendaciones concretas para los Estados miembros de la OEA.  Este proceso de consulta, que ha sido posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de Finlandia,  ha incluido los sectores de gobierno, sociedad civil, organizaciones regionales e internacionales y el sector académico, entre otros.  Las actividades llevadas a cabo han sido la circulación de un cuestionario a gobiernos y expertos de diferentes sectores para recabar información cuantitativa y cualitativa, así como la organización de cinco consultas regionales y subregionales con actores especializados en el tema en Washington, D.C., Perú, Costa Rica, Argentina y Jamaica.  La Relatoría también organizó una vista in loco a la República de Colombia a fin de evaluar el impacto del conflicto armado sobre las mujeres y niñas colombianas y recabar información sobre las medidas legislativas, políticas e institucionales adoptadas por el Estado a fin de proteger los derechos de la mujer.  Durante su estadía, la Relatora visitó las ciudades de Bogotá, Valledupar y Quibdó, donde sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno, así como con víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos de la mujer.  Por último, el pasado lunes 24 de octubre, la Relatora de la Mujer, Susana Villarán, participó en un panel organizado por el Banco Mundial sobre la relación entre la violencia contra la mujer y el desarrollo equitativo junto con la Relatora de las Naciones Unidas Sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk y el Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz.

 

C.      Pueblos indígenas

 

La Relatoría de derechos de los pueblos indígenas ha continuado colaborando en la tramitación de las peticiones sobre derechos de los pueblos indígenas, ha participado en las visitas realizadas a Guatemala, Colombia y México y ha continuando asesorando al Presidente del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Al respecto, la Comisión Interamericana reitera su reconocimiento al esfuerzo realizado por los Estados miembros de la OEA y los representantes de los pueblos indígenas del continente, en el proceso de negociación del proyecto y celebra los logros alcanzados. Asimismo, la CIDH insta a la adopción de la declaración, porque un instrumento de tal envergadura enriquecerá la normativa interamericana de derechos humanos y el propio sistema regional de protección y contribuirá a fortalecer las democracias en nuestros países.  Finalmente, es importante destacar que en materia de derechos de los pueblos indígenas, el sistema interamericano de derechos humanos en los últimos años ha venido desarrollando una línea de jurisprudencia progresiva a través de sus decisiones, dando forma a diversos derechos colectivos de los pueblos indígenas y estableciendo formas especiales de reparación en casos donde la víctima es un pueblo indígena.

 

D.      Niños

 

La Relatoría para la Niñez participó activamente en las diversas audiencias relacionadas con derechos de los niños que se celebraron en el presente periodo de sesiones.  En la audiencia sobre castigo corporal a niños y niñas, el Relator de la Niñez recibió con interés la sugerencia de los peticionarios respecto a que la CIDH considere la posibilidad  de solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la materia.  En el presente periodo de sesiones el Relator de la Niñez informó a la CIDH sobre la visita que efectuará próximamente con UNICEF a Haití, y mencionó igualmente posibles visitas a República Dominicana y a Paraguay en breve plazo.


 

E.       Trabajadores migratorios y miembros de sus familias

 

La Relatoría siguió observando los desarrollos políticos y económicos, así como los desastres naturales que tuvieron repercusiones en materia migratoria en la región.  Como lo venía realizando el año anterior, la Relatoría continuó participando en la discusión y elaboración del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, en el ámbito del Grupo de Trabajo creado por el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. La Relatoría prestó asesoría técnica en materia de derechos humanos al proceso de negociación del Programa.  Asimismo, durante el año la Comisión ha venido recibiendo preocupante información sobre el creciente problema de la trata de personas en el hemisferio y la falta de legislación adecuada o la inexistencia de la tipificación de tal delito en la mayoría de los Estados miembros.  En tal sentido, la Comisión urge a los Estados a que desarrollen, desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, políticas integrales y normas dirigidas a prevenir y sancionar la trata de personas.

 

F.       Personas privadas de libertad

 

Desde el anterior período de sesiones, el Relator Especial sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad realizó diversas actividades de promoción, observación y asesoramiento.  En ejercicio de sus funciones de promoción, el Comisionado Relator Florentín Meléndez participó en el seminario organizado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela sobre “El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Implementación en Brasil y otros Estados Federales y Descentralizados”, que tuvo lugar del 22 al 24 de junio de 2005 en Sao Pablo, Brasil.  Asimismo, junto con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Argentina auspició y participó en las “Jornadas sobre las Buenas Prácticas en Justicia Penal Juvenil”, celebradas en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. En ese mismo mes, participó en el seminario “Construyendo la Justicia Restaurativa en América Latina”, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, con el auspicio del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Confraternidad Carcelaria Internacional.  Por otra parte, el Relator Especial preparó un proyecto de Declaración de Principios sobre el Tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, que fue sometido a la consideración de la CIDH durante su 123º período de sesiones. En el proceso de preparación contó con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.   En cuanto a sus actividades de observación, el Relator Meléndez realizó una visita al Centro de Internamiento de Menores Infractores de la Ley “Tatuapé”, Sao Pablo, Brasil, el 23 de junio de 2005 y rindió un informe dentro del trámite medidas cautelares otorgadas por la CIDH en beneficio de los jóvenes detenidos en dicho complejo carcelario.   Finalmente, como una actividad de asesoramiento, es de destacar el documento sobre “Comentarios y sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al anteproyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional de Honduras”, preparado por el Relator Meléndez a solicitud del Gobierno de dicho país. Los comentarios y sugerencias fueron remitidos al Gobierno en nota del 1 de junio de 2005 para ser utilizados en el proceso de discusión legislativa en la República de Honduras. 

 

G.      Libertad de expresión

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo del Dr. Eduardo Bertoni, es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, creada por la CIDH y que opera dentro del marco jurídico de ésta. Durante el corriente período de sesiones el Relator informó a la CIDH sobre cuestiones inherentes a su mandato, destacando los progresos en la derogación de las leyes de desacato en algunos países, los avances respecto al acceso a la información pública, y su preocupación por la persistencia de actos de violencia contra periodistas especialmente en Brasil, Colombia, Haití y México. Por otro lado, la Relatoría realizó una intensa actividad de promoción desde el anterior período ordinario de sesiones de la CIDH, participando en eventos en Belice, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay. Asimismo, la Relatoría organizó durante el mes de agosto en un seminario destinado a periodistas de la Región del Caribe; el evento se realizó en Antigua & Barbuda y está enmarcado dentro de un proyecto para promover los estándares del sistema interamericano en esa región de las Américas. Dentro del marco del mismo proyecto la Relatoría otorgó, luego de un concurso, dos becas a periodistas del Caribe, quienes desarrollaran tareas en la oficina durante dos meses. Finalmente, la Relatoría realizó una visita in loco a Colombia entre el 25 y el 29 de abril.  El resultado de esa visita se publicó en septiembre en el informe “Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado en Colombia” (OEA/Ser.L/V/II Doc.51).

 

H.       Defensores de derechos humanos

 

El trabajo que realizan las defensoras y defensores es fundamental para asegurar el pleno reconocimiento de los derechos básicos de cada persona.  Durante este período de sesiones, la Comisión Interamericana se reunió con representantes de distintas organizaciones que suministraron información sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el hemisferio.  Igualmente, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos sostuvo reuniones informales con representantes de organizaciones de la mayor parte de los países del hemisferio, en las que recibió información actualizada acerca de la situación de las defensoras y defensores.   En particular, la Comisión Interamericana recibió información sobre acciones que impiden o dificultan su trabajo y, en algunos casos, aumenta el riesgo del que ya son víctimas, como el aumento de discursos públicos de descrédito a la labor que realizan.  Además, la CIDH recibió información sobre restricciones a las labores de las defensoras y defensores a través de la creación de normas que restringen --y en algunos casos penalizan-- el financiamiento de las organizaciones con fondos internacionales. Asimismo, la Comisión recibió denuncias de varios países en los que distintas defensoras y defensores han sido objeto de señalamientos públicos, seguidos de amenazas, por su participación en sesiones y audiencias ante los órganos de protección del sistema interamericano.  La Comisión urge a los Estados para que, en cumplimiento de la Resolución AG/RES. 2067 (XXXV-O/05) aprobada por la Asamblea General el 7 de junio de 2005, apoyen la labor desarrollada por las defensoras y defensores de derechos humanos y que reconozcan la valiosa contribución de éstos en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

 

VI.      TRABAJO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

         

La Comisión consideró el estado general de los casos que litiga ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual éste órgano tiene el mandato convencional de intervenir en todos los casos y asuntos.  La CIDH también discutió algunos temas de carácter general con respecto a aspectos procesales y analizó los avances en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.  En la actualidad, se hallan en trámite 19 casos ante la Corte Interamericana, mientras que 56 casos están en etapa de supervisión de cumplimiento.  Asimismo, se hallan en trámite ante la Corte 35 medidas provisionales respecto a varios países.  

         

A.      Casos contenciosos

 

Desde el anterior período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, se han sometido cuatro nuevos casos a la jurisdicción contenciosa de la Corte:

 

-        Gerardo Vargas Areco (Paraguay)

-        Goiburú, Mancuello y Villalba (Paraguay)

-        Claude Reyes y otros (Chile)

-        Almonacid Arellano (Chile)

 

B.       Sesiones de la Corte

 

           Durante la XXVI sesión extraordinaria de la Corte, celebrada en mayo de 2005 en Asunción, Paraguay, la Comisión Interamericana compareció a la audiencia de testimonios y pericias en el caso Palamara Iribarne contra Chile, y presentó sus argumentos orales finales en el caso; lo mismo respecto del caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú.  En la misma sesión, la Comisión compareció ante la Corte para presentar sus observaciones y posición respecto de las medidas provisionales que están en vigor respecto de dos centros de reclusión penal en Mendoza, Argentina; y respecto del pueblo indígena Sarayaku, en Ecuador.

 

            En junio de 2005, durante el LXVII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, la Comisión Interamericana compareció a la audiencia de fondo y reparaciones del caso Blanco Romero y otros (Desaparecidos de Vargas contra Venezuela), para la cual también ofreció testigos y peritos.  El día siguiente la Comisión presentó su prueba y alegatos en el caso López Álvarez contra Honduras y, al término de dicha audiencia, compareció también ante el Tribunal a presentar su posición respecto de las medidas provisionales que han sido adoptadas por la Corte, a solicitud de la Comisión, en el caso de Eloísa Barrios y otros, respecto de Venezuela.

 

            En septiembre de 2005, durante el LXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, la Comisión Interamericana presentó testigos y peritos, e interrogó a los presentados por otras partes, en los casos Pueblo Bello (Colombia); SITRAMUN (Perú); y La Granja y El Aro (Colombia).  En todos ellos, al término de la recepción de prueba, la Comisión presentó sus argumentos finales orales ante el Tribunal, y absolvió las consultas de los miembros de la Corte.

 

          VII.     TALLER SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 

          En cumplimiento del mandato expresado en la Resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05) de la Asamblea General, la Comisión Interamericana prosiguió su reflexión acerca de las mejores estrategias para el trabajo efectivo en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.  Con tal motivo, desarrolló en el marco de las sesiones un taller sobre la materia, al que acudieron expertos internacionales, representantes de Estados miembros de la OEA que participan del Grupo de Trabajo encargado de redactar una propuesta de Carta Social de las Américas, y representantes de la sociedad civil.  El panel de expertos incluyó a Philippe Texier, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; Roberto Cuéllar, Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y Audrey Chapman, Directora del Programa de Derechos Humanos de la American Association for the Advancement of Science.  Debe destacarse en especial la participación activa en dicho taller de los Comisionados electos Víctor Abramovich y Paolo Carozza.

 

VIII.    CURSO REGIONAL SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

 

          Como parte de sus funciones de promoción de los derechos humanos, la CIDH decidió auspiciar junto con el Servicio Internacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de American University (Washington College of Law) un curso de capacitación para integrantes de organizaciones de la sociedad civil.  En el curso participaron 16 defensores de derechos humanos de 10 Estados miembros de la OEA. Dicho curso representa una continuación del que fue realizado en marzo de 2005 en conjunto con la Corte Interamericana y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

 

IX.      SITUACIÓN FINANCIERA

 

          La Comisión Interamericana sigue afectada adversamente por la severa crisis financiera de la OEA.  El problema fundamental que enfrenta la CIDH es el de insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios, que se agudiza ante el creciente aumento de peticiones y mandatos adicionales.

 

Nuevamente este año, la CIDH se vio en la situación de no contar con fondos suficientes para celebrar su segundo período de sesiones.  Con tal motivo, debió solicitar a los órganos políticos de la OEA, por intermedio de la Secretaría General, una asignación extraordinaria de recursos, que fue decidida a último momento.  La Comisión Interamericana es plenamente consciente de la crisis financiera que atraviesa la OEA.  Sin embargo, el porcentaje del presupuesto regular de la Organización asignado a la CIDH es de 3.8%.  Los montos previstos en el programa-presupuesto anual de la Organización no corresponden a las necesidades reales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta situación, la Comisión Interamericana apeló a una solución pronta a la situación insostenible que la afecta.

          En este contexto, la Comisión Interamericana destaca y agradece nuevamente los importantes aportes financieros efectuado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, México y Suecia; igualmente, los recursos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, la Fundación Ford, la Fundación Mc Cormick y la Universidad de Notre Dame. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el hemisferio americano.

         

Washington, D.C., 28 de octubre de 2005


[1] El artículo 61 del Reglamento de la Comisión Interamericana dispone:

El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter.  Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión.

 

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