La SIP rechaza sentencia contraria a la libertad de prensa en Venezuela
Miami (22 de junio del 2001).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "político, discriminatorio y extralimitado" un fallo judicial en Venezuela sobre el derecho a la información que justifica preceptos constitucionales sobre "información veraz y oportuna", los que han sido extensamente criticados y rechazados por esta organización hemisférica por ser atentatorios contra la libertad de expresión y contradictorios con normas internacionales sobre esa libertad y las de prensa e información.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una sentencia que lejos de sustanciarse sobre una petición de derecho de réplica hecho por un periodista contra el Presidente de la Nación, regula injustificadamente sobre el concepto de "información veraz", la responsabilidad de los medios de comunicación sobre las opiniones que emiten y su esquema de contratación de personal.
El fallo obedeció a un recurso legal presentado por el periodista Elías Santana, quien solicitó derecho de réplica para responder planteamientos vertidos por el presidente Hugo Chávez el 27 de agosto y el 3 de agosto del año pasado en su programa de radio Aló Presidente.
Danilo Arbilla, presidente de la SIP, calificó el fallo jurídico de "político" al explicar que "es prácticamente una defensa de la política presidencial de Venezuela que tiene la intención de seguir desprestigiando a los medios de comunicación, a los periodistas y a cualquier ciudadano que critique, contradiga o enfrente la acción de gobierno".
Arbilla, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, dijo que "a todas luces estamos viendo una política por la cual se trata de crear 'escudos protectores' para una cultura oficial de intolerancia, la que hace poco, incluso, se vio reflejada en la amenaza de que se echaría del país a aquellos extranjeros que critiquen al gobierno o en los anuncios de legisladores que pretenden establecer códigos de ética para los directores y editores de diarios".
El titular de la SIP también consideró que el fallo, además de ser contradictorio en muchos de sus pasajes, se extralimita por cuanto pretende crear una jurisprudencia amplia en materia de control de prensa, inmiscuyéndose en temas de libertad y deberes y derechos de los medios y periodistas, cuando solamente existió un reclamo de un periodista para tener derecho de réplica en el mismo medio en que fue criticado por el presidente Chávez.
"Con este fallo - argumentó Arbilla - el Tribunal aprovechó para argumentar en defensa de la idea de la veracidad de la información entrometiéndose en asuntos privados y propios de los derechos de las personas y que tienen que ver con la política editorial de los medios, lo que es realmente una contradicción contra todo principio expresado en declaraciones y pactos internacionales que versan sobre libertad de expresión y de prensa, sobre los que el mismo fallo dice estar fundamentado".
La sentencia judicial llega hasta establecer, por ejemplo, que "es un atentado a la información veraz e imparcial tener un número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica"
"Esto es una flagrante intromisión estatal en la que se observa al Estado como buscando ser protagonista, patrón y controlador en el ejercicio periodístico y en la difusión de la información", sentenció Arbilla. "Nos tememos - agregó - que tal como lo anticipó la SIP éste sea un nuevo paso hacia el camino de la creación de un nuevo 'Ministerio de la Verdad'".
Arbilla aclaró que la SIP, una entidad hemisférica que agrupa a más de 1.300 publicaciones, entiende que las leyes de derecho de réplica, como cada vez está más reconocido en declaraciones de libertad de expresión, son también formas de censura porque estas "publicaciones forzadas u obligatorias" restringen la independencia editorial, confunden y desinforman al público y afectan el libre desarrollo de la información. A su vez, Arbilla aclaró que el derecho de respuesta es un asunto concerniente a la ética y no a las regulaciones legislativas.
El máximo tribunal judicial venezolano negó el amparo al periodista por considerar que éste podía responder al Presidente mediante su columna de opinión que escribe en un periódico de
circulación nacional o en un programa radial que conduce a diario.
Debido a ello, Arbilla también calificó la decisión judicial de "discriminatoria", porque no le da el mismo derecho al periodista que a otro ciudadano ofendido ante una supuesta ofensa o un dato inexacto. "Pone a los periodistas, a los directores y propietarios de diarios y medios de comunicación frente a condiciones de inferioridad al no otorgarle las mismas garantías y derechos que a otros ciudadanos". Añadió que con este criterio "mañana se puede disponer que los periodistas no tienen derecho a recurrir a los tribunales cuando han sido víctimas de cualquier abuso a través de la comunicación, entendiéndose por esto no sólo los que se puedan cometer por la vía de un medio, sino que también puedan cometer, por ejemplo, a través de un discurso presidencial".
Por último, Arbilla advirtió que la situación de intolerancia contra los periodistas se está agravando en Venezuela y que esta tendencia confirma no sólo las previsiones de la SIP sino también las de otras organizaciones que velan por la libertad de prensa, como el Comité Coordinador Mundial sobre Libertad de Prensa, integrado también por el Comité para la Protección de Periodistas, el Sindicato de Prensa del Commonwealth, la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Federación Internacional de Publicaciones, el Instituto de Prensa Internacional, la Asociación Norteamericana de Empresas Radiodifusoras, la Asociación Mundial de Periódicos y la Comisión Mundial de Libertad de Prensa, que en su reunión de Namibia, Africa, el 6 de mayo pasado, emitió la siguiente resolución:
"El Comité Coordinador resuelve manifestar su preocupación por el futuro de la libertad de expresión en Venezuela y a la vez exhortar a sus autoridades legislativas y judiciales, a no fundamentarse en preceptos constitucionales tales como la "información oportuna, veraz e imparcial", para dictar una eventual "Ley de Prensa", que cercene definitivamente la práctica del ejercicio de un periodismo libre, el cual es imprescindible en una sociedad abierta y democrática, como lo consagra el Acuerdo de San José suscrito por Venezuela
"Instar de modo particular a los Poderes Legislativo y Judicial de Venezuela para que no consideren de carácter imprescriptible los delitos de acción privada, como el vilipendio, la injuria y la difamación
"Reiterar al Presidente Hugo Chávez que suspenda su política de agresión y ataques a la libertad de expresión y a los periodistas
"Exhortar a las organizaciones de derechos humanos, de libertad de prensa y a los gobiernos democráticos del mundo a que estén atentos a la situación de la libertad de prensa en Venezuela y condenen los abusos de poder de las autoridades."